Las vidas bajo la excepción

Las vidas bajo la excepción
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Esta columna fue escrita en coautoría con David Fernando Cruz.

No es un secreto que en el sistema penitenciario y carcelario se vive una situación inhumana. Quienes están adentro sufren las terribles condiciones de la vida penitenciara. Quienes están afuera ven la cárcel como un lugar en donde la vida no vale nada y la violencia impera. Aunque nuestra Constitución garantiza una vida digna, los lugares en donde se interrumpe la libertad son sitios en donde opera la excepción; en donde el discurso jurídico está presente, pero de forma fantasmagórica, casi liminal, mientras que las personas privadas de la libertad quedan atrapadas entre la fuerza del Estado.   

El discurso garantista e ilustrado del derecho penal moderno sostiene que el ejercicio de la violencia estatal se legitima en la medida en que sea un ejercicio “racional” y “humano”, razón por la cual se abolieron los castigos corporales y se construyeron sistemas dirigidos a afectar el “alma” del sujeto para reformarlo, resocializarlo y reeducarlo.

La limitación de la libertad es un castigo humano, dado que no desgarra la carne ni fractura el hueso, “solo” limita la circulación del cuerpo y con esto afecta el alma. Estos objetivos nunca se alcanzaron principalmente porque, aun cuando no lo rompa, el castigo sí transcurre a través del cuerpo: lo moldea y lo disciplina, con el objetivo de resocializarlo. Y cuando no logra esto, lo mutila o lo calcina, como pasó la madrugada del 27 de junio del 2022 en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca.

Las cifras oficiales de la última tragedia en la cárcel de Tuluá tienen como resultado 51 reos muertos y 30 heridos. El relato oficial de los hechos señala que se presentó una riña dentro del pabellón número 8 del centro carcelario cerca de las 2 de la mañana. Esta riña se convirtió en un motín, lo que generó la intervención de los guardias. Los reos respondieron prendiendo fuego a algunas colchonetas, causando el incendio que terminaría por calcinar sus cuerpos. Algo similar sucedió el 20 de marzo de 2020 en la cárcel la Modelo de Bogotá y también el 4 de septiembre de 2020 en un CAI de la policía en Soacha. En este último episodio murieron 8 jóvenes antes de que fueran puestos a disposición de un juez. Y aun así todo sigue igual.

Son múltiples las causas que ponen al cuerpo como objeto real de la violencia estatal. Se puede empezar desde la concepción del castigo como un acto “vengativo” o una “dosificación de la venganza”, una medida de “justicia” retributiva y una necesidad de verter las emociones negativas que el crimen genera en la sociedad.

También puede leerse como un ejercicio de economía del castigo dirigido a mantener segregados y apartados a ciertos miembros de grupos poblacionales específicos —“los desviados”, “los asociales” o “los negros” o “vagos”— que amenazan nuestra concepción y estilo de vida. Lo cierto es que el sistema de privación de la libertad se ha convertido en un depósito de personas que son vomitadas por la sociedad, como si fueran un desecho que no pueden asimilar ni ver, que les causa asco y que no reconocen aun cuando es un producto de la misma sociedad; lo que podría explicar la falta de empatía y visibilidad de los hechos de violencia extrema a los que son sometidas las personas privadas de la libertad.

La muerte de las personas privadas de la libertad en hechos tan violentos suele ser vista por algunos como un alivio frente al riesgo que estos sujetos representan. Para otros son hechos atroces que les permiten hacer reclamos en redes mientras la tragedia apremia. Con el paso de los días el hecho se olvida, y volcamos nuestra atención a un nuevo acontecimiento, en la liquidez de nuestra propia sociedad en donde todo pasa.

Mientras tanto, las personas privadas de la libertad siguen padeciendo el castigo en sus cuerpos, viendo cómo se rompen, transforman, mutilan, marcan, desaparecen ante la mirada impasible de sus conciudadanos y de un sistema de justicia que reconoce que sus derechos se están vulnerando, pero que, ante tal situación, no es capaz de remediar su realidad más allá de prometer alivios que no llegan.

La vida digna de las personas privadas de la libertad no es un interés real del Estado. Los cuerpos de los reos, aun cuando son calcinados, no son más que una representación de su poder. Para ellos la Constitución y el derecho son la excepción, mientras que persiste la arbitrariedad de no saber si mañana seguirán con vida. El diseño de las medidas de política criminal es insuficiente, reaccionario y alarmista.

A la fecha, no ha existido un proyecto en cabeza del Estado que busque mejorar su condición de reclusión, y mientras sigamos viendo a los privados de la liberad como enemigos vamos a seguir reproduciendo el sistema que pone en riesgo sus vidas. Hoy 51 personas fueron calcinadas por este sistema en una larga lista que sigue engrosándose sin que podemos hacer nada, más que aguantar el silencio aterrador de la complicidad.

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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