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Durante los últimos días nos ha inundado el espectáculo fronterizo del Darién en medios de comunicación nacional e internacional. El bombardeo de imágenes, relatos, historias y testimonios de poblaciones migrantes cruzando las denominadas “trochas” en los kilómetros de selva compartida entre Colombia y Panamá refuerza la narrativa de una crisis humanitaria en la que los protagonistas son los migrantes venezolanos.
¿Ley del embudo? Del tapón del Darién al taponamiento de la frontera norte
Esta “foto” se enfoca en la punta del iceberg de los procesos migratorios que vienen consolidándose desde hace por lo menos una década. Estos comprenden un tránsito de carácter continental e involucran a más de 92 nacionalidades (intra y extracontinentales), además de la venezolana.
Este espectáculo fronterizo pone el lente de las cámaras en los rostros enlodados de mujeres, niños, niñas, adolescentes, menores no acompañados, quienes se ven obligados a someterse al control territorial que ejercen de facto grupos criminales, coyotes, redes de tráfico y trata de personas, en ocasiones operando en connivencia con funcionarios adscritos a instituciones gubernamentales.
Pero en este espectáculo fronterizo se omiten y se invisibilizan los factores que subyacen a la situación mediatizada en esta coyuntura.
El incremento inusitado de las cifras de personas cruzando el Darién (de 133 mil que cruzaron de Colombia a Panamá durante el 2021, según las autoridades panameñas, a 150 mil a junio de 2022) aparece como un evento espontáneo, sin explicaciones adicionales al deterioro de la crisis socioeconómica en Venezuela o a la unicausalidad reiterada por una narrativa reduccionista de la crisis humanitaria. Se presenta como una crisis asociada principalmente al denominado éxodo venezolano en el continente.
Se invisibilizan aquí los tránsitos migratorios de poblaciones que atraviesan por múltiples fronteras internacionales: desde Chile, pasando por Centroamérica y hasta la frontera sur de Estados Unidos, utilizando los regímenes de control fronterizo de mafias y redes que operan y cooperan transnacionalmente.
El Darién solo funciona como un embudo a través de los dispositivos de retención y control migratorio que se imponen en la frontera colombo-panameña, como una forma de “tapón” en esta franja compartida, aparentemente natural y naturalizado por la inmensa extensión de zona selvática, sin presencia estatal e inhóspita.
¿Por qué el Darién en particular, y Colombia en el ámbito regional, operan como un tapón?
La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la mirada de las migraciones como una amenaza a la seguridad. También con la criminalización de las poblaciones que cruzan en estos flujos continentales. En esta lógica, el control desde el norte del continente, en particular desde Estados Unidos, se ejerce mediante la externalización de la frontera, de los muros legales, militares y políticos, hacia los países del sur.
Así, el Gobierno de Estados Unidos busca impedir que estas personas ingresen al territorio norteamericano, reteniéndolas en Centro y Suramérica. La organización de derechos humanos HRW (por sus siglas en inglés), en esta nota publicada en julio 2022 , cita a una funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos durante audiencia en el Senado, cuando reconoció que ante el incremento en el número de personas de una determinada nacionalidad que llegan a la frontera sur, el Gobierno fortalece “áreas de cooperación” con los gobiernos de América Latina por donde transitan.
El propósito es asegurar que la ruta no se “desvíe hacia el norte”, sugiriendo medidas que desestimulen su llegada al territorio norteamericano con medidas como la imposición de visados.
Ayer, como consecuencia de esta lógica, días después de la apertura de la frontera colombo-venezolana y de las declaraciones del director de Migración Colombia, Fernando García, durante su visita en el Darién para buscar salidas regionales a la crisis migratoria, Estados Unidos y México anunciaron un nuevo programa migratorio para nacionales de Venezuela.
El programa consiste en habilitar el ingreso a Estados Unidos únicamente por vía aérea y previa solicitud en línea desde el país en el que se encuentren, solicitudes que serán examinadas una a una. Quienes intenten ingresar por Centroamérica o por México serán devueltos y se les rechazará la entrada.
Esta medida contempla el “procesamiento” de la solicitud de 24 mil venezolanos inicialmente, estableciendo una especie de "topes" o de cuotas sin contemplar la posibilidad del asilo. El 13 de octubre, el Gobierno de Estados Unidos ordenó la deportación de poblaciones venezolanas hacia México, amparadas en la entrada en vigencia de la regla aprobada ayer: DHS T42.
Medidas como esta aumentarán el represamiento de migrantes en el Darién y en Centroamérica, son ineficaces para desestimular la migración hacia el Norte e incrementan el paso por zonas controladas ilegalmente, reproduciendo las condiciones que tanto han escandalizado a la audiencia (incluidos los gobiernos).
La citada nota de HRW señala que muchos venezolanos se han visto obligados a cruzar el Darién arriesgando sus vidas porque no pudieron obtener la visa que exigen países como México, Costa Rica y Belice desde enero de 2022 para ingresar por los aeropuertos o porque no tienen recursos para pagar un pasaje de avión.
Desde 2017, Panamá, Honduras y Guatemala también impusieron visa para personas de nacionalidad venezolana en respuesta a estas “áreas de cooperación” solicitadas por el Gobierno de Estados Unidos como estrategia para impedir que lleguen a la frontera sur.
Estas medidas no afectan solamente a migrantes de origen venezolano; sino también a haitianos y cubanos, quienes sin duda engrosarán la larga fila y, en ocasiones, la “mancha” en campamentos improvisados de miles, esperando que el embudo se destape por momentos o se ensanche aunque sea un poco.
Si en el Darién hasta hoy ha operado la “ley del embudo”, en México se sigue instalando un muro que comprende una barrera física, legal y militar.
Los centros de detención migratoria, las deportaciones y las devoluciones de migrantes de distintas nacionalidades -dentro de las cuales la colombiana ocupa un lugar importante- se vienen incrementando.
La fotografía y el espectáculo fronterizo no muestran la contradicción entre un discurso de la generosidad hacia población migrante de origen venezolana, cobijada por medidas como el Estatuto de Protección Temporal en Colombia y Estados Unidos, por un lado, y la decisión de imponer topes para el ingreso(imponer visas y mantener las sanciones y bloqueos económicos de forma unilateral hacia Venezuela y hacia ciudadanos venezolanos), por el otro.
El informe de octubre de 2021 de la relatora especial de Naciones Unidas, Alena Douhan,s sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos concluye que “la emigración se aceleró con el endurecimiento de las sanciones unilaterales contra Venezuela” a partir del 2015.
A finales de ese año se registraban 695 mil migrantes venezolanos en el mundo, según cifras del sistema de Naciones Unidas, y en mayo de 2021 se registraban entre 1,2 y 5,6 millones de personas. A la fecha el reporte de la Plataforma R4V, integrada por más de 200 organizaciones, supera los 7 millones. La relatora señala además las dificultades para obtener visados y comprar billetes de avión. En síntesis, como resultado de estas medidas hay restricciones a una movilidad humana por vías regulares.
La Declaración de los Ángeles, suscrita el 10 de junio de 2022 por los gobiernos de los distintos países de la región, es un compromiso real, requiere de un giro en la narrativa y en el gobierno regional de las migraciones: proteger la seguridad y dignidad de todos los migrantes sin distingo de nacionalidad ni estatus migratorio; fortalecer y ampliar las vías regulares y el acceso a la protección internacional; inclusión financiera; reunificación familiar; protección y el acceso a vías complementarias para solicitantes de asilo, refugiados y apátridas; garantías para el retorno digno, seguro y voluntario; cooperación y coordinación regional para los procesos de gestión y seguridad para poblaciones migrantes en frontera, incluida la cooperación para el desmantelamiento de organizaciones criminales que hoy ejercen un gobierno de facto en las regiones de frontera y controlan el paso transnacional.
En sintonía con esta Declaración, se hace necesaria y urgente una Conferencia Regional de Migraciones con participación del Estado, la sociedad civil, los organismos internacionales, las agencias de cooperación y los países donantes, la banca multilateral y las instancias de integración regional. Esperamos con ansias que el anuncio del Gobierno de Gustavo Petro al respecto pueda avanzar hacia esta respuesta regional.
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