Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Los acuerdos alcanzados en el Pacto de Glasgow, aunque muy relevantes, distan de ser suficientes si queremos garantizar un mundo viable y un futuro sostenible para las nuevas generaciones.
Se destacan los compromisos sobre reducción progresiva del uso del carbón para la generación de energía; revisión anual de planes nacionales para la reducción de emisiones; incremento del apoyo financiero a los países más vulnerables, y otros que fueron asumidos por grupos más reducidos de países, como el de detener la deforestación para 2030.
Sin embargo, la suma de los compromisos individuales y colectivos de la COP26 no permitirá limitar el incremento en la temperatura global a 1,5 grados centígrados, de acuerdo con las recomendaciones de la comunidad científica para evitar los graves efectos que ocasionaría el cambio climático en nuestro planeta.
Teniendo en cuenta que estos pronósticos están soportados por evidencia científica sólida y suficiente, la situación continúa siendo alarmante y es una muestra más de la incapacidad de los gobiernos del mundo para llegar a consensos en los que se privilegie el interés colectivo.
La inconformidad de muchos frente a los resultados insuficientes de la COP26, debe traducirse en un llamado a la acción a nivel global para los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y cada uno de nosotros como ciudadanos.
En el caso de Colombia, el Gobierno debe definir y socializar una hoja de ruta que permita cumplir los compromisos en materia de cambio climático, que si bien son positivos y se destacan a nivel internacional, no queda del todo claro cómo se va a garantizar su cumplimiento, especialmente si tenemos en cuenta que en buena medida dependerán de futuras administraciones.
Entre estos compromisos se destacan: declarar el 30 por ciento del territorio como áreas protegidas y sembrar 180 millones de árboles para 2022; reducir en 51 por ciento las emisiones de dióxido de carbono y eliminar la deforestación para 2030, y llegar a ser carbono neutral en 2050.
Es necesario que el Gobierno garantice avances hacia el final de su período, que permitan lograr las metas fijadas para 2022, dar continuidad a los esfuerzos para lograr aquellas establecidas a más largo plazo y tener avances para sentarse a negociar en la próxima COP27, el año entrante en Egipto.
Solamente en materia de deforestación será necesario lograr reducciones sustanciales en 2021 y 2022, teniendo en cuenta que en el 2020 se registró una pérdida de 171.685 hectáreas de bosque por esta causa, que equivalen a la superficie del Quindío.
El rol de la sociedad civil y de los medios de comunicación será determinante para garantizar la rendición pública de cuentas y dar a conocer la situación real en cada uno de estos asuntos. La sociedad civil colombiana deberá igualmente unir esfuerzos con la sociedad civil global para exigir a las autoridades del mundo mayores compromisos de cara a la COP27.
También debemos estar dispuestos como ciudadanos a hacer cambios en nuestro modo de vida y patrones de consumo, bajo orientaciones y facilidades que tendrán que seguir siendo puestas a disposición por los gobiernos nacionales y territoriales, en materia de transporte, reciclaje o consumo de energía y agua, entre otros aspectos.
No obstante, si realmente queremos garantizar un desarrollo sostenible poniendo en el centro a la niñez y la adolescencia, este llamado a la acción no deberá limitarse a los asuntos ambientales.
La pobreza, la violencia contra la niñez, y el rezago educativo y la deserción escolar generados por la pandemia por covid, son otras problemáticas globales de especial preocupación, cuyas soluciones no dan espera. Estos problemas tienen su expresión particular en el contexto de Colombia, donde se ven agravados por la desigualdad y la exclusión social que históricamente han caracterizado a nuestra sociedad.
Hoy en el país, 21 millones de personas viven en situación de pobreza y 7.4 millones en pobreza extrema; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha abierto este año 23 mil procesos por hechos de violencia contra la niñez, y el Ministerio de Educación ha estimado que en 2020 cerca de 158 mil niños y adolescentes abandonaron sus estudios como consecuencia de la pandemia.
Estas lamentables situaciones tienen además un impacto incalculable en el desarrollo y el futuro del país. El desarrollo sostenible, como fue concebido en el seno de la ONU en el año 2000, implica responder a estas problemáticas como parte de una agenda integral, abordando la interdependencia entre los problemas y sus soluciones.
En Colombia necesitamos por lo tanto un nuevo contrato social donde los niños y adolescentes sean la prioridad, y que dé cumplimiento a la prevalencia de los derechos de la niñez tal y como está establecido en la constitución nacional.
Por lo anterior, los candidatos presidenciales deben escuchar a niños y adolescentes, poner sus intereses y expectativas en el centro de sus programas, y definir propuestas sin populismo y con soporte técnico para garantizar sus derechos con una perspectiva de desarrollo sostenible.
Nuestro voto en 2022 deberá tener como principal consideración el presente y futuro de la niñez y la adolescencia, a partir de una evaluación de las propuestas específicas en cada programa. Es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso ético, como también lo será hacer seguimiento a la gestión del gobierno que resulte electo y exigir acciones y resultados contundentes.
Como lo ha dicho la activista Greta Thunberg, que hoy representa la voz de millones de adolescentes de todo el mundo “Lo único que necesitamos más que la esperanza, son las acciones. Una vez que empezamos a actuar la esperanza está en todas partes. Por tanto, en lugar de buscar esperanza, busquemos acciones. Entonces, y solo entonces, vendrá la esperanza”.
No es menor lo que está en juego.
