Las lecciones de la pandemia

Las lecciones de la pandemia
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Durante la pandemia las mujeres no entraron en una situación de emergencia, sino que continuaron en ella, pero, esta vez, de formas más graves, intolerables e insostenibles. Además de la violencia en su contra, que creció en números alarmantes, su autonomía económica, es decir, su capacidad para generar ingresos y recursos propios se vio afectada a unos niveles tan preocupantes que instituciones expertas, como el Dane y la Cepal, ya hablan de una década perdida para las mujeres en cuanto a su participación laboral.

En julio de 2020, el Dane registró la peor brecha de género en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres, desde que hay datos comparables, con una diferencia de 10 puntos entre unos y otras. No obstante, desde antes de la pandemia, las mujeres ya se encontraban en un contexto de desventaja y desigualdad evidentes. De acuerdo con boletines técnicos del Dane sobre la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) publicados en 2019 y 2021, la brecha en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres en el trimestre de febrero a abril de 2021 fue de 8,3 %. En el análisis del mismo trimestre del año anterior, la brecha fue de 6,5 % y en 2019 de 4,9 %. El escenario de desigualdad para las mujeres ya venía de tiempo atrás, aunque, claro, empeoró en los momentos más duros de la pandemia.

Ahora bien, si se revisan las cifras de las mujeres con identidades étnicas, el panorama se torna todavía más sombrío. Entre agosto de 2020 y abril de 2021, la brecha en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres, que se auto-reconocen como negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, fue de 12,4 % y, entre hombres y mujeres indígenas, de 8,3 %. De acuerdo con un boletín del Dane sobre la Geih, publicado en 2021, las brechas en la tasa de ocupación arrojaron cifras mucho más escandalosas, pues los hombres negros y afros se ocuparon en una tasa 25,7 mayor que las mujeres de esta población y los hombres indígenas en una tasa 55,8 mayor que las mujeres de estas comunidades.

Frente al agravamiento y profundización de las desigualdades entre hombres y mujeres tras las medidas de emergencia por el covid, el Estado colombiano tiene unas obligaciones claras. En varios compromisos internacionales, ratificados por Colombia desde antes del inicio de la crisis sanitaria, se llegó a un acuerdo sobre el deber que este tiene de adoptar medidas para mejorar la situación de las mujeres. Estos compromisos son ahora un imperativo ante la contingencia económica y social que estamos viviendo. El Estado tiene el deber de adoptar medidas apropiadas, tanto diferenciales como afirmativas, para el adelanto en las condiciones de vida de las mujeres.

Las medidas diferenciales permanentes hacen parte de las obligaciones del Estado para garantizar a las mujeres sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales bajo el marco legal y político regular, y refieren al compromiso de que todas las acciones públicas deben estar fundamentadas en la intención de asegurarles a las mujeres el mejoramiento de su situación. Las medidas afirmativas, por su lado, han sido definidas por la Corte Constitucional como las disposiciones temporales dirigidas a garantizar la igualdad material, real y efectiva de las mujeres y a corregir y compensar las marginaciones históricas. Esta conceptualización las hace todavía más necesarias en situaciones de emergencia y crisis como las actuales. La implementación de ambos tipos de disposiciones, que se enmarcan particularmente en la Recomendación general 25 adoptaba por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas de 2004 y el Compromiso de Santiago de 2020, ratificado por los Estados parte en el marco del trabajo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es una obligación del Estado colombiano que no puede eludir.

Al Gobierno actual, y al que inicia en 2022, le corresponde tomar decisiones impostergables para una igualdad, en cuyo marco el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y el empoderamiento económico sean la columna vertebral de la recuperación económica del país. Asegurar ingresos estables, integrales y en igualdad para las mujeres no solo tiene repercusiones directas en la mejora de su calidad de vida sino también en la de sus familias y en la de la sociedad como un todo. Si se comprende que las mujeres son más de la mitad de la población, que tienen menos recursos económicos que los hombres tanto en los centros urbanos como rurales y que en los hogares en los que la jefatura es femenina, que suelen ser monoparentales, la pobreza aumentó mucho más que en aquellos con jefatura masculina, se entiende que la falta de autonomía económica de las mujeres tiene implicaciones que van mucho más allá de su individualidad.

Los gobiernos, locales y nacional, deben dirigir su gestión a mitigar los efectos de la pandemia en las mujeres y hacia la construcción de pactos territoriales fiscales, sociales y políticos para la igualdad de género. Esta gestión también debe comprender un gran pacto nacional, en el mismo sentido de los pactos regionales, en el marco de las elecciones de 2022. Los pactos deben tener como centro el acuerdo de que la recuperación económica y social se hace desde, con y para las mujeres. Esta es la única forma de transformar la que se asume como la década perdida en el avance de los derechos de las mujeres en una oportunidad para incidir en toda la sociedad. Si no cuestionamos la desigualdad de las mujeres, ¿qué lecciones se habrán aprendido de la pandemia?

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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