Linares y el aborto: ¿imprudencia o libertad de expresión?

Durante una entrevista con Vicky Dávila, el magistrado Alejandro Linares dijo algo que ya era de público conocimiento pero que desencadenó un nuevo obstáculo para la lucha contra la despenalización del aborto. ¿Una irresponsabilidad protegida por la libertad de expresión? Estos son algunos puntos claves para decidir (aunque no todos).

“[T]iene los hijos de uno que le dicen: ‘Papá, estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto’, o ‘no estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto’”, dijo el magistrado Linares. Sí, Linares está a favor de que el aborto deje de ser considerado como un delito. Esto no es ninguna primicia. Es algo de lo que ya se hablaba públicamente y también es algo que se conocía desde que ese magistrado había votado a favor de la despenalización en una demanda de constitucionalidad en el 2020. 

Pero el tema no es tan sencillo. La Constitución dice que los jueces y sus decisiones son independientes y los tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, dicen que los procesos judiciales deben ser resueltos por jueces o tribunales independientes e imparciales. Esto implica que estas personas demuestren que no actúan con ningún “aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta“.

Para que esto sea garantizado en los casos en la Corte Constitucional, los magistrados tienen distintos motivos por los que se deben declarar impedidos como, en este caso “haber conceptuado sobre la constitucionalidad” de la norma demandada. 

Por esto es que el propio Linares dijo en su entrevista que a los magistrados les toca volverse “una especie de monjes”, no vaya a ser que tengan un desliz como el que él tuvo pocos segundos después. Pero esto no significa que los jueces no tengan libertad de expresión. Estas personas también tienen ese derecho, aunque no es el mismo que el del resto de la gente.

Así, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos negó las recusaciones del Estado colombiano contra los jueces en el caso de Jineth Bedoya. Mientras que el Estado dijo que estas personas hicieron “preguntas y afirmaciones, que generaron dudas razonables sobre su imparcialidad”, la Corte consideró que aceptar la recusación llevaría a “silenciar a los Jueces y a la Jueza coartándolos en el ejercicio de su libertad expresión” y acomodar su actuar al parecer o interés de una de las partes. 

En otros casos, la Corte protegió el derecho de los jueces a criticar al gobierno en contextos de “ruptura institucional” o a criticar el propio sistema judicial y a sus colegas. Por otro lado, al ser un funcionario público, un magistrado como Linares tiene, además de su libertad de expresión, un deber de cautela para no afectar los derechos de otras personas con sus declaraciones. 

En este caso, Linares no estaba hablando dentro de una audiencia del caso, no estaba ejerciendo una crítica y no estaba pronunciándose en un caso de “ruptura institucional”. Estaba haciendo un comentario en medio de una entrevista. 

Un caso parecido sucedió en el 2003 cuando el entonces magistrado Eduardo Montealegre dio dos entrevistas en El Tiempo con relación a un proceso que llevaba la Corte Constitucional. En ese entonces, hubo una recusación contra el magistrado por haber respondido una serie de preguntas detalladas sobre el proyecto de ley con el que el Gobierno Uribe convocaba a un referendo. Los colegas de Montealegre negaron la recusación porque el término “haber conceptuado sobre la constitucionalidad” implica que el magistrado diga “los elementos de la parte resolutiva de la sentencia” o “haya avanzado fundamentos necesarios para la decisión” que dejen clara la posición de esa persona sobre el caso.

Hay un lado obvio y simplista en todo esto: Linares está de acuerdo con que el aborto sea despenalizado y, en principio, ya dijo cómo va a votar en la sentencia. Pero esto no es nada nuevo. Tampoco es algo detallado. Una sentencia prodespenalización de la Corte puede variar en un amplio espectro de posibilidades: decir que el aborto puede despenalizarse a partir de x momento de la gestación, que el Gobierno tiene que regular el acceso, que el Congreso tiene que legislar, etc. 

Y también puede basarse en muchos argumentos: que se trata de una violación a la autonomía de las mujeres, que afecta el derecho al trabajo de quienes realizan abortos, que es desproporcionado y un largo etc. De esa entrevista no se entiende cuál sería la postura de Linares dentro de todo ese espectro. 

Linares, en últimas, habló sobre una convicción personal sin entrar en los detalles jurídicos de esta. El magistrado fue imprudente y es muy posible que esto tenga impacto sobre la decisión final, pero irse por una opción que acepte su impedimento también puede tener el efecto de que los magistrados hablen mucho menos por miedo a que esto lleve a situaciones similares. ¿Queremos un país en el que no sabemos lo que piensan los jueces?