La minería: ¿culpable o inocente?

La minería: ¿culpable o inocente?
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Sobre la minería se ha escrito, investigado y opinado mucho, en especial sobre su impacto ambiental luego de la expedición de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), norma que buscaba que Colombia dejara de tener una actividad minera marginal y se convirtiera en un país minero con una industria especializada y fuerte. 

Hoy este código deja un país con unas instituciones públicas encargadas de supervisar, vigilar o fiscalizar los temas mineros débiles y en proceso de consolidación, con altos niveles de corrupción, sin información actualizada, detallada y con problemas para tener una presencia en todo el territorio nacional, hechos que deben considerarse, como una amenaza latente para la biodiversidad del país.

Este escenario no resulta el más prometedor para el desarrollo de la minería, el solo principio de precaución consagrado en la Ley 99 de 1993 obligaría a restringir o eliminar esta actividad en la mayoría del territorio nacional, pues cerca del 40 % del país tiene alguna figura de protección por su gran valor ambiental y resultaría un desastre natural que se pudiera realizar alguna actividad minera allí.

Pero renunciar a la minería no parece muy viable en el corto plazo, ya que esta, es una actividad económica fundamental para el progreso y la calidad de vida de la humanidad. Por esto, la innovación, el rigor de sus operaciones y los desarrollos tecnológicos le han permitido al sector asumir estos desafíos y poder realizarse de una manera más amigable con el medioambiente.

Las prácticas innovadoras que se utilizan para extraer los minerales, la eliminación de químicos contaminantes como el mercurio y el cianuro, la compensación ambiental para recuperar y descontaminar los suelos, reforestar las áreas taladas y recuperar las aguas que se utilizan, hace posible pensar en una actividad minera sostenible y generadora de bienestar y progreso socio ambiental.

Ahora bien, ¿por qué en Colombia no hemos podido ver implementada esta forma de “minería verde” en términos masivos? La respuesta tiene un elemento común y se ajusta a los altos niveles de ilegalidad dentro de la actividad y la incapacidad del Estado por corregir esta situación. La mayoría de la actividad minera que hoy se desarrolla en el país es minería ilegal, es decir, no es una actividad realizada por la industria minera formal, titulada, tecnificada y legalizada, sino por actores criminales. En Antioquia los niveles de minería ilegal resultan alarmantes, pues se calcula que más del 50 % del oro que se extrae se hace de manera ilegal, una realidad que también comparten Chocó y Amazonas.

La minería ilegal es una actividad que extrae los minerales, pero no hace compensación ambiental, contamina el agua, utiliza en altos niveles contaminantes como mercurio y cianuro, desvía ríos, desplaza poblaciones y vulnera derechos humanos, no paga regalías (el tributo que deben pagar los mineros al país por la extracción del mineral), no tiene política de compensación socio ambiental y los recursos que genera se destinan principalmente a financiar actividades ilegales. En ese sentido, lo que hoy vemos como negativo de la minería (la destrucción de ecosistemas, la contaminación de suelos y agua, la pobreza y el desplazamiento) difícilmente se le puede atribuir a la actividad minería per se. Es una problemática, consecuencia de una actividad ilegalidad, adelantada por actores criminales y de la incapacidad del Estado y sus instituciones por contenerlos.

Lo cierto es que la minería como actividad, realizada cumpliendo los requisitos que hoy tiene el país y empleando la tecnología existente, perfectamente puede ser una actividad que compense sus efectos ambientales negativos y genere progreso en las comunidades aledañas.

No obstante, esta columna no busca hacer una defensa de la actividad minera, sino invitar a una reflexión nacional que ayude a comprender la necesidad de construir diagnósticos acertados, de nada sirve tener instrumentos bien pensados y elaborados pero diseñados para resolver problemas distintos a los que se deben atender.

En este orden de ideas, el gran problema ambiental que hoy se debe resolver no debe estar orientado a acabar con la minería, sino a eliminar su práctica ilegal depredadora, adelantada por criminales sin respeto a las normas y sin el uso de las tecnologías requeridas para no generar daños ambientales. Al final de nada sirve estigmatizar un sector y sus actores si en el fondo no se está atacando los verdaderos responsables de esta tragedia.

Hoy los esfuerzos del Estado, los mineros formales, legales y artesanales y la sociedad civil tendrían que orientarse a combatir los actores ilegales que adelantan esta actividad, destruyen los territorios, sus recursos y victimizan a sus comunidades y se están enriqueciendo en el proceso, es un problema desencadenado más por la existencia de estructuras y actividades ilegales que por el desarrollo de una actividad económica.

Ahora bien, en un paraíso natural como lo es Colombia, con el alto desconocimiento de sus recursos naturales, un catastro desactualizado y un problema de posesión de tierras tan agudizado, lo más razonable sería eliminar o replantear ese sueño de ser un país minero, por lo menos hasta que no se resuelvan los asuntos científicos, institucionales, jurídicos, catastrales y militares que garanticen las condiciones mínimas para que la minería sea un motor de desarrollo y no un salto a la destrucción ambiental y social del país.

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