No es lo mismo vivir que vivir bien

No es lo mismo vivir que vivir bien
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El caso de Martha Sepúlveda reavivó una discusión de esas que parece nunca acabar en países como el nuestro, la eutanasia. Hablar y escribir de este tema no es para nada sencillo. Aspectos morales, éticos, religiosos, jurídicos, médicos y la tragedia de personas y familias entran en juego, mientras otros(as) cómodamente, desde afuera, miran y juzgan aquello que desconocen. 

Lo legal y lo político

En Colombia, un estado laico existe un delito llamado “homicidio por piedad” aplicable en eventos de eutanasia. Este delito fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-239 de 1997, “con la advertencia de que en el caso de los enfermos terminales en que concurra la voluntad libre del sujeto pasivo del acto, no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor, pues la conducta está justificada”.

Es decir, era necesario que el/la paciente sufriera una enfermedad terminal para que se le aplicara una eutanasia y además, que se contara con su consentimiento. Sin embargo, en esa sentencia no se dejó claro ni cuándo ni cómo se debía otorgar el consentimiento, ni qué sucedía en el caso de menores, ni qué se consideraba una enfermedad terminal.

Aunque para muchos ha sido un triunfo de la empatía y la compasión, esta disposición y los sucesivos avances normativos han tenido vacíos que han sido aprovechados por los sectores más religiosos, conservadores y poderosos del país para impedir su práctica.

La Ley Consuelo Devis Saavedra (1733 de 2014) intentó dar claridad sobre el tema permitiendo la elaboración de un consentimiento anticipado que pudiera luego aplicarse; sin embargo, en la práctica tampoco dejó claros muchos otros aspectos.

Mientras el Congreso se ha lavado las manos, evadido el tema y “tirado la pelota” a otras instituciones, este año con la Sentencia C-233 de 2021 (publicada de manera completa el lunes 11 de octubre) que ha tenido efectos jurídicos desde el 23 de julio, la Corte Constitucional permitió la aplicación de la eutanasia para aquellos pacientes que padezcan una enfermedad o lesión grave e incurable que les provoque intenso sufrimiento, es decir, no solo a los pacientes terminales. Esta decisión que llegó a llenar vacíos de disposiciones anteriores señaló que no se incurre en el delito de homicidio por piedad cuando:

  1. La eutanasia sea efectuada por un médico.
  2. Sea realizada con el consentimiento libre e informado, previo o posterior al diagnóstico del sujeto pasivo del acto.
  3. Siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable.

Con base en lo anterior, Martha Sepúlveda, quien padece ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y cuya eutanasia había sido aprobada y luego cancelada, tenía todo el respaldado jurídico para ejercer libremente su decisión, pero como todo en este país, el debate jurídico también se vuelve político. Y más en épocas preelectorales, en las que todo tema que genere controversia es escenario para que todas las personas de diferentes vertientes ideológicas debatan, opinen y aprovechen para ganar adeptos, definir alianzas y señalar a sus contrincantes. Humberto de la Calle, de la Coalición de la Esperanza, Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo y el “independiente” Alejandro Gaviria han opinado en favor de la garantía de este derecho; este último aprovechando también para señalar a Gustavo Petro, candidato de izquierda por el Pacto Histórico -incluso más después de sus acercamientos con iglesias cristianas- por guardar silencio frente a este tema.

El debate

Parte importante de la discusión sobre la legalización de la eutanasia se ha centrado en los criterios exigibles para que una persona pueda solicitarla y quién debe realizarla. Estos varían dependiendo de la legislación de cada país y del contexto social, político y valorativo en el que se discute. En ese sentido, una extensa literatura ha intentado precisar la diferencia entre las diferentes formas de eutanasia y los casos límites en los que esta se acerca al suicidio asistido.

Todas estas discusiones parten de algunos presupuestos filosóficos básicos -además de los religiosos-, expresados en nociones como libertad, autonomía, persona y dignidad, los que se complementan y colisionan con elementos de la praxis médica.

Quienes condenan esta práctica y cuestionan a quienes consideran siquiera su realización, apelan a argumentos comunes como la amistad y el afecto, la privación a amigos(as) y familia de una persona irremplazable, además del dolor que les causará su partida. Algunos(as), un poco más “osados(as)” apelan al argumento de la cobardía, y el que nunca puede faltar: el religioso. Dios como el único que da y quita la vida y el hecho de que no puede haber decisión judicial por encima del valor de la vida.

Más allá de las críticas que podemos hacer a la labor de las instituciones encargadas de regular y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y libertades de todos(as) como ciudadanos(as) autónomos(as) y la instrumentalización de esta en campañas políticas, vale la pena reflexionar sobre varios puntos. Primero, la facilidad y ligereza con la que cada vez más se opina y señala desde el desconocimiento sobre cualquier cosa, en este caso, lo que es una enfermedad terminal y todas las implicaciones que tiene una enfermedad degenerativa para el estilo/calidad de vida de la persona que la padece, su familia y núcleo cercano.

Me atrevo a decir que solo quienes padecen o hemos tenido un familiar con una enfermedad como la ELA podemos entender la frustración, impotencia y dolor que causa el hecho de ver cómo día a día tu familiar se consume y poco a poco va perdiendo la capacidad de realizar la actividades más sencillas y cotidianas como comer, ir al baño y hablar. Ser testigo de cómo su proyecto de vida se frustra. Querer retener a esa persona es entendible, pero eso no es amor es egoísmo. Como bien expresó Martha “amar también es soltar” y no digo que sea fácil, porque no lo es, pero quienes hemos estado ahí sabemos que llega un punto en el que no es solo vivir sino también vivir bien y dignamente.

Reconocer al otro como persona y reconocer su autonomía también es reconocer su capacidad para determinar libremente el curso de su propia vida, aunque no se esté de acuerdo con la forma. Se ha convertido casi que en una necesidad de muchos(as) opinar y reprochar moralmente desde el privilegio y la superioridad y decirle al otro(a) cómo y hasta cuándo debe vivir. Hemos y seguimos perdiendo cada vez más la habilidad de ser empáticos y de hacer el ejercicio de imaginar -como si fuera posible- el dolor que siente quien padece una enfermedad de estas.

Carlos Gaviria Diaz manifestó en la ponencia con la que buscaba la despenalización de la muerte asistida que “nada tan cruel como obligar a una persona a sobrevivir en medio de padecimientos oprobiosos, en nombre de creencias ajenas”. La legalización de la eutanasia, como la del aborto o los derechos de parejas del mismo sexo a adoptar o casarse no invita -ni obliga- a nadie a terminar con su vida, abortar o casarse con alguien de su mismo sexo, busca brindar condiciones para que quienes así lo consideren libre y voluntariamente puedan ejercer su derecho en condiciones óptimas.

¿Quiénes somos nosotros(as) para obligar a alguien a seguir aguantando dolores que atentan contra su dignidad, a vivir una vida que ya no quiere seguir viviendo? ¿Qué nos hace dueños de la vida de otro(a) como para decirle cómo y hasta cuándo debe vivirla?

Su vida, su muerte, SU DECISIÓN. 

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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