Mineros Aluvial: la gran ausente en el paro minero del Bajo Cauca

Chiara Chiavaroli
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Esta columna fue escrita por Chiara Chiavaroli*, columnista invitada.

Desde el comienzo del paro minero en Bajo Cauca el pasado 2 de marzo, la mirada del gobierno nacional se ha posado sobre la minería ilegal en la región. Los innegables daños ambientales generados por las maquinarias amarillas y las dragas que operan en Bajo Cauca han requerido, en el análisis del gobierno, la intervención militar.

Varias fotos aéreas de la destrucción ambiental causada por las actividades mineras ilegales han circulado en redes en los últimos días. El 10 de marzo, el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria publicó en su cuenta de Twitter unas fotos de la destrucción ambiental causada por la minería ilegal y la cuenta de Twitter del Ministerio de Defensa compartió una foto de los ríos contaminados de la región, afirmando que el mercurio producido por la minería pone en riesgo los ecosistemas colombianos. El presidente Petro escribió el día después que, dado que el punto central de las negociaciones con el gremio minero en Caucasia había sido el mantenimiento de las operaciones de las grandes dragas, que son unas importante fuente de financiación del Clan del Golfo, el gobierno decidió “decirles NO” a los acuerdos.

Si bien es cierto que la minería informal en Bajo Cauca genera impresionantes impactos ambientales, la minería legal y de gran escala podría estar generando impactos similares, o incluso más fuertes.

La gran ausente del debate sobre el paro minero ha sido, de hecho, la empresa Mineros Aluvial. Esta empresa multinacional, pero de capital colombiano, opera en el territorio de El Bagre desde 1974 (anteriormente bajo el nombre de Mineros de Antioquia). El título de la empresa es un RPP (Reconocimiento de Propiedad Privada) que abarca cerca de 37.000 hectáreas a las que se suman nuevos contratos de concesión minera por un total de casi 50.000 hectáreas.

La extensión de este título minero representa un reto importante para los intentos de formalización de los pequeños mineros de la región porque, como destacaban unos líderes del territorio en la audiencia minera el 2 de octubre 2022 en Caucasia, simplemente “no hay tierra” para nuevos títulos mineros. En febrero de 2023, por ejemplo, antes del comienzo del paro, la Asociación Mesa Minera Río Nechí se movilizó para pedir a la empresa la devolución de algunas áreas a los pequeños mineros del municipio, y sigue en una mesa de negociación con la empresa.

Desde los años 70 la empresa ha trabajado con cantidades significativas de mercurio y solo desde el 2014, de acuerdo con los cambios impuestos por la Ley 1658 de 2013, ha dejado de utilizarlo. Habitantes del municipio de El Bagre cuentan que, en los barrios informales que se construyeron sobre tierras trabajadas por la empresa —por ejemplo, en el corregimiento de Puerto Claver— las tierras se encuentran en un estado de profunda degradación por mercurio residual dejado por la empresa: “Esto no es por el mercurio de ahora, porque aquí es donde trabajaron ellos, este es un carguero de Mineros SA”. Y, de acuerdo con las palabras de un líder social del municipio, la contaminación hecha en el pasado sigue siendo una problemática actual para la salud de las comunidades: “Trabajaron muchos años con azogue. Si la contaminación ya la hubo, ya el daño está hecho, ¿cómo repararlo? Yo no creo que esto haga una diferencia con el daño ambiental que estamos sufriendo ahora”.

Además, como demuestran varias investigaciones del IPC (Instituto Popular de Capacitación), la empresa es responsable por importantes daños ambientales que se han generado con varias rupturas de los jarillones y el vertimiento de desechos tóxicos al Río Nechí entre 2018 y 2022. Las operaciones mineras han destruido también a humedales y ciénagas como Sampumoso y Sabalito en los Municipio de El Bagre y Nechí, que representaban importantes criaderos de pescado y cuya desaparición ha dejado a los pescadores del municipio en una situación de profunda inseguridad alimentaria.

Aunque la empresa opere bajo un marco de legalidad, los líderes sociales de la región relatan prácticas poco transparentes e intimidatorias en el relacionamiento de la empresa con las comunidades que ocupan tierras que hacen parte de su título minero. En particular, cuando la empresa necesita disponer de tierras, las comunidades sienten no tener ningún poder de negociación. Al contrario, existe “gran temor a hablar de Mineros”, según un líder de la región. “Decir la verdad a veces le cuesta a uno la vida”.

Aunque es evidente que varios grupos armados controlan una parte de las operaciones mineras de la región, es igualmente importante reconocer que los pequeños y pequeñas mineras del Bajo Cauca enfrentan una grave crisis social, económica y ambiental. A esta crisis contribuyen tanto los actores armados que hacen presencia en el territorio (Clan del Golfo, ELN, disidencias de las Farc y Los Caparros) como las operaciones de minería de larga escala de la empresa Mineros Aluvial.

Por esto, es preocupante la promoción de la “ecominería” de empresas legales de gran escala (como Mineros Aluvional) que hace el gobernador Gaviria desde su cuenta Twitter como alternativa a la minería ilegal. Hasta el presente, en Bajo Cauca, la minería legal presume buenas prácticas ambientales y sociales, pero ha sido un fuerte catalizador de conflictos, violando los derechos ambientales, a la salud y a la soberanía alimentaria de las comunidades.

Es importante resaltar que los actores que hoy promueven acciones violentas en los municipios del Bajo Cauca no son pequeños mineros ni participan en el comité del paro. Tampoco hay participación de todos los mineros y las mineras del Bajo Cauca en las movilizaciones porque muchos han preferido no correr los riesgos implicados con exponerse en el paro.

Sin embargo, también muchos de los mineros y las mineras que no están hoy participando directamente en el comité del paro ni en las movilizaciones relatan, igualmente, que hay necesidad urgente de encontrar una solución a la crisis humanitaria en Bajo Cauca para que las comunidades no sigan estando “pateadas de un lado a otro”. Esta solución pasa también por repensar los marcos normativos que regulan la minería legal en la región y por reconocer a algunas grandes empresas mineras legales como actores que, por su monopolio de los recursos mineros y de la tierra por sus relaciones poco transparentes con las comunidades, catalizan conflictos y generan violencia en los territorios.

Cabe resaltar también que el comité del paro ha emitido varios comunicados para rechazar la violencia y los actos de vandalismo y varias organizaciones del territorio han hecho un llamado a ser incluidas en la mesa de las negociaciones que el gobierno nacional debería atender para garantizar una solución justa. También han colaborado con las fuerzas del orden para que revisen los documentos de identificación de los manifestantes que se concentran en el coliseo municipal de Caucasia para demostrar que en el comité del paro no participan actores del Clan del Golfo.

Es particularmente importante, en el marco de esta crisis, darles voz también a las lideresas y mujeres mineras del territorio, quienes se encuentran en una situación de particular complejidad. Por un lado, las mujeres son progresivamente excluidas, en muchos territorios, por las actividades mineras que, tecnificándose, les han quitado espacio al barequeo y a otras formas tradicionales de minería femenina. Pero, al mismo tiempo, están expuestas a los impactos de contaminación tóxica y a la violencia generados por la minería de mediana y larga escala. Muchas lideresas y mineras no participan directamente en las actividades del comité del paro, pero desde los territorios expresan sus preocupaciones tanto en relación con el tema minero como con la violencia que se ha generado en los días del paro. 

Chiara Chiavaroli

Chiara Chiavaroli

Antropóloga de la Universidad de Bologna (Italia) con maestria en Desarrollo Rural de la Universidad de Copenhagen (Dinamarca) y estudiante de doctorado en el departamento de Desarrollo Internacional de la London School of Economics (UK). Miembro de Rodeemos El Dialogo (ReD).

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