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El desarrollo y avances en la tecnología, sumados a la necesidad de comunicarnos con nuestros seres queridos, amigos y conocidos que se encuentran lejos, han hecho que en los últimos 10 años las redes sociales crezcan a pasos agigantados; Facebook, Instagram y Twitter son hoy por hoy por, por lo menos en América Latina, las redes sociales más usadas por los internautas. WhatsApp, Telegram y Signal, entre otras, han sido aplicaciones de mensajería instantánea que por supuesto pueden acortar distancias y comunicarnos con la otra cara del mundo con solo accionar un botón en la pantalla de nuestro dispositivo móvil.
Las redes sociales, otra puerta hacia los delitos en la frontera
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El proceso de movilización hacia Colombia que viven las familias migrantes no ha sido ajeno al uso de las redes sociales y más si desde Venezuela emprenden un viaje como caminantes en donde se pueden tardar hasta 36 horas para llegar a la frontera colombo-venezolana, proceso en el cual deben estar en constante comunicación con esos seres queridos o amigos que se quedan en su país de origen para mantenerlos informados en la medida que avanzan en su recorrido.
Ya en zona fronteriza, estas personas deben tomar la decisión de pasar por los puentes donde se transita de manera formal o acudir a los pasos ilegales (también llamados “trochas”), pero ¿por qué pasar por una trocha? Ante la falta de documentación y sin contar con información sobre la posibilidad de pasar hacia territorio colombiano sólo con su documento de identidad y ante el miedo de ser deportados por falta de documentación, muchas de estas familias deciden acudir al paso por trochas que son controladas por fuerzas militares, grupos armados y bandas criminales que siempre representarán un riesgo inminente a su integridad. Al final el objetivo es llegar a Colombia.
Con la familia en territorio colombiano comienza el proceso de buscar un lugar de acogida, una zona segura donde se puedan alimentar y, por supuesto, surge la necesidad de buscar un empleo, pues desde ese día cero se encuentran ante la necesidad de pagar así sea por noches el lugar que será su techo y lugar de cuidado por los próximos días hasta encontrar estabilidad financiera.
Pero ¿dónde puede buscar trabajo una familia venezolana en condición de migración? Teniendo en cuenta que Cúcuta y su área metropolitana cuenta con uno de los índices más altos de desempleo, informalidad y violencia, no queda más remedio que, a parte del voz a voz, acudan a las redes sociales para ver la oferta laboral informal según la demanda de la zona en la que se encuentren ubicados.
Realizando trabajos de caracterización sociodemográfica a familias asentadas en los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario, Norte de Santander, se puede establecer que una de las causas o razones por las que las familias venezolanas deciden emprender el camino hacia territorio colombiano es porque quieren “una mejor calidad de vida”. Algunos buscan la reunificación familiar, otros se basan en testimonios de conocidos que afirman que, en Colombia “hay trabajo y el dinero alcanza”, y es en este afán de encontrar mejores oportunidades de trabajo que se ha incrementado la práctica de dos delitos y dinámicas atroces que vulneran todo derecho humano: por ejemplo, la trata de personas y desaparición forzada en la frontera colombo-venezolana. Si bien es cierto son delitos ya existentes, la migración masiva de venezolanos hacia territorio colombiano significa una oportunidad para los grupos armados delictivos que encuentran en las redes sociales y servicios de mensajería instantánea un medio apropiado para perfilar, contactar y captar a sus víctimas.
Es que si tenemos en cuenta el tiempo que pasan las personas navegando en redes sociales, nos sorprendería la media de consumo de pantalla con estas aplicaciones. Estas son toda una revolución a nivel de medios de comunicación y hoy en día son de fácil acceso para todas las personas sin ninguna distinción.
Pero pensemos en esta familia que acaba de llegar a Colombia: no cuentan con familiares, amigos o conocidos en el territorio que representen una red de apoyo en la cual puedan confiar y la necesidad de encontrar un empleo que solvente el día a día es latente.
Por eso no queda más remedio que acudir a su red social y/o servicio de mensajería instantánea para investigar en los grupos locales creados por diferentes usuarios, oportunidades laborales que sean apropiadas y generen un ingreso básico sin dejar de ser digno. Allí es donde grupos organizados y al margen de la ley, mediante perfiles falsos, comienzan a crear ofertas laborales que en principio parecen ser una gran oportunidad, ofrecen buenos salarios y hasta un lugar para habitación con la alimentación incluida. Lo que no saben estas personas es que muchas veces se trata de ofertas falsas que solo buscan nuevas víctimas para la trata de personas y en algunos otros casos, víctimas de desaparición forzada.
Es necesario aclarar que la trata de personas y la desaparición forzada son dos delitos diferentes y autónomos, pero que, en principio, se intenta establecer cierta relación en los mismos cuando se trata de personas venezolanas en condición de migración, mucho más, la relación o injerencia que tienen las redes sociales o el uso de herramientas tecnológicas en esta clase de delitos.
En primer lugar, según el "Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas", especialmente mujeres y niños, que complementa la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional en su artículo 3, se define la trata de personas como:
“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de los medios más usados para la captación está el uso de redes sociales para comunicarse por primera vez con las víctimas, algunos de estos procesos son de tracto sucesivo (que se mantiene en el tiempo). En él se promete a las personas un mejoramiento notorio en sus ingresos económicos y, para el caso de familias migrantes, algunos delincuentes acuden a prometer salarios muy altos y hasta un lugar donde podrán vivir, por lo que se vuelve entonces una opción tentadora ingresar a Colombia para obtener ese trabajo prometido.
Con la oferta de trabajo ubicada, contactan al captador y este los trasladada a su lugar de acogida y/o “trabajo”. Allí es donde puede comenzar un proceso casi inimaginable y lo que se podría denominar un infierno para estas personas.
En el caso de las mujeres, estas son obligadas a “trabajar” como modelos webcam, también son puestas a disposición de bares o establecimientos de entretenimiento donde son víctimas del maltrato de cientos de personas, acto sexual abusivo, acceso carnal y esclavitud moderna son solo algunos de los actos crueles e inhumanos a los que son sometidas; les retiran su documentación y comienzan a ejercer presiones y amenazas para amedrentarlas, las retienen en contra de su voluntad, algunas son trasladadas a otros países y en el peor de los casos, abusadas y desaparecidas lejos de su familia y su país de origen.
En el caso de los hombres la situación no es muy distinta. El proceso de captación puede ser el mismo, por medio de redes sociales, a estos hombres que en muchas ocasiones son cabeza de hogar y buscan trabajar para obtener remesas y enviarlas a sus familias en Venezuela, les prometen trabajos de agricultura en fincas y/o cultivos que pueden estar ubicadas en zona rural de Norte de Santander o en cualquier otra parte del país; les prometen vivienda y alimentación gratuita sumado a un jugoso salario mensual. Ante esta tentadora oferta muchos aceptan, ingresan a territorio colombiano, son trasladados a fincas y terminan siendo sometidos a “trabajos” forzosos en cultivos ilícitos que terminan haciendo parte de la cadena interminable de violencia que sigue dejando el narcotráfico en el país; los hacen aguantar hambre, amenazan su integridad y no les reconocen pago alguno; estos hombres también son víctimas de trata de personas y en algunas ocasiones cuando tratan de escapar son asesinados y desaparecidos en estas mismas zonas rurales.
La situación es tan preocupante que en “comunicado 337 de 2022” expedido por la Defensoría del Pueblo, se establece que en el año 2021 esta entidad atendió 44 mujeres víctimas de trata de personas, de las cuales 15 casos fueron migrantes venezolanas. Esto quiere decir que el 34 % de los casos de trata de personas son de mujeres migrantes, y 5 de estos casos se dieron en la zona de Norte de Santander, cifra que deja en evidencia que Norte de Santander pasa uno de sus peores momentos frente a este delito que va antecedido por una dinámica fronteriza ilegal que ha hecho que cientos de grupos armados organizados y no organizados aprovechen esta situación para seguir con su actuar vulnerador de derechos humanos.
Y eso que estas cifras solo atienden a lo denunciado y conocido por las autoridades, ahora imaginemos la cantidad de estos delitos que quedan en el silencio bien sea por miedo o porque simplemente estas personas una vez explotadas terminan siendo desaparecidas.
Falta de documentación para su regularización migratoria y crisis económica para sostenerse a sí mismos y a sus familias son dos de los factores que inciden dentro de las razones por las cuales estas personas terminan siendo víctimas de estos abusos. La cooperación internacional ha aunado esfuerzos para implementar programas de prevención y atención frente la trata de personas junto a entidades del Estado para responder de manera inmediata a la activación de rutas de protección de las víctimas y sus familias y métodos de prevención frente al uso de redes sociales, pero queda pendiente preguntarnos ¿Qué están haciendo estas redes sociales para frenar este tipo de prácticas? ¿Acaso hay sistemas de seguridad informática para frenar estas prácticas?
Como ya se mencionó, uno de los peores escenarios para las víctimas es la desaparición forzada antecedida por trata de personas; a aquellos que intentan escapar de estas dinámicas de explotación y/o esclavitud pueden ser sometidos a toda clase de torturas hasta quitarles la vida pues, al ser personas indocumentadas parecería una tarea fácil borrar cualquier rastro de las mismas y más si está en otro territorio, son estos casos los que podríamos denominar también “casos de desaparición forzada”.
¿Qué conocemos por desaparición forzada?
“Es una conducta compleja, que se compone de diversas acciones: inicia con la privación de la libertad a cualquier título o forma, es cometida por agentes estatales o por particulares que actúen en nombre del Estado o con su autorización, apoyo o consentimiento, es seguida de la negación a reconocer la privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona, sustrayéndola de la protección de la ley.
La desaparición forzada de personas es una conducta autónoma porque los elementos que la definen le son propios y no puede confundirse con otras conductas. Permanente o continua porque no cesa mientras permanezcan ocultos la suerte y el paradero de la persona y los hechos no sean aclarados. Y de carácter pluriofensivo porque, además de desconocer la dignidad humana, causa graves sufrimientos a la persona desaparecida y a sus familiares y allegados, y lesiona valores profundos de las sociedades y de la comunidad internacional”. Así lo define la Defensoría del Pueblo.
Entonces ¿son las víctimas de trata de personas también víctimas de desaparición forzada? Si bien es cierto no es fácil establecer o afirmar que existe una relación directa entre estos delitos debido a su autonomía, las experiencias y testimonios de algunas víctimas de trata de personas han dejado en evidencia que una vez las personas son captadas, transportadas, trasladas y retenidas para su explotación, con el fin de no dejar rastro alguno, estos grupos organizados para este delito se encargan también de su posterior desaparición.
Según el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), los números son abrumadores. En reporte con corte al 23 de mayo de 2022 hay 172.629 personas desaparecidas en Colombia, de las cuales 51.577 son mujeres y 120.752 son hombres. ¿Cuáles son los autores de estas desapariciones? De 1970 a 1981 se reconoce como autor principal a Agentes del Estado contra movimientos de izquierda; de 1982 a 1990 se reconoce como autor principal a Agentes del Estado contra grupos insurgentes; de 1991 a 1995 se reconoce como autor principal a la guerrilla por presunto reclutamiento forzado; de 1996 a 2005 se reconoce como autor principal a paramilitares con aquiescencia del Estado y de 2006 en adelante se reconoce como autor principal a grupos post desmovilización. En Norte de Santander, hay en este momento 6.027 personas desaparecidas; 135 personas en el Tarra; 1.169 personas en Tibú; 185 personas en Ocaña; 3.191 personas en Cúcuta y 308 personas en Villa del Rosario.
¿Hay personas de nacionalidad venezolana desaparecidas? Frente a estas desapariciones, en el año 2019, según cifras de PoderPaz, al menos 1.000 personas fueron reportadas como desaparecidas entre los años 2018 y 2019 en la frontera colombo-venezolana y afirman que en su mayoría estas desapariciones son de personas migrantes venezolanas, cifra alarmante y que se ve sostenida según los datos de Naciones Unidas pues, esta entidad reporta que “en la frontera entre Colombia y Venezuela, entre 2016 y 2019 hubo 43 familias que perdieron el rastro de algún miembro cuando cruzaban por trochas ilegales”. Lo preocupante de estas cifras es que son las “oficiales” y se afirma que son cientos y miles más los casos que no son denunciados formalmente pues estas personas no tienen familiares ni grupos de apoyo en la región, panorama perfecto para que los cadáveres o restos de los mismos sean inhumados o lanzados a lugares controlados territorialmente por grupos armados ilegales.
¿Qué se puede hacer?
Lo primero es trabajar en modelos de prevención contra los discursos de odio que muchas veces se establecen desde algunos mandatorios locales y comienzan a repetirse en la población; se deben establecer medios de seguimiento a redes sociales que se han usado para contactar a diferentes víctimas y procesos de enseñanza sobre el uso de las mismas a niñas, niños adolescentes y jóvenes.
Superado esto, se deben entregar garantías de protección y respuesta a estas familias y/o personas denunciantes víctimas de trata de personas y desaparición forzada en la frontera para restablecer la confianza institucional; trabajar de la mano con las ONG que se dedican a la defensa de los derechos humanos y a establecer puentes de conexión entre los casos de trata de personas y desaparición forzada, pues sin importar su nacionalidad, estas víctimas y sus familias tienen derecho a ser reparadas y conocer la verdad, saber qué fue lo que pasó y cómo sucedió, pues el Estado tiene la responsabilidad de protegerlos.
Los efectos colaterales negativos ante una inesperada situación de trata de personas o desaparición forzada del integrante de una familia venezolana en condición de migración son tan grandes que es imposible imaginarlos, es el inicio de un proceso lento, más que doloroso y revictimizante pues su intención al ingresar a Colombia era el de mejorar sus condiciones de vida. ¿Qué garantías tiene esta familia? ¿Está el Estado Colombiano preparado para el abordaje integral de este caso con su respectivo enfoque diferencial? ¿Son las redes sociales el lugar ideal para que estas personas busquen mejores oportunidades?
El trabajo es titánico y los grupos armados no dan tregua. Se hace necesaria la apertura comercial con Venezuela, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la creación de espacios que garanticen el tránsito trasfronterizo de las personas, fortalecimiento de los procesos institucionales de atención a víctimas y la reconstrucción de la confianza institucional perdida para que las denuncias se hagan a tiempo y sin temores; si no tomamos cartas en el asunto, nos enfrentaremos a una situación incontrolable donde los grupos armados y bandas criminales obtendrán todo el control de los pasos ilegales entre Colombia y Venezuela, un panorama para nada alentador y que mantendrá vigente la pregunta que nos hacemos desde hace más de 50 años: ¿a dónde van los desaparecidos?
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