La paz esquiva: ¿inalcanzable?

La paz esquiva: ¿inalcanzable?
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Escribo esto con un nudo en la garganta. Con el estomago revuelto. Con un dolor en el pecho. No exagero. Escribo esto con impotencia y sintiéndome un poco inútil.

Han sido días contradictorios. Durante estas semanas participé en diferentes celebraciones, análisis y conmemoraciones sobre los cinco años después del Acuerdo de Paz. Inicié con un evento académico analizando los alcances del Acuerdo de Paz a propósito del libro "¿Cómo va la Paz?", editado por Angelika Rettberg y Laura Betancourt, de la Universidad de los Andes, con la participación del expresidente Santos.

En este evento presenté los efectos que ha tenido el programa de restitución de tierras en el asesinato de lideres sociales. Con Lucas Marín Llanes y Mauricio Velásquez, documentamos en uno de los capítulos del libro cómo el Programa de Restitución de Tierras después del cese al fuego con las Farc logró disminuir el asesinato de líderes sociales, en particular líderes comunitarios en aquellos municipios donde hay mayor número de predios inscritos en el programa. Hay que decirlo, un gran avance.

Al otro día viajé a Villavicencio a un evento organizado por la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz. Allí con otros panelistas analizamos el alcance del punto 4: “Solución al Problema de Drogas Ilícitas”, en particular lo referente a la sustitución de cultivos ilícitos. Aquí, la verdad, no hay mucho que celebrar. La implementación ha sido parcial y precaria.

Nos quedamos en las hectáreas cultivadas cuando se evalúa el Programa de Sustitución (Pnis) y en general la política de drogas, en lugar de indicadores de largo plazo que evalúen, por ejemplo, temas de calidad de vida de los hogares que se vinculan a los programas de sustitución. Para comenzar, según las encuestas de Unodc de la línea base representativa de los hogares Pnis, el 52,7 % de los hogares se encuentran en pobreza multidimensional. Es probable que su situación hoy sea peor, pues como lo indican los datos oficiales solo el 9 % de los hogares han tenido acceso a los proyectos productivos acordados (y ya erradicaron la coca).

En departamentos como el Guaviare, que visité recientemente, menos del 2 % han accedido a estos proyectos y las quejas sobre los otros componentes como la precariedad de la asistencia técnica e insatisfacción con el componente de seguridad alimentaria son muy comunes. La situación de antiguos cultivadores y recolectores es crítica y la confianza en el Estado se ha roto, una vez más, por el incumplimiento de los compromisos. Los incumplimientos sistemáticos del Pnis son para muchos unos de los cuellos de botella de la implementación del Acuerdo. Algo a lo que me referiré en detalle en una próxima columna.

El Pnis además a diferencia del Programa de Restitución de Tierras tuvo consecuencias fatales para los líderes sociales. En los territorios históricamente afectados por los cultivos ilícitos, los actores armados ante la posibilidad de perder las rentas de las economías ilegales activan mecanismos violentos para obstaculizar los procesos de sustitución. Somos Defensores reporta, por ejemplo, que entre 2016 y 2020, 75 defensores de derechos humanos relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos fueron asesinados, de los cuales 80 % estaban vinculados al Pnis. De hecho, según el trabajo de Lucas Marín Llanes del Cesed, el Pnis aumentó la tasa de asesinatos de líderes sociales en más del 400 %, pues la implementación de esta política no fue integral ni tuvo en cuenta el componente de seguridad (como sí lo hicieron otras intervenciones como la Política de Restitución). Hay mucho trabajo entonces por delante antes de celebrar los avances del punto 4, pues estas dinámicas se mantienen y los líderes sociales siguen en riesgo. La integralidad, la seguridad, el desarrollo rural y el enfoque étnico ambiental aún son entre otros una deuda pendiente.

En este evento, sin embargo, me reconcilié de alguna manera con la Paz, en particular con la desmovilización de excombatientes después de conversar con jóvenes y mujeres firmantes que dejaron las armas y hoy les apuestan a nuevos planes de vida con sueños y proyectos productivos que sacan adelante contra todo pronóstico. La Paz es Productiva era el mensaje del evento y los proyectos que exhibieron lo demostraron. Uno de los firmantes de la Paz, Alejandro, con quien conversé durante largo rato, me contó que validó el bachillerato y ahora entró a estudiar economía con la ilusión de liderar proyectos sociales. ¿Cómo no apostarle a la paz con estas historias? Me ilusioné.

Cerré mi semana de celebraciones en otro panel con Humberto de la Calle, también sobre el punto 4. Confieso mi emoción de sentarme a su lado. Siempre había querido darle las gracias. Sin su trabajo incansable esos jóvenes que conocí el día anterior y que he visto en otros espacios no hubieran podido reconstruir sus vidas. Me convencí del esfuerzo. Sin embargo, en este evento de nuevo validamos la precariedad de la implementación del punto 4 y la necesidad de discutir soluciones más estructurales en la política de drogas como las planteadas en el proyecto de ley sobre regulación de la coca y la cocaína que lidera el senador Iván Marulanda, quien también participó del evento.

Sin embargo, esa misma tarde tuve un choque violento de realidad. La Paz esquiva e inalcanzable no ha llegado al territorio que mejor conozco: el Pacífico. Producto de un Acuerdo implementado a medias, los territorios antes controlados por las Farc fueron copados por otros grupos sin ninguna lógica política o respeto por las autoridades locales y las comunidades, en este caso étnicas. Y nadie hace nada.

En el Consejo Comunitario del Río Yurumanguí, en Buenaventura, que se ha caracterizado y reconocido por su liderazgo colectivo, resistencia a la expansión de las economías ilícitas y a la presencia de grupos armados: dos de sus lideres más representativos, Édison Valencia y Abencio Caicedo, fueron retenidos y hoy, 12 días después, no aparecen. Su paradero es incierto y se teme lo peor. Dos líderes más a la lista ya interminable de lideres sociales y étnicos que todos los días aumenta.

Sobre la violencia contra líderes sociales y ambientales he escrito ya en varias ocasiones, pero ellos, Édinson y Abencio, son líderes a quienes conozco. Con Édinson, de hecho, estábamos trabajando en un proyecto para entender las barreras a la formalización de la minería de oro en su territorio. Eso lo hace, por supuesto, más doloroso para mí. Tengo su cara grabada en mi cabeza.

Las comunidades afro del Pacífico, y en particular de Buenaventura, vienen pidiendo a gritos la implementación del capítulo étnico, el apoyo a sus planes de vida, la presencia integral y permanente del Estado, incluyendo la Fuerza Pública. Lo contrario es una presencia intermitente que genera más riesgos que su misma ausencia.

La resistencia es frágil, porque los violentos siguen ganando terreno y nadie tiene claro cómo intervenir. Las comunidades de Buenaventura están “secuestradas” en sus ríos y el Estado, en estos territorios, parece haber perdido la batalla.

Las autoridades étnicas de Yurumanguí, tomaron la decisión de visibilizar la situación, con la esperanza de que, al rodearlos, los violentos sepan que los líderes desaparecidos no están solos, que la comunidad no está sola. La comunidad hoy en asamblea permanente exige respuestas. Las mujeres en particular los están buscando. Mujeres valientes y dignas. Quedan mil preguntas sin resolver: ¿cómo vamos a construir la paz territorial en estas condiciones? ¿Quiénes son los responsables de esta situación? ¿A quién le corresponde hacer algo? ¿Cómo es que el Estado y la Fuerza Pública sigue sin poder garantizar la vida de sus ciudadanos, de sus líderes? ¿Cuál es el rol de las autoridades municipales y nacionales? ¿Quiénes de la Fuerza Pública son los llamados a hacer presencia?

Y algo más personal, claro: ¿cuál es el rol de la academia? ¿Mi rol en particular en toda esta historia? ¿Más allá de documentar y analizar la situación, de visibilizar las voces que lo necesitan, que podemos hacer desde la universidad? La preocupación y el compromiso sincero son insuficientes.

En época electoral la paz tiene que volver a la agenda de los candidatos presidenciales. La protección de los líderes sociales debe ser una prioridad nacional y de la Fuerza Pública. Lo que pasa en Yurumanguí se repite en muchos otros lugares, la comunidad resiste y todos deberíamos rodearlos. La Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo, todos los organismos relevantes deberían estar acompañándolos. El Estado debe protegerlos y debe tener un plan claro para desarticular a los grupos que hoy operan en el Pacífico como en otros territorios del país. De lo contrario, les habremos fallado una vez más.

#EnYurumanguiNosfaltanDos

#LosQueremosVivos

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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