La telenovela del glifosato: dilemas y retos sobre la erradicación

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La aspersión aérea ha sido una de las herramientas preferidas por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en la “lucha contra las drogas”. Por allá desde los años setenta, en medio de la bonanza marimbera, las avionetas del Gobierno colombiano comenzaron a fumigar con paraquat las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los ecosistemas únicos del territorio colombiano.

En 1984 el glifosato pasaría a ocupar el lugar del paraquat, siendo utilizado en menor o mayor medida por los gobiernos venideros, mientras que la cantidad de hectáreas fumigadas se convertiría en el indicador de éxito preferido en la lucha contra las drogas y la moneda de cambio para que el Gobierno norteamericano continuara financiando la guerra en Colombia.

No obstante, el uso desmesurado del glifosato en los dos gobiernos de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010, hizo evidentes los daños de este herbicida en la salud y el medio ambiente. Nada más en los últimos tres años de su gobierno las hectáreas intervenidas mediante el uso de la aspersión aérea alcanzaron la totalidad de 340.147 hectáreas.

Lo anterior llevó a que las altas cortes tuvieran que restringir esta práctica en pro de la protección de los derechos al medio ambiente y a la salud. En 2013 el Consejo de Estado derogó el decreto que permitía el uso del glifosato en parques nacionales naturales por los posibles daños que esto podría traer para el medio ambiente.

Luego, la demanda de Ecuador contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia por el uso de glifosato en zonas fronterizas llevó a que el Gobierno colombiano aceptara que esta práctica podía tener graves consecuencias para la salud humana y acordara no asperjar áreas que estuvieran dentro de un perímetro de 10 kilómetros de la frontera con Ecuador, debido a los daños que esto podía causar en el medio ambiente y la población ecuatoriana.

Así las cosas, en 2015 el Gobierno decidió suspender el uso del glifosato, y en 2017 la Corte Constitucional lo restringiría bajo unos estrictos parámetros en la Sentencia T-236 de 2017.

Desde entonces, la reanudación del glifosato se convirtió en el caballo de batalla del uribismo, de tal modo que, desde su regreso al poder en 2018, emprendieron una intrincada carrera por reactivar las aspersiones aéreas. Esta serie de intentos fallidos del actual Gobierno tendría como epílogo la más reciente decisión de la Corte Constitucional, emitida la semana pasada, donde la Corte concedió la tutela que diversos líderes campesinos, líderes sociales y organizaciones de la sociedad civil interpusieron por irregularidades en el proceso de reactivación del Pecig (Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato) que pretendía retomar el glifosato.

Teniendo en cuenta las restricciones que ha impuesto la Corte Constitucional para la aspersión aérea, los compromisos internacionales, las metas planteadas en la Ruta Futuro y el golpe político que implica perder la punta de lanza en materia de la política “antidrogas”, el camino que debe transitar el Gobierno de Iván Duque para alcanzar las metas en materia de reducción de hectáreas de coca sembrada se pone cuesta arriba.

La decisión de la Corte lo ha dejado con tan solo dos alternativas: por un lado, darle un impulso al Plan Nacional Integral de Sustitución (Pnis) consagrado en el Acuerdo de Paz y, por el otro, profundizar en el mecanismo de erradicación manual forzosa.

Actualmente, el Pnis se encuentra en una profunda crisis derivada de la estrategia de desfinanciación y falta de voluntad política del Gobierno de Iván Duque para el cumplimiento del Acuerdo de Paz, así como de la desarticulación e incumplimiento de los componentes del programa y los procedimientos irregulares que llevan a la expulsión de las familias del mismo.

Mientras tanto, la estrategia de erradicación manual forzosa ha mantenido todas las voluntades por parte del Gobierno Nacional, logrando para el año 2020 un aumento de ocho veces en la cantidad de grupos móviles de erradicación pasando de 27, al finalizar la presidencia de Juan Manuel Santos, a 200.

Según los informes del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de los últimos tres años, las hectáreas (ha) de coca intervenidas bajo el mecanismo de Erradicación Forzosa han ido incrementándose así: para el año 2018 fueron intervenidas 59.978 hectáreas; para el 2019, 94.606 hectáreas; y para el año 2020, 130.147 hectáreas. En total: 284.731 hectáreas y una variación total del 54 %.

Por su parte, la cantidad de hectáreas intervenidas voluntariamente mediante Pnis ha ido reduciéndose: en los últimos tres años suman un total de 36.188, desagregadas anualmente así: en 2018 intervenidas 31.721 hectáreas; en 2019, 6.765 hectáreas; y para el último año del que se tiene reporte, 2020, 702 hectáreas. Lo anterior, con un total de 90.097 familias vinculadas.

Los costos económicos y humanos

Los datos presentados muestran una mayor capacidad de intervención por parte de los mecanismos de aspersión aérea y erradicación forzada al momento de pensar en la reducción de hectáreas. Sin embargo, como mínimo ejercicio para un análisis serio se deben contrastar estos datos con, por lo menos, los siguientes ítems: 1) los costos económicos de cada una de las intervenciones, 2) el porcentaje de resiembra de cada método, y 3) las afectaciones a nivel de derechos humanos.

Frente al costo, se estima que el valor estimado de asperjar con glifosato una hectárea de coca es de 72 millones de pesos. Sobre esta base, solo en los últimos tres años del periodo presidencial de Álvaro Uribe se gastaron alrededor de 24 billones de pesos. Así mismo, cada hectárea intervenida mediante el mecanismo de erradicación forzada se estima que cuesta 6 millones de pesos, para un total de 1,7 billones de pesos en el actual Gobierno. Por su parte, bajo la Sustitución Voluntaria, se estima que bastarían 40 millones de pesos por familia, para un total de 3,4 billones de pesos.

Por otro lado, frente al porcentaje de resiembra, para el año 2020 el informe Simci indica que en las áreas de intervención mediante Pnis se encontró un porcentaje de resiembra de apenas 7 %, lo que para el total de las hectáreas intervenidas en los años anteriormente mencionados serían 2.533 hectáreas que retomaron el cultivo de coca. Este mismo ejercicio en las intervenciones mediante erradicación forzada nos da un porcentaje de resiembra del 38 %, es decir, 108.197 hectáreas erradicadas que volvieron a sembrar coca.

Finalmente, una evaluación somera a nivel de derechos humanos para el mecanismo de erradicación forzada arroja resultados concluyentes.

Se tienen registros de decenas de incidentes ocurridos entre los grupos de la Fuerza Pública que acompañan los ejercicios de erradicación y las comunidades campesinas cultivadoras de hoja de coca que defienden su territorio y sus fuentes de subsistencia y se han denunciado los asfixiantes mecanismos de presión que usa la Fuerza Pública que van desde hostigamientos hasta homicidios. Esto ha llevado a enfrentamientos que agravan las tensiones, las condiciones de seguridad y las afectaciones a la vida misma en los territorios para todos los actores: líderes sociales, comunidades étnicas, organizaciones campesinas y miembros de la fuerza pública. Lo anterior no sólo no contribuye a solucionar los problemas de fondo respecto de la transición a economías lícitas y transformación del campo, sino que trae rupturas aún más profundas en los tejidos sociales, comunitarios y campesinos, así como limitaciones para la reparación

Con la reciente decisión de la Corte Constitucional, la punta de lanza del glifosato se acaba de quebrar para el Gobierno Duque, sin embargo, los compromisos con Estados Unidos todavía existen. Aunque el Gobierno de Joe Biden se ha desmarcado de la posición a favor del uso del glifosato, los Estados Unidos aún exigen cifras de erradicación a Colombia. Consideramos que los años de medición del éxito de la política de drogas en términos de hectáreas erradicadas deben dar el paso a mediciones centradas en la dignificación de las condiciones de vida de las personas cultivadoras, mediante oportunidades de tránsito a las economías lícitas y la transformación efectiva del campo, propendiendo así por soluciones a largo plazo como las planteadas en el punto 4 de los Acuerdos de Paz. 

Esta columna fue escrita en colaboración con Esteban Linares.

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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