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Esta columna fue escrita en coautoría con Daniel Valencia, politólogo y magíster en desarrollo rural de la Pontificia Universidad Javeriana.
La Ensin, una tarea pendiente en la lucha contra el hambre en Colombia
En 2015 se realizó la última Encuesta Nacional de Situación Alimentaria (Ensin) y el estado nutricional del país era preocupante: 54% de la población colombiana presentaba algún grado de inseguridad alimentaria. Este estudio es liderado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y sirve para conocer la situación nacional en materia de nutrición y proponer instrumentos de política más acertados a las necesidades territoriales. Pese a su importancia, en 2020 (fecha que correspondía hacer la medición, pues se realizaba cada cinco años) no se hizo, y a la fecha no se cuenta con información actualizada sobre la situación nutricional y alimentaria de las y los colombianos.
Esta falta de información se hace mucho más preocupante al tener en cuenta que después de la última Ensin ocurrió la pandemia del covid. Algunos datos sobre pobreza, pobreza extrema (que aumentaron a 42,2% y 15,1%, respectivamente, en 2020) y los niveles históricos de la tasa de desempleo (15,9%) permiten inferir que la situación nutricional y alimentaria en Colombia empeoró.
Durante 2021 estos indicadores tuvieron una mejora parcial debido al repunte de la economía (39,3%, 12,2% y 13,6% respectivamente). Sin embargo, no se alcanzaron los niveles que existían previos a la pandemia. Así mismo, la inflación no ha dejado de aumentar y en agosto de 2022 se ubicó en 10,8%, la más alta desde 1999. Esto indica que la capacidad adquisitiva de la población colombiana ha venido disminuyendo, no solo por la reducción de sus ingresos, sino también por el alza en los precios de los alimentos.
Frente a este panorama, las acciones del Gobierno para incentivar la reactivación y recuperación económica no se ha reflejado en la situación alimentaria de los hogares del país. Según la encuesta Pulso Social realizada por el Dane en 23 ciudades, a julio de 2022, 23,2% de los hogares consumían solo dos comidas al día, mientras que 1,1%, solo una. Por su parte, el informe Panorama de las Necesidades Humanitarias en Colombia de Ocha expone que 7,6 millones de personas a nivel nacional presentan algún riesgo en su seguridad alimentaria, siendo especialmente preocupante la situación en los departamentos de Chocó, La Guajira, Sucre, Arauca y Putumayo. Aunque relevantes, los datos presentados por el Dane están basados en indicadores unidimensionales, como el acceso a comidas diarias y, además, están focalizados en las principales ciudades del país, lo que los hace insuficientes como insumo para tomar decisiones de política adaptados a las diferentes necesidades territoriales.
El presidente Gustavo Petro manifestó durante su campaña que era necesario garantizar “con urgencia el derecho humano a la alimentación ante la grave crisis alimentaria por la que atraviesan millones de niños, niñas, mujeres, adultos mayores (…) que hoy viola la dignidad humana”. Con base en esto, el 11 de agosto de este año, la bancada del Pacto Histórico radicó un proyecto de ley que busca poner en marcha un programa de emergencia humanitaria de lucha contra el hambre en zonas del país donde el derecho a la alimentación se esté vulnerando. Este programa tendrá una naturaleza temporal y se activará solo en casos en que se presenten graves riesgos de inseguridad alimentaria. Las principales herramientas que contempla son la entrega de bonos alimentarios y transferencias monetarias a las personas y familias que carezcan de recursos para acceder a alimentos básicos.
De acuerdo con Wilson Arias, ponente de la ley, la manera de determinar dónde se podrán hacer efectivas estas ayudas será a través de la información que aporte el Sisbén y los diferentes indicadores de mortalidad y morbilidad.
La información que pueden aportar las bases de datos señaladas son importantes, pero pueden ser insuficientes en la medida que no se concentran en analizar exclusivamente las condiciones alimentarias y nutricionales de la población.
En este sentido, con el objetivo de darles soporte a las políticas que se diseñen para abordar esta problemática, el nuevo Gobierno deberá acelerar el proceso de desarrollo y publicación de la Ensin -que a la fecha lleva siete años sin ser aplicada, con casi tres años de retraso-, así como implementar medidas para que su aplicación no vuelva a retrasarse. No se puede demorar la aprobación y puesta en marcha de la ley contra el hambre y las políticas adicionales que contemple el Gobierno por falta de datos. Pero es necesario acelerar los procesos de recolección de información que permitan aproximaciones integrales al tema, que se compongan de análisis en diversos niveles, contengan datos urbanos y rurales, y estén desagregados por el tipo de población.
Es importante que el proceso de recolección de información de la Ensin tenga en cuenta la diversidad étnica y cultural del país, como ha sido expuesto por la Onic, pues los pueblos indígenas no tienen la misma concepción sobre seguridad alimentaria que tiene el Gobierno y las diferentes instituciones encargadas de recolectar información y diseñar políticas.
Para superar la brecha de información estadística sobre seguridad alimentaria y nutricional, el Gobierno podría asignarle al Dane la responsabilidad de realizar la Ensin cada cinco años sin falta. La lucha contra la inseguridad alimentaria debe contener por lo menos tres frentes más: la lucha frontal contra la pobreza, medidas económicas que disminuyan la inflación y la definición de una política de protección al campesinado y a la producción de alimentos en nuestro país, poniendo especial énfasis en los productos que componen la canasta familiar.
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