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La noticia de la puesta en funcionamiento del Centro de Detención Transitorio de Migrantes en Bucaramanga, ubicado en la oficina de Migración Colombia, cayó como un baldado de agua fría entre las organizaciones de derechos humanos, la cooperación internacional y sectores que desde la academia venimos defendiendo una propuesta de protección de derechos e integración de poblaciones migrantes en Colombia.
Migrantes: ¿sujetos de derechos o criminales?
Marcela Ceballos
Algunos de nosotros, como en mi caso, habíamos participado del proceso de empalme entre el Gobierno saliente de Duque y el entrante de Petro sin haber recibido ninguna información por parte de Migración Colombia al respecto.
La noticia no contiene información clara sobre el funcionamiento y la normatividad que enmarca este centro o “sala”; solamente señala que allí serán “trasladados los migrantes venezolanos o personas de otras nacionalidades que violen las normas de comportamiento y que tengan estatus migratorio irregular”. ¿Qué significa “violar las normas de comportamiento”? La ambigüedad del término enciende las alarmas sobre la discrecionalidad, la arbitrariedad y las múltiples violencias que se pueden justificar bajo este término.
Participar en una huelga o movilización social, exigir con demasiada insistencia el respeto de los derechos humanos, ser o parecer pobre, ser o parecer afrodescendiente, indígena, pedir dinero en las calles, dormir en las calles, habitar el espacio público o no tener un lugar donde pernoctar en las noches, caminar sin documentos, ser madre gestante y parecer una carga para el sistema de salud. Todo puede ser interpretado como una violación a las normas de buen comportamiento.
De otro lado, con la instalación de este dispositivo queda explícito que tener “estatus migratorio irregular” constituye un crimen y, con ello, se ilegaliza a las poblaciones migrantes que por diversas circunstancias no cuentan con documentos de identificación, a quienes ingresaron por las trochas o los pasos no regulados por el Estado y a quienes no cuentan con un documento que autorice su permanencia en el país.
La experiencia de ilegalización de poblaciones migrantes y su criminalización mediante dispositivos como estos centros de detención migratoria en Estados Unidos, México, Panamá, Ecuador entre 2011 y 2017 reflejan una de las formas de institucionalizar la violencia estatal contra poblaciones migrantes en estos países.
La naturaleza policiva, represiva, discriminatoria y xenófoba de los centros de detención migratoria en diversos países del continente se expresa no sólo en que funcionan como cárceles, en las que los migrantes son tratados como delincuentes y las edificaciones están custodiadas por fuerzas armadas, cámaras de vigilancia y personal administrativo. También en cuanto a las arbitrariedades que enmarcan el funcionamiento de estos centros, en las que el desconocimiento de los derechos universales es la norma y no la excepción, y en las que la detención configura la antesala de la deportación y la expulsión como rasgos de la gestión migratoria.
La ambigüedad de los términos establecidos para la detención y el confinamiento en estos espacios, definidos como “centros transitorios” o “salas”, está acompañada de un discurso oficial que presenta la deportación como un simple trámite administrativo disfrazado de legalidad. Pero ocultan irregularidades y arbitrariedades como la detención e internación de solicitantes de refugio y los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que se ven sometidos en estos centros, situaciones que han quedado consignadas en diversos estudios y reportes sobre los casos de México, Estados Unidos y Ecuador.
Así, el baldado de agua fría tras la noticia se me ha convertido en preocupación, ante el temor de que en nuestro país se produzca lo que advierte Rita Segato, cuando dice que la repetición cotidiana de la violencia produce un efecto de normalización de la crueldad y, con ella, una reducción de los niveles de empatía. Y en esto sí que tenemos una trayectoria histórica grande en Colombia, aunque mantengamos la esperanza de que transitamos hacia la paz.
La instalación de un centro de detención migratoria en Colombia no es una noticia de alcance meramente local. Actualmente este es el único dispositivo de este tipo en Suramérica (Ecuador cerró el Hotel que funcionaba como cárcel de migrantes en 2017), lo que significa que continuamos hacia la consolidación de una gestión de las migraciones marcada por la criminalización, la securitización, la expulsión de quienes consideramos indeseables, inservibles y peligrosos, la contención de unas migraciones cuyo control se maneja desde el norte, la racialización y discriminación de este control migratorio.
Si el Gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez se basa en el reconocimiento de migrantes y poblaciones de acogida como sujetos de derechos, sin distinción de su nacionalidad o estatus migratorio, si la política integral de movilidad humana hace parte de su Plan de Desarrollo, es necesario reaccionar de manera radical contra esta iniciativa.
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