Lo público y derecho al trabajo en la Superintendencia de Notariado y Registro

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Esta columna fue escrita en coautoría con Jenny Marlody Arias Durán.

Reflexionar sobre los modos en los que se desarrolla la vida material permite comprender el porqué de las múltiples interacciones que se tejen en el marco de las relaciones de producción que, desde el discurso capitalista, se reducen a un lugar de satisfacción de necesidades fundamentadas en la explotación de las fuerzas productivas. En el sistema capitalista la fuerza de trabajo es concebida como una mercancía y, en consecuencia, sometida a prácticas de desvalorización respecto de su cantidad, calidad y proporcionalidad. 

Actualmente, la pauperización laboral se legitima a partir de actos como la tercerización laboral, la desmejora en las condiciones contractuales, la implementación de estrategias de difamación o distracción a las proclamas sindicales por protección y reivindicación de derechos laborales y la estigmatización, perfilamiento y judicialización de los liderazgos obreros. También existen otras acciones en contra de los trabajadores y de las trabajadoras que, en el ejercicio de sus libertades políticas, reclaman sus derechos. En Colombia, muchas de esas acciones antiobreras y antisindicales son letales y van desde la amenaza de muerte hasta el asesinato y la desaparición forzada.

Tales prácticas, llamadas por las organizaciones de derechos humanos como terrorismo de Estado, van de la mano de la implementación del modelo económico neoliberal en el país. Esas actuaciones del Estado, el sector privado y las empresas multinacionales contrarían los presupuestos del Estado social de derecho, cuyos fines fueron pensados en función de asegurar a las ciudadanías los derechos humanos, incluido el trabajo como medio para asegurar de modo autónomo los recursos para vivir dignamente.

El Estado social de derecho y el modelo económico neoliberal difieren en sus principios mínimos: oportunidades laborales versus competencia despiadada; remuneraciones justas como función social versus salarios decrecientes e inseguros; escenarios de estabilidad e irrenunciabilidad laboral versus contratación por horas o por prestación de servicios; condiciones de formalidad laboral a largo plazo versus contratos a término fijo; reivindicación histórica de las luchas sociales de trabajadores y trabajadoras versus políticas económicas coyunturales sometidas a las leyes de la oferta y la demanda y el control monopólico y oligopólico del mercado; organización sindical y derechos a la huelga versos suspensión del derecho a sindicalizarse y a reclamar condiciones de dignidad laboral; pliegos de peticiones estables negociados periódicamente versus predominio absoluto de la patronal.

Aunque la privatización es la directriz hegemónica en la actualidad, muchas comunidades, movimientos y organizaciones mantienen su interés de defender y fortalecer lo público. Un ejercicio reciente de esto fue el cese de actividades laborales en las oficinas de notariado y registro en varias regiones del país.

A través del Comunicado Número 2 de octubre 27 de 2021, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Notariado y Registro (Sintranore), la Federación Nacional de Trabajadores Estatales (Fenaltrase) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) informaron del cese de actividades desde el 28 de octubre. 

Al día 17 de noviembre de 2021 en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos sobre la Guadalupe, en Cali, los sindicatos del sector seguían en jornada de protesta, pendientes de la información del proceso de negociación con el Gobierno Nacional.

Las personas en huelga demandaron el fin de la tercerización del servicio público registral garantizando la expedición de Certificados de Tradición.

Exigiendo que las consultas índices, la radicación de documentos y las demás actividades correspondientes a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos sean realizadas por los trabajadores y las trabajadoras del sector estatal, incluyendo la implementación del Aplicativo Radicación Electrónica (REL) y otros del Sistema de Radicación Electrónica (SNR).

También exigen que se de a conocer el aplicativo Bachue y el convenio con Bancolombia en procura de “analizar el impacto en el servicio público registral y la estabilidad laboral de los trabajadores”. En este mismo sentido se plantearon límites a las prácticas estudiantiles y de la judicatura de tal manera que no afecte los derechos laborales del personal del ramo.

En segundo y tercer lugar, se relacionan las exigencias sobre mejora de las condiciones laborales en las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en lo referido a ampliación de la planta de personal, el nombramiento de vacantes y la ampliación de los contratos de prestación de servicios.

Las mejoras laborales también incluyen cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, mantenimiento y construcción de infraestructuras de espacios laborales e instalaciones sanitarias dignas y la realización de los exámenes ocupacionales de Ley.

En cuarto lugar, están las demandas adscritas a los acuerdos sindicales como dotación de filtro para gafas, plan exequial, permisos de quinquenios, compensación de tiempo para turnos de descanso, ampliación de planta y nivelación salarial. Esto último debido al Acuerdo Sectorial 2017–2019.

Ángela Morales, de Sintranore Seccional Valle, manifestó su preocupación por la dinámica continua de tercerización de los procesos de registro y notariado a favor del sector privado. Expone que la modernización de procedimientos a través de medios electrónicos está significando, por vía del desprestigio de lo público, la privatización del servicio público del ramo y mayores costos para la ciudadanía.

Este proceso evidencia comportamientos en los cuales desde lo público se favorece la privatización, en esta ocasión, en la gestión y expedición de documentos de notariado y registro.

Ello en un ambiente de manejos ambiguos en términos políticos, como es el hacer de la Superintendencia de Notariado y Registro, que siendo pública incluye un asiento de peso para el sector privado de tal manera que sus decisiones tienden a profundizar el debilitamiento de lo estatal a favor de terceros que se hacen con el control de un sector que genera ingresos millonarios.

Explica Ángela que el ejercicio del alto Gobierno al debilitar al sector público de registro y notariado lo que hace es fortalecer al sector privado. El proceso vivido rebela que el deterioro de las condiciones laborales en términos de disminución de personal, sobrecarga laboral y estancamiento y deterioro de la infraestructura institucional afecta directamente la atención a la ciudadanía, que se ve abocada a hacer interminables filas y a someterse a demoras en la atención. Por esto las personas prefieren acudir al sector privado, aunque implique mayores costos.

Por ejemplo, dice Ángela, un trámite que en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos cuesta 16.100 pesos, en el sector privado tiene un valor de 28 mil. Pero mientras en las oficinas estatales el usuario es sometido a filas inmensas, en un café internet la atención es ágil.

Como el conjunto de trámites y diligencias es un imprescindible para un sinnúmero de renglones de la economía, incluyendo la familiar, la monopolización de los medios tecnológicos a favor de lo privado debilita al Estado en sus funciones constitucionales de garantía de derechos de registro de la propiedad y bienes.

A su vez, el discurso oficial de estabilización y disminución de tarifas en los trámites públicos es una ironía. La virtualización por medio del sector privado viene de la mano de sobrecostos para el usuario a cambio de disminución de los tiempos de desplazamiento y espera.

Por supuesto, las opiniones respecto a la movilización de los trabajadores y las trabajadoras de las oficinas de registros públicos son distintas. La Superintendencia de Notariado y Registro solicitó el levantamiento del cese de actividades argumentando que se está afectando la prestación de un servicio esencial. En comunicación del 16 de noviembre, dirigida a Dehiby Villamizar Villamizar y Luis Fernando Rivera Acosta, presidente y secretario general de Sintranore, les invitó al “levantamiento del cese de actividades promovido por la organización sindical”. Amplía en la misiva que:

“Como es de su conocimiento, el pasado viernes 12 de noviembre, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez sancionó la Ley 2159 de 2021, “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10. de enero al 31 de diciembre de 2022”, a través de la cual se estableció que ”para dar cumplimiento a los procesos catastrales con enfoque multipropósito y a los programas de vivienda rural, así como otros de similar naturaleza dispuestos en la presente Ley, el registro de la propiedad inmueble será un servicio público esencial prestado por el Estado por funcionarios denominados registradores de instrumentos públicos, en la forma establecida y para los fines y con los efectos consagrados en las leyes que regulan la materia”.

La Superintendente de Notariado y Registro Goethny Fernanda García Flórez refería que, desde el 28 de octubre de 2021, Sintranore está en cese de actividades a nivel nacional, ocasionando daño patrimonial a la Entidad y a los usuarios. Citando a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia -SL20094-2017-, declaró que el derecho de huelga debe cumplir un conjunto de requisitos legales, entre ellos, “la prohibición de que recayera sobre ciertos servicios públicos esenciales señalados por el legislador”, en procura del amparo de los derechos, obligaciones y deberes de los ciudadanos para “asegurar su vida en condiciones dignas”.

La SNR reiteraba estar dispuesta al diálogo e insistió a través de la comunicación SNR2021IE015525 del 16 de noviembre de 2021 su “postura conducente, seria y propositiva” para encontrar una solución que garantice a los usuarios el acceso a un servicio público esencial y el cumplimiento de las funciones y competencias misionales de la SNR.

Por su parte, la CUT en comunicación del 5 de noviembre de 2021, rechazó lo que llama mentiras en Notariado y Registro. Destacando que los trabajadores y las trabajadoras de Notariado y Registro dan una “batalla muy importante contra la privatización de los servicios” que va en detrimento de los derechos de la ciudanía, pues se incrementan los precios de los servicios que presta la entidad en beneficio de negocios particulares de personas del alto gobierno. Reseñó que el incumplimiento de los acuerdos laborales amenaza las exigencias legales y legítimas de los sindicatos del ramo, al tiempo que rebate lo que en sus términos califica como “chantaje y estigmatización de los dirigentes sindicales”. Denunció la persecución al presidente de Sintranore, Dehiby Villamizar Villamizar, reclamando a la vez transparencia en el trámite del “ridículo pliego de cargos que se le inició”.

El 17 de noviembre de 2021, Sintranore Santander y la CUT Santander a través de un comunicado conjunto denuncian la tendencia privatizadora del gobierno nacional dirigido por el Presidente Iván Duque Márquez. Puntualizan que las medidas privatizadoras de la SNR son:

  • El paso a privados del Certificado de Libertad y Tradición desde el 2017.
  • La asignación del registro de documentos públicos a las Notarías.
  • La reducción de la planta de personal de las oficinas de Notariado y Registro.
  • La tercerización laboral.
  • La sobreexplotación y desestimulación del personal de planta con estas medidas.

En el mismo comunicado se denunció que la Superintendente de Notariado y Registro, Goethny Fernanda García Flórez, ha “desatado una campaña sucia de desprestigio y calumnia” contra Sintranore. A su vez, reiteraron el carácter pacífico del Paro, por lo cual objetaron la presencia policial en las oficinas de Notariado y Registro donde las organizaciones sindicales estuvieron movilizadas. Rechazaron de los medios de comunicación la emisión de “juicios subjetivos y falsos” contra Sintranore, en especial, contra integrantes de su dirigencia nacional y regional.

En este caso y en tantos otros, las condiciones laborales actuales en Colombia han ido en un retroceso en cuanto a la protección de las garantías mínimas. Superviven escenarios oficiales y legales donde se sigue luchando por evitar que la clase trabajadora se movilice contra la vulneración de derechos adquiridos, situación que contraría el principio internacional de irreversibilidad de los Derechos Humanos, cuyo propósito es el de no retroceder en las conquistas logradas y, a su vez, dar aplicación al principio de progresividad respecto de superar los niveles de protección de derechos laborales frente a lo alcanzado o conseguido.

La lucha de Sintranore llegó a buen término. En Bogotá, el viernes 19 de noviembre de 2021 las organizaciones sindicales anunciaron un triunfo contra la privatización y a favor de la ampliación de la planta de personal. El acuerdo entre el Gobierno Nacional -Ministerios de Justicia y Trabajo y la Superintendencia de Notariado y Registro SNR- y las organizaciones sindicales Sintranore y Asrip permitió suspender el cese actividades sobre el compromiso de parte de la SNR de:

  1. Que de modo progresivo al 31 de marzo de 2022 los certificados de tradición y libertad y los certificados de no propiedad se expedirán en las oficinas de registro.
  2. Que en tal sentido se derogarán los actos administrativos que contraríen este compromiso.
  3. Simplificación de los pasos para la expedición de certificados en el sitio web.
  4. Creación de Comisión Tripartita para clarificar en menos de tres meses el procedimiento del aplicativo de la radicación electrónica.
  5. Las notarías deberán recoger el correo electrónico de los usuarios para recibir notificaciones.
  6. La SNR cumplirá sus funciones misionales con personal de planta.
  7. Se realizará un estudio de cargas de trabajo para la ampliación de la planta de personal.
  8. Las vacantes de cargos de superior jerarquía priorizarán la designación de personal de planta con el perfil idóneo.
  9. La SNR desistirá de la acción judicial destinada de declaratoria de ilegalidad del cese de actividades y de toda medida de sanción a participantes de la anormalidad laboral.

Al respecto, el 23 de noviembre de 2021, la CUT Subdirectiva Santander a través de un comunicado público agradece al Sindicato de Trabajadores de Notariado y Registro por demostrar que la lucha sindical tiene vigencia y por asumir no solo sus reivindicaciones laborales internas, sino, la defensa de lo público, en este caso, de los servicios de las Oficinas de Registros de Instrumentos Públicos, a las cuales la ciudadanía necesita acudir regularmente.

Para finalizar, es pertinente retomar que la Organización Internacional de Trabajo profirió la C087 -Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación en el año de 1948-. Sus disposiciones llaman a mejorar las condiciones de trabajo y a garantizar la paz, como una manera de afirmación del principio de la libertad de asociación sindical. En el ejercicio de sus derechos, trabajadores, empleadores y/o sus organizaciones respectivas tienen la obligación de respetar la legalidad de dichos actos. La OIT actuó en un sentido muy articulado con lo dispuesto en la Declaración de Filadelfia de 1944 sobre los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, en la cual se reafirman los principios fundamentales sobre el trabajo como un derecho:

"I - La Conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los cuales está basada la Organización y, en especial, los siguientes:

  • El trabajo no es una mercancía.
  • La libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante.
  • La pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos.
  • La lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático, a fin de promover el bienestar común".

Es desde este lugar de la lucha constante por combatir la desigualdad y la pobreza y batallar por el bienestar común que es posible reivindicar el valor del trabajo en el escenario de una economía global depredadora de los ejercicios colectivos para la defensa o ejercicio de derechos, esencialmente, el de las libertades ciudadanas como la opinión, expresión, comunicación y asociación. Al coartarse su práctica se limita el derecho a participar activamente por la mejora de las condiciones sociales de la humanidad.

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