Los acuerdos de Altamira: los logros de los campesinos del Caquetá y sur del Meta

Los acuerdos de Altamira: los logros de los campesinos del Caquetá y sur del Meta
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Esta columna fue escrita en coautoría con la delegación campesina de la Mesa de Diálogo de Caquetá y Sur del Meta.
 

Que somos vagos, sinvergüenzas, que salimos obligados, que somos ilegales. Son algunos de los señalamientos que se han construido alrededor de las más de 2.500 personas de comunidades campesinas, indígenas, profesores, mujeres, personas en proceso de reincorporación y jóvenes que nos movilizamos desde 13 municipios del departamento del Caquetá y sur del Meta. Paradójicamente, somos nosotros quienes hemos logrado convocar a 21 instituciones públicas para acordar soluciones a situaciones estructurales del campo y los territorios indígenas.

Entre los 8 puntos de la Mesa Campesina se encuentran temas como: Zona de Reserva Campesina (ZRC), comunidades campesinas que habitan parques nacionales naturales y zonas de reserva forestal, sustitución de cultivos de uso ilícito, reincorporación, entre otros temas que responden a la crisis social que viven los campesinos del Caquetá y sur del Meta.

Tras más de 50 días de movilización y la instalación de tres puntos pedagógicos de control y resistencia en los municipios de Altamira, Guadalupe, y la vereda Bajo Brasil, del municipio de Suaza, los campesinos e indígenas sentamos al Gobierno nacional y departamental. 

Las instituciones se han mostrado sorprendidas con el “grado de organización” de las delegaciones, tanto en la movilización como en las negociaciones, pues hemos dado una discusión a la altura del debate que amerita este Paro Nacional. En contraste, vimos un Gobierno en el que priman las cuotas políticas por sobre las capacidades para orientar las actuaciones del Estado.

El primero de los avances fue, indiscutiblemente, el ser reconocido como un interlocutor por parte del Gobierno, quien tuvo que enviar a sus más altos funcionarios a Altamira, un pueblo por el que pasa la mercancía del sur del país (entre ella el petróleo y la cocaína), pero que no tiene ni servicio de acueducto. 

Como fruto del reconocimiento de la legitimidad de nuestra acción política, se avanzó en la construcción de las garantías mínimas de seguridad para la movilización social, como paso necesario e indispensable para enmendar la confianza rota tras los casos de abuso policial, asesinato, desaparición y falsos positivos judiciales, especialmente tras la emisión del Decreto 575 del 28 de mayo del 2021. 

La primera divergencia se generó alrededor del bloqueo como mecanismo de acción política no violenta. Al respecto es importante mencionar que los manifestantes acordamos un protocolo que permitía el paso de gas, mujeres en condición de embarazo, familias con menores de edad o personas de la tercera edad, entre otros criterios contemplados por la ONU como medidas para aliviar el impacto de los bloqueos sobre la ciudadanía y, por tanto, la no configuración de delito. 

Pese a los argumentos, el Gobierno insistió en el discurso de ilegalidad como retórica de partido. Frente a la arrogancia de quien no tiene argumentos y por voluntad unilateral de los delegados campesinos e indígenas se acordó levantar los puntos pedagógicos de control y resistencia, determinando las medidas necesarias de seguridad para la movilización y sus integrantes. Medidas que por días fueron incumplidas con el movimiento de tropas, el establecimiento de retenes, sobrevuelo de drones y helicópteros, militares infiltrados, amenazas directas a integrantes de la Guardia Campesina y el empadronamiento a nuestras comunidades.

En medio de la tensión y luego de 18 horas de discutir los mínimos de negociación, se abordó el protocolo de la Mesa de Diálogo Caquetá y Sur del Meta. Concertado el protocolo de negociación, se avanzó en la discusión sobre Zonas de Reserva Campesina y comunidades campesinas que habitan en zonas de reserva forestal.

El Caquetá y sur del Meta pusimos sobre la mesa las deudas históricas con el campo colombiano —agudizadas por la no implementación de la Reforma Rural Integral—, las barreras para que el campesinado tenga garantías de acceso y formalización de sus parcelas, la estigmatización y desconocimiento de las ZRC como vía para consolidar un proyecto de vida campesina.

Presentamos las solicitudes de ampliación de la ZRC del Pato-Balsillas, la constitución de la ZRC del sur, ubicada en los municipios de San José del Fragua y Curillo, Caquetá y el municipio de Piamonte, Cauca. También hizo parte de las solicitudes la constitución de la ZRC de Troncales-Gucamayas, la ZRC del Yarí y la ZRC de Acuamadhu en el Doncello.

Este fue un debate de argumentos; un papel sobresaliente desempeñó el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras. Las instituciones se comprometieron a financiar las consultas previas, emitir los autos de inicio y financiar los grupos de estudio para la elaboración de las solicitudes de conformación de estas ZRC. Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura se comprometió a expedir un acto administrativo que cree el Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Snzrc) y el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Pnzrc). 

Frente a la situación de las comunidades que se encuentran en zonas de reserva forestal acordamos la financiación de dos estudios de sustracción en San Vicente del Caguán y uno en Cartagena del Chairá, el acceso a crédito y a extensión agropecuaria por parte de comunidades campesinas que habitan estas zonas, además de la financiación de cuatro zonificaciones ambientales participativas en el departamento.

La discusión sobre las comunidades que habitamos estas zonas ha sido desgastante, el Gobierno nacional insiste en imponer imágenes satelitales que no reconocen las realidades territoriales y no generan compromisos. Mientras nosotros le apostamos a construir desde el territorio y desde una perspectiva comunitaria, alternativas para cerrar la frontera agrícola y generar alternativas reales de vida digna.
 
Para el caso de las zonas que se encuentran fuera de áreas protegidas, pero que han debido esperar décadas para obtener títulos de propiedad, la ANT se comprometió a adelantar las acciones necesarias que le permitan a veredas de San Vicente del Caguán formalizar sus predios. Dichas veredas se encuentran cerca del bloque Ombú, donde la petrolera Emerald Energy instaló pozos que hoy impiden la formalización en 6 veredas, las mismas veredas sobre las que hace décadas habitan comunidades que hoy reclaman el reconocimiento de su propiedad.

Hablar sobre comunidades campesinas que habitamos parques era un tema sensible. Nos tomó día y medio poder acordar tres párrafos de acuerdo en donde se brinden garantías mínimas para ir al territorio, hacer pedagogía, construir acuerdos comunitarios para la protección ambiental y el desarrollo de la economía campesina bajo modelos de sostenibilidad. Además de algunas garantías mínimas para el respeto a los derechos humanos de las comunidades que han venido siendo desplazadas y violentadas por el Plan Artemisa. 

Luego nos fuimos a conversar sobre Pdet, una discusión paradójicamente difícil. La ART se mostró reacia a ampliar los espacios para la democracia, a brindar garantías de acceso a la información, a permitir que las comunidades prioricemos iniciativas y aportemos a la construcción de los proyectos Pdet. 

En la mesa de negociación se presentaron casos de desequilibrio contractual que restringen la participación de las comunidades campesinas en la ejecución de obras PDET, en contravía de lo dispuesto en el punto 1.2.5 del Acuerdo Final de Paz que busca “asegurar la participación comunitaria en la ejecución de las obras y su mantenimiento”.

También, se lograron acuerdos sobre salud rural y sustitución de cultivos declarados de uso ilícito, en donde las comunidades reclamaron la activación de los espacios de participación y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

En definitiva, los considerados ilegales hemos logrado acuerdos que profundizan la democracia, avanzan en el reconocimiento de derechos y garantizan mejores condiciones de vida para la ruralidad en el Caquetá y el sur del Meta, exigiendo únicamente el cumplimiento de la Constitución y la ley.

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