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"Libertad y Orden" es el lema de la República de Colombia según la Ley 3 de 1834 firmada por el presidente Francisco de Paula Santander. 22 gobernadores han recurrido a este símbolo nacional como una forma de protesta contra el gobierno de Gustavo Petro debido a la forma errática como dirige los rumbos del país.
Libertad y orden
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El hecho no es menor, dado que es la primera ocasión que de forma masiva gobernadores le reclaman al gobierno central por su pésimo manejo de la seguridad. No obstante, el gobierno, en lugar de hacer autocrítica, ha creado una fantasía conspiratoria sobre un supuesto “golpe blando” que busca destituir al presidente.
Entre tanto, la situación de seguridad es dramática en todo el país. Las estadísticas del propio Ministerio de Defensa muestran el crecimiento del secuestro (96%), hurto a personas (18%), masacres con más de cuatro víctimas (67%) y extorsión (19%).
Mientras tanto, la operatividad de las Fuerzas Armadas está diezmada, lo que se evidencia en la reducción del número de capturas a pesar de haber más delitos, la erradicación se redujo (93%), el decomiso de cocaína (47%) y el de heroína (54%) descendieron.
Es decir, el único cambio que ha habido en el país es la asunción de Gustavo Petro como presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, la pérdida de control territorial y empoderamiento del crimen organizado son el producto de las decisiones erráticas que ha tomado el presidente y que se reúnen en los siguientes seis errores.
Los seis errores del gobierno
El primero fue destituir a más de 50 generales de todas las fuerzas. En este proceso, la Policía Nacional fue la que más relevos sufrió. Este hecho solo se entiende como una retaliación contra la inteligencia de la policía porque, en efecto, la mayor parte de estos generales tenían más de 30 años en labores de inteligencia.
Un ejemplo es la carrera truncada del general Jorge Luis Vargas Valencia, el oficial más condecorado de la policía y el terror para el Clan del Golfo. Fue él quien planeó y comandó las operaciones Agamenón I y II que arrinconaron a esta banda criminal. Los líderes criminales de esta organización hicieron fiestas en el sur de Córdoba cuando el presidente Petro lo llamo a calificar servicios.
Esta misma situación se replicó en el Ejército Nacional, donde la víctima de las retaliaciones fue la inteligencia militar. Esto condujo a que se perdieran cientos de años de experiencia acumulada entre todos estos oficiales, que son los responsables que la tasa de homicidios descendiera de forma espectacular desde 2002, lo que reactivó la economía y permitió la entrada en la Ocde. Además, gracias a esta oficialidad y su desempeño en el campo de batalla, las Farc no tuvieron más opción que dialogar con el Estado y desmovilizarse.
Por lo tanto, haber barrido con todos estos generales ha llevado a una pérdida de conocimiento estratégico. Eso implica que la cúpula militar y policial actual no tiene la curva de aprendizaje estratégica para asumir los retos de un crimen organizado refinado. Este remezón provocó que dentro de la tropa se dé un ambiente de desconfianza que ha llevado a retiros masivos y prevención para lanzar operaciones o realizar capturas.
El segundo error fue nombrar a un ministro de Defensa inexperto. A pesar de que Iván Velásquez posee logros en la persecución penal, una cosa es ser un competente investigador judicial y otra comandar una de las Fuerzas Armadas más poderosas del continente. Eso explica por qué el equipo de funcionarios de alto nivel del sector defensa es tan neófito como el ministro, lo que ha ralentizado tareas fundamentales, como revisar la situación de seguridad regional o crear líneas de intervención coherentes.
El tercer error fue formular una política de paz sin estrategia, ausente de protocolos y sin un análisis de todos los grupos armados, bandas criminales y grupos delincuenciales. No es posible formular dos objetivos con una misma estrategia e instrumentos. Esta es una lección de política pública que damos por sentada, y que deben conocer quienes están al frente de la seguridad nacional. Pero lo que se aprecia es una mezcla entre sometimiento y desmovilización. El resultado es un fracaso anticipado de la política de paz total.
El cuarto error es desarrollar un plan militar y policial sin cambiar el enfoque estratégico. En otras palabras, se tendría que haber modificado la doctrina de las Fuerzas Militares hacia una orientación de protección a la población. Por lo tanto, la prioridad debería ser el descenso de los indicadores de inseguridad.
Para desarrollar este tipo de lógica estratégica, se requiere por lo menos diez meses de preparación intensa y una sostenibilidad operacional mientras se da el cambio al nuevo modelo estratégico. Nada de esto ha sucedido. Por el contrario, se lanzó el Plan Ayacucho sin la existencia de la política de seguridad del gobierno y sin tener en cuenta la política de paz. Este fallo de coordinación entre la autoridad civil y las FF.MM. es responsabilidad del ministro de Defensa.
El quinto error es haber detenido la erradicación sin contar con un plan alterno. Como se ha planteado en este espacio, focalizar la estrategia contra el narcotráfico en la erradicación es errado, porque ataca el nodo de menor valor del narcotráfico y termina golpeando a familias campesinas y labriegos humildes.
Entonces, lo que se debería era colocar una meta ambiciosa de incautación de drogas ilícitas, a la vez que se fortalecen las capacidades de la Armada y la Fuerza Aérea para lograr afectar las finanzas de los narcotraficantes.
El sexto error fue nombrar en los organismos de inteligencia personas aún más inexpertas que el ministro de Defensa. A la final, la comunidad de inteligencia no tiene un diálogo fluido, no comparte información y no anticipa acciones que desestabilizan al Estado y al gobierno.
En conclusión, los reclamos de los gobernadores, exigiendo el cumplimiento del lema fundacional de la república, es la consecuencia de un gobierno que, atrapado en su ideología, partió de una lógica que consiste en suponer que el crimen organizado es de izquierda y que responde a discursos ideológicos.
La realidad le ha explotado en la cara al gobierno. Los criminales solo tienen una lógica, que es maximizar la cantidad de dinero y bienes que pueden amasar producto de sus actividades ilegales.
El presidente Gustavo Petro en seis meses perdió el control de la seguridad, no tiene recurso humano calificado para responder a las amenazas del crimen organizado y la solución que plantea consiste en respuestas ambiguas y un discurso anacrónico que está llevando al país a una crisis de seguridad peor a la vivida en 1996.
Para que exista más libertad, se requiere orden institucional y un gobierno fuerte que esté a la altura de las circunstancias, que por ahora brilla por su ausencia. Por eso el reclamo: ¡libertad y orden!
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