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La justicia colombiana carece de norte, tiene demasiadas modalidades de oferta de justicia y presenta problemas procedimentales, de transparencia y de gestión. Ante ese panorama, el gobierno, en vez de abordar estas dificultades estructurales, propone crear una justicia adicional de sometimiento, en el marco de la llamada “paz total”, para acabar de enrarecer el paisaje y que en vez de combatir el crimen, lo estimula con graves efectos en el tejido moral y social del país.
La justicia colombiana carece de norte
En efecto, cada día se crean o proponen nuevas ofertas de justicia, sobre todo en materia penal. Hoy tenemos las siguientes clases de justicia penal:
- la justicia nacional o tradicional
- Justicia y Paz
- la justicia penal militar
- la Jurisdicción Especial para la Paz
- el Congreso -cuando juzga al presidente
- la sala de instrucción y la sala especial de primera instancia de la Corte Suprema -para juzgar a los congresistas
- la justicia especial indígena.
- Aparte de penal, en las otras áreas jurídicas también se administra justicia: la rama ejecutiva a través de las superintendencias
- el Consejo Nacional Electoral
- la jurisdicción disciplinaria
- los jueces de paz
- y los particulares en tribunales de arbitramento.
Doce justicias diferentes son demasiado. Además habría que incluir los centros de conciliación, conciliación extrajudicial en la Procuraduría General de la Nación, las casas de justicia y las inspecciones de policía y de familia.
Y falta por ver quién va a operar la futura justicia transicional con el ELN y otras “estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto” que se dedican al narcotráfico, en el marco del sometimiento a la justicia, que es el corazón del proyecto bandera de este gobierno, o sea el de la llamada “paz total”.
Esa excesiva pluralidad de ofertas de justicia presenta varios problemas: hay ineficiencia, conflictos de competencia, descoordinación, redundancia, jurisprudencias diferentes, confusión para el usuario e inseguridad jurídica, entre otras. Frente a este diagnóstico tan deplorable, es necesario proponer cambios para mejorar la situación.
En ese sentido, he aquí algunas propuestas institucionales que se ponen sobre la mesa, para el debate democrático.
- Unificar algunas de esas justicias en una sola. Por ejemplo Justicia y Paz, la JEP y la futura justicia en el marco de la paz total deberían unificarse con procedimientos especiales y simples.
- Crear una sola oferta de justicia para los funcionarios con fuero, que recoja las funciones del Congreso y de la sala de instrucción y la sala especial de primera instancia de la Corte.
- Pasar las superintendencias a la rama judicial.
- Eliminar la jurisdicción disciplinaria y dejarle ese tema a los colegios profesionales, como sucede con los médicos, los contadores y los arquitectos, con lo cual además el Estado ahorraría plata.
- Suprimir las conciliaciones extrajudiciales en la Procuraduría por ineficientes (no concilian ni el 1% de los casos y cuestan tiempo y dinero a los contribuyentes), así como las intervenciones de los procuradores judiciales en los procesos judiciales, mediante conceptos que no obligan y casi nunca los leen y lo único que hacen es demorar los procesos.
- Pasar el manejo de las cárceles (Inpec) del Ministerio de Justicia al Ministerio del Interior.
- Acabar con los jueces de paz que “no pegaron”, como dicen, y por el contrario crean problemas en los pocos lugares donde operan.
- Fortalecer la rama judicial para asumir la demanda de justicia que aquí se propone suprimir.
Aparte de reformas institucionales se requiere también aligerar los procedimientos, consolidar la virtualidad, publicar las estadísticas de producción de los jueces y magistrados, evaluar la productividad de cada despacho judicial, modificar la planta de personal de los juzgados (ya no se requieren secretarios ni citadores ni escribientes, que son cargos del siglo pasado, sino profesionales calificados que apoyen al juez) y explorar los alcances en la justicia de la inteligencia artificial (¿llegará el día en que los robots reemplacen a los jueces?).
Se debe hacer especial referencia a la acción de tutela contra sentencias, la cual debería limitarse. Por ejemplo se debe exigir que esta sea suscrita por un abogado y que haya condena en costas, porque ahora los procesos tienen cuatro instancias: dos ante los jueces naturales y dos ante los jueces constitucionales. Lo que hoy existe es irracional e ineficiente y crea inseguridad jurídica.
En fin, ideas hay. Se deberían debatir públicamente para irlas madurando y arribando a consensos. Pero la situación actual no debería continuar.
El gobierno, sin embargo, ha evadido el abordaje de estos temas y se ha embarcado en una curiosa política criminal, que hace parte de la paz total, que consiste, entre otras, en:
- eliminar delitos para reducir el número de crímenes
- otorgar un auxilio mensual a jóvenes de la primera línea con prontuario criminal
- y ofrecer perdón social a los miembros de los grupos organizados al margen de la ley, que hoy viven del narcotráfico.
Lo primero es curioso. Como diría un humorista mejicano: “bravo, qué lógica impecable. Funciona muy bien su idea. Mira si le cambiamos el nombre a ‘secuestro’, por ‘masaje terapéutico’, ¡pum! adiós al secuestro, ya no va a haber ni uno”. Es cierto que hay que revisar unos delitos y las penas, e incluso crear nuevos tipos penales, pero no es abriendo las cárceles como se supera el altísimo grado de inseguridad de Colombia.
Lo segundo es peligroso, porque subsidiar jóvenes para que no cometan delitos es un incentivo perverso que termina motivando la comisión de delitos: “ser delincuente paga”, literalmente. En su lugar, sería mejor revisar toda la política de responsabilidad social para adolescentes con el fin de garantizar la rehabilitación, la educación y la inserción en la sociedad de los jóvenes que tienen dificultades con la ley. Y si ya no es joven, debe caer todo el peso de la ley.
Y lo tercero es una ingenuidad. Siendo Colombia el país con la mayor producción de cocaína en el mundo, mientras el negocio continúe y sea tan rentable, otorgar perdón social a los guerrilleros y traquetos actuales o de turno es irse preparando para volver a perdonar a los de mañana, a los de pasado mañana, y así indefinidamente.
Es más, algunos repiten como las disidencias de las Farc se beneficiaron en el año 2016 del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, ahora de la “paz total” y mañana una futura política de perdón (¿cómo la llamarán, si ya agotaron los adjetivos rimbombantes y mesiánicos?).
Es un derecho penal negociado, hecho a la medida como un vestido donde el sastre, tal como sucedió con Pablo Escobar y con las Farc. Pero mientras no se pare una hemorragia, no es muy útil tomar calmantes porque el desangre continúa.
En general el proyecto, más que desmantelar a los grupos que están delinquiendo en la calle, busca lavarle la cara a los que ya están presos. Por eso su énfasis es en la excarcelación de grandes capos, ya no se sabe si gratis o no.
Por otra parte, el proyecto poco regula en concreto sobre los derechos de las víctimas, más allá de afirmaciones generales. Debería tomarse nota de los éxitos y las dificultades de procesos anteriores, para replicar los primeros y evitar los últimos.
Por ejemplo, en Justicia y Paz hubo verdad (más o menos), hubo justicia (8 años de cárcel efectiva), poca reparación (simbólica) y nada de garantías de no repetición (siguieron otros o los mismos con testaferros).
Y en la JEP hay algo de verdad (cada vez más), no hubo justicia (cero cárcel y sanciones irrisorias, si es que algún día las imponen), poca reparación (simbólica) y nada de garantías de no repetición (la tercera parte de las Farc desertó del proceso de paz). En la práctica la JEP, en este sentido, ha derivado en una especie de Comisión de la Verdad: rescata la memoria pero no sanciona.
Y, claro, todas estas políticas de paz total y sometimiento a la justicia están revestidas de un halo de compasión, casi de bondad, que otorga una inmerecida superioridad moral al gobierno y sus delegados de paz.
¿Quién podría oponerse al amor al prójimo, a una potencia por la vida, a una voluntad de justicia, a una conmiseración por los débiles? Nadie: los ingenuamente liberadores de delincuentes son los buenos y los que se le opongan son los malos. Es un error, porque incentivar el crimen, en vez de combatirlo y promover límites morales en la sociedad, no tiene nada de meritorio, de plausible o de encomiable. El daño al tejido social, a los valores mínimos de una comunidad y a los jóvenes es tan irreversible como lamentable. Todos queremos la paz, pero con límites.
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