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Aunque hay cifras que dan cuenta de la reducción del 10 por ciento de la deforestación en la Amazonía, hay cuatro razones por las cuales estas cifras siguen siendo preocupantes.

El 10 de julio de 2019, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) publicó los resultados del monitoreo de deforestación para el 2018. Según el reporte, durante el año anterior, 197.159 hectáreas de bosque natural fueron taladas en el territorio colombiano. Aunque esta cifra global representa una disminución del 10% frente a la pérdida de territorio boscoso observada en el 2017, la magnitud de esta problemática sigue siendo preocupante y la disminución no puede considerarse significativa por cuatro razones principales: 

  1. La deforestación se concentra cada vez más en la Amazonía y la disminución presentada en la región fue mucho menor que en el resto del país. 

Aunque el Ministerio de Ambiente considere que se ha logrado un avance considerable en la protección de las selvas y bosques del país, un análisis cauteloso de los datos de la región Amazónica arroja un panorama muy diferente. En efecto, según el informe del IDEAM, el 49% de la deforestación total del país se concentra en siete municipios amazónicos. Además el 70,1% de la totalidad de la deforestación nacional se dio en la Amazonía, 4,6% más que el año anterior y 31,1% más que en 2016.

Así mismo, al comparar el reporte del 2017 con las nuevas cifras, se observa que la disminución de la deforestación en el Amazonas fue de apenas el 4,1%. Número bastante tímido si se considera que la región abarca el 66% de los bosques del país. 

Más allá de los porcentajes, para entender la gravedad del problema, resulta más aclarador evaluar la situación según la extensión de selva Amazónica que fue destruida en el 2018. Siguiendo el reporte del Ideam, el área arrasada corresponde a 138.176 hectáreas. Si se contrasta este dato con la extensión de algunas de las principales ciudades del país, se tiene que la cantidad de selva talada equivale a 2.5 veces la extensión de Cali, 3.5 veces la de Medellín, y 8.3 veces la de Barranquilla. Estas comparaciones ilustran la seriedad de la situación, y por consiguiente, la necesidad de afrontarla con acciones contundentes.

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  1. La pérdida de una hectárea de bosque en el Amazonas tiene graves impactos en la biodiversidad de todo el país y la región.

El análisis de la deforestación del Amazonas debe trascender el plano cuantitativo. Además de la extensión de superficie forestal afectada debe tenerse en cuenta que este territorio es uno de los más biodiversos del planeta, y en consecuencia, su destrucción tiene un efecto devastador en la subsistencia de miles de especies animales y vegetales endémicas. 

Según un reporte reciente del Instituto Humboldt, la deforestación en el Amazonas puede generar que 42.965 especies desaparezcan antes de ser estudiadas por la ciencia. Este dato revela que Colombia, como país mega diverso,  afronta el riesgo inminente de perder una importante fuente de su riqueza.

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Por otra parte, varios de los principales núcleos de deforestación se ubican en de los Parques Nacionales Chiribiquete, Tinigua y Macarena, y la Reserva Nacional Nukak. La localización de estos focos es preocupante pues estas zonas constituyen el corredor de conectividad entre los Andes y la Amazonía que permite el tránsito de muchas especies entre los dos ecosistemas. Un estudio publicado en Conservation Letters en el 2018, advierte que la dispersión de ranchos ganaderos en esta zona acelera el proceso de degradación de bosque que conduce a que se rompa la conexión natural entre las dos regiones y la conectividad genética entre miles de poblaciones animales, vegetales y procariotas, generando profundos impactos que pueden ser irreversibles.

Adicionalmente, la localización de centros de deforestación en áreas protegidas, refleja la pobre institucionalidad del Estado para gestionar de manera adecuada estas áreas de vital importancia y pone en evidencia la necesidad de fortalecer el sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuya entidad rectora cuenta con un presupuesto asignado de apenas 101.923 millones de pesos para hacerse cargo de la protección de 59 áreas naturales que ocupan 14’268.224 hectáreas equivalentes al 11,3% del territorio continental del país.

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  1. No se han adoptado políticas públicas dirigidas a solucionar las principales causas estructurales que ha provocado la aceleración de la deforestación en los últimos dos años.

La región del Amazonas ha sido históricamente olvidada por el estado colombiano. Por lo tanto, el fenómeno de la deforestación no puede entenderse sin considerar este legado de marginalización que ha generado una precariedad en las condiciones de vida y las oportunidades económicas de los habitantes de la región.

La crisis ambiental que se vive en la Amazonía coincide con el inicio del posconflicto. La desmovilización de la guerrilla de las Farc y la persistente ausencia de las instituciones oficiales están siendo aprovechadas por varios grupos que buscan apropiarse de las tierras. De acuerdo con el Ideam, los principales usos que se dan a la tierra en los núcleos de deforestación son praderización, siembra de cultivos ilícitos, ganadería extensiva, extracción ilícita de minerales, infraestructura no planificada, y agricultura en áreas no permitidas.  

Considerando estos factores, las políticas públicas para la protección de los bosques no deberían enfocarse exclusivamente en la criminalización y el fortalecimiento de la fuerza pública. Poner un freno permanente a la deforestación implica, por un lado, proponer alternativas productivas que garanticen la protección de los derechos y la satisfacción de las necesidades de las comunidades, y por el otro, cuestionar el actual modelo de desarrollo que promueve la expansión de la frontera agraria, la ganadería extensiva y la extracción intensiva de recursos naturales.

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Adicionalmente, debe considerarse que la deforestación está estrechamente relacionada con la concentración de la propiedad y el uso inadecuado de la tierra,  por lo tanto, otra acción clave para llegar a la raíz de este problema es acelerar la implementación de los acuerdos de paz, especialmente en el componente de la reforma rural.  

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En este contexto, tras advertir que el vertiginoso aumento la deforestación del Amazonas no está siendo atendido de manera eficiente por el Estado, la Corte Suprema de Justicia, mediante una sentencia histórica, declaró la Amazonía sujeto de derechos y ordenó a la Presidencia de la República y a las demás autoridades competentes adoptar un plan de acción para proteger la selva amazónica, su biodiversidad y sus habitantes. A pesar de la importancia de esta decisión, Dejusticia reportó que el Gobierno está incumpliendo las órdenes allí contenidas.

En el mismo sentido, reconociendo la falta de proporción entre la magnitud de la problemática y las medidas para atenderla, la Procuraduría General de la Nación expidió una directiva que contiene obligaciones concretas y plazos específicos para que las autoridades competentes respondan de manera eficaz ante el fenómeno de la deforestación. Este documento se constituye como una importante herramienta para hacer efectiva la sentencia.  

  1. Colombia está lejos de cumplir los compromisos internacionales en materia de cambio climático.

Los resultados del monitoreo de la deforestación 2018 contienen dos cifras que se han presentado como importantes logros pero que merecen ser analizadas en el contexto más amplio de los esfuerzos internacionales para enfrentar el cambio climático. La deforestación, la degradación de los bosques y el sector agrícola, representan la mitad de las emisiones de gases efecto invernadero en Colombia, y por ello el país ha contado con importantes recursos de cooperación internacional para la protección de su territorio boscoso.  

Primero, se habla de una reducción del 10% en la deforestación en comparación con el año anterior. Sin embargo, no puede perderse de vista que el 2017 tuvo la mayor tala de árboles de la década (219 973 hectáreas), y por tanto, no debería considerarse como el referente para evaluar el éxito de la lucha contra esta problemática. Por ejemplo, si los datos de deforestación en la Amazonía del 2018 (138.176 ha) se comparan con las cifras del 2014 (63.280 ha), 2015 (59.962 ha) y 2016 (70.074 ha), se puede apreciar que la destrucción de la selva aumentó en un 119,1%, 131,3% y 97,9% respectivamente. 

Segundo, se dice que se evitó la destrucción de 40.360 ha de bosque Amazónico, lo cual representa  una disminución del 17% en relación con la tendencia proyectada, es decir, con la cantidad de deforestación que el gobierno había calculado que se iba a generar. En esa medida, esta cifra no demuestra un logro en la gestión ambiental sino un desacierto al haber establecido una meta que permitía una tasa de deforestación tan alta. 

Así las cosas, la línea base de comparación no deberían ser los años con peor deforestación, ni las proyecciones poco ambiciosas del gobierno. El referente deberían ser las metas internacionales de deforestación a las cuales Colombia se ha comprometido y que podrían significar un verdadero esfuerzo de conservación. Por ejemplo, en el marco del Acuerdo de Paris, Colombia llegó a un acuerdo con Alemania, Noruega y el Reino Unido para reducir la deforestación a cero en la Amazonia para el 2020. En este objetivo nos vamos rajando y por mucho.

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Investigadora de doctorado en la Universidad de Wageningen - proyecto Riverhood. Abogada de la Universidad de Caldas con Especialización en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario y Maestría en Políticas Públicas del International Institute of Social Studies de la Universidad Erasmus de Rotterdam....