Las leyes y las salchichas

Las leyes y las salchichas

Es un lugar común para describir la actividad legislativa apelar a la frase de Otto von Bismarck, atribuida de manera apócrifa a muchos otros, que reza que las leyes son como las salchichas: es mejor no saber cómo se hacen. Con este aserto se pretende dar la idea de que, si bien el proceso de elaboración de las leyes puede resultar desagradable, el resultado será de calidad y “buen sabor”. 

Robert Pear, en una columna escrita para el New York Times en 2010, cuestionaba esta frase. Señaló que resultaba insultante para los fabricantes de salchichas, toda vez que el proceso de elaboración de estas era mucho más controlado, predecible y garantizado. 

El "Wurstmeister" obedece a una receta establecida, con control de la calidad de los ingredientes y cada empleado de la cadena de producción tiene un rol claramente definido. 

No pasa lo mismo con el proceso de elaboración de las leyes: estas son más complicadas, intrincadas en su elaboración y por el contenido que expresan; suelen ser elaboradas por más de un “cocinero” no siempre identificado (lobistas, grupos de presión, clientelas, actores armados, burocracias gubernamentales) y, en ocasiones, envuelven intereses que van más allá del manifestado en el texto normativo.

En fecha reciente, la Corte Constitucional colombiana, mediante sentencia C-294 de 2021, declaró contrario a la carta política el acto legislativo que reformaba el artículo 34 de la Constitución en el sentido de levantar la prohibición de imponer penas de prisión perpetua e incorporando la eufemística figura de la prisión perpetua revisable en nuestro ordenamiento jurídico. 

La decisión del alto tribunal de lo constitucional, aplaudida por unos y repudiada por otros, era ya esperada por un amplísimo sector de la academia jurídico-penal y constitucional colombiana. 

Desde el inicio del trámite legislativo e incluso desde que el presidente Duque considerara esta medida como una de las prioridades de su gobierno en su discurso de posesión del 7 de agosto de 2018, varios académicos y grupos de investigación advertíamos que esta medida resultaba contraria a los pilares fundamentales de nuestra constitución política; que era una medida ineficaz para alcanzar el objetivo de mejorar el bienestar y la protección a la infancia en Colombia; que era ineficiente. 

Los costes económicos, de legitimidad y eticidad estatal, en los términos planteado por la Corte Constitucional, en sentencia T-762 de 2015, resultaban excesivos a la luz de los dudosos beneficios que esperaba conseguir; además, resultaba contraproducente pues podría incentivar la comisión de otros delitos más graves. 

Se apuntaba también al exiguo, por no decir nulo, respaldo empírico de la propuesta de reforma y que el proyecto de acto legislativo parecía ignorar, de manera deliberada o negligente, el contexto fáctico en el cual se desenvuelve la violencia contra los niños en el país.

En este sentido, el 1 de junio de 2020 varios representantes de diversos grupos de investigación, centros universitarios, organizaciones sociales y reconocidas académicas nos pronunciamos ante el Congreso de la República con intervenciones técnicas rechazando la viabilidad de la prisión perpetua en Colombia y señalando las serias carencias del acto legislativo. 

Sin excepción, desde diferentes voces, metodologías y argumentos hubo una postura clara, precisa, pacífica y compartida en contra de la reforma constitucional. 

El consenso académico, si se observa la trayectoria de cada una de las intervinientes, no es ideológico, sino fruto de la reflexión académica, de la investigación empírica y teórica con respaldo de discusiones globales de décadas.

Esa misma semana, en el comienzo del séptimo debate llevado a cabo en la Comisión primera del Senado, uno de los congresistas ponentes del proyecto zanjó la discusión planteada por la comunidad científica en los siguientes términos: "Los académicos estuvieron aquí y presentaron sus argumentos en contra de la cadena perpetua. Los académicos tienen la razón, ¡tienen la razón! Pero no tienen la verdad. Porque la verdad está en el sentimiento del pueblo y en el corazón de las víctimas". 

La actividad desplegada para el impulso de la cadena perpetua es una muestra del desdén de la política colombiana hacia su comunidad científica. La opinión académica no pretende ofrecer una suerte de verdad revelada e infalible; mas bien brinda complejidad, parsimonia (¿por qué no decirlo?) y reflexión, con lo cual debería ser tomada como un insumo indispensable e ineludible para garantizar la calidad de la decisión. 

Carlos Santiago Nino escribió que la democracia puede ser definida como un proceso de discusión moral sujeto a un límite de tiempo. Es así, entonces, que los actores políticos están sometidos a tomar decisiones importantes en un marco temporal y contextual limitado y con presiones, lo cual dificulta tener certeza respecto a cuál será la decisión correcta. 

Pero no tomar en cuenta los elementos de juicio disponibles para la deliberación racional que contribuye a la mejor decisión, apelando al “sentimiento del pueblo”, constituye iniquidad o imbecilidad.

Quizás no resulte agradable ver cómo se hacen las salchichas, quizás pueda ser para algunos algo en sí mismo moralmente objetable. Pero tanto la industria de embutidos como sus opositores pueden experimentar el mismo asco al asomar la nariz en la cocina del legislador penal colombiano.

La decisión de la Corte constitucional resulta entonces digna de aplauso, no obstante, es tan sólo un triunfo parcial que requirió muchísimo esfuerzo. La acción que promovió el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes es una muestra de que el rigor científico no está confinado al espacio de las aulas, a las revistas y a los libros de investigación: el activismo político criminal es el terreno inevitable de la académica criminológica, victimológica y del derecho penal. 

En veinte años de existencia del código penal vigente han sido aprobadas ochenta leyes penales, marcadas por una notoria irracionalidad legislativa, a las cuales no se les ha prestado la misma atención, aun cuando pueden ser tanto o más draconianas que la inexequible reforma. 

Con la enhorabuena, entonces, debe ir un mea culpa y un llamado a la acción: las académicas e investigadoras de la cuestión criminal debemos mantener la mirada puesta en la actividad legislativa en materia penal, articular nuestros trabajos, coordinar acciones de intervención ciudadana ante el parlamento y la Corte Constitucional. Celebramos porque evitamos que saliera una salchicha en mal estado, pero la cocina y la mesa ya huelen a podrido. 

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