¿Los aviones están listos para fumigar? Calma, que esto todavía se demora

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Aunque el proyecto de decreto borrador publicado hace unos días no acelera el reinicio de la aspersión con glifosato, sí hay vacíos preocupantes que hay que señalar.

La semana pasada circuló un nuevo decreto borrador “Por el cual se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, y se dictan otras disposiciones”, y desde el Ministerio de Defensa se anunció que las fumigaciones comenzarían pronto. Según algunos medios, los aviones están listos para comenzar en Guaviare.

Desde el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (Cesed) hemos hecho una labor de seguimiento y participación en las discusiones sobre los riesgos del método de aspersión aérea en la erradicación de cultivos ilícitos. Hemos venido realizado también un análisis y difusión de la amplia evidencia científica que explica los efectos multidimensionales del herbicida glifosato. A raíz del nuevo borrador del decreto, el Cesed envió al Ministerio de Justicia sus consideraciones y comentarios acerca de este documento. Comparto en esta columna nuestras apreciaciones.

Es importante comenzar diciendo que este proyecto de decreto no acelera el proceso de reanudación de la aspersión dado que la Corte Constitucional advirtió que, previo al inicio de estas actividades de erradicación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y el Instituto Nacional de Salud (INS) deben entregarle al Consejo Nacional de Estupefacientes una evaluación de los riesgos para el medioambiente y para la salud que implicaría retomar la fumigación con glifosato desde el aire. Hasta ahora, ninguna de estas dos entidades ha entregado la evaluación o no son de conocimiento público.

Así mismo, la Anla no se ha pronunciado sobre el Plan de Manejo Ambiental del Pecig. Sobre esto vale la pena mencionar que el Cesed realizó un análisis detallado y juicioso del Plan y encontró grandes vacíos injustificables: i) el PMA no contempla los posibles impactos directos e indirectos del programa sobre la salud humana; ii) el programa presenta una carencia de información que impide valorar el sustento de la Evaluación Ambiental (EA); iii) presenta una valoración deficiente de los costos ambientales; iv) la mitigación de riesgos consiste en estrategias que no previenen las afectaciones por asperjar; v) el análisis costo-beneficio está incompleto y por ello carece de validez. Sería realmente sorprendente que la Anla aprobara este PMA, pues pasaría por alto grandes vacíos. Estos comentarios los presentamos en la audiencia virtual de la Anla en diciembre pasado.

Sin embargo, el decreto borrador sí presenta ciertos puntos que generan preocupación y no deben pasar desapercibidos. En el decreto borrador se determinó que el Consejo Nacional de Estupefacientes deberá definir el ámbito territorial donde se ejecutará la aspersión, pero, de acuerdo con el Artículo 2.2.2.7.2.1, se excluyen de estas áreas aquellas que correspondan con el Sistema Parques Nacionales Naturales y los Parques Naturales Regionales, los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblado. Sin embargo, en este punto hizo falta la exclusión explícita de los territorios colectivos de comunidades negras y los resguardos indígenas. Esto es bastante preocupante, puesto que arriesga la autonomía que tienen las comunidades en estos territorios y no se tiene en cuenta que la mayoría de estas áreas son también ecosistemas estratégicos.

Adicionalmente, el decreto borrador tampoco excluyó los territorios donde las comunidades que los habitan están dispuestas a cooperar con las estrategias de erradicación. De ninguna forma el Estado debe proceder con la aspersión aérea cuando las comunidades tienen la voluntad de cooperar. Se debe optar en primera instancia por la consolidación de estrategias concertadas entre el Estado y las comunidades, que estén dirigidas hacia unas soluciones más duraderas y efectivas que la erradicación forzada.

Es también preocupante que el decreto borrador no hace ninguna mención a la consulta previa que debe hacerse con las comunidades étnicas. ¿Por qué no se incluye explícita y claramente el concepto previo de las comunidades que se verían directamente afectadas con la aspersión aérea? La participación de estas comunidades, étnicas y campesinas, es fundamental en la definición de la herramienta de control que se empleará para la erradicación y en los mecanismos de mitigación de riesgo. Además, esta participación es también primordial en la definición de planes alternativos de vida cuando los cultivos de los que dependen económicamente sean erradicados. Cabe recordar que la aspersión aérea tiene un efecto de corto plazo: presiona a los cultivadores a trasladar la actividad a lugares más apartados y expande la deforestación. Por lo tanto, el Estado debe brindar planes económicos alternativos a quienes subsisten de esta actividad ilícita si lo que desea es erradicarla al largo plazo.

Finalmente, es desconcertante que el decreto borrador maneje una lógica reactiva y no preventiva. Es decir, el documento tiene un enfoque en la atención de quejas y reclamos que se puedan dar posterior a la aspersión, pero no contempla vías realmente preventivas frente al riesgo de la estrategia. Los únicos conceptos previos requeridos son los del INS, la Anla y las auditorías contratadas por el mismo Consejo Nacional Estupefacientes, todas ellas entidades escasamente presentes en los territorios afectados y cuya imparcialidad frente a la política del gobierno podría quedar cuestionada. El decreto borrador dispone múltiples rutas para atender los casos de afectación de salud, vivienda, medio ambiente, etc., cuando debería usar esos esfuerzos en la prevención de los efectos multidimensionales que tiene la aspersión aérea con glifosato.

Existe una amplia y contundente evidencia científica que demuestra que la estrategia de erradicación con glifosato no es costo-efectiva y presenta claros riesgos en la salud y el medio ambiente. Como medida de precaución, el Estado no debería tomar el riesgo de reanudar el programa de aspersión aérea. Por el contrario, es hora de que los esfuerzos y recursos financieros para erradicar de manera forzosa los cultivos ilícitos se trasladen hacia unas políticas encaminadas hacia la sustitución con un enfoque integral. Para solucionar el problema de los cultivos ilícitos en el largo plazo debemos enfocarnos en los programas alternativos de desarrollo sostenible para las comunidades que se han visto obligas a subsistir por medio de cultivos hoy considerados ilegales.  

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