La OPA de los Gilinski al desnudo

La OPA de los Gilinski al desnudo
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Guillermo Maya

Las OPA (oferta pública de compra accionaria) del Grupo Gilinski (GG) en contra del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) para tomar el control de Nutresa y de Sura, como cabeza de playa para penetrar las otras empresas (Argos y Bancolombia), es el evento económico más importante de este cuatrienio presidencial, que termina lánguidamente. Sin contar, por supuesto, la crisis económica desatada por el covid.

Por otro lado, este suceso partirá en dos la historia empresarial colombiana. Hasta ahora, el GEA pudo sortear múltiples dificultades resultantes de la ambición de grupos económicos externos para tomar el control empresarial de las empresas antioqueñas.

Pero la OPA del GG, apalancado por un fondo de inversión extranjero, deja al descubierto sus debilidades en el entorno de la globalización de capitales que solo buscan hacer fusiones y adquisidores, sin aportar a la innovación tecnológica y al desarrollo las economías de los países periféricos y subordinados con la complicidad de los gobiernos de turno, como en este caso.

Las OPA por Nutresa y por Sura que lanzó Jaime Gilinski, apoyado por un fondo de inversión de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos (una satrapía petrolera con abusos de derechos humanos y participación en guerras de agresión) obedecieron a un plan largamente estructurado y pensado. Y no fue una solicitud de última hora que la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Industria y Comercio debían responder al término de cinco días para hacerlas públicas; ya se habían presentado en el 2020 para su autorización, bajo solicitud de reserva.

Sobre los Emiratos Árabes Unidos, Amnistía Internacional afirma: “Desde 2015, la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos ha llevado a cabo decenas de ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados contra civiles y bienes civiles, que han afectado a viviendas, escuelas, hospitales, mercados, mezquitas, bodas y entierros. Amnistía Internacional ha documentado 42 ataques aéreos de la coalición que aparentemente violaron el derecho internacional humanitario, muchos de los cuales constituyen crímenes de guerra”.

Sin embargo, el único malo del paseo es el GEA, que tampoco son unas monjitas haciendo obras de caridad, sino empresarios maximizando utilidades y la capitalización de las empresas, según el grupo GG. A través del semanario Semana ha logrado socavar sus logros, su reputación y acorralarlos en un escenario de guerra económica y mediática que estuvo enmarcada en los siguientes factores.

En primer lugar, el GG compró el 50 % de participación en la revista Semana en enero de 2019 y en noviembre de 2020 compró la participación de los accionistas minoritarios, haciéndose al 100 % de la participación accionaria. Se calcula que se pagaron 20 millones de dólares (La República).

Este medio, que privilegiaba el formato impreso, comienza a darle mayor importancia al medio digital que se actualiza día a día, privilegiando las redes sociales. Se convierte en un defensor del Gobierno de Duque e incluso de la imagen no solo política, sino también corporal; además, se convirtió en el apoyo mediático en la lucha del expresidente Uribe para sortear todos sus complejos procesos jurídicos.

En consecuencia, Semana se ha convertido en un medio completamente sesgado, que sale en defensa de los intereses del GG en el cubrimiento de las OPA; y, por otro lado, en un medio ofensivo para lanzar ataques al GEA y a sus directivos empresariales. Como afirma Nohora Celedón, Semana es “la metralleta de los Gilinski” que resultó siendo de importancia principal para canalizar los intereses del GG.

En segundo lugar, Gilinski encuentra en Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, un colaboracionista para difundir la narrativa de desprestigio sobre el GEA que Quintero ya había venido articulando a partir de su aspiraciones electorales a la Alcaldía de Medellín; había aprovechado la contingencia de Hidroituango que fue producida por una temporada inusual de lluvias torrenciales que amenazaron, ante la obstrucción de la galería de evacuación, con romper la represa y de inundar y provocar la muerte y la destrucción de las comunidades río abajo.

A partir de este hecho, Quintero comienza a usar una retórica demonizante sobre la culpabilidad de los constructores de Hidroituango, especialmente sobre las firmas antioqueñas Conconcreto y Coninsa, que supuestamente habrían usado materiales de bajo costo y de bajas especificaciones y que, además habrían alterado los diseños constructivos para disminuir costos. En consecuencia, estas empresas fueron asociadas con el GEA sin serlo, hay que aclarar.

En efecto, Quintero, a pesar de los desencuentros con el GEA y siendo alcalde recién electo, nombró a una comisión de empalme que incluían personajes de la política y de los gremios. Entre ellos, a los representantes de ProAntioquia y la Cámara de Comercio de Medellín, cercanos al GEA, así como miembros relevantes del GEA en la comisión de EPM: Fernando Ojalvo y Gonzalo Restrepo.

Por supuesto, las expectativas de los integrantes del GEA no fueron satisfechas con el nombramiento que hizo Quintero del Gerente de EPM en cabeza de Guillermo Rendón. Y después fue despedido porque no le “copiaba” al alcalde, poniendo en evidencia la volatilidad política de Quintero Calle.

Sin embargo, según Carlos Raúl Yepes, exgerente de Bancolombia, el GEA esperaba “tener (con el alcalde) una relación fluida desde Proantioquia, como instancia institucional”. Sin embargo, nunca se dio y los ataques de Quintero fueron arreciando en contra de los constructores de Hidroituango y contra el GEA, mientras ponía demandas billonarias en contra de los primeros, que no terminaron ni con el pago que finalmente hizo la aseguradora Mapfre.

El alcalde Quintero, para sacarse el clavo con Conconcreto y Coninsa, ha tratado por todos los medios de excluirlos de la terminación de la obra y la puesta en marcha de las turbinas para la generación de energía. Por vencimientos de términos tuvo que aceptar que estos constructores terminaran la etapa I del proyecto.

Sin embargo, ahora mismo amenaza con licitar la etapa II para sacar de taquito a los constructores actuales (CCCI), a pesar de que el informe Pöyry, que apenas se vino a conocer en la cuarta semana de enero, no recomienda cambiar de constructores por los impactos negativos sobre la obra: “esto significaría importantes retrasos (mínimo un año) y reduciría la trazabilidad en la recuperación de la obra. Además, aumentará el costo global y se perdería responsabilidad para el diseño y la ejecución” ().

Los ataques al GEA tuvieron la máxima nota aguda de cantante de ópera en días pasados con una entrevista de Semana al alcalde de Medellín -que ya tiene planeado con sus parceros ser presidente de Colombia- en donde trató al GEA de ser un grupo antisocial y mafioso.

Quintero afirmó en Semana, de manera delirante, que: “Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. No nos hemos preguntado lo suficiente por qué ocurrió eso. Algunos dicen que por Pablo Escobar y el narcotráfico. No. Hay una degradación del poder y de la política en la ciudad, en la que algunas personas creen que lo pueden hacer todo, como les dé la gana, que pueden pasar por encima del que les dé la gana, que pueden someter incluso al alcalde”.

En la misma entrevista, respecto a la relación del GEA con EPM, Quintero agrega que: “Durante los últimos 20 años, EPM, a través de su junta directiva y con gerentes puestos por ellos, se convirtió en una empresa más del GEA”.

EPM no sería lo que es -un activo público que vale cerca de 60 billones- si Medellín no hubiera tenido un ecosistema empresarial y académico que nutrió la tecnocracia local con capital mental y tecnológico. Y eso no se adquiere en una economía tradicional de pequeños productores agrícolas y artesanos.

Por lo tanto, el asocio entre lo público y lo privado para promover el desarrollo económico no debería ser la excepción, sino la regla, como se demuestra en los países en donde el estado del desarrollo promovió el empresarismo innovador (como Japón, Corea y Taiwán). E, incluso, como en el caso de Japón, el Gobierno, alrededor de los años 60, alentó las inversiones cruzadas -como el llamado “enroque paisa”- para impedir las tomas hostiles de las empresas japonesas (Pempel 1999).

En tercer lugar, el Gobierno. Según el periodista investigativo Daniel Coronell, desde diciembre de 2020 se hizo la solicitud de la autorización de la OPA y de que se mantuviera bajo reserva ante la Superintendencia Financiera y la de Industria y Comercio sin precisar fecha exacta: “A esa situación se llegó porque el Gobierno de Iván Duque favoreció el plan de los poderosos banqueros manteniéndolo en secreto desde el año 2020”. El 29 de diciembre de 2020 se autorizó la reserva de la operación.

Ambos superintendentes, que dependen directamente del Gobierno, “argumentando razones de ‘orden público económico’ conservaron las operaciones en la sombra, lejos del escrutinio público, y sin notificar a los que podían resultar afectados”, tomando partido por el GG que, asociado con la familia real de Emiratos Árabes Unidos, constituyeron los vehículos empresariales que solicitarían las OPA por Nutresa y Sura.

Incluso, El Colombiano de Medellín desconocía lo que estaba pasando desde 2020, pues llegó a escribir que “completados los cinco días hábiles reglamentarios, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) le dieron luz verde a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por el Grupo Gilinski para quedarse con el control del Grupo Nutresa”.

La explicación de Coronell es que “el Gobierno actuó de esta manera para pagar a los Gilinski lo que han hecho desde Semana a favor del presidente Duque, de la impunidad de su mentor el expresidente Álvaro Uribe y de la promoción de los candidatos que representan el continuismo”.

En efecto, la falta de tiempo, debido a que la OPA se hubiera mantenido en reserva, impidió que el GEA hubiera respondido la OPA con la invitación a socios nacionales o internacionales amigables a participar. Pero no lo pudo hacer.

En cuarto lugar, usaron la presión y el miedo sobre los accionistas minoritarios representados en los fondos de pensiones para que vendieran sus acciones en la OPA so pena de ser demandados por negligencia por no aceptar un precio más elevado por su acciones, lo que representaría una pérdida de valor en sus portafolios de inversión: “en el escenario que Protección no acepte se podría cuestionar su papel en el GEA versus su deber fiduciario de ofrecer las más altas rentabilidades a sus afiliados”Se lee en El Colombiano.

Por ejemplo, el propio semanario del GG señala que “conoció que hay un grupo de accionistas minoritarios y de pensionados que demandaría a los directivos del GEA y a sus compañías, así como a los administradores de los fondos de pensiones, en caso de que no vendan sus acciones en las OPA por Nutresa y Sura” (Semana.com).

Sin embargo, el profesor constitucionalista Rodrigo Uprimny afirma que: “La responsabilidad fiduciaria obliga a las Afpc a ser muy transparentes en esta importante decisión y justificar con claridad la opción que tomen. Pero es un error concluir que las Afpc están obligadas a acoger las OPA únicamente porque el precio ofrecido es mayor a la cotización en bolsa”, porque más que las utilidades de corto plazo, “ (…) el deber de las AFPC frente a los pensionados es de largo plazo: deben lograr una rentabilidad razonable, segura y sostenible, que garantice pensiones dignas a sus afiliados” .

Las OPA

En la primera OPA, presentada el 10 de noviembre por Nutresa y que se realizó entre el 29 de noviembre y 17 de diciembre, Gilinski logró el 27,68 % de las acciones de Nutresa para su vehículo empresarial Nugil. Pero solicitó una segunda OPA por el 18,3 % de las acciones para lograr la mayoría accionaria en Nutresa por encima del 45,24 % (que están en manos del GEA con el cruce accionario con Argos y Sura). Lo hizo con el fin de jugar un papel relevante y lograr el control de la misma apoyado en los miembros independientes de la junta directiva, que debe ser cambiada en marzo próximo cuando se presentan los informes de los balances económicos del año 2021 y se nombran las juntas directivas.

¿Por qué Nutresa? Según El Colombiano, “sin duda el flanco más débil es Nutresa, porque el GEA no tiene más del 50 % de las acciones y, además, es la entrada más económica al hermético grupo” a través de sus acciones en Sura (13 %) y en Argos (10 %).

Por otro lado, el GG con la OPA de Sura logró comprar el 25,25 % de las acciones a favor del vehículo empresarial montado para el efecto Jgdb Holdings; y luego solicitó otra segunda OPA para al menos comprar otro el 5 % de las acciones de Sura que lo convertiría en accionista mayoritario de Sura por encima de Argos, que posee 27,72 %, y de Nutresa, con 13.04%. La pretensión del GG de hacerse a un puesto en la junta directiva de Sura, que lo conduciría a entrar a Bancolombia. Incluso, el GG está sugiriendo que sería oportuno una fusión entre Bancolombia y el Banco GNB Sudameris Colombia, controlado por Gilinski, aumentando así el grado de concentración del mercado bancario y, por lo tanto, una baja competencia en tasas de interés y servicios bancarios.

Aunque la primera OPA fue cuestionada por los representantes del GEA, sus cuestionamientos no han sido respondidos por parte de las autoridades competentes: “Gonzalo Pérez insistió que desde la primera semana de diciembre puso en conocimiento de los entes reguladores competentes circunstancias que, en su opinión y la de sus asesores externos, son incumplimientos e irregularidades presentados en el trámite de la primera OPA, cuya adjudicación se informó el pasado viernes, sin que a la fecha no se ha recibido respuesta de los recursos interpuestos” (elcolombiano.com Enero 18-2022).

Por otro lado, como parte del libreto de esta toma hostil por parte del Gilinski, el alcalde de Medellín pidió al propio Gilinski que no abandonara la ciudad, al mismo tiempo que clavaba banderillas en los lomos del GEA, sacando sonrisas en la cara de los Gilinski: “Son operaciones del mercado privado. Sin embargo, yo quisiera pedirle a la familia Gilinski que, en caso de que logre el control de Nutresa, deje a la empresa en Medellín. Es una compañía que los antioqueños construyeron a pulso, luego hubo una gente que la cogió y la administró mal, y por eso la acción está donde está, pero creemos que tiene todo el futuro del mundo” (Semana.com 22-11-2021).

En consecuencia, “así en la sombra, con el gobierno de su parte, sin competencia y a fuerza de avivatadas, los señores Gilinski se aproximan a tener el control de Sura, Nutresa y van por Bancolombia”, dice Coronell. En este sentido, como se afirma en el periódico El País de España, “el grupo se ha sentido desprotegido por parte de los reguladores y el propio Gobierno, que en una situación de postración financiera como la actual, creen ellos, debería poner límites”.

Lecciones

El empresariado paisa tendrá que repensar sus relaciones con el Gobierno o gobiernos que vendrán; también, sus relaciones con los políticos locales que se han quedado callados, resaltando el silencio del más importante de todos, que pone el grito en el cielo cuando Petro dice que, si es presidente, va a comprar su inmensa finca, en una especie de “OPA” de reforma agraria.

Igualmente, el GEA tendrá que repensar el modelo de acumulación de capital que ha llevado a cabo, así como al resto de conglomerados empresariales en el resto del mundo, privilegiando la reinversión de utilidades que apalanca aun más el poder de los ejecutivos (agentes) sobre el reparto de utilidades a los accionistas (principal); sobre todo de los accionistas minoritarios, individuales y de las empresas privadas de pensiones, mientras las juntas toman decisiones de premiar a sus directivos con opciones de acciones (“stock options”) y primas de retiro exorbitantes.

Este comportamiento llevó a tener subvaluadas el precio de las acciones en el mercado, mientras el valor implícito de las empresas era más alto (J.M. Ospina). Esta carnada fue el factor que atrajo la OPA vengativa del GG contra el GEA, arrinconándolo.

Por otro lado, por razones ideológicas, la clase política antioqueña prefirió entregar UNE-EPM en una fusión con Millicom porque la empresa no podía hacer frente al intenso cambio tecnológico en telecomunicaciones, que exigía a su vez contar con un socio de un fuerte pulso financiero.

Sin embargo, la entrega del control de OLA a Millicom en 2006, sin el suficiente capital para obtenerlo, mientras EPM y ETB le prestaban alrededor de 400.000.000.000 de pesos, desvirtúa la lógica entreguista a los suecos, que luego lograron el control de la fusionada UNE-TIGO por 150 millones de dólares, después de pagar por el 50%-1 acciones subvaloradas.

En consecuencia, EPM se quedó de testigo mudo en sus operaciones y decisiones, aunque tiene la ficción de la mayoría accionaria. Una “OPA” de una empresa mixta, pero pública por su origen y capital, sin mayores oposiciones.

Por supuesto, esta transacción contó con el beneplácito de la clase empresarial antioqueña, pues resulta fácil desprenderse de los activos públicos que no tienen dolientes, que de los activos privados, en nombre de una nueva era y paradigma económico, que ahora les pasa la cuenta de cobro.

La toma hostil de las empresas del GEA por parte del GG debe ser el punto de partida para repensar el papel que juega el capital extranjero en el desarrollo del país y cuáles serían los requisitos para su participación. El capital extranjero, aprovechando la apertura de capitales y la inexistencia de requisitos de desempeño y contenido, está más interesado en la adquisición y fusión de empresas existentes que en el aporte de nuevas empresas con nuevos productos más complejos y sofisticados tecnológicamente.

En este sentido, es necesario, en primer lugar, determinar el tiempo de permanencia para el capital extranjero de corto plazo; y, en segundo lugar, para la inversión extranjera directa, los requisitos de exportar un porcentaje de su producción, la compra de partes nacionales, con metas porcentuales, reinversión de un porcentaje de las utilidades, y la asociación con nacionales en empresas de riesgo. También sería apropiado hacer exigencias de introducir productos nuevos con contenido y complejidad tecnológica.

La explicación de la crisis del GEA va más allá de lo meramente anecdótico sobre la decadencia del modelo paisa de desarrollo empresarial con el cruce accionario interempresas. No es un problema de decadencia paisa, mientras el resto del país sonríe socarronamente, sino la muestra de debilidad de la construcción y la subordinación del Estado nación colombiano a los intereses extranjeros que determinan las reglas de la globalización a favor de sus intereses nacionales.

Es decir, el Gobierno colombiano no ha sido capaz de promover, no sólo como un deseo, sino con acciones concretas, una inserción internacional exportadora diversificada con bienes complejos y sofisticados, y un estatuto de recepción del capital extranjero que sea concordante son nuestros intereses nacionales.

Por otro lado, es necesario que el país reflexione sobre la conveniencia de que un medio de comunicación sea dirigido por grupos económicos que tengan intereses en diversos sectores porque, sin duda alguna, la libertad de expresión y de prensa serán los principales perdedores, al mismo tiempo que la credibilidad de los medios se erosiona. La libertad de prensa ha sido reducida a la libertad de barrer con el prestigio de la competencia si se es dueño de un medio de comunicación, y aliado del Gobierno, sin consecuencias.

Nota del autor: Agradezco al ingeniero Francisco Valderrama la lectura previa de esta columna y sus comentarios. Sin embargo, todos los errores y omisiones son míos.

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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