La política antidrogas y la culpabilización de las víctimas

La política antidrogas y la culpabilización de las víctimas
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Esta columna fue escrita en coautoría con Mary Louise Ryder


En el mundo, la política de drogas ha estado valorada y marcada principalmente por el aumento o la disminución de la producción de los cultivos de uso ilícito, (hectáreas fumigadas, matas arrancadas, laboratorios desmantelados), la prevención del consumo de sustancias psicoactivas (el número de personas que consumen drogas), y el número de personas que trafican drogas que son detenidas o encarceladas. 

No hay duda de que en Colombia, la prohibición ha contribuido ampliamente a producir una serie de daños en la salud, la seguridad, las comunidades cultivadoras y personas usuarias afectadas por estas políticas, pero pocos análisis han sido reflexivos por parte de los estados e instituciones encargadas de ejercer seguimiento y control de estas políticas se hacen sobre la relación de la política punitiva de drogas y la violencia. En este artículo presentaremos como las políticas contra las drogas han victimizado tanto a los consumidores de las sustancias psicoactivas como a los cultivadores de cultivos de coca, marihuana y amapola.


¿Por qué son víctimas?

El primer tema específico en el discurso de posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue cambiar las políticas de drogas basadas en la prohibición de productos como la cocaína, que ha alimentado conflictos violentos en Colombia y otras naciones latinoamericanas, y no esperar más muertes por violencia o sobredosis. Que Gustavo Petro se refiriera a la necesidad de cambiar el paradigma de la prohibición es llamativo, dado que ningún presidente antes ha iniciado su mandato con este mensaje, lo han hecho en calidad de expresidentes.

El informe final de la Comisión de la Verdad también documentó que desde hace décadas las políticas antidrogas han legitimado violencias contra los cultivadores y los consumidores en el marco del Conflicto Armado Interno, por eso consideramos que ambos grupos son víctimas de violencia sistemática estatal: han sido perseguidos como objetivos militares de la guerra contra el narcotráfico; sus proyectos de vida han sido marginalizados y criminalizados, y; han vivido una falta de manejo integral por parte del Estado que los ha dejado supremamente vulnerables a violaciones de derechos humanos y al control violento en algunos regiones por parte de grupos armados.

Es fundamental que dejemos de ver los impactos sobre las vidas de ambas poblaciones como eventos aislados y que se aborde toda la cadena de narcotráfico de manera íntegra desde la perspectiva de las víctimas. El hecho de que el nuevo presidente Petro hablara de muertes por sobredosis y de la violencia causada por la prohibición muestra un gran avance en cómo se aborda el tema de drogas: “la guerra contra las drogas ha fracasado, ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, durante estos 40 años, y que deja 70.000 norteamericanos muertos por sobredosis cada año”. No obstante, la sobredosis es una realidad en Colombia también, siendo país productor y consumidor. La historia que queremos mostrar es la mirada desde estas dos poblaciones en Colombia frente a la prohibición; no se suele ver como ambos dialogan.

Estigmatización y (in)moralidad

La política global de lucha contra las drogas es quizá “la guerra” más ineficiente que han enfrentado los estados. Por un lado, un mundo libre de drogas es imposible de lograr por la relación milenaria de la humanidad con sustancias que alteran la conciencia y el estado ánimo y por el otro, la ineficiencia de los métodos usados para contrarrestar este “problema social y legal”. 

Esta lucha librada se ha enfocado en diferentes discursos y prácticas que han creado unos sujetos responsables de esta problemática en las dos esquinas de la cadena: el consumidor y el cultivador. Frases como “un mundo libre de drogas” , “la mata que mata” , “el flagelo de las drogas” o “tu consumo de cocaína financia la guerra” han calado en diferentes escenarios, desde las escuelas, las redes sociales hasta las Naciones Unidas. Estos discursos se vieron reforzados bajo la campaña de ‘responsabilidad compartida’ de Álvaro Uribe (2002-2010), quién siempre relaciona el consumo de drogas con comportamientos violentos y relacionados al narcotráfico: “Cada gramo de coca que allí se consume está impregnado de sangre colombiana”.

Las violencias hacia los cultivadores y consumidores obedecieron a la práctica justificadora de imponer sobre las víctimas este “estigma” que reforzó el estereotipo de marginalidad en la sociedad y por ello “merecedores” de deshumanización. Esta idea ha alimentado el imaginario de que existen ciudadanos colombianos y víctimas de primera y de segunda categoría, de muertes válidas y muertes no válidas . En el marco del conflicto armado esta retórica estigmatizante ha servido de justificación a serios abusos contra los cultivadores señalados de “narcocultivadores” o “cómplices de la guerrilla”.

Por otro lado, en algunas zonas se comparten panfletos por parte de grupos armado con amenazas de muerte a los usuarios de drogas que incluyen términos deshumanizantes para hablar de usuarios de drogas como “drogadicto”, “toxicómano”, “vicioso” y “desechable”. De esta manera, tanto los cultivadores como los usuarios de drogas se convirtieron en enemigos y objetivos militares de diferentes grupos armados. 

Estos discursos hegemónicos han calado en la sociedad y en la aplicación de una política antidrogas -y políticas públicas basadas en eliminar la oferta y prevenir el consumo- que ha violentado los barrios marginales y las zonas rurales de Colombia donde predomina el cultivo de coca. Por otro lado, estas prácticas se han dado bajo justificaciones clasistas y de estigmatización estatal en zonas ubicadas en lo más bajo de la jerarquía de las metrópolis (Wacquant, 2007) y diríamos también, en los espacios rurales señalados como zonas rojas, periféricas e ilegales.

Persecución por el estado

Las protestas por parte de campesinos cocaleros contra los militares y la policía antinarcóticos por la erradicación forzada se ha vuelto una noticia permanente en los medios de comunicación y un drama humanitario para las comunidades rurales en zonas como el Catatumbo, el Putumayo, Guaviare y Caquetá. Masacres como la del Tandil ocurrida el 5 de octubre de 2017 donde fueron asesinadas siete personas por la Policía o la masacre en Alto Remanso en Leguízamo, Putumayo, donde fueron asesinadas 11 personas, es parte del largo historial de las víctimas de la política antidrogas. Los señalamientos contra los pobladores rurales como aliados de la guerrilla, narcocultivadores han legitimado los abusos del estado sobre los campesinos cocaleros por su actividad “ilegal”. Estas premisas han sido útiles para intervenir militarmente en territorios campesinos cocaleros. A su vez, el mismo estado ha promovido por un lado la sustitución y por el otro, la fumigación con glifosato.

Por lo menos hay cuatro aspectos importantes en cuanto al campesinado como víctima de la política antidrogas: 1) las fumigaciones con glifosato fueron una guerra química que causó daños en el ambiente y en contra del campesinado; 2) la erradicación fue causa de desplazamiento forzado de comunidades en zonas como la Macarena; 3) la política antidrogas fue parte de las estrategias de militarización fusionadas con estrategias contrainsurgente que generaron violaciones de derechos humanos; 4) las fumigaciones generaron daños contra proyectos productivos y daño en los derechos económicos de las comunidades campesinas que le apostaban a economías diferentes a la coca, un ejemplo, fue el caso de la Asociación de Campesinos de la Zona Alta de San Pablo en el Sur de Bolívar, quienes luego de invertir recursos para la economía del cacao, la zona fue asperjada con glifosato desde 2003, este caso está en audiencia de observación en la JEP (CEV, 2022).

Una de las estrategias más usuales para atacar “el flagelo de las drogas” ha sido la militarización de poblaciones rurales y el control social ejercido sobre los “narcocultivos”. Estas intervenciones han servido para construir un enemigo interno y común que ha sido útil para las estrategias contrainsurgentes en Colombia. Particularmente, los planes militares -Plan Colombia, Plan Patriota y su expresión regional, Plan Consolidación de la Macarena- sirvieron para ejercer un dominio sobre la población, pero dejó muy pobres resultados en cuanto a la lucha contra los cultivos de coca. 

En paralelo, el abordaje del Estado frente al consumo de sustancias psicoactivas se ha concentrado en la reducción del consumo, programas de prevención y abstinencia, estrategias que sirvieron para justificar acciones de estigmatización y persecución contra las personas usuarias. Así se convirtió el consumo de sustancias psicoactivas en un asunto de delincuencia que para la población se resolvía con violencia; acabar el problema era desaparecer o asesinar al usuario de drogas.

El caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz, conocido como el de “falsos positivos”, encontró que miembros del ejército habían destacado, perfilado y matado a consumidores de drogas para presentarlos como bajas en combate. Las declaraciones de los responsables confirmaron que los incentivos perversos dentro de las fuerzas militares para lograr metas generaron que personas vulnerables como consumidores fueran sacadas de zonas de consumo o engañadas con promesas de dinero o trabajo. 

Así, en medio de los temores infundados por la guerra contra las drogas, se despreciaban y se discriminaban las vidas de las personas usuarias de drogas tanto que se volvieron objetivo militar, siendo usado para sus fines y legitimaron las violencias sobre sus cuerpos.

La falta de control integral del Estado sobre el tema ha llevado también a la instrumentalización y cooptación de jóvenes por parte de algunos grupos al margen de la ley para expender drogas. En Colombia, igual que en muchas partes del mundo, los jóvenes en las zonas marginales y pobres están supremamente vulnerables a dinámicas de violencia y reclutamiento; se les acercan los grupos armados les ofrecen drogas para que se vuelvan adictos. Luego son clientes dependientes y permanentes, fáciles de obligar a hacer trabajos indeseables. 

El Estado no maneja integralmente la atención para los consumidores de drogas con estrategias de reducción de daños que pretendan mitigar los riesgos y mejorarles la calidad de vida, y en muchas partes del país el control sobre el consumo se volvió una tarea de los actores armados. En consecuencia, muchas veces el mismo actor armado luego los asesina para “limpiar” la zona, ganar el apoyo de la comunidad y legitimar su presencia en la región.

Para las comunidades cultivadoras y los usuarios de drogas, el papel del estado es claro: es una estructura violenta, represiva que demarca los territorios en fronteras violentas, en tierras de nadie donde se debe llevar la ley para el disciplinamiento de la población. Otro capítulo importante sobre la historia de las víctimas de la política antidrogas merece el involucramiento de campesinos en estrategias de erradicación forzada, un ejemplo de ello fue la Operación Colombia Verde donde se involucraron campesinos provenientes en su mayoría del departamento del Caldas y dedicados a la recolección de café.

El papel del estado en las zonas periféricas ha sido determinante para incidir en las percepciones que han construido los pobladores rurales sobre su intervención. La militarización de las relaciones entre la ciudadanía y el estado han generado miedos y temores principalmente en escenarios de presencia de la Fuerza Pública. En el recorrido realizado, las estrategias militares se han centrado en la securitización de las zonas rurales y urbanas empobrecidas y en estrategias de interdicción que se acentúan con discursos que promueven una mirada sobre el territorio como zonas donde toca llevar la paz bajo los parámetros de la legalidad.

Regulación legal de la producción y el consumo

El recién publicado informe de la Comisión de la Verdad ha mostrado cómo está política se convirtió en un factor de persistencia que sigue alimentando y legitimando la violencia hacia a los cultivadores y consumidores en el marco del conflicto armado, economía que también promueve un modelo de acumulación de riqueza y poder que ha permeado a las élites (CEV, 2022). También esta institución hizo una llamada a repensar cómo respondemos al fenómeno de las drogas, una idea fundamental es la regulación del mercado de las drogas. La lucha contra las drogas oculta la pobreza y marginalidad de estas poblaciones y la idea del dinero fácil construida a través de los medios de comunicación y el gobierno alimenta la estigmatización.

Estas estrategias no han sido solo impuestas por los Estados Unidos, hay una responsabilidad de la élite política, económica y militar que se ha lucrado de los contratos, las rentas, el control territorial y la plusvalía del campesinado cultivador y que han mantenido la fumigación con glifosato con argumentos a favor como la ausencia de pruebas de que este herbicida causa daños sobre la salud (CEV, 2022). Empezar a hablar de la legalización y regulación implica también que el campesinado pueda tener su parte de ganancia en esta economía. No obstante, la estigmatización y la constante persecución de los cultivadores y los consumidores será un desafío irremediable que socava cualquier estrategia destinada a ‘solucionar’ los daños causados por las drogas y por la política de drogas.

Recomendaciones frente ambos eslabones

En el ámbito internacional las reformas a las políticas antidrogas ya han roto el consenso mundial en torno a la prohibición. Sumamos al creciente número de voces exigiendo que el nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez proponga un nuevo paradigma para abordar las drogas, pero consideramos pertinente que esta nueva política sea concebida como una forma de reparación de las víctimas.

Primero, el Estado debe reconocer y pedir perdón por el daño que se ha causado la prohibición. Queremos ver participación de campesinos y consumidores en los nuevos escenarios de la política de drogas, y el diseño de un modelo regulatorio que permita que estos grupos vulnerables puedan vivir con dignidad y en paz. También proponemos que se priorice la justicia social en los mercados legales por medio de intervenciones como la priorización de licencias para víctimas, la reinversión social de las ganancias en las comunidades afectadas por la prohibición, la abolición de antecedentes penales para delitos no-violentos, y garantías de políticas públicas basadas en la reducción de riesgos y daños y el mejoramiento de la calidad de vida.

Con frecuencia se ha dicho que no es posible que haya cambios internos en la política de drogas actual si el mundo no cambia, pero consideramos que los primeros pasos hacia la regulación pacífica de la economía de las drogas a través del estado colombiano son acatando los márgenes de maniobra que ofrecen las convenciones de drogas suscritas y bajo parámetros de derechos humanos. En el ámbito internacional, reformas a las políticas antidrogas ya han roto el consenso mundial en torno a la prohibición. En 2001 Portugal descriminalizó la posesión de todas las drogas controladas como parte de algunas reformas enfocadas en la salud pública que implican también un mayor enfoque en la reducción de daños y la provisión de tratamiento. La regulación legal del cannabis, liderada por Uruguay en el 2013, ha cobrado impulso y un número cada vez mayor de países se han desplazado para permitir el uso no médico por los adultos. Al mismo tiempo, existen más intervenciones para los usos médicos de las drogas opiáceas, incluso la heroína, lo que lleva a revisar cambios en su estatus legal.

Los saberes ancestrales que tienen las comunidades étnicas sobre la coca y los saberes campesinos que se han adquirido en los años en que se han relacionado con este cultivo están guiando las reformas en torno a la hoja de coca hoy en día. En Colombia podríamos dar pasos en la regulación del cultivo como lo han hecho Perú y Bolivia, donde en el 2017 se aprobó la Ley de la Coca que estableció el aumento de 12.000 a 22.000 hectáreas legales. Algunas experiencias que se están llevando a cabo a nivel nacional como en el SENA en Cauca sobre la hoja de coca, muestran trabajos científicos importantes sobre la hoja de coca para fines industriales, nutricionales y medicinales.

¡Hagamos la paz con las drogas!

Bibliografía


- Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición. (2022). Hay futuro si hay verdad: Hallazgos y recomendaciones. Bogotá.

- Corte Constitucional. Sentencia T-299 de 2009. Recuperado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-299-09.htm 

- El Espectador. (2022). “Aún no sabemos toda la relación entre narcotráfico, conflicto y poder regional”. Recuperado de: https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/aun-no-sabemos-toda-la-relacion-entre-narcotrafico-conflicto-y-el-poder-regional-estefania-ciro/

- Wacquant, Loïc. (2007). Los condenados de la ciudad: guetos, periferia y estado. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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