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El sector agrícola tiene la oportunidad de pasar de potencial a realidad en el Gobierno de Petro. Él, a diferencia de otros políticos, ha ponderado la importancia de desarrollar este sector. Es uno de los pilares de su discurso desde la campaña de 2018 y lo sigue repitiendo en sus primeras semanas como presidente.
Las tareas del Gobierno Petro para convertir a Colombia en potencia agrícola
Petro cree profundamente en el sector agropecuario como un motor para desarrollar la economía rural y nacional, y una muestra de esto es que el sector agropecuario tuvo una adición de 2 billones de pesos en el presupuesto 2023, el sector con mayor aumento presupuestal.
Ha concentrado su discurso en que la tierra quede en manos productivas y no especulativas. Por eso ha enfatizado en la importancia de redistribuir 3 millones de hectáreas a pequeños productores (la cifra viene de los Acuerdos de Paz con las Farc). La propuesta es comprar esta tierra a ganaderos, en coordinación con Fedegán.
La lógica sobre la que se basa este acuerdo de compra es que la ganadería produzca lo mismo en menor espacio (implementando una producción intensiva). Esas hectáreas compradas, que hacen parte de las 31 millones de hectáreas agrícolas sin aprovechar que hay en el país, serán dadas a pequeños campesinos para la producción agrícola.
En su discurso también ha insistido en que la producción de cereales sustituya las importaciones (es decir, que la producción nacional de cereales sea suficiente para no tener que importar). Tanto para él como para el ministro Ocampo es inconcebible la cantidad de maíz que importa Colombia (maíz, trigo y soya corresponden al 70% de las importaciones de alimentos del país).
Petro en la campaña planteó la idea de subir los aranceles para promover estas cadenas. Esto, afortunadamente, no lo ha vuelto a repetir, pues esta medida encarecería la comida, perjudicando en particular a las personas de menores ingresos, sin garantía de que el sector se desarrolle de manera competitiva.
Otro punto en que Petro ha insistido es en el desarrollo de la altillanura; incluso lo mencionó en su discurso de la ONU. Desde un atrio en Nueva York mencionó cómo el territorio de la altillanura de Colombia y Venezuela es más extenso que Ucrania (séptimo productor mundial de trigo) y cómo su aprovechamiento sería vital para la seguridad alimentaria regional e incluso mundial.
Dejó abierta la puerta para trabajar de la mano con la comunidad internacional para desarrollar esta región. Incluso planteó la posibilidad de la construcción de un tren (una idea que viene del pasado es la construcción de una línea férrea que conecte Puerto Carreño con Villavicencio para impulsar el desarrollo de cinco millones de hectáreas agrícolas en la altillanura).
Aparte de estas intenciones, Petro cuenta con un factor clave a su favor: tiene el capital político para dinamizar la inversión agrícola. Tenemos un potencial de 31 millones de hectáreas de frontera agrícola desaprovechadas, en gran parte porque no existe la información que permita establecer un mercado de tierras ni la seguridad jurídica para poner estas hectáreas a producir cereales, frutas y verduras.
Cualquier persona que trabaje en atraer inversión para el sector agropecuario dirá que el principal obstáculo es la falta de seguridad jurídica para acceder a grandes extensiones de tierra. Y esto obedece a dos factores: i) una falta de información profunda (el Estado desconoce la extensión de baldíos dentro de esas 31 millones de hectáreas aprovechables), y ii) el artículo 72 de la Ley 160 de 1994, que de manera ambigua pareciera impedir a un propietario la acumulación de dos UAF (Unidad Agrícola Familiar).
Las tareas
Lo primero que debe hacer Petro es impulsar el catastro multipropósito. Dada la complejidad operativa que implica, debe priorizar departamentos estratégicos. De ese modo, tendría información precisa de los propietarios de la tierra y de los baldíos. Solo así se puede establecer un banco de tierras con certezas jurídicas.
El siguiente punto es más complejo y polémico, pero Petro y su bancada de Gobierno en el Congreso lo pueden cambiar.
En sus manos está eliminar la ambigüedad del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, que no permite determinar con acierto si la acumulación de UAF aplica exclusivamente a predios originalmente baldíos adjudicados en programas de reforma agraria a campesinos por la Agencia Nacional de Tierras (antes Incora y, después, Incoder), o a la totalidad de predios rurales del territorio nacional.
Aclarando esto, se despejarían en gran parte las dudas que tienen los inversionistas, que muchas veces se abstienen de comprar tierras en Colombia por las eventuales complicaciones de orden jurídico que pueden terminar enfrentando, pues corren el riesgo de la amenaza de nulidad que contempla la ley, para quienes exceden el límite de una UAF.
Ejecutando estas acciones, el Gobierno establecería las condiciones mínimas para que los inversionistas productores de alimentos puedan acceder sin miedo a extensiones relevantes de hectáreas desaprovechadas.
Incluso puede ir un paso más allá. Una vez hecho el barrido del catastro multipropósito, puede poner a disposición una parte de los baldíos para completar los 3 millones de hectáreas y otra parte para arrendar por subasta a 30 años grandes extensiones de tierras. Realizar estas subastas sería políticamente imposible para un Gobierno de derecha, pero para Petro es plausible (pues ha defendido la idea de llevar el capitalismo al campo). La política social siempre debe estar acompañada de una política de competitividad.
La información, la estabilidad jurídica y las subastas permitirían avanzar al gobierno Petro en varias de sus políticas.
Primero, impulsaría el desarrollo del país por vía agrícola. El sector agrícola dinamiza servicios financieros, seguros y logísticos (transporte, almacenamiento), así como industrias conexas de riego, insumos químicos, software, investigación agrícola.
Segundo, promovería la producción de cereales, al punto que Colombia podría pasar de ser importador a exportador (estos cultivos requieren grandes extensiones. El mayor productor de maíz es La Fazenda, que aprovechó el marco regulatorio de las Zidres).
Y, tercero, obtendría importantes ingresos adicionales a la nación, tanto por los ingresos de arrendamientos, como por los impuestos a la renta y las ventas conexas.
Las subastas de tierra para atraer inversión no es un instrumento nuevo. Fue uno de los pilares como Perú se convirtió en agroexportador de productos de alto valor. Lo hizo a través de una política de liberalización de tierras donde se destaca la subasta de baldíos y las Alianzas Público-Privadas (APP) de irrigación con la que se expandió la frontera agrícola.
Petro puede ser aún más ambicioso e ir más allá de los 31 millones de hectáreas. Puede aumentar la frontera agrícola al promover y realizar una APP que lleve riego al desierto de la Tatacoa (desde el Río Magdalena) y llenar ese desierto con cultivos de cítricos.
Las hectáreas están; el agua está; los inversionistas están; la tecnología está; los mercados están; la voluntad política está. Solo falta que Petro tenga la visión de que solo logrará volver a Colombia una real potencia agrícola si desarrolla el catastro multipropósito, les da seguridad jurídica a los inversionistas y liberaliza el mercado de tierras.
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