La región Caribe, una región más peligrosa desde el 2012

Colombia cerró el 2021 con más de 13.000 homicidios, el número más alto desde el 2013.

Con excepción del 2018, en el país, la cifra de homicidios había ido descendiendo desde el 2012. Es por esto que el incremento de más del 9 % de los homicidios durante el año 2021 genera serias preocupaciones sobre el panorama de seguridad.

En la región Caribe, los homicidios crecieron más que en el resto de Colombia (10,65 %) y, además, mientras la tendencia en Colombia era a la reducción desde el 2012, en esta región las cifras de homicidios no han dejado de crecer desde el 2015. Es decir: el incremento de los homicidios en la región Caribe en el 2021 no solo es preocupante porque fue mayor al incremento nacional, sino porque llevamos siete años con los homicidios en crecimiento.

El Caribe pasó de representar el 14 % de los homicidios en Colombia en el 2012 a cerca del 19 % en el 2021. Nos hemos convertido durante casi una década en una región más peligrosa sin que esto genere ningún ruido en la opinión pública o las administraciones locales y regionales.

En este artículo intentaremos entender esta situación desde tres perspectivas: la situación a nivel departamental, la situación en las ciudades y en los municipios Pdet.

Homicidios en los departamentos del Caribe

Si bien hay departamentos con dinámicas muy diferenciadas en sus municipios y otros en los que la violencia se conecta con sus departamentos vecinos, analizarlos comparativamente puede sugerir hacia dónde apuntar para explicar el incremento de la violencia.

En la Gráfica 2 se puede observar que, durante los últimos cinco años, los homicidios se han incrementado en todos los departamentos del Caribe, con la excepción de La Guajira y Bolívar.

El incremento de los homicidios durante el 2020 en el Magdalena fue del 30 %; en el Atlántico, del 23%; y en Sucre, del 33%. Mientras tanto, a nivel nacional, los homicidios se redujeron durante el 2020 en un 1% (posiblemente debido al impacto de los confinamientos). Es decir, mientras la tendencia en Colombia era a la reducción, en tres departamentos del Caribe los homicidios tuvieron el incremento porcentual más grande de la última década (únicamente en Bolívar, Córdoba y La Guajira los homicidios se redujeron en el 2020).

El año pasado, los homicidios crecieron en todos los departamentos del Caribe, y en cinco de ellos, el incremento fue de más del 10 %. Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y San Andrés registraron en el 2021 la cifra más alta de homicidios de los últimos diez años. En San Andrés los homicidios han venido creciendo desde el 2016 (cuando hubo 12 homicidios) hasta el 2021 (que cerró con 35 homicidios). Es decir, los homicidios prácticamente se han triplicado en apenas seis años.

Con excepción de La Guajira, todos los departamentos se encuentran por encima o en niveles similares de homicidios a los observados en el 2012.

Homicidios en las ciudades del Caribe

Los alcaldes de Barranquilla y Cartagena han justificado el aumento de homicidios en las ciudades en el hecho de que todas las ciudades de Colombia (y del mundo, según Dau) han tenido un pobre desempeño en seguridad.

A primera vista, los datos parecen acompañarlos: prácticamente todas las ciudades han tenido incrementos en el número de homicidios durante los últimos cinco años. Sin embargo, por un lado, los homicidios en las ciudades del Caribe no se han disparado solo durante el 2020-2021, sino que llevan varios años aumentando (a diferencia de ciudades como Bogotá o Cali, que tienen tendencias a la reducción). Por tanto, difícilmente puede decirse que la crisis de inseguridad es simplemente una respuesta de la criminalidad urbana derivada de la pandemia.

Por otro lado, si bien algunas ciudades, como Cartagena y Barranquilla, representan más de la mitad de los homicidios de sus departamentos, la participación de las ciudades en el total de homicidios se ha venido reduciendo durante los últimos diez años en el Caribe.

Entre el 2012 y el 2021, Valledupar pasó de representar el 42 % al 34 % de los homicidios del Cesar; Santa Marta, del 59 % al 44 % en Magdalena; Barranquilla, del 61 % al 51 % en el Atlántico; Cartagena, del 59 % al 52 % en Bolívar; Sincelejo, del 48 % al 33 % en Sucre; y Montería, del 26 % al 19 % en Córdoba.

Es decir: no se puede simplificar el incremento de los homicidios presentándolo como un asunto de criminalidad en las ciudades. La violencia está creciendo en las ciudades, pero está creciendo también (y quizá con mayor fuerza) en las zonas periféricas.

Aquí entonces llegamos a dos conclusiones.

Por un lado, las ciudades del Caribe se han vuelto cada vez más violentas. Los homicidios en Sincelejo crecieron un 51 % en el 2020; en San Andrés, un 91 % en el 2017; en Montería, un 37 % en el 2018; en Cartagena, un 16 % en el 2021; en Barranquilla, un 28 % en el 2015; en Santa Marta, un 22 % en el 2020; en Valledupar, un 60 % en el 2015; y en Riohacha, un 26 % en el 2014. Ni Bogotá ni Medellín ni Cali han tenido incrementos tan grandes desde el 2012 (el máximo fue un 11 % en Medellín en el 2021). Por tanto, no pueden las autoridades decir que el incremento es natural: hay un comportamiento atípico.

Por otro lado, mientras suceden estos incrementos, los homicidios aumentan a mayor ritmo en otros municipios de los departamentos. Aquí la dinámica va a ser muy diferenciada.

Por ejemplo, si en el Atlántico se suman los homicidios de toda el área metropolitana (Barranquilla, Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa) durante el 2021, entonces se explican el 91 % de los homicidios del departamento en ese año. Todos estos municipios han sido objetos de disputas entre organizaciones del crimen organizado como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Costeños, los Rastrojos Costeños y Los Papalópez, lo que explica este incremento. En el departamento del Atlántico, los grupos armados han asumido una estrategia de “exterminio” para afectar a sus competidores, lo que tiene un impacto directo en el número de muertos del departamento.

Sin embargo, en el departamento de La Guajira, la mayoría de los homicidios se concentran en Riohacha y Maicao, en donde hay dinámicas muy diferenciadas. Sin embargo, de los 173 homicidios en el 2021, al menos 107 estarían relacionados con disputas entre clanes. En este departamento, como explicamos anteriormente, la mayor amenaza no son los grupos armados posdesmovilización o las guerrillas, sino las disputas entre grupos de menor tamaño (clanes) que luchan por mantener la prestación de servicios para estructuras más grandes.

En el Cesar, Aguachica en el 2021 tuvo una tasa de homicidios de 37 por cada 100,000 habitantes y Pelaya de 70 (comparada con la tasa nacional de 26,8 por cada 100,000 habitantes o la de Valledupar, de cerca de 19 por cada 100,000 habitantes). En ambos municipios hay presencia sostenida del ELN (que usualmente hace atentados y pinta consignas publicitarias en varios lugares del municipio) y del Clan del Golfo. Al norte del Cesar, en El Copey la tasa de homicidios llegó a más de 63 por cada 100,000 habitantes. En este municipio, la Defensoría del Pueblo ha señalado la presencia de las ACSN, que se disputan el territorio con las AGC. Entonces, en el Cesar hay dos guerras: al sur principalmente con el ELN, y al norte entre AGC y ACSN.

En el Magdalena, la mayoría de los homicidios están concentrados en los municipios de la Sierra Nevada (Santa Marta, Fundación, Zona Bananera, Aracataca y Ciénaga). Allí, las ACSN se disputan el control de la Troncal del Caribe con las AGC. De especial preocupación es el municipio de Ciénaga, en donde la tasa de homicidios supera los 76 por cada 100,000 habitantes. Además, el 2022 empezó violento para este municipio, con seis homicidios durante los primeros doce días del año. El 2022 inició como un año muy violento para el Magdalena, lo que podría indicar una profundización de la disputa entre grupos armados.

En el departamento de Bolívar, Cartagena representa una buena parte de los homicidios, pero está acompañada de dos subregiones en guerra: Montes de María, en donde las AGC han venido consolidándose desde hace algunos años y el sur de Bolívar, en donde el ELN, las AGC y disidencias de las FARC-EP parecen estar iniciando el año con violencia.

“”En Sucre, los homicidios están concentrados en Montes de María y el Golfo de Morrosquillo, zonas que se han consolidado como zonas de acopio y exportación de clorhidrato de cocaína; allí las AGC se han venido asentando desde 2015″. San Onofre, por ejemplo, tiene una tasa de homicidios de más de 48 por cada 100.000 habitantes.

Finalmente, San Andrés es un caso de especial preocupación, dado que tiene una tasa de homicidios de más de 43 por cada 100.000 habitantes y los homicidios se han duplicado en 10 años. Allá, hay disputas entre grupos armados como La Empresa (asociada a las AGC) y Los Rastrojos por controlar algunas rutas de transporte de drogas.

Este rápido recorrido por los departamentos lleva a pensar que se necesitan análisis diferenciados por departamento y subregiones para poder identificar los municipios más violentos y las razones de estos aumentos.

Este punto nos lleva a la última sección, en donde analizamos los municipios Pdet, que son los municipios priorizados para la construcción de paz territorial en el Caribe colombiano.

Homicidios en los municipios Pdet del Caribe

En los municipios Pdet, la salida de las Farc-EP sí representó un cambio considerable en las dinámicas de violencia armada.

Por un lado, porque en algunos de ellos todavía había presencia activa de la guerrilla (como en el sur de Córdoba y el sur de Bolívar), lo que implicó que, a su salida, los demás actores armados se reconfiguraran para copar esos espacios.

Por otro lado, porque el Acuerdo de Paz incluyó varios apartados que promovían la participación comunitaria, lo que involucró a algunos de sus liderazgos en procesos amplios que eran susceptibles de ser saboteados por parte de actores legales e ilegales (restitución de tierras, sustitución de cultivos de uso ilícito, programas de desarrollo con enfoque territorial, entre otros).

Como lo señalamos en una columna reciente, en el Caribe se priorizaron cuatro subregiones: el sur de Bolívar, el sur de Córdoba, Montes de María y Sierra Nevada-Perijá-Zona Bananera. Como puede observarse en la Gráfica 4, si se suman todos los homicidios ocurridos en los municipios Pdet entre el 2017 y 2021, se observa una tendencia creciente: los homicidios han crecido un 58 % en estas subregiones.

Este es un aumento considerable, si se tiene en cuenta que, en todo el Caribe, en el mismo periodo, los homicidios crecieron en un 19 %. Con esto, los homicidios en municipios Pdet pasaron de representar un 21 % del total de los homicidios en la región en el 2017, a un 26 % en el 2021. Es decir: desde que se firmó el Acuerdo de Paz, en la región Caribe están matando a más personas en los municipios Pdet.

Si bien en todas las subregiones ha habido aumentos, los más notables son en el sur de Córdoba (los homicidios crecieron un 80 % entre 2017 y 2021), Montes de María (crecimiento de 64 % en ese lapso) y Sierra Nevada-Perijá-Zona Bananera (incremento del 56 %). En el sur de Bolívar, los homicidios crecieron un 26 %. Cada uno de estos incrementos está relacionado con procesos muy particulares de las subregiones y conflictos entre diferentes actores armados, como contamos acá.

No obstante, la protección de las comunidades viviendo en territorios que, se suponía, debían convertirse en espacios de construcción de paz debería ser una obligación central para el Estado.

Paradójicamente, el Acuerdo de Paz trajo para las subregiones priorizadas un incremento de la violencia homicida, posiblemente anclada a las disputas por rentas ilegales, a la violencia contra líderes comunitarios y defensores de Derechos Humanos involucrados en estos procesos, o contra excombatientes y personas que son estigmatizadas por los grupos armados como aliados de sus enemigos en la guerra.

Esta violencia incrementada en subregiones PDET es particularmente importante porque, como contamos recientemente, habrá elecciones para las curules de víctimas y la posibilidad de sabotaje por parte de actores armados es alta. Las autoridades no deberían esperar desenlaces fatales para proteger la vida de quienes desean participar en política.

Así, el incremento de la violencia en el Caribe está anclado no solo a la delincuencia común, sino a guerras locales que, aunque anunciadas, no han visto muchas acciones institucionales que protejan la vida de los ciudadanos.

Es necesario que las autoridades civiles del Caribe colombiano estudien y conozcan a fondo el funcionamiento del sistema de seguridad ciudadana ya que su desconocimiento los lleva a tomar medidas poco efectivas: funcionan reactivamente y le apuntan a disminuir la percepción de inseguridad, pero no enfrentan las causas de esta. Esto, en la práctica significa el inicio y reinicio de ciclos violentos.

En cualquier caso, el incremento de los homicidios durante el 2021 debería ser un campanazo de alerta en muchos sentidos, no solo por este año, sino porque tenemos diez años convirtiéndonos en una región más peligrosa. Es hora de empezar a discutir más sobre violencia y seguridad en el Caribe, antes de que sea demasiado tarde.