Necesitamos un mandato ciudadano por la paz

Necesitamos un mandato ciudadano por la paz
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El primer mes de 2022 cierra con 13 masacres y 13 líderes sociales asesinados, según Indepaz.

Esta grave situación de derechos humanos confirma la preocupación expresada por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su último informe al Consejo de Seguridad, presentado el 20 de enero. En este resalta que el avance en la construcción de paz está en riesgo si continúa el asesinato sistemático de excombatientes de Farc y líderes sociales.

La situación es tan delicada que el 28 de enero de 2022 en un comunicado de prensa los miembros del Consejo de Seguridad “reiteraron su preocupación por las persistentes amenazas, ataques y asesinatos contra exmiembros de las Farc-EP que dejaron las armas como participantes en el proceso de paz, así como contra líderes comunitarios y sociales, incluidas mujeres y aquellos de comunidades indígenas y afrocolombianas”.

La preocupación de excombatientes de Farc, líderes sociales, ONG colombianas defensoras de derechos humanos y de la comunidad internacional finalmente encontró eco en la institucionalidad colombiana. El 27 de enero, la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional “por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad de la población firmante en tránsito a la vida civil, previsto en el Acuerdo Final de Paz, desarrollado por normas constitucionales legales”.

Esta sentencia ordena al Gobierno “que adopte las medidas que le permitan cumplir de manera integral, coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas". Lo que implica poner en funcionamiento efectivo la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, tal como lo reclamó Rodeemos el Diálogo ante el parlamento británico el 30 de abril de 2019.

De manera acertada, la Corte ha decidido crear una Sala Especial de Seguimiento para asegurar que el Gobierno cumpla las órdenes emitidas durante los próximos tres meses. A pesar de los llamados de la comunidad internacional, el presidente Iván Duque y su consejero para la estabilización Emilio Archila siguen empeñados en mostrar la política de "Paz con Legalidad" como un remplazo eficaz al Acuerdo de Paz. Por eso ambos salen a criticar la decisión de la Corte diciendo que no se reconocen los esfuerzos que se han hecho para enmendar las falencias del Acuerdo.

La comunidad internacional entiende el reto, por esta razón, tras la sentencia de la Corte, los países garantes del Proceso de Paz (Cuba y Noruega) emitieron un comunicado solicitando al Gobierno acciones para proteger a los excombatientes.

Las exigencias de excombatientes, la presión de ONG, el respaldo de la comunidad internacional, la sentencia de la Corte y la respuesta del Gobierno Duque muestran que, como lo expresa Rodeemos el Diálogo en su comunicado del 21 de enero, “la paz es política”. Es decir:

  1. es un proceso en el cual es inevitable la confrontación entre diferentes grupos y opiniones;
  2. requiere de la convergencia de diversas voluntades de múltiples sectores y de la voluntad política del Gobierno;
  3. si bien no se circunscribe a la política electoral, tampoco puede excluirla.

En mí última columna de 2021 decía que el 2022 ofrecía “una luz de esperanza para la paz.” La sentencia de la Corte Constitucional y el respaldo del Consejo de Seguridad son desarrollos positivos. Sin embargo, los asesinatos de líderes sociales y las masacres muestran que sin un cambio político profundo será muy difícil seguir defendiendo el acuerdo de paz. Ya que la paz es política gran parte de su futuro se juega en las próximas elecciones. Por tanto, es necesario que la sociedad colombiana elija un Congreso y un Gobierno con un mandato ciudadano explícito para construir la paz, no para hacerla trizas.

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