La justicia que más le sirve a los niños

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Enfrentar a la justicia ordinaria y transicional no va a lograr mas justicia o reparación para los niños y niñas soldado.

Distintos sectores como el Centro Democrático y la Corporación Rosablanca han luchado férreamente por quitarle a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) la competencia para juzgar reclutamiento y violencia sexual contra niñas y niños en el conflicto armado. 

El argumento central de ellos es que la justicia ordinaria es mejor, hace más “justicia” porque lleva a la cárcel a los perpetradores; por el contrario, la justicia transicional es sinónimo de “impunidad” porque los responsables no pagarán condena intramuros.

¿Hasta qué punto estas presunciones son constatables empíricamente? ¿Qué pasó con los casos de reclutamiento ilícito que llegaron a la justicia ordinaria? ¿Qué conclusiones se pueden sacar al comparar ambas justicias para estos casos? 

En las investigaciones adelantadas por la Universidad de La Sabana desde 2015 sobre reclutamiento ilícito se analizaron tanto los casos que llegaron a la Fiscalía por justicia ordinaria, como por Justicia y Paz, es decir, la justicia transicional que se creó bajo el gobierno Uribe a propósito de la desmovilización de los grupos paramilitares. Se establecieron hallazgos relevantes para responder las preguntas formuladas anteriormente.

Al menos en relación con casos de reclutamiento ilícito, la justicia ordinaria investigó muchos menos casos que la justicia especial: entre 2008 y 2016, el fiscal de justicia ordinaria investigó los casos de 132 víctimas, mientras que entre 2006 y 2016, la fiscalía de Justicia y Paz investigó los casos de 1.926 víctimas. Preguntarán algunos ¿se hizo más justicia en un sistema que en otro?

Si el criterio de justicia equivale al número de años que pagaron los condenados en la cárcel, los resultados son contraintuitivos, por decir lo menos.  Todos los casos de reclutamiento ilícito que llegaron por justicia ordinaria, sin excepción, fueron excarcelables, ¡Ninguno de los perpetradores fue a la cárcel! Los delitos cometidos antes de 2005 permitían reducir la pena a tres años, siempre y cuando el acusado colaborara con la justicia. Por el hecho de colaborar, la pena de tres años podía reducirse incluso a la mitad (es decir 1 año y medio) y dado que, según la ley colombiana, todo delito menor de tres años es excarcelable, los condenados pagaron desde sus casas, entre 7 a 18 meses de pena. 

En la justicia transicional de Justicia y Paz, los principales condenados por reclutamiento ilícito (entre otros delitos) pagaron una condena de ocho años de prisión.  Entre otros casos se destaca el de Ramiro Vanoy (336 víctimas), Freddy Rendón (309 víctimas), Iván R. Duque (173 víctimas) y Rodrigo Pérez Alzate (120 víctimas).

Otros argumentarán que en las condenas hubo más reparación en la justicia ordinaria que en la especial. 

De 132 casos de la justicia ordinaria, se dictaron 86 sentencias condenatorias, de las cuales sólo 19 exigían reparación a las víctimas, aunque no integral; solo se limitó a la indemnización con cantidades reducidas que corresponden a delitos menores como la estafa o el hurto. 

En el caso de Justica y Paz las sentencias dictaron medidas de reparación integral, esto incluyó entre otras, medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización y garantías de no repetición.  Cuál ha sido el cumplimiento efectivo de estas medidas, es una pregunta que amerita un estudio en particular. A través de Justicia y Paz se han establecido patrones de macrocriminalidad, ha sido posible conocer parte de lo sucedido en regiones azotadas por el conflicto donde imperaba la ley del silencio y los perpetradores han pedido perdón público a sus víctimas; no obstante, falta un largo trecho para hablar de una verdadera reparación integral.   

Probablemente, tanto la justicia ordinaria como Justicia y Paz, tienen mucho que mejorar, pero también mucho que aportarle a la Justicia Especial para la Paz (JEP). 

Por ejemplo, podrían aportar experiencia e información para resolver algunas preguntas clave: ¿Cómo la justicia, ordinaria y transicional, podrían ayudar a reducir el estigma social que sufren estos jóvenes que fueron víctimas de reclutamiento ilícito y que hoy son adultos, pero fueron reclutados siendo niños y niñas? ¿Cómo ayudar a abrirles oportunidades de inserción laboral? ¿Cómo facilitarles mejor acceso a salud para que puedan superar las grandes secuelas que les dejó la guerra, especialmente en casos de violencia sexual?

Colombia tiene una gran oportunidad para mejorar y reparar de forma más idónea el delito en cuestión: no solo opera la justicia ordinaria, sino además dos sistemas de justicia transicional: Justicia y Paz, a cargo fundamentalmente de casos relacionados con paramilitares, y la JEP concentrada, principal aunque no exclusivamente, en casos relacionados con las Farc. 

Uno de los aportes de la justicia ordinaria y transicional ha sido la información recogida e incluso sistematizada por ambos modelos.

Gracias a estos datos se han podido establecer y robustecer algunos patrones sobre cómo opera el reclutamiento ilícito en las regiones.  Esto sin duda es un insumo valioso para que las instituciones y autoridades locales puedan prevenir nuevos casos. Se constató que más del 70 por ciento de los niños y niñas soldado se unieron “voluntariamente” a los grupos armados ilegales.

Por supuesto, desde la mirada jurídica esta decisión no tiene ninguna validez, pero desde las ciencias sociales, es un tema relevante que hay que abordar desde otra óptica.  Muchos niños y niñas decidieron entre lo que ellos consideraban malo y peor: malo irse a la guerra, pero peor seguir en las mismas condiciones de adversidad, desprotección y miseria. Independientemente del grupo reclutador -sea de izquierda, derecha, narcotraficante o banda criminal, si las condiciones siguen siendo básicamente las mismas, los niños, niñas y adolescentes seguirán tomando la decisión de unirse a los grupos armados ilegales.   

Desafortunadamente, el debate en torno al reclutamiento ilícito, y de paso, delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto se ha utilizado no tanto para prevenir o reparar mejor a las víctimas, sino para polarizar y deslegitimar a la JEP e incluso, al mismo acuerdo de paz con las Farc.  

Enfrentar a la justicia ordinaria y transicional no va a lograr mas justicia o reparación para los niños y niñas soldado. Intentemos un dialogo entre la justicia ordinaria y Justicia y Paz para mejorar la labor de la JEP.

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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