La política no puede ir en contravía de los derechos humanos

La afectación a los derechos de las personas que salen de Venezuela en el marco de la emergencia humanitaria compleja que sufre el país no termina con su partida. La ausencia de servicios consulares en algunos países receptores de población venezolana –entre los que se encuentra Colombia– tienen un impacto directo en el disfrute de algunos derechos.

Un reciente estudio del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello analiza esta realidad desde sus orígenes en Venezuela. Allí se constata que la dificultad para obtener un pasaporte es el eslabón más visible de una larga cadena que comienza con la imposibilidad de tramitar un certificado de nacido vivo, documento que se produce en un papel especial que comenzó a escasear en Venezuela en 2018; esto ha dejado a más de 270.000 niños sin este registro tan sólo en ese año.

La falta de este certificado impide el registro civil de los recién nacidos y el aumento de los registros extemporáneos, a lo que se suma una suspensión de actividades de este servicio –que por ley debería operar de manera ininterrumpida– durante la pandemia del covid. Por último, los servicios de cedulación, así como los de pasaportes, se han visto suspendidos por falta de material, dando pie al incremento de gestores y de una amplia red de corrupción para la obtención de todo tipo de documentos de identificación.

La apostilla de otros documentos está igualmente sometida a la voluntad de gestores y funcionarios corruptos, lo que hace casi imposible la realización de este trámite para un ciudadano de escasos recursos o que se resista a pagar los altos sobornos exigidos. En consecuencia, las personas provenientes de Venezuela no solo salen sin documentos de identificación, sino sin la certificación de autenticidad de títulos profesionales, calificaciones escolares, etc.

Si bien es cierto que recientemente se han tomado medidas para agilizar el trámite de pasaportes y de apostillas, las barreras siguen siendo enormes. El costo de un pasaporte sufrió un incremento del 3.500 por ciento en 2019, lo que equivale, según cálculos del citado informe, a “diecisiete años de salario mínimo para pagar las tasas de un pasaporte nuevo y ocho años y medio para pagar por una prórroga”. Mientras que la apostilla electrónica, que comenzó a habilitarse en 2019, solo puede usarse fuera del país para licencias de conducir y certificado de antecedentes penales, el resto de los trámites de apostilla deben realizarse de manera presencial.

Una vez fuera del país, la población venezolana que se traslada a países en los que no hay servicios consulares se enfrenta a otras limitaciones para la renovación y prórroga de pasaportes, otorgamiento de poderes para diversos trámites, obtención de fe de vida indispensable para seguir cobrando pensiones o jubilaciones.

Concluye el informe que “en este contexto resulta poco realista que los países receptores exijan a personas provenientes de Venezuela con necesidad de protección internacional, documentos que el Estado venezolano no produce o no certifica”, por lo que hace un llamado a la flexibilización de ciertos requisitos y a la búsqueda de alternativas para confirmar la validez de un documento.

Por otra parte hay que recordar que, si bien una gran cantidad de ciudadanos colombianos han retornado desde Venezuela a su país de origen, especialmente a partir de las deportaciones masivas de 2015, todavía se mantiene una considerable cantidad de colombianos de primera, segunda y hasta tercera generación en Venezuela. Ellos también están siendo afectados por la suspensión de servicios consulares entre ambos países, decisión que se mantiene desde febrero de 2019.

A partir de abril de 2019, Colombia habilitó servicios consulares a través de los llamados Puntos de Atención en Frontera (PAF), establecidos en Norte de Santander, Arauca y La Guajira. Sin embargo, el acceso a los PAF no es sencillo, ya que las personas dependen del costoso y casi inexistente servicio de transporte dentro de Venezuela para llagar a la frontera.

Las diferencias políticas e ideológicas entre los gobiernos no deben afectar el ejercicio de derechos de sus ciudadanos. En momentos en que Colombia anuncia que la frontera seguirá cerrada hasta el 1 de septiembre de 2021, y a sabiendas de que su eventual apertura será gradual y progresiva, es imperativo pensar en acuerdos mínimos entre ambos Estados para el restablecimiento de los servicios consulares, a fin de no seguir afectando los derechos de millones de venezolanos y colombianos en ambos lados de la frontera.