La Silla Vacía
En Vivo
La Silla Llena
La Silla Acádemica
La Silla Cursos
.jpg "Historia destacada")
El alto costo de los insumos químicos, -y en particular el de los fertilizantes, -es un problema que sufre el agro colombiano de manera constante. Sin embargo, como suele pasar la respuesta institucional, siempre termina por ser un papel.
Los problemas estructurales y las soluciones de papel para los insumos químicos
En esta ocasión no es una resolución modificando la política de seguimiento a precios de insumos ni un decreto que intimida a comercializadores de agroinsumos que venden sus productos a plazo, ni tampoco es una advertencia del Gobierno nacional de importar fertilizantes desde Rusia. En este caso es un proyecto de ley.
Esto, per se, no es el problema, pues un papel es el punto de partida para señalar un norte, para establecer los lineamientos de una política. El problema es que la respuesta institucional suele limitarse solo a ello. Por lo general, ese papel (ya sea un Conpes, un decreto, un proyecto de ley) no viene acompañado de un presupuesto, un doliente, o algún tipo de seguimiento a su ejecución (si fue algo lo que se ejecutó).
Revisemos los ciclos en las alzas de los insumos químicos y la respuesta institucional:
- En 2021 la respuesta es un proyecto de ley.
- En 2013 la respuesta a la demanda del paro campesino de reducir los costos de producción que afecta al agricultor fue expedir el Decreto 2001 “por el cual se crea la Comisión Intersectorial de insumos agrícolas y pecuarios”.
- En 2007 (último trimestre) y 2008 (primer trimestre) cuando, de nuevo por motivos macroeconómicos, se incrementó el precio de los insumos químicos, la respuesta institucional fue el Conpes 3577 de 2009: “Política nacional para la racionalización del componente de costos de producción asociado a los fertilizantes en el sector agropecuario”.
Todos estos documentos contienen acciones y recomendaciones válidas. Son acertados en reconocer la importancia del tema: el aumento de los insumos químicos es un problema que afecta los agricultores, pues de manera significativa aumenta su estructura de costos.
En la gran mayoría de cadenas agrícolas, los insumos químicos representan el rubro de costo de producción más alto (al agregarse fertilizantes con productos para proteger el cultivo –plaguicidas herbicidas, fungicidas).
Pero estos documentos pierden su validez cuando se quedan en simple documentos, es decir, en recomendaciones sin implementación.
Siempre que se toca el tema de los fertilizantes se llega a la misma recomendación de promover los biofertilizantes. Al ser los fertilizantes químicos en su gran mayoría importados (puesto que son principalmente una combinación de fósforo, potasio y nitrógeno, y estos compuestos no se consiguen en Colombia), se propone disminuir su dependencia en ellos, e ir paulatinamente reemplazándolos con biofertilizantes. Una idea que suena lógica, e incluso más en estos momentos que se busca la sostenibilidad ambiental. El problema es que es una idea sin ejecución o, siendo generosos, con una ejecución mínima, son iniciativas de repensar la implementación de esta idea.
De nuevo, esta propuesta reaparece en el proyecto de ley, pero ya se había realizado en el Conpes de 2009 (“la diversificación de fuentes de fertilización a partir de abonos orgánicos y biofertilizantes”), con resultados que oscilaron entre nulos e incipientes.
Estas son las principales causas por las cuales el precio de los fertilizantes ha venido subiendo desde 2020:
- Una fuerte depreciación del peso frente al dólar ha hecho que el precio interno de los insumos químicos importados se incrementen.
- Los fletes internacionales están en sus máximos por la escasez de contenedores y disminución de la frecuencia de viajes de las navieras, así como algunos rezagos del paro en Colombia que ha subido los fletes internos.
- La contracción en la oferta mundial que responde a la orden del Gobierno de China de suspender temporalmente las exportaciones de fertilizantes para asegurar el suministro de su producción agrícola (China es el principal exportador de fertilizantes de fosfato).
Los problemas estructurales del campo colombiano agudizan la situación.
- El país tiene unas vías terciarias en un estado precario, lo que encarece no solo la comercialización de sus productos, sino el acceso a los insumos agrícolas.
- El 70.4 % de las Unidades Productoras Agropecuarias (UPA) están por debajo de las cinco hectáreas (Fuente: CNA 2014). Por lo general, se tratan de minifundios con bajos niveles asociativos (solo 14.7 % de las UPA hacen parte de un esquema asociativo. Fuente: CNA 2014), lo que impide realizar economías de escala y limita el poder de negociación de los compradores, viéndose forzados a comprarles a cadenas de suministro que tienen más intermediarios por ello surge la respuesta institucional de realizar supervisión y vigilancia a los precios. Propuesta que se encuentra en el proyecto de ley, así como en el Decreto 2001 de 2013).
- La asistencia técnica pública es inexistente. En su gran mayoría este servicio es suplido por las casas de agroinsumos. El problema es que ellos “ofrecen” una asesoría que más se acerca a satisfacer sus intereses comerciales que a responder a las necesidades de los agricultores. Por lo general, un buen servicio de asistencia técnica consiste en hacer más con menos, es decir, en obtener mayores rendimientos, utilizando menos fertilizantes al optimizar el uso de estos (es preocupante cómo en Colombia, la gran mayoría de productores siembran sin haber realizado un estudio de suelos).
La tormenta perfecta se presenta con esos factores macroeconómicos más nuestras deficiencias estructurales en producción agropecuaria. En verdad, ¿cómo puede responder un ministro de Agricultura que tiene presupuesto y tiempo limitado para enfrentar la adversidad macroeconómica y/o los problemas estructurales del campo? Pues no tiene mucho más que ofrecer que el de escribir un papel de política y, a través de él, mostrar algo de gestión. El problema es que a los pocos meses nadie recuerda ese papel, pues otro problema estructural habrá resurgido.
De nuevo se enfrenta la problemática de los agroinsumos con papeles que quedarán en el olvido, con amenazas y con normas que nunca se podrán operativizar, al igual que sucedió con el Artículo 6 de la Ley 101 de 1993, el Decreto 1988 de 2013 y el derogado Artículo 2.13.9 del Decreto 1071 de 2015.
Nota: resulta curioso que el proyecto de ley plantee la creación de Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios, cuando la Ley 1876 de 2017 -Ley Snia- ya plantea este Sistema e incluso otros tres subsistemas. Y es una Ley que por cierto no termina de arrancar.
Este espacio es posible gracias a
*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.
