La comunidad de El Hatillo sigue esperando el cumplimiento de su reasentamiento

La comunidad de El Hatillo sigue esperando el cumplimiento de su reasentamiento

La producción de carbón del Cesar ha representado un poco más de la mitad de la producción total del país. Esta, a su vez, representa cerca de la mitad del producto interno bruto del departamento. La extracción de carbón se viene presentando ante la opinión pública como un motor de desarrollo para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, esta actividad ha implicado la pérdida de la diversidad productiva de la región y el reasentamiento involuntario de comunidades que, como El Hatillo, en El Paso, Cesar, han estado expuestas a un alto grado de contaminación ambiental.

Desde el año 2010, la comunidad de El Hatillo (también la de Boquerón y Plan Bonito), ubicada en el corregimiento La Loma (en el municipio de El Paso, en el centro del Cesar) está a la espera de su reasentamiento.

Ese año, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Mavdt), hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mads), mediante las Resoluciones 970 y 1525, estableció la obligación de las empresas mineras Drummond, Prodeco y Colombian Natural Resources (CNR), de reasentar a la población de El Hatillo afectada en su derecho a la salud, sus medios de vida, sus redes sociales y culturales. Esto, por cuenta de las actividades mineras que le obliga a salir del territorio que ha habitado por más de cien años.

El reasentamiento de El Hatillo ha enfrentado diversas dificultades. La más reciente, a causa de la crisis del mercado mundial del carbón en 2020, apalancada por la pandemia y el avance de la agenda de descarbonización en Estados Unidos y Europa. La situación en 2020 llevó a que empresas como Prodeco y CNR suspendieran sus operaciones, impactando en el mercado laboral, la economía local, generando incertidumbre en poblaciones que, como El Hatillo, dependen del cumplimiento de las obligaciones de las empresas mineras de reasentarlos en los términos establecidos en el Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) suscrito entre las tres empresas y la comunidad el 29 de noviembre de 2018.

La incertidumbre de la población de El Hatillo aumentó tras el anuncio de la empresa Prodeco de renunciar a sus títulos mineros; entre ellos, el de la mina Calenturitas, directamente responsable del reasentamiento de la población. Además, CNR anunció su entrada en proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116/2006 debido a la crisis de los precios del carbón y los problemas financieros que enfrenta la empresa.

Por un lado, la aceptación del proceso de reorganización empresarial de CNR por parte de la Superintendencia de Sociedades en noviembre de 2020 significó la suspensión del proceso de reasentamiento de la vereda El Hatillo, en razón de que con la admisión de la Superintendencia la empresa CNR “tiene la prohibición de pagar cualquiera de las obligaciones a su cargo, incluyendo las del proceso de reasentamiento, hasta tanto no tenga un nuevo acuerdo de pago de las deudas, autorizado por la Superintendencia de Sociedades. Durante la reorganización, CNR no le podrá pagar a la comunidad las obligaciones derivadas del PAR, ni a ningún otro acreedor por ningún otro concepto”.

La suspensión del proceso de reasentamiento de El Hatillo a causa de la reorganización de CNR llevó a la comunidad a declararse en crisis humanitaria en diciembre de 2020. En medio de la pandemia que agravó aún más la situación, se vieron obligados al confinamiento. Dependían entonces completamente de los aportes financieros de las empresas mineras dirigidos al mejoramiento de las condiciones de vida de la población durante el tiempo que dure el proceso de reasentamiento.

Ante esta situación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), entidad del Estado encargada de hacer seguimiento y velar por el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la empresas mineras, expidió el 23 de abril de 2021 el Auto 02382 mediante el cual solicitó a las empresas que, en el término de dos meses, presenten un programa de trabajo con la individualización de las acciones a ejecutar para el cumplimiento total del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR), procurando que las obligaciones de cada una de las empresas no dependan del concurso de las tres, porque esto ha impedido la implementación del PAR a través del fondo fiduciario constituido para tal fin.

El programa de trabajo de individualización de las obligaciones presentado por las empresas a la Anla y socializado con la comunidad en el mes de agosto de 2021 generó preocupación porque las empresas sostienen que el programa solo opera si la totalidad de las familias deciden irse en reasentamiento individual, descartando de plano el reasentamiento colectivo.

Dicho programa, tal y como está, representa para las familias campesinas una desmejora en las condiciones de vida, pues con el reasentamiento individual pierden la posibilidad de seguir adelante con sus prácticas sociales y productivas. Esto teniendo en cuenta que la vereda está ubicada en las denominadas “Sabanas Comunales de El Hatillo”, que venían siendo utilizadas para el pastoreo y el cultivo. Si se van en reasentamiento individual, es posible que la tierra que consigan individualmente sea menor a una Unidad Agrícola Familiar (UAF) y perderían el uso de tierras comunales que están contempladas en el PAR para el reasentamiento colectivo, así como sus redes sociales y culturales.

Recientemente conocimos dos noticias que ponen nuevamente el proceso de reasentamiento de la vereda de El Hatillo en el centro de las discusiones sobre la reactivación de las actividades mineras anunciadas por el Gobierno Nacional en su plan de Agenda Carbón (con el que pretende reactivar la economía nacional a partir de la inserción de Colombia en el mercado asiático de carbón).

Una de las noticias es que el pasado 31 de agosto de 2021, día en que la compañía minera CNR anunció mediante un comunicado público que retomará sus operaciones mineras gracias a que el Fondo Key Industries, de capital nacional, adquirió la totalidad de sus acciones.

En dicho comunicado, la compañía afirma que mantiene diálogo con el Gobierno nacional para llegar a un plan de salvamento de la operación minera que se había reducido luego de someterse al régimen de insolvencia e iniciar un proceso de reorganización empresarial.

La otra noticia del 5 de septiembre es sobre la renuncia de los títulos mineros por parte de la empresa Prodeco (Filial de Glencore, Suiza). Diferentes medios de comunicación informaron que la Agencia Nacional Minera (ANM) aceptó, finalmente, la renuncia de la empresa a tres títulos mineros, incluyendo el de la mina Calenturitas, sobre la que pesa la obligación de reasentar a la población de El Hatillo.

Con esta nueva decisión de la ANM cambia el sentido de la decisión de abril de 2021, que negaba la renuncia de la solicitud por encontrar que la empresa tenía obligaciones pendientes.

En tal sentido, consideramos que la reactivación del sector minero no puede darse de espaldas a la realidad de las comunidades locales y, por tanto, exige del Estado la definición de espacios y mecanismos de participación para la toma de decisiones respecto a la planificación minera. Sobre todo, tratándose de asuntos fundamentales como la reparación y compensación de los pasivos ambientales, el mercado laboral y la diversificación productiva de los municipios mineros.

Si bien se mantiene y aumenta la demanda de carbón en Asia, la descarbonización en el mundo es un hecho que debe llevar al país a pensar en una transición energética justa, en la que las empresas mineras y el Estado cumplan con la obligación de respetar los derechos humanos y remediar los daños causados por esta actividad extractiva.

La compra del total de las acciones de CNR y la aceptación de la renuncia de los títulos de Prodeco nos obliga a exigir del Estado colombiano en general y a la Anla en particular que tomen decisiones urgentes y adecuadas para garantizar de manera prioritaria el reasentamiento individual y colectivo de la población de El Hatillo por parte de las empresas Drummond, Prodeco y CNR.

En tal sentido, la Anla no puede aprobar el programa de individualización de las obligaciones de la empresas mineras tal como fue presentado, pues significaría un incumplimiento de lo pactado en el PAR y se estaría presionando a las familias campesinas de esta vereda a renunciar al reasentamiento colectivo. Y, con él, a la posibilidad de desarrollar actividades agropecuarias y culturales en zonas comunales destinadas al uso colectivo como lo venían haciendo en las Sabanas Comunales de manera ancestral.

En otras palabras, impedir el reasentamiento colectivo, en términos prácticos, representa que la comunidad desaparezca, y se convierta en una diáspora, similar a lo ocurrido con la comunidad de Tabaco en La Guajira, afectada por las operaciones de Cerrejón.

Si el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, viene adelantando conversaciones con la empresa CNR para reactivar sus operaciones, debe asumir como prioridad el cumplimiento de las obligaciones que la empresa tiene con el reasentamiento, pues resulta inconcebible que se sigan “lanzando” salvavidas a las empresas, mientras que El Hatillo sigue siendo devorado por esta actividad con la anuencia del Estado que por décadas ha sido incapaz de garantizar los derechos humanos de la población. 

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