La Comisión de la Verdad, el Informe Final y la política de la memoria

La Comisión de la Verdad, el Informe Final y la política de la memoria
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Esta columna fue escrita en coautoría con Alejandro Cortés Arbeláez, politólogo de la Universidad EAFIT, Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes y Máster en Filosofía Política de la Universidad Pompeu Fabra.

En el Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado Colombiano y las Farc-EP en noviembre de 2016, se estructuró el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (Sivjrnr), que comprende: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (Cevnr-en adelante CV-) y la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd).

La CV, que se definió como un organismo extrajudicial, temporal y como uno de los pilares del Sistema Integral, entregó su Informe Final el 28 de junio de 2022, que comprende diez capítulos y un manifiesto. Bajo la premisa “Hay futuro si hay verdad” expone el largo y complicado proceso de construcción de la verdad en el que se realizaron 14.000 entrevistas y se establecieron conversaciones con más de 30.000 personas de diferentes sectores sociales e identidades étnicas. La CV pudo motivar el diálogo entre grupos políticos y armados que se enfrentaron por décadas, entre víctimas y responsables, y entre distintos sectores de la sociedad otrora polarizados por la misma guerra.

¿Cómo podría analizarse y evaluarse el trabajo realizado por esta institución? Para David Crocker, existen una serie de criterios mediante los cuales pueden evaluarse las comisiones de la verdad creadas en el marco de procesos de justicia transicional, de los cuales cabe resaltar los siguientes en relación con el trabajo realizado por la CV:

Verdad 

Las comisiones de la verdad deben establecer una serie de verdades fácticas, “hechos duros” o “verdades forenses”: qué derechos fueron violados, quiénes fueron víctimas de violaciones de derechos, dónde fueron violados estos derechos, quiénes violaron estos derechos. El establecimiento de las verdades fácticas se refiere al ejercicio de contar los hechos. Esto no es fácil, pero para una CV puede ser todavía más difícil lidiar con la “verdad interpretativa” de lo ocurrido, pues “los ciudadanos, e incluso los mismos miembros de la CV, podrían diferir sobre los patrones generales de interpretación y especialmente sobre quién o qué es más responsable por las atrocidades cometidas”. La CV, con su composición pluralista producto de un mecanismo de selección de comisionados juiciosamente diseñado, buscó indagar profundamente por las verdades fácticas del conflicto colombiano y construir un relato que no impusiera una verdad interpretativa única sobre las responsabilidades por las atrocidades ocurridas, sino que promoviera un diálogo amplio sobre los horrores acontecidos en el país.

Plataforma para las víctimas

Las comisiones de la verdad deben ser un espacio privilegiado para que aquellos cuyas voces y relatos han sido históricamente silenciados o ignorados puedan ser escuchados en un espacio privilegiado. La CV, al servir como plataforma para miles de víctimas históricamente relegadas por el Estado y la sociedad colombiana, cumplió el rol fundamental de hacer públicas las voces de quienes clamaban ser escuchados por la sociedad y las instituciones.

Responsabilidad y castigo

Aunque no es su propósito principal, las comisiones de la verdad pueden contribuir al esclarecimiento de responsabilidades individuales mediante el esclarecimiento de los elementos contextuales que rodearon la realización de crímenes atroces. Todavía es muy temprano para referirse a la utilidad que el Informe Final de la CV puede tener en esta materia, pues esto depende, entre otras, de la manera en que la JEP utilice el trabajo de esta institución extrajudicial.

Imperio de la ley

Las comisiones de la verdad pueden contribuir a la consolidación del imperio de ley y el Estado de derecho haciendo precisamente lo que los victimarios no hicieron: respetando una serie de derechos básicos, como la presunción de inocencia y el debido proceso, entendiéndolos en su dimensión extrajudicial. La CV demostró un inmenso compromiso con estos valores, llegando al extremo de aceptar las condiciones impuestas por el expresidente Álvaro Uribe, uno de sus más acérrimos críticos, para poder entrevistarle en el marco de sus funciones. En razón de lo anterior, debe señalarse que el cuestionamiento de la imparcialidad de esta institución resulta sumamente problemático.

Reforma institucional y desarrollo de largo plazo 

En un proceso de justicia transicional es absolutamente necesario que se realicen una serie de reformas institucionales que eviten que el pasado se repita, esto es, se requieren garantías de no repetición. Una CV debe indagar por las causas y factores que contribuyeron a la violencia, por lo que estará en una posición privilegiada para proponer las reformas necesarias que permitan dejar atrás el pasado de atrocidades. Esta tarea es justamente la que desarrolló la CV en el capítulo de “Hallazgos y recomendaciones” de su Informe Final, que fue entregado al presidente Gustavo Petro, quien el día de su posesión se comprometió a implementar sus recomendaciones “a rajatabla”, precisamente en aras de garantizar la no repetición de los horrores ocurridos. En este sentido, el trabajo de la CV puede leerse en sí mismo como una garantía de no repetición.

En el Informe de la CV se manifiesta la esperanza de que la sociedad colombiana reconozca en su historia violenta, excluyente, de torturas, secuestros y masacres la posibilidad de generar transformaciones que hagan viable que la sociedad avance hacia la construcción de unas nuevas formas de vida civilizada, de trato humano respetuoso de los derechos de cada uno, y a poder tener, por fin, una sociedad pacificada. “Las verdades que los comisionados entregamos al país al finalizar el mandato son un conjunto de verdades históricas, extrajudiciales, complejas y centradas en las víctimas”, dice el Informe Final.

Pero ni la paz ni la verdad son fáciles, recuerda también el Informe. La ruptura de las negociaciones con el ELN, el surgimiento de nuevas bandas criminales, la expansión del narcotráfico, el asesinato de líderes y excombatientes, y un cierto desinterés de la sociedad por las instituciones que creó el Acuerdo Final son asuntos preocupantes que afectan las pretensiones del Informe Final. Pero más grave es la estrategia que ha anunciado el Centro Democrático de negar la verdad que el Informe Final devela y proponer una cartilla —¿Cuál Verdad? — que sirva para ser la alternativa a la socialización del Informe de la CV en colegios de Colombia.

Con este proyecto, como lo han hecho con otros en estos últimos años, el Centro Democrático, liderado por el expresidente Uribe, pretende impedir que la CV y la JEP puedan alcanzar la verdad sobre el conflicto armado y, sobre esta base, la creación de la memoria histórica. El Centro Democrático arremete así contra la política de la verdad y la memoria, que está plasmada en el Informe Final, y aboga por una política del olvido.

El olvido ha dominado la historia de nuestro país y ha controlado la lógica de la política y del derecho durante décadas, desde la violencia de los años cincuenta en el siglo pasado, pasando por la violencia producida en el gobierno de Turbay Ayala con el Estatuto de Seguridad, la violencia ejercida por paramilitares, guerrilleros, miembros de las Fuerzas Armadas, y la estrategia de los falsos positivos, que se extiende hasta el caso de los tres jóvenes asesinados recientemente en Chochó (Sucre).

Los apologistas del olvido y los negacionistas saben muy bien que la verdad y la memoria, en la medida en que probablemente develarán el involucramiento de militares, líderes políticos, agentes del Estado en asesinatos, desapariciones y otros graves crímenes, los llevará a responder por sus acciones ante los tribunales. En este sentido, el olvido y el negacionismo buscan ahogar los intentos por dar a conocer los crímenes que se perpetraron contra la población civil, los asesinatos, desapariciones, secuestros. Frente a esto, saber la verdad sobre lo que pasó es el paso fundamental para resistir la violencia y la opresión. Por ello, como dice el expresidente de la Comisión de la Verdad del Perú, Salomón Lerner, “promover el cultivo de la memoria y defender a la memoria contra el «negacionismo», la apología del crimen o la simple indiferencia constituyen una manera de humanizar a nuestra sociedad y de ayudar a que nuestro país recorra el camino que conduce a una verdadera democracia”.

El problema que plantea la política del olvido, con la cartilla de Uribe y su Centro Democrático, es la negación de los acontecimientos traumáticos y violentos del pasado. Un ejemplo de esto lo dio Darío Acevedo con esa forma tan suya, autoritaria, meliflua y despótica, de dirigir el Centro Nacional de Memoria Histórica, una de cuyas perlas investigativas fue no hacer mención alguna, en el guion del Museo de Memoria, sobre el rol de los grupos paramilitares en el conflicto armado. ¡Darío el desmemoriado!

Frente a los apologistas del olvido es necesario cuestionar sus posturas y señalar que la sociedad colombiana no debe olvidar ni mirar hacia otro lado. Es necesario preservar el recuerdo duradero y crítico de su guerra, su violencia y de sus crímenes en la memoria colectiva de la sociedad. 

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