En resumen:
- Las aplicaciones prometen flexibilidad y libertad. El trabajo se vende como una opción de generar ingresos en los ratos libres. Es decir, no se plantea como una opción de trabajo de tiempo completo.
- Los trabajadores no son reconocidos como tal, sino como usuarios o “socios”. Estas plataformas tienden a tener dos tipos de “usuarios”: quienes consumen el servicio y quienes lo ofrecen. Las empresas no se definen como un empleador sino como una especie de red que conecta a estos dos tipos de usuarios.
- Cuando un servicio de estos llega a una nueva ciudad se enfoca en proveer bonificaciones y, en el caso de las plataformas de viajes, exigir estándares de vehículos con el fin de consolidar su operación. Una vez está consolidada, las condiciones de operación cambian.
- En el caso de nuestro rappitendero se crearon las métricas de “reservas” y “estados” para medir a los domiciliarios. Para mantener estas métricas altas es necesario estar conectado la mayor cantidad de horas posibles. Ya no es para “los ratos libres”.
El modelo no es exclusivo de las aplicaciones de domicilios y no es solo de Colombia. Es el mismo que utilizan las aplicaciones de viajes en Estados Unidos y otras aplicaciones de domicilios como Deliveroo en el Reino Unido.
Se venden como opciones para complementar ingresos, prometen flexibilidad, ofrecen condiciones atractivas para consolidarse, las cambian una vez la operación está consolidada y terminan generando incentivos para que los “usuarios” que ofrecen el servicio trabajen turnos de más de ocho horas.
Volviendo a aterrizar el modelo de negocio a las calles bogotanas se ve más claramente cómo esta nueva economía del rebusque resulta en la proliferación de ciclomotores.
- Las condiciones de operación generan una fuerte competencia para lograr un mayor número de entregas en un menor tiempo y así tener prioridad para asignaciones nuevas.
- La plataforma empeora todo al ofrecer servicios con menores tiempos de entrega. ¡Menos de diez minutos!
- La necesidad de bajar costos y aumentar la velocidad para cumplir con los objetivos se vuelve imperante.
Como resultado, los domiciliarios terminan buscando un vehículo barato pero rápido, que les permita cubrir largas distancias sin destrozarse las piernas y la espalda: un ciclomotor artesanal.
Finalmente, como las empresas dicen no tener trabajadores, sino usuarios, no se hacen responsables por ninguno de los efectos negativos que genera este modelo de negocio: ni los siniestros viales, ni el acoso sexual, ni el aumento de emisiones.
¿Y entonces?
La regulación es clave para avanzar en solucionar el problema. Bajo la legislación actual es posible multar a los conductores de ciclomotores por circular por las ciclorrutas o no cumplir con las condiciones que define la ley, pero esto solo termina perjudicando a los domiciliarios que son los más afectados en todo este cuento.
Es necesario diferenciar bajo qué condiciones los prestadores de servicios pueden seguirse considerando “usuarios” y cuándo pasan a ser trabajadores, así como qué responsabilidades tienen las plataformas tecnológicas con ellos en cada caso.
El Ministerio de Trabajo ya inició una investigación en contra de Rappi por no cumplir normas de seguridad y salud en el trabajo. Es el camino correcto.
Además, es claro que deben definirse responsabilidades también con la ciudad y la sociedad. Las plataformas tecnológicas han generado nuevos mercados y modelos de negocio que traen consigo fenómenos, como el de los ciclomotores, que nos terminan afectando a todas.
No pueden seguir considerando que solo operan en el espacio digital. Ya, al menos, se ha avanzado en establecer responsabilidades para proteger el espacio público. El tema de seguridad vial, emisiones y ruido siguen pendientes.
Y hablando de regulación, es urgente que el Congreso se mueva en reglamentar las plataformas de transporte individual. En las 48 horas anteriores a la publicación de esta columna hemos conocido un proyecto de ley que endurece las multas para usuarios y conductores, reportes de violencia policial hacia los conductores y de un policía arrollado por un conductor, para terminar en declaraciones del ministro diciendo que el proyecto no se va a presentar hasta que haya consenso.
Varios países ya tienen esquemas legales bajo los cuales operan servicios de este tipo (particulares prestando transporte público individual), algunos incluso antes de la llegada de aplicaciones móviles. Es necesario aclarar las responsabilidades y deberes de las plataformas y darles un marco legal bajo el cual operar, que proteja a los usuarios y a quienes realmente prestan el servicio.