La Campaña Artemisa no está cumpliendo con la sentencia Amazonía

La Campaña Artemisa no está cumpliendo con la sentencia Amazonía
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En la Amazonía colombiana muchos campesinos e indígenas se oponen a la sentencia STC-4360 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia, que declaró a la Amazonía como sujeto de derechos. Entre las razones está que, justo después de este fallo, las autoridades estatales iniciaron la Campaña Artemisa, la estrategia militar para frenar la deforestación, con la que se han cometido excesos en contra de algunos pobladores locales. Pero la sentencia no tiene la culpa de que el Estado la esté implementando mal. 

En esta columna argumento que la Campaña Artemisa no está cumpliendo adecuadamente con las órdenes de la STC-4360. Por un lado está afectando gravemente los derechos de campesinos e indígenas que han sido afectados por los operativos militares; por el otro, porque aún no tenemos certeza sobre el desempeño de esta estrategia para frenar la deforestación.

Afectación a derechos de campesinos e indígenas

El texto de la sentencia STC-4360 parece confirmar los temores de indígenas y campesinos de la Amazonía, pues en ninguna parte se menciona explícitamente que las acciones estatales para frenar la deforestación deben respetar sus derechos. Pero esto no importa. Las autoridades deben cumplir con los límites que imponen la Constitución y las leyes cuando implementan sentencias. Y esto incluye respetar los derechos de las comunidades que habitan la Amazonía.

La Corte Constitucional ha reconocido a indígenas y a campesinos como sujetos de especial protección constitucional en varios precedentes. Por la enorme desigualdad y discriminación que ha afectado a estos grupos sociales, la Corte ha determinado que el Estado debe tomar medidas diferenciales para evitar que acciones de particulares o de las autoridades amenacen su subsistencia, sus proyectos de vida y su autonomía política (en el caso de los indígenas).

Ahora, han proliferado las denuncias, informes y reportajes en donde queda claro que la Campaña Artemisa no está respetando aquellos estándares. Los operativos han arrasado casas, enseres y animales de familias campesinas e indígenas; tras de sí dejan comunidades vulnerables, fragmentadas, desconfiadas e indignadas, así como complejos conflictos rurales no resueltos.

Esto no quiere decir que las poblaciones locales no puedan ser acusadas de delitos ambientales. Pero sí significa que las autoridades deben vigilar la proporcionalidad de sus acciones, antes, durante y después de los operativos, para causar perjuicios a los capturados, a sus familias y a sus comunidades.

¿Artemisa detiene la deforestación?

Ahora, tres años después, y mientras el Estado se encuentra armando los planes que la sentencia mandata en sus cuatro primeras órdenes, ¿la Campaña Artemisa está deteniendo la deforestación? Es difícil saberlo.

Aún no contamos con datos sobre la eficacia de los operativos militares Artemisa en las zonas donde aterrizan. Cuando las autoridades involucradas en los operativos (como la Fiscalía o Parques Naturales) rinden cuentas sobre sus resultados, declaran que cada intervención deja una cifra de “hectáreas recuperadas”. Pero con ello se refieren al tamaño de los potreros donde aterrizaron.

Para saber si en realidad están protegiendo los bosques es necesario comparar cómo estaba la deforestación en el lugar intervenido, antes y después del operativo. Por ahora, estos datos no existen (al menos públicamente).

En 2020 el Tribunal de Bogotá (la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la sentencia) concluyó que no tenía los elementos ni la capacidad técnica para determinar si la sentencia se estaba cumpliendo. Por eso creó una Mesa de Apoyo al Seguimiento de la sentencia, con un Panel de Expertos, para ayudarle. Hoy en día, este espacio se encuentra diseñando indicadores para evaluar el impacto de las acciones del gobierno (incluyendo Artemisa). Así que tendremos que esperar más tiempo para confirmar qué tan eficaz han sido los operativos.

La Campaña Artemisa no está cumpliendo

En síntesis, la Campaña Artemisa, aunque se presenta como un estrategia para implementar la sentencia STC-4360, en realidad no esta cumpliendo con los estándares del fallo ni del ordenamiento jurídico colombiano.

Mientras se siguen ejecutando operativos militares, sin suficiente evidencia sobre su desempeño en la conservación de los bosques, se están afectando gravemente los derechos de los campesinos e indígenas que han sido capturados y desplazados en las zonas intervenidas. Lo que contraviene los límites que impone la Constitución a la hora de proteger la Naturaleza.

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