Los retos del Sistema Integral para la Paz cinco años después

Los retos del Sistema Integral para la Paz cinco años después

Los colombianos coincidimos en que queremos pasar la página, dejar atrás el conflicto y la violencia. Pero tenemos enormes diferencias frente a cómo alcanzarlo.

Pese a lo anterior, el Sistema Integral, cinco años después, nos ha ayudado a dar grandes pasos en esa dirección. El quinto aniversario del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc es una oportunidad para revisar cómo vamos.

Desde el Instituto para las Transiciones Integrales (Ifit), quisiéramos detenernos a analizar en qué hemos hecho historia, los desafíos que aún tenemos y los puntos de consenso que el Sistema nos ha dejado ver (a pesar de que los colombianos a veces pareciéramos estar en orillas irreconciliables).

¿En qué hemos hecho historia?

Los beneficios penales son condicionales al compromiso con las víctimas

El Sistema Integral es una evolución frente a experiencias anteriores en el mundo. En primer lugar, porque los beneficios penales se dan dependiendo del nivel de responsabilidad y del delito cometido; y, en segundo lugar, porque la posibilidad de acceder a estos beneficios está condicionada al cumplimiento de compromisos con los derechos de las víctimas.

El Salvador, al igual que otros países en el Cono Sur, otorgó una amnistía general y creó una comisión de la verdad para darle una respuesta a la sociedad develando lo ocurrido. 25 años después, la máxima corte de El Salvador tumbó esta amnistía y hoy este país está buscando alternativas para encontrar la manera de juzgar y sancionar a los responsables.

Tanto en Irlanda del Norte como en Sudáfrica se otorgaron perdones de condenas, amnistías y liberaciones de prisioneros. Además, se contempló un sistema en el que esto se haría a cambio de que las personas cumplieran ciertas condiciones como el reconocimiento de la verdad y la garantía de no volver a cometer delitos.

El Sistema Integral de Colombia se inspiró en este esquema de condiciones porque el acceso a cualquier beneficio depende del compromiso del responsable con la verdad, la reparación y la no repetición. Pero, además, en Colombia se pensaron diferentes beneficios según el tipo de responsable y según el crimen cometido, por lo que no se pueden amnistiar crímenes graves, como la violencia sexual o las masacres.

Así, por ejemplo, el cocinero de las Farc podría acceder a una amnistía siempre y cuando diga todo lo que sabe y se comprometa con su reincorporación; en cambio, alguien como “Timochenko” podría acceder a sanciones especiales, con la condición de reparar, decir todo lo que sabe, reconocer su responsabilidad y asegurar que no vuelve a delinquir.

Esa condicionalidad es determinante para satisfacer en la mayor medida posible los derechos de las víctimas, como se lo propone este Sistema.

Hoy hay 13.245 personas que se han sometido a la JEP. De estas, por ejemplo, 900 personas han sido llamadas a contar su versión de los hechos y más de 316 han aportado información para la búsqueda de los desaparecidos, lo que ha permitido cerrar más de 100 casos de desaparición gracias a los cuales tres personas fueron encontradas vivas y están hoy reunidas con sus familiares.

Quienes comparecen ante la JEP deben también ayudar a reparar a las víctimas, lo que han venido haciendo participando en obras sociales, sumándose a acciones comunitarias y entregando bienes.

Frente al tema de la entrega de bienes ha habido enorme controversia. Pero lo cierto es que los aportes en este sentido han permitido que se avance en la reparación de varias comunidades afectadas. Así fue el caso de lo ocurrido con los casi 200 kilos de oro devueltos por las Farc que, monetizados, sumaron más de 40 mil millones de pesos.

Selecciona macrocasos para evitar que la justicia colapse

El tribunal internacional para Ruanda, creado para juzgar a los máximos responsables del genocidio y otros crímenes internacionales, ha sido muy criticado por su demora en administrar justicia. A los diez años de creado solo había juzgado a 23 personas.

Algo similar pasó en el proceso de Justicia y Paz en Colombia que, luego de seis años, con más de 32 mil desmovilizados de grupos paramilitares y guerrillas y más de 417.000 crímenes investigados, contaba con 14 sentencias individuales.

Hoy en Colombia se parte de una premisa impopular pero inevitable: como no tenemos el tiempo y los recursos para investigar y juzgar a todo el mundo, la JEP se tiene que concentrar en los máximos responsables de crímenes internacionales. Y, al hacerlo, tienen que explicar las políticas, los patrones y las formas de actuar.

Para esto, la JEP ha abierto hasta el momento siete macrocasos y está en proceso de abrir 2 más, dentro de los cuales ya han imputado a 21 miembros de las Farc y de la Fuerza Pública. La JEP también ha acreditado casi 322 mil víctimas individuales y 262 colectivas.

Si esto funciona, marcaría la pauta para futuros intentos de justicia transicional en el mundo que tienen el desafío de abordar miles de casos en poco tiempo.

Descubre verdades y logra reconocimientos de responsabilidad que llevábamos años esperando

La JEP ha sacado hasta el momento tres autos en dos de sus macrocasos: dos explicando patrones de falsos positivos en el Catatumbo y el Cesar, y uno explicando las cinco políticas de secuestro de las Farc a nivel nacional.

Desde muchos sectores, estos autos han sido calificados como “históricos”, porque detallan como nunca antes el modo en que operaba la exguerrilla, sus políticas y sus responsabilidades frente al delito del secuestro que, durante décadas, generó heridas profundas en la sociedad.

Mientras en países como El Salvador o Irlanda del Norte, los excombatientes no han sido llamados a rendir cuentas, en Colombia, a los miembros del Secretariado de las antiguas Farc se les han imputado crímenes internacionales.

Ante esto, ellos han venido reconociendo su responsabilidad y han afirmado que “más allá de errores, fueron transgresiones al DIH” y que “en nuestra condición de revolucionarios tenemos el compromiso ético y moral de asumir la responsabilidad y de marcar un direccionamiento hacia el futuro para que no se repita esta tragedia y sigamos avanzando en la construcción de la paz”.

Así mismo, 388 miembros de la Fuerza Pública han estado contribuyendo a la verdad y reconociendo responsabilidad sobre lo ocurrido en aquellos territorios en donde se presentaron casos de “falsos positivos”.

En octubre del año pasado, las Farc reconocieron su responsabilidad en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, Hernando Pizarro León-Gómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín.

Más allá de las controversias que suscitaron estos reconocimientos, se trata de hechos que llevan más de 25 años sin resolverse y frente a los cuales la JEP ha llamado a excomandantes de las Farc a responder sus preguntas y las preguntas de los familiares; han sido llamados a responder por los motivos y la manera en que se dieron las órdenes de esos asesinatos.

Queda aún mucho por saber sobre lo ocurrido durante el conflicto. Pero, a cinco años, esto devela una verdad histórica que, de otra manera, el país no habría podido conocer.

Los sectores opuestos pueden contar su verdad

La Comisión de la Verdad logró algo que parecía imposible: sentar tanto a Juan Manuel Santos como a Álvaro Uribe para recoger sus versiones sobre distintos hechos ocurridos durante el conflicto. El último año se logró además la participación de expresidentes como César Gaviria, Andrés Pastrana y Ernesto Samper Pizano, que le hablaron al país sobre temas como el secuestro, el narcotráfico y los “falsos positivos”.

La Comisión también ha logrado espacios improbables e históricos, como lo fue la conversación entre quienes fueron dos enemigos acérrimos: “Timochenko” y Salvatore Mancuso.

“Timochenko” reconoció responsabilidad respecto de los ataques de las Farc sobre la población civil, que catalogó como acciones “en contra de la ética y ocasionaron profundas heridas”; mientras que Mancuso habló sobre las razones que lo llevaron a la guerra, sus enemigos, su relación con el Estado y el narcotráfico.

Así mismo, a 2020, la Comisión de la Verdad había recibido 569 informes, escuchado a empresarios, indígenas, víctimas de violencia sexual y a miembros de la Fuerza Pública víctimas de minas antipersona.

Este esfuerzo se construyó sobre iniciativas anteriores de construcción de verdad, como las que tuvieron el Centro Nacional de Memoria Histórica o la Unidad para las Víctimas. Pero la Comisión ha buscado llegar aún más lejos y está buscando construir la verdad reconociendo las diferentes voces y perspectivas.

Los desafíos que debe asumir el Sistema Integral

Enfrentar las verdades incómodas

La verdad puede incomodar e, incluso, profundizar divisiones que existían desde antes. La apuesta es por lograr incorporar las diferentes voces y versiones para ayudar a las víctimas y a la sociedad a entender lo que pasó y empezar a cerrar heridas.

En un escenario de alta polarización, como el que enfrenta Colombia, habrá que ver si el funcionamiento del Sistema termina por agudizar esas divisiones o si logra convertirse en una oportunidad para generar consensos, enfrentar el pasado y construir un futuro distinto.

Reiterar la legitimidad de quienes representan la justicia y la verdad

Desde su creación, y en distintos niveles, ha habido cuestionamientos a la imparcialidad de magistrados de la JEP y de comisionados de la Comisión. Lo vimos incluso en vivo y en directo en la reunión entre el expresidente Uribe y Francisco de Roux cuando Tomás Uribe se refirió a la comisionada Lucía González. De cómo se superen estos cuestionamientos dependerá también la forma como sean percibidos y aceptados los resultados de estas entidades.

Marcar el tiempo de lo transicional

Mientras más se alejan en el tiempo de la firma del Acuerdo, instituciones como la JEP o la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas serán percibidas como ordinarias. Y, por eso, más difícil será asimilar su excepcionalidad.

De otra parte, entidades como la Comisión de la Verdad tienen que lograr, en tiempo récord y con un fin de conflicto que es frágil, condensar distintas verdades en un informe, sentar las bases para la convivencia y dejar cimientos para la no repetición. Es una tarea monumental y que dependerá también de la decisión a la que se llegue sobre su prórroga.

Vencer la resistencia al informe de la CEV

Con buena parte del interés de los actores políticos volcado en lo que diga el informe de la Comisión de la Verdad y su efecto en el escenario político, la Comisión tendrá que abrirse un espacio para mostrar que su efecto en la sociedad y en la construcción de paz trasciende ese ámbito.

Además, tendrá que lograr que su informe, más allá de atribuir responsabilidades o esclarecer hechos, contribuya también a pasar la página y aporte a las transformaciones que son necesarias para que el conflicto no se repita.

Pugnas y consensos en torno al Sistema

Pareciera haber un consenso entre los colombianos frente a la necesidad de pasar la página y dejar la violencia atrás. Pero ese no es el único acuerdo en que coincidimos todos.

Cinco años después, más allá de las diferencias políticas tan profundas que tenemos y que se agudizaron con el plebiscito, ya no se discute (por ejemplo) si hubo o no conflicto armado, si hay víctimas, si el universo de víctimas está compuesto por millones o si afectó a todos los territorios del país.

Aunque hay diferencias en los números, por distintas motivaciones o justificaciones, tampoco se discute que el secuestro fue una práctica deliberada de la guerrilla y que los falsos positivos fueron un penoso fenómeno que nunca debió haber ocurrido.

Quizás es por eso que hoy se discuten aspectos de la estructura o la composición de la JEP, y se proponen reformas; pero la idea de eliminarla cada vez tiene menor acogida.

Por otra parte, todos quieren que el paso por la justicia no afecte su dignidad. Nadie quiere terminar siendo el villano o, por lo menos, no el más villano.

Los excombatientes no quieren ser comparados con criminales ordinarios y quieren reivindicar la causa que los llevó convertirse en rebeldes; los agentes del Estado no quieren ver afectado el honor de la institución; y los terceros, como por ejemplo los empresarios, quieren cuidar su buen nombre, apelando a la coacción y las amenazas de las que consideran haber sido víctimas.

Ahora, entre esos aparentes consensos también hay diferencias que es importante mencionar.

Tanto para los excombatientes de las antiguas Farc como para los agentes de la Fuerza Pública, es vital el trato simétrico por parte de la JEP. Pero no hay que olvidar que, en cada uno de esos casos, ese trato simétrico significa algo diferente.

Por ejemplo, tanto a las Farc como a los miembros de la Fuerza Pública que cometieron delitos diferentes a violaciones a los derechos humanos y delitos internacionales (como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los de guerra) se les aplica un tratamiento que suspende las investigaciones y las penas.

Sin embargo, para las Farc, esto se conoce como “amnistía”; mientras que, para la Fuerza Pública, este tratamiento se denomina “renuncia a la persecución penal”. Bajo esa lógica estamos hoy de nuevo debatiendo la ley de amnistía propuesta por el expresidente Uribe.

Y, finalmente, para nadie es fácil asimilar lo que significa la justicia transicional y superar el complejo ejercicio que es compararla con la justicia ordinaria, al observar las penas bajo la lupa de la proporcionalidad. En otras palabras, es difícil no comparar el guerrillero o el paramilitar que paga menos de cinco años (en ocasiones, fuera de la cárcel) con el ladrón o el funcionario público que termina décadas tras las rejas.

En Colombia, sin embargo, se pensaron sanciones menores en tiempo, pero que implican mayores cargas de reparación para las víctimas y la sociedad. Estas pueden incluir, por ejemplo, que los excombatientes de las Farc ayuden a desminar y a encontrar a los secuestrados que murieron en cautiverio.

Pero, en todo caso, esa comparación acaba con la lógica de la excepcionalidad de una justicia transicional; acaba con la lógica de abordar los crímenes masivos del pasado, de volver a un presente con normalidad y de trabajar, desde la óptica de la justicia y la verdad, por la no repetición.

Este último es quizás el desafío más fuerte que enfrentamos como sociedad y que tendrá que superar el Sistema Integral. Solo así el carácter histórico de su diseño, su puesta en marcha y su funcionamiento se podrá convertir en un paso definitivo hacia el fin del conflicto y la no repetición en Colombia. 

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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