La necropolítica y el régimen de gobierno democrático

La necropolítica y el régimen de gobierno democrático
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El sistema político colombiano tiene tres grandes deficiencias que, tomadas en serio, determinan que ninguna persona razonable y sensata pueda defender la tesis de que Colombia es una democracia, como lo hizo Francis Fukuyama cuando sugirió que el capitalismo y la democracia habían ganado la batalla ideológica para siempre. La primera deficiencia es que la democracia representativa y los partidos políticos no cumplen con sus fines relacionados con la inclusión de más ciudadanos y grupos minoritarios en la esfera política, ni han servido para mantener las fórmulas de justicia social, ni para llegar a consensos sobre temas claves, como la paz. La segunda deficiencia tiene que ver con la persistencia de la violencia y la incapacidad de alcanzar la paz. En los dos últimos años se ha disparado nuevamente la violencia con el incremento de las confrontaciones entre grupos armados no estatales, masacres, hechos de violencia en contra de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas y excombatientes. Y la tercera deficiencia tiene que ver con la connivencia de la sociedad colombiana con la ilegalidad y la corrupción. 

Ahora bien, lo paradójico de esta situación es que basta con decir que hay una serie de deficiencias en nuestra democracia para que retumben los tambores de defensa pregonando las grandes bondades que nos han traído la democracia y el liberalismo en elecciones libres, partidos, independencia de poderes, tribunales, prensa libre.

La democracia como existe en los países más desarrollados se caracteriza por tener unos elementos mínimos garantizados para todos: igualdad jurídica, libertad civil, participación democrática, igualdad social de oportunidades y justicia económica, sufragio universal igualitario, la protección frente a la arbitrariedad del Estado, régimen de salud universal, educación pública y gratuita. Pero, precisamente, porque algunos de estos elementos no hacen parte de la experiencia de vida de la mayoría de los colombianos podemos decir que tenemos una democracia fracasada, fallida, inexistente, una necrodemocracia, como quiera ser llamada. Y frente a esta realidad la pregunta radical debe ser, cómo y por qué hemos llegado a esta situación, y no señalar simplemente, al estilo del “tibio centro” o del liberalismo acomodado a sus intereses politiqueros, que hay unos supuestos avances institucionales señalados en estadísticas de algunos "think tank" del establecimiento.

Para comprender la situación crítica de la democracia es necesario ver su relación con el capitalismo y cómo países como Colombia están articulados en el orden económico global y en el orden global de la violencia. Para Wolfgang Streeck, la sociedad capitalista “se desintegra desde dentro por las contradicciones internas intensificadas por el mismo crecimiento del capitalismo que son:

  1.  Bajo crecimiento
  2. Una inequidad extrema y un crecimiento enorme de la deuda
  3. La neutralización de la democracia y su reemplazo por un neofeudalismo oligárquico”.

El capitalismo y la democracia han estado enfrentados durante mucho tiempo, y después de la crisis financiera del 2008 se ha vuelto más difícil la relación entre la economía capitalista y el sistema de gobierno democrático.

Esta contradicción no solamente se vive en los centros del capitalismo, sino también en los países de la periferia. Según Klaus Dörre, “la forma democrática de gobierno está siendo sacrificada en el altar de un capitalismo expansionista que depende cada vez más de las prácticas autoritarias para asegurar su existencia”. El problema no está propiamente en la democracia, sino en el capitalismo expansivo y en la hegemonía del neoliberalismo, en cuyos campos de batalla está siendo aniquilada la democracia.

Ahora bien, ha sido señalado por muchos un vínculo entre el primer mundo y el tercero, que se puede expresar así: las democracias de los países más desarrollados del capitalismo, que han logrado la consolidación de las instituciones del Estado de derecho y un alto bienestar humano, se basan en una expansión antidemocrática y antiliberal en la periferia del capitalismo. Así, mientras que los centros del capitalismo apoyan retóricamente la democracia en los países de la periferia, en realidad muchos de ellos son limitados de manera sistemática por Estados y empresas de los centros del capitalismo para desarrollar sus propias instituciones democráticas, mediante intervenciones económicas y políticas, ocultas y abiertas.

De este modo, la democracia es viable en los centros desarrollados del capitalismo, debido a que la contradicción entre democracia y capitalismo ha sido exportada a los países de la periferia, donde ella es experimentada de forma brutal en la forma de la precarización y la destrucción de las bases sociales para la construcción de una sociedad justa. Muchos países de América Latina y África han sido obligados a aceptar las condiciones de intercambio económico que han impuesto los países más ricos y se les ha impedido construir formas más amplias y solidas de gobierno demócratico. El caso más sobresaliente es Chile, en donde, tras el derrocamiento y asesinato del presidente socialista Salvador Allende, se instaló una dictadura que a la vez estableció la forma más dura de organización económica de tipo neoliberal. En África y en América Latina fueron impuestos desde 1980 más de dos mil programas de ajuste estructural, los cuales socavaron la dimensión social del Estado.

Esta explicación sobre el desmantelamiento de la política social ha sido desarrollada por varios pensadores de África, América Latina y Europa del Este, a partir de la tesis del filósofo africano Achille Mbembe, según la cual “la pobreza, la desigualdad, la violencia, las masacres, la privatización de la violencia (criminales, mercenarios, guardias privadas) y los mercados por bienes ilícitos que amenazan la vida son fenómenos tan prevalentes, que se puede decir que en el tercer mundo se ha terminado la política de la vida y se ha entrado a la necropolítica o política de muerte”.

La estrategia principal de la necropolítica es el despoblamiento forzado que se da a través de actividades extractivistas centradas en la minería, el fracking y la explotación forestal. De esta manera, se busca deshabitar territorios ricos en recursos naturales renovables y no renovables para su explotación en términos capitalistas. En el contexto de esta argumentación, el paramilitarismo en Colombia es un excelente ejemplo de estas prácticas de despoblamiento y expropiación y puede ser interpretado en el sentido del paradigma de la necropolítica. El paramilitarismo se desarrolló, sin ninguna limitación estatal o mejor con el apoyo del ejecutivo de turno —el necropoder—, como una práctica específica de acumulación de capital y aumento de riqueza, que se produjo gracias a la conformación de una relación entre paramilitares, narcotraficantes, políticos y supuestos empresarios honorables. En la gubernamentalización necropolítica del Estado “se delegan los medios de coerción a las bandas criminales para el control de la población a través del asesinato, la tortura, la persecución, la trata de personas y el tráfico sexual”, escribe Ariadna Estévez. Sobre esta relación entre paramilitares, narcotraficantes, militares y políticos hemos podido saber algo en las declaraciones rendidas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Pero mucho más se podría saber si aquellos poderosos criminales, delegados por el necropoder para matar, no fueran silenciados mediante la figura antisoberana de la extradición.

En países con economías subordinadas, como es el caso de Colombia, primero se estructuraron legal y contractualmente industrias extractivas con inversiones de grandes multinacionales, y otros negocios que dañan el medio ambiente y destruyen las comunidades. Basta mirar lo que han hecho Cerrejón en la Guajira y otras industrias extractivas del oro, el carbón y el petróleo, como Drummond, Continental Gold y el grupo Prodeco. A lo largo de estos años de exploración, explotación y exportación de estos recursos estas empresas incrementaron la contaminación, la violencia criminal, sexual y el feminicidio en esos territorios. Los niños wayú mueren por desnutrición y falta de agua potable. La vida se convierte en imposible para los habitantes de estas regiones, cuyas tierras y pertenencias son objeto de apropiación por grandes propietarios aliados con los paramilitares, o como sucede hoy en Arauca, Guaviare, Chocó y Amazonas, donde bandas como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN y los narcotraficantes matan, extorsionan y violan a cientos de mujeres de la comunidad, secuestran sus hijos para la lucha armada. En este contexto, las personas no tienen opción diferente de huir, emigrar, vincularse a la siembra de coca, o a los mismos grupos ilegales. Es la necropolítica.

Se puede hablar entonces de que en países económicamente subordinados, se da una exclusión económica que genera las grandes desigualdades materiales, la cual comprende la esclavización, la explotación, la pobreza y el desempleo. Tenemos también la exclusión política que es una consecuencia de la exclusión económica: las deficiencias en alimentación, la carencia de salud, la falta de educación, trabajo, protección social, incapacitan a los miembros de la sociedad para ser participantes normales de la vida civil y política. Y tenemos unas políticas de la muerte que tienen que ver con “las prácticas de acumulación a manos de actores económicos específicos que involucra desposesión, esclavitud, destrucción de hábitats, y la administración general de la violencia”, escribe Subhabrata Banerjee.

Todo esto determina que los ciudadanos de las democracias de los países de la periferia vean disminuidas sus posibilidades de intervención en los procesos de construcción de las instituciones democráticas. Mientras que en los centros del capitalismo se da una progresiva consolidación de la democracia, se produce una expansión antidemocrática e iliberal en la periferia del capitalismo. Es cierto que tenemos elecciones libres, partidos, independencia de poderes, tribunales de justicia, prensa libre, pero precisamente esto que hace parte de la política de la vida se asienta sobre campos de la muerte.

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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