La Minga: tiempos que se conectan 

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Las trompetas del despojo y la violencia, así como el reciclaje de nuestros programas agrarios, conectan a nuestra ruralidad como túneles de gusano.

¿Qué es la Minga?

La “Minga” no es una palabra moderna. Tampoco es una invención de la izquierda nativa. Se trata, más bien, de un concepto rastreable a lo largo de las poblaciones rurales que habitan los encadenamientos montañosos de la andinidad latinoamericana. Este vocablo ha venido retomando diversas acepciones y usos debido a la plasticidad maravillosa del lenguaje, y a los contextos regionales que se han reinventado numerosas veces luego de los procesos de conquista, colonia, república y desarrollismo; así como del mismo estado multicultural.

La “minka” abarca un gran número de sociedades a nivel histórico y temporal. El concepto es rastreable desde sociedades con sofisticados niveles de organización, como el imperio Inca, así como por los cacicazgos indígenas del suroccidente colombiano. Tal y como lo propone el juicioso trabajo de Emilia Ferraro “Reciprocidad, don y deuda”, la Minga es una institución que regula la heterogeneidad social étnica estableciendo una devolución moral de favores a la comunidad.

En Colombia, dicho concepto se ha transformado para designar el trabajo colectivo en torno a una tarea común. La Minga es una forma de reciprocidad que forma parte de un sistema de intercambio más amplio y complejo, que penetra nuestros espacios rurales tradicionales.

Sin embargo, aún en un mismo departamento, como en el Cauca, este concepto tiene muchos significantes o palabras asociadas. Como me enseñó esta semana Alexis Mina, las comunidades afrocolombianas de los valles interandinos del río Cauca entenderían una cosa diametralmente diferente si alguien las invita a “minguiar” porque, para ellos, ese mismo concepto está ocupado por la palabra “tonga”.

Así mismo, las comunidades negras de la Costa Pacífica, utilizan una palabra diferente: el africanismo “uramba”. Y, de acuerdo con el testimonio del finado Chucho Chanclas, para los campesinos del Cauca les hace más sentido que aquel espacio en el que se comparte el trabajo y las ideas se llame “Tulpa”.

La Minga, a pesar de sus múltiples evocaciones lingüísticas, representa en esencia un intercambio. Es por esa razón, y no porque estén aleccionados por una ideología “castrochavista”, que escuchamos frecuentemente a los voceros de la actual Minga mencionar que todo el mundo aporta algo para la misma. El “llevar algo” es la base primigenia del intercambio y la reciprocidad. “Dar” siempre implica la expectativa de “recibir”, tal y como lo evidencia la antropología desde el célebre “Ensayo sobre el don”, escrito por Marcel Mauss en la alborada del siglo pasado.

La interesante y premonitoria tesis de Alen Castaño muestra cómo el significado de la Minga se ha venido expandiendo bajo una lógica de articulación intersectorial en el suroccidente colombiano. El anterior presagio investigativo se hace realidad movilización tras movilización, y aterriza con la sorprendente unificación de la diversidad indígena que se observa en el último himno de la Guardia Indígena del Cric. 

Para concluir este primer apartado, conviene resaltar que la Minga contemporánea, si bien hunde sus raíces históricas mucho antes del mismo Estado colombiano, se viene transformado de una poderosa herramienta etnopolítica (fundamentalmente indígena), a una plataforma de alcance transcultural que aglutina historias y sentires diversos, reivindicada por diversas facciones indígenas, afrocolombianas y campesinas del suroccidente colombiano. 

¿Existen razones suficientes para invocar la Minga?

Desde el punto de vista del gobierno se han esgrimido dos razones importantes para descalificar la Minga. De un lado, se argumenta que el gobierno nacional viene cumpliendo juiciosamente con los compromisos de las anteriores movilizaciones. De otra parte, se argumenta que las razones de la movilización son políticas y no sociales.

Más adelante retomaré la distinción entre lo político y lo social. Frente al primer argumento, la verdad no tengo la información para poder emitir un concepto al respecto. Sin embargo, y a pesar que seguramente sí existe una ejecución importante de parte de las entidades del gobierno con referencia a los compromisos asumidos con los actores sociales del Cauca, algo no está saliendo bien. La situación social y política no mejora en términos globales.

Permítanme presentar, a modo de contexto, los siguientes elementos.

Pobreza rural y étnica

Como vemos en el Gráfico 1 de la Plataforma Sinergia para hacer seguimiento a la implementación del actual PND, llama la atención el porcentaje de avance de implementación del Pacto por la Equidad Étnico. Como puede observarse, la ejecución del cuatrienio ha avanzado un 16,9 por ciento. Es importante anotar que el ítem que alcanza el 100 por ciento de ejecución, el sector agricultura, se compone de un solo indicador referido al porcentaje de solicitudes de información atendidas en el marco de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (Cnti).

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Gráfico 1. Avance del cuatrienio del pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: Indígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros. 

De manera complementaria, revisemos qué viene sucediendo con la pobreza rural. Agradezco a Olga Lucía Acosta, investigadora de la Cepal, a quien escuché en un evento reciente sobre afectaciones campesinas en el conflicto armado, llamando la atención sobre el incremento enorme del indicador de pobreza extrema rural entre el 2018 y el 2019, justo antes de la llegada del covid a nuestro país.

Como puede observarse en el Gráfico 2, la línea correspondiente a centros poblados y rural disperso aumentó 3,4 puntos porcentuales. Lo anterior, en palabras de Acosta, economista y experta en desarrollo rural, “es una enormidad para un solo año”. Situación que, observando el gráfico, nos devolvía -aún antes de la pandemia- a una situación equivalente a la del 2014. 

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Gráfico 2. Incidencia de pobreza monetaria extrema 2009-2019. Fuente: Dane. 

Así mismo, la pobreza monetaria indígena es muy grave en los centros poblados y rural disperso. En estas áreas, que seguramente corresponden con las territorialidades desde donde la Minga se moviliza, la pobreza indígena llega al 72,8 por ciento, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

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Gráfico 3. Incidencia de pobreza monetaria según autorreconocimiento étnico del jefe del hogar. Fuente: Dane. 

Si colocamos el foco en el departamento del Cauca, es posible observar que tanto el nivel de pobreza monetaria como el de pobreza monetaria extrema entre 2017 y 2018 (que es la información disponible al día de hoy), se encuentran entre los tres niveles más altos del país, a la par del Chocó y la Guajira.

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Gráfico 4. Incidencia de pobreza monetaria por departamentos (2017-2018). 

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Gráfico 5. Incidencia de pobreza monetaria extrema por departamentos (2018). 

Vale la pena destacar que la información anterior no registra el incremento de los 3,4 puntos porcentuales entre 2018 y 2019, donde presumiblemente la situación ha tendido a empeorar. Así mismo, las mediciones posteriores seguramente mostrarán los efectos destructivos de la cuarentena por el covid sobre la economía en general, y sobre la pequeña agricultura familiar étnico-campesina en particular.

Narcotráfico y actores armados

A los indicadores de precarización galopante anteriormente presentados, habría que agregar la profusión de actores armados, negocios vinculados al narcotráfico y la minería ilegal en una región como la del norte del Cauca.

Revisemos, a continuación, la siguiente cartografía que da cuenta de la profusión de actores armados y negocios ilícitos, justo antes de la firma del Acuerdo de la Habana en 2016.  

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Mapa 1. Cultivos ilícitos, minería ilegal y presencia de grupos armados en el Norte del Cauca. Fuente: IEI. 

El vacío de poder dejado momentáneamente por las Farc, sumado a la importancia material y estratégica de las economías ilícitas, significó que, entre 2016 y 2020, la violencia se focalizara en los líderes sociales campesinos e indígenas, con un particular ensañamiento en las vocerías indígenas del departamento del Cauca, como es posible abstraer de los gráficos que a continuación se presentan.

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Gráfico 6. Departamentos de mayor victimización a líderes sociales en los últimos años (2016-2020). 

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Gráfico 7. Tipos de liderazgo con mayores frecuencias Cinep (2016-2020). Fuente: IEI. 

Así mismo, el nivel de impunidad con respecto a estos asesinatos es muy alto. En la tabla de abajo se aprecia que ni siquiera se conoce con certeza a sus perpetradores.

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Gráfico 8. Victimarios de asesinatos a líderes sociales. Fuente: IEI. 

En un contexto como el anterior, no deja de sorprender que el Sistema habilitado por la DNP para realizar un seguimiento Integrado a la Información para el Posconflicto – Siipo muestre que el nivel de implementación del Punto 3 del Acuerdo de Paz para comunidades étnicas sea cero por ciento. Este punto es muy importante en el ítem que nos estamos refiriendo, precisamente porque en él se observa una competencia directa de la Fiscalía General de la Nación para desmantelar organizaciones y conductas criminales que afecten a los pueblos y comunidades étnicas. 

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Gráfico 9. Avance de clasificación agrupado por puntos del Acuerdo de Paz PMI. 

Un racismo persistente

En el departamento del Cauca, en pleno siglo XXI, se ha reactivado un debate profundamente polarizante en cuanto a la representación de las comunidades étnicas; en especial, de las comunidades indígenas como talanqueras al progreso. Un antecedente importante en esta problemática sucedió con el debate en torno al derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán.

Seguramente, el anterior estado de opinión se ha venido profundizando gracias al agotamiento evidente que representa el repertorio de movilización de las pasadas Mingas al bloquear la vía panamericana. Pero, al mismo tiempo, evidencia que uno de los departamentos más antiguos del país depende exclusivamente, para su movilidad e intercambio de mercancías, de una vía que exclusivamente comunica el sur con el norte, renunciando o aplazando sistemáticamente su conectividad transversal entre el Pacífico afrocolombiano y los valles amazónicos indígena-campesinos.

¿Qué nos revela esta geografía de la segregación, evidenciada en los paisajes de la infraestructura vial?  

Todos nos alarmamos por la desconexión que significan los bloqueos en la vía, máxime en un contexto como el pandémico -situación que la actual Minga ha captado con acierto. Pero, en cambio, las voces caucanas parecen menos efectivas a la hora de promover una mayor integración de las economías étnicas y campesinas a la actividad departamental.

Al contrario, recordemos la propuesta de la Senadora Paloma Valencia en la que sugería escindir el departamento del Cauca buscando separar a los mestizos de las áreas de influencia indígena; propuesta en la que, vale la pena destacarlo, ni siquiera se mencionaba a las poblaciones afrocaucanas.

Nuestro racismo endógeno parece haber retomado fuerza, reinventando las fórmulas de los manuales más conservadores. La asociación entre etnicidad, pobreza e ignorancia, parece renovarse de la mano de nuestra polarización política endémica, tal y como se aprecia en el video donde una ciudadana vitupera a los mingueros indígenas en Bogotá

Lo anterior no dejaría de ser anecdótico si tal nivel de asociación no se extendiera hacia voces tan reconocidas como la periodista María Isabel Rueda, quien en su afán por capitalizar un ataque dirigido a la alcaldesa de Bogotá, claramente sugiere desde su titular “Los baños de la minga” una correlación entre etnicidad, suciedad y enfermedad. Asociación que, por lo demás, nunca desarrolla al interior de su columna; solo la deja ahí, flotando en el aire enrarecido de sus argumentos ideológicos.

Tan abiertamente politizados resultan sus planteamientos que un especialista en salud pública, como Johnattan García, se encarga de desmontarlos, o por lo menos, de evaluarlos en su verdadera magnitud en su columna de El Espectador.   

Tiempos que se conectan

Luego de revisar los anteriores determinantes de la Minga del Suroccidente, creo que estamos en una mejor posición para evaluar si esta movilización puede ser social sin ser política. ¿Acaso no habrá que revisar algo en nuestra política pública si, pese a cumplir con las demandas y las planeaciones estatales, la pobreza, el narcotráfico, la impunidad y el racismo no ceden?  O quizás, más bien, ¿se está confundiendo lo político con lo electoral?

En cualquier caso, vale la pena señalar que el jefe de la política del Estado es nuestro señor presidente, no el Congreso de la República, como lo permite establecer el Articulo 188 de nuestra Constitución.

Dicho esto, algo también tendremos que evaluar si, a pesar de estar adelantándose razonablemente con varios de los puntos acordados en las pasadas movilizaciones, la situación no cambia. La reflexión no solo apunta al Estado… De un ejercicio de diálogo realmente sincero entre gobierno, actores productivos regionales y ciudadanías activas, dependerá que el progreso y el bienestar no sigan convirtiéndose en unas insulsas listas de mercado.

En ese mismo evento que señalaba líneas arriba, sobre los efectos del conflicto armado en el campesinado, Rocío Londoño llamaba la atención sobre la recurrencia histórica y espacial de la pobreza, la marginación y la violencia en nuestro país. Londoño señaló que los municipios Pdet de hoy son casi los mismos en los que se focalizó el Desarrollo Rural Integrado (DRI) en los 90; y que dicha correspondencia, incluso, puede expandirse hasta los años 80 con el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR).

Lo anterior quiere decir que llevamos 40 años invirtiendo dinero, recursos y acción institucional en los mismos lugares que no logran salir de su espiral de marginación y violencia. Son “[…] como tiempos que se conectan”, sugirió Catherine LeGrand. Así mismo, el profesor Juan Guillermo Ferro recordó que con la persecución a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), no se hundió solamente el movimiento agrario más grande del país, sino que con ellos pereció el pacto progresista por la modernización de nuestra ruralidad. Anuc y desarrollismo sellaron juntos su suerte, perseguidos al tiempo por las insurgencias y el Estado.

¿No les parece un contexto extrañamente recurrente hoy en día?

El principal movimiento social de los últimos 25 años es el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), en los que el pacto multicultural no logra aún reversar las condiciones de precariedad y encaminar ampliamente un buen vivir comunitario. Las organizaciones sociales del Cauca, indígenas, afrocolombianas y campesinas, se encuentran en medio de varios fuegos: perseguidos por el narcotráfico cuando se oponen a su lógica depredadora, y estigmatizados por el Estado cuando intentan sobrevivir en esa ecuación tan compleja en que se ha convertido la lucha “global” contra las drogas. 

Se trata del lado oscuro de nuestra sociedad que amenaza con engullir nuestra frontera agraria e intercultural. Si la persecución de la Anuc significó el combustible de las guerrillas de la segunda mitad del siglo XX, ¿qué podrá representar -en el futuro próximo- la persecución y estigmatización sistemática de los líderes indígenas, campesinos y afrocolombianos?  

Tiempos que se conectan, como lo sugiere LeGrand. Las trompetas del despojo y la violencia, así como el reciclaje de nuestros programas agrarios, conectan a nuestra ruralidad como túneles de gusano. Proyectando una analogía con los argumentos de la serie alemana de Netflix “Dark”, las causalidades de nuestras desgracias rurales no son fenómenos estáticos. Todo lo contrario; son más bien vectores que articulan el presente con el pasado, galopando discontinuos y desafiando la linealidad histórica.

 

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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