Las verdades que revela la JEP sobre los vínculos entre Fuerza Pública y grupos paramilitares

Las verdades que revela la JEP sobre los vínculos entre Fuerza Pública y grupos paramilitares

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) acaba de emitir el Auto número 128 de 2021, sobre asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes de Estado. El subcaso Costa Caribe trata sobre hechos cometidos por miembros del Batallón de Artillería número 2, La Popa, Valledupar, que tenía como misión constitucional garantizar la seguridad y defensa de la población del norte de Cesar.

La Sala de Reconocimiento de la JEP cuenta con bases que le permiten afirmar que entre el nueve de enero de 2002 y el nueve de julio de 2005, integrantes del Batallón La Popa presentaron ilegítimamente a 127 personas asesinadas como dadas de baja en combate, en 71 hechos ocurridos en municipios del norte de Cesar (Valledupar, San Diego, Pueblo Bello, El Copey, Codazzi, Manaure, La Paz y Bosconia), y del sur de La Guajira (San Juan del Cesar y Urumita). Esta conducta, cometida a gran escala, tuvo dos patrones diferenciados durante este periodo.

En el primer patrónorientado a presentar como resultados operacionales a personas asesinadas fuera de combate, víctimas que fueron señaladas como pertenecientes a grupos armados ilegales o de delincuencia común. Estos señalamientos se dieron en una alianza entre miembros del Ejército y paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandado por Rodrigo Tovar Pupo, antes de su desmovilización. Esta primera manifestación caracterizó a la comandancia del teniente coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez (2002-2003). 

“Publio Hernán Mejía Gutiérrez y, posteriormente, algunos de sus subordinados gestaron una alianza con el Frente Mártires del Cesar. A pesar de constituir uno de los actores armados ilegales en el territorio que debía combatir la Fuerza Pública, se estableció a distintos niveles de la jerarquía militar una clara aquiescencia y connivencia con su accionar. Desde la perspectiva de los miembros del batallón, dicha alianza era viable pues, en su concepción, los paramilitares no eran el enemigo que tenían que perseguir, sino las guerrillas, de ahí que podían trabajar conjuntamente al tener un enemigo común. Ello explica la familiaridad que se tenían unos a otros y el hecho de que llegaran a patrullar y a adelantar operaciones conjuntas” (párrafo 119).

“La asociación entre los miembros del batallón y los paramilitares se justificó como una relación de mutuo beneficio con un interés común (la lucha contrainsurgente). Además, otros beneficios encontrados van desde el pago a miembros del Ejército, como algunos paramilitares relataron en sus versiones libres y ante esta Sala, así como la impunidad que traía la 'legalización', pues la presentación de las víctimas como personas dadas de baja en combate aseguraba que las investigaciones no avanzaran” (párrafo 126).

El segundo patrón, posterior a la desmovilización de los paramilitares, consiste en que miembros de varios pelotones del Batallón La Popa, con el afán de continuar presentando bajas en combate y responder a las presiones por resultados operacionales, asesinaron a civiles con el único fin de presentar resultados operacionales falsos; acudiendo al engaño y al traslado de personas de otras ciudades, en situación de calle, consumidores de drogas y trabajadores informales, que presumían no serían extrañados ni buscados por nadie, para asesinarlos o desaparecerlos. Este segundo patrón coincide con la comandancia del teniente coronel Juan Carlos Figueroa Suárez (2004-julio 2005) (párrafos 91 y 92).

La JEP está cumpliendo su tarea de ofrecer verdad a las víctimas y a la sociedad colombiana, de contribuir al esclarecimiento de la verdad del conflicto armado y la construcción de memoria histórica al reconstruir algunas de las verdades más terribles sobre la degradación del conflicto armado. De manera particular, enfatizamos aquí el primer patrón: antes de neutralizar o debilitar la capacidad militar de los grupos guerrilleros entrando en combate directo, miembros de la Fuerza Pública acudieron a estrategias ilegales y se aliaron con grupos paramilitares para perseguir, atacar y desaparecer a personas civiles (es decir, no combatientes) que eran presa fácil al estar inermes e indefensas, para crear una percepción errónea sobre la efectividad de la Fuerza Pública en su tarea constitucional de dar seguridad a las personas. 

Había una alianza entre la comandancia e integrantes del Batallón y los paramilitares para el señalamiento de las víctimas como miembros o auxiliadoras de grupos ilegales, su asesinato y desaparición. Apoyándose en un informe de la Fiscalía General de la Nación, la JEP afirma que en todas las divisiones del Ejército “hicieron operaciones conjuntas o acuerdos con grupos de paramilitares” (párrafo 103). Esto lo han reconocido exjefes paramilitares ante Justicia y Paz, y ahora exmilitares ante la JEP.

Esta verdad establecida en una investigación y decisión judicial es concluyente y está respaldada en presupuestos fácticos y jurídicos (los hechos realmente acaecidos); ya no es sólo una verdad social o histórica ampliamente documentada desde los territorios, sino una verdad declarada por autoridades judiciales que vienen a poner un colofón sobre una de las más grandes negaciones u ocultaciones de la guerra colombiana. Los grupos paramilitares han sido parte integrante de la estrategia contrainsurgente de sectores de la Fuerza Pública, lo que ha llevado a crear un armazón de relaciones fluidas, con un efecto devastador para millones de personas y violaciones masivas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Colaboración pasiva

Se levantaban los retenes ubicados por el Ejército para facilitar la movilidad de los paramilitares por los territorios sin ninguna oposición, aunque fueran en sus conocidos vehículos y con las armas a la vista. La inacción, de la policía ante denuncias de amenazas de muerte o de masacres inminentes o la aparición tardía ya consumados los crímenes y abría la oportunidad a la huida. Esas omisiones fueron acicates del accionar paramilitar que, contando con la inacción de la Fuerza Pública, movilizaron unidades de choque para agredir a personas civiles abandonadas a su suerte en pueblos, caseríos y veredas en medio de disputas territoriales entre guerrillas y paramilitares.

Cooperación activa

Entrenamiento militar, entrega de armamento y municiones, intercambio continuo de información (las temidas “listas negras”) para el señalamiento de simpatizantes o presuntos colabores de la guerrilla, líderes cívicos, campesinos, sindicalistas, y más. El desarrollo de operaciones conjuntas para atacar a personas civiles y forzar a poblaciones al desplazamiento; soldados o policías en servicio activo guiaban a unidades paramilitares, jefes paramilitares se alojaban en bases militares o comandos de policía donde les brindan seguridad personal; alertas a paramilitares de una inminente búsqueda y captura para que pudieran escapar.  

Con los grupos paramilitares unificados en las AUC (en abril de 1997) y el vasto apoyo de miembros de la Fuerza Pública, de líderes políticos y de sectores de la sociedad, llegó el período más brutal del conflicto armado colombiano, que va de 1997 a 2006 (año en que se desmovilizan los últimos bloques de las AUC, entre ellos el Bloque Norte). Los grupos paramilitares se pusieron a la vanguardia encabezando la lucha contra las guerrillas en vastas regiones, neutralizando a la Fuerza Pública en la dirección del combate contrainsurgente, encabezando la práctica de la atrocidad. Solo en el primer año de su unificación cometieron el 70 por ciento de los asesinatos políticos del país y tomaron la delantera en las vulneraciones al derecho internacional humanitario, tendencia que se mantuvo hasta su desmovilización, en “una guerra mucho más dura con los civiles que con los guerrilleros”, como señala María Teresa Ronderos.

Los paramilitares neutralizaron o sustituyeron parcialmente al Estado en la función de combatir a los grupos insurgentes y de sancionar las infracciones de las leyes penales dentro del sistema judicial, lo que erosionó aún más las instituciones de un Estado fragmentado y débil, que hace una presencia diferenciada en el territorio nacional. Esto aceleró la caída en el abismo del no-derecho en regiones, donde los paramilitares se convirtieron en poder de facto a través de la aplicación de sus métodos de terror (la estrategia de “quitar el agua al pez”), arrinconando al Estado como centro de poder en la sociedad para la regulación y coordinación de la convivencia en sociedad. Allí la población civil quedó a merced de la arbitrariedad, los abusos y las violencias de los jefes paramilitares y sus huestes, todo lo cual agudizó aún más la falta de referentes institucionales y del sentido del derecho en nuestro país.

Cuando la sociedad queda a la saga de los principios de humanidad y civilidad, las leyes (en sentido amplio) deben reinstituir valores y significados, remarcar fronteras sobre lo correcto y lo incorrecto y ayudar a la recuperación de la cultura cívica. El Acto Legislativo 05 de 2017, por ejemplo, prohíbe la conformación, promoción y encubrimiento de grupos paramilitares, y representa el compromiso expreso del Estado de no repetición con el fortalecimiento en el monopolio de la fuerza y de las armas a cargo del Estado, para que no se perpetúen la guerra y las violaciones de los derechos humanos. 

A la vista del Auto 128 de la JEP, queda en evidencia la necesidad de esta norma para refundar la civilidad y la institucionalidad democrática en Colombia, y pronunciar un rotundo "nunca más" al paramilitarismo.

¿Cuántas personas fueron amenazadas, perseguidas o asesinadas en Colombia por investigar o denunciar el ligamen entre Fuerza Pública y grupos paramilitares? Centenares de concejales, alcaldes, personeros municipales, líderes cívicos, sindicalistas, abogados penalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, profesores universitarios, investigadores y miembros de ONG fueron tachados de “auxiliadores de la guerrilla” o “guerrilleros” por hacer estas denuncias o publicar resultados de investigaciones, y este estigma fue el primer paso para sellar su trágico final. 

Quiero recordar, en especial, a Jesús María Valle (abogado penalista, profesor de la Universidad de Antioquia y presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia), Hernán Henao (director del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia), a Mario Calderón y Elsa Alvarado (investigadores del Cinep), Eduardo Umaña Mendoza (abogado penalista y profesor de la Universidad Nacional de Colombia) y Alfredo Correa de Andréis (sociólogo y profesor de la Universidad del Norte). Fueron un ejemplo de coraje cívico en las horas más aciagas de la guerra.

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