Propuesta de Rodolfo Hernández/Marelen Castillo
La propuesta de Hernández/Castillo llama la atención en tres aspectos. Primero, no parece haber un tema común que informe el abordaje al sector. Mientras que Gutierrez/Lara hablaba de eficiencia, Fajardo/Murillo de IVC y territorialidad y Petro de reforma total, en la propuesta de Hernández y Castillo no existe un tema común transversal a la propuesta. Se ven algunas propuestas aisladas que si bien son de relevancia, no parecen estar alineadas con una visión clara del sector. El segundo aspecto en el que llama la atención es que varias de dichas propuestas puntuales mencionan aspectos que ya existen o ya están en proceso (por ejemplo, la mención al giro directo, el pago a residentes o el control de precios a medicamentos), quizás sugiriendo la necesidad de una actualización del programa. Tercero y como es común a todas las propuestas, no son claras sus fuentes de financiación.
La propuesta de Hernández/Castillo empieza con un diagnóstico, que es correcto, de un sistema de salud con alta cobertura pero con una sensibilidad decreciente. Faltó en ese diagnóstico, así como en las propuestas una evaluación de las diferencias geográficas de acceso.
La propuesta menciona un estudio de costos unitarios en la prestación para evaluar la estructura de costos del sector. Si bien dicha evaluación requiere como insumo un aspecto importantísimo que ha sido imposible de lograr, una base de datos de costos comprehensiva a través de regímenes y actores, la implicación parece ser el uso del control de precios unitarios, similar a los manuales tarifarios ya existentes en el sector. Dicha actualización del manual tarifario es un trabajo que ya fue iniciado pero no es claro el alcance que esta propuesta tiene, por ejemplo si se extiende a las interacciones entre privados. Tampoco es clara ni la efectividad de esta propuesta ni sus consecuencias no intencionadas teniendo en cuenta la frecuencia de los servicios capitados.
La propuesta hace énfasis en la resolución de la deuda hospitalaria a través de mecanismos ya existentes (giro directo) y de minimización de costos (límites en costos unitarios), pero no es descrito con un enfoque de eficiencia.
Esta propuesta hace mención a los trabajadores de la salud con un dato erróneo de oferta de médicos, pues dice que hay 1.4 por 1,000 habitantes cuando la misma fuente citada revela que la cifra es de 2.3 en 2020. Tres temas son mencionados e n ste sentido. El primero es la prevención de la entrada de médicos extranjeros (presumiblemente venezolanos), aludiendo a las credenciales de los mismos. Vale la pena destacar que si bien especialmente en zonas de frontera sí hay provisión de servicios por médicos venezolanos, no he visto evidencia que revele que esto es una problema para la salud de los usuarios ni para el mercado laboral nacional. Segundo, la propuesta promete mejorar los sistemas de contratación del personal de salud (particularmente médico), pero no describe claramente el mecanismo. Tercero, la propuesta promete mejorar la oferta de médicos generales y especialistas a través de un mecanismo no claro. Debe decirse que estos dos últimos puntos pueden ser contradictorios y no es claro como dicha tensión sería manejada.
La propuesta de Hernández/Castillo menciona la disolución (¿o quizás la unión?) de los regímenes contributivo y subsidiado. Para el lector a mi forma de ver esto requiere dos cambios sustanciales como prerrequisito. Primero, igualar la prima de aseguramiento de ambos regímenes y posteriormente mejorar la ponderación de riesgo de la misma (porque el riesgo no es el mismo en los dos regímenes).
Similar a las otras propuestas, sugiere un “modelo de medicina familiar” con un médico dedicado a cada grupo familiar aunque a diferencia de las otras propuestas, la territorialización no es explícita en este caso. Otro tema común es la “inversión en ciencia y tecnología para estimular la industria nacional de medicamentos” con el objeto de reducir los costos del sistema. Este aspecto si bien no necesariamente tiene un efecto en los precios, si lo podría tener en la oferta en situaciones de emergencia (como vimos con el COVID). Sin embargo, este tipo de políticas puede tener grandes implicaciones de largo plazo que no parecen ser consideradas, como menciona un reciente reporte de la OECD.
La propuesta menciona la recuperación de red pública hospitalaria y su necesidad de orientarla a la prevención así como aumentar el número de camas. De esta propuesta no es claro ni el criterio para hacerlo, ni el mecanismo de distribución ni la estrategia de financiación.
Finalmente, es positiva la aproximación del uso problemático de sustancias psicoactivas desde el sector salud. Sin embargo la propuesta, que incluye un censo, no es clara en su alcance, sostenibilidad o financiación. Así mismo, el uso del lenguaje es impreciso lo cual no permite comprender si el manejo tendría un énfasis de salud pública o complementario a un manejo policivo.
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