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Las recientes ocupaciones de tierra en Marialabaja, Bolívar amenazan con convertirse en un escenario de estigmatización de la resistencia colectiva y uso arbitrario de la fuerza contra aquellos cuyos derechos han sido históricamente vulnerados. Esta historia analiza el contexto histórico de este fenómeno en el municipio y llama la atención sobre la vulnerabilidad actual de los ocupantes.
Ocupaciones de tierra en Marialabaja: que no se repita la historia
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La ocupación de tierras por parte de familias campesinas en Marialabaja, Bolívar amenaza con convertirse en un escenario de estigmatización de la resistencia colectiva y uso arbitrario de la fuerza contra aquellos cuyos derechos han sido históricamente vulnerados. Desde hace un poco más de tres meses, grupos de familias campesinas han intentado darle solución a su crítica situación de vivienda y acceso a tierras por vía de lo que se conoce comúnmente como “invasiones”. Desafortunadamente, las notas de prensa que han cubierto el tema[1][2] simplifican el complejo fenómeno de las ocupaciones de tierra en el país y reproducen peligrosamente imágenes estereotipadas de ‘invasores’ peligrosos que constituyen amenazas al orden, a la seguridad de los palmicultores e incluso al desarrollo.
Vale la pena señalar que la noción de ‘invasiones de tierras’ adquire unas connotaciones particulares en un país donde miles de campesinos fueron asesinados porque sus exigencias de justicia social fueron leídas por actores privados y estatales como participación en las guerrillas, lo que dio lugar a violentas retaliaciones en su contra justificadas como acciones contra-insurgentes. El caso mismo de Marialabaja ejemplifica este fenómeno. Desde los años 70s, capítulos locales de una ANUC de población afro-descendiente- cuya historia está por contarse- lideraron procesos de recuperación de tierras que apuntaban a desmontar la histórica concentración de la propiedad en la región. Presionados tanto por campesinos como por las recién arribadas guerrillas, algunos terratenientes vendieron sus predios al entonces INCORA, el cual a su vez los adjudicó a los campesinos parceleros. Para algunos de los antiguos terratenientes, los razonables precios de compra por parte del estado hacían que este proceso se diera incluso bajo previos acuerdos con los campesinos ocupantes; sin embargo, otros prometieron venganza. La historia de asesinatos selectivos de líderes de la ANUC y la arremetida paramilitar contra comunidades en zonas con gran número de parcelaciones da cuenta de que esta venganza en efecto ocurrió. El conflicto armado desestructuró procesos organizativos y amedrentó a la población local. La ANUC fue aniquilada y hoy en día empieza a renacer apoyada por un proceso de reparación colectiva en su favor[3], como también renacen organizaciones afrodescendientes, campesinas, de víctimas, mujeres, jóvenes que comparten la esperanza de que otro futuro es posible, a pesar de las trágicas lecciones de la historia.
La mayor parte de los actuales ocupantes de tierras no pertenecen a estas organizaciones, pero sus acciones de resistencia son una reacción a una situación francamente indignante e insostenible, frente a la cual las ocupaciones parecían ser la única alternativa. Se trata en su mayoría de familias que, tras la presencia de las FARC y la posterior arremetida de los paramilitares del frente Héroes de Montes de María, se vieron obligadas a dejar sus áreas de cultivo y vivienda en la montaña y asentarse en las partes bajas del corregimiento de Playón. Ahí han vivido por más de 10 años en casas abandonadas por otros que a su vez se desplazaron a Cartagena, Barranquilla o Venezuela, o en los hogares de familiares y amigos en diferentes veredas del corregimiento. Sus condiciones de vida actuales son extremadamente precarias y ejemplifican las (nada sorprendentes) paradojas del desarrollo empresarial en la Colombia rural: a pesar de estar rodeados de uno de los más rentables agro-negocios en el país, la palma aceitera, no tienen vivienda digna, el acceso a tierras es limitado y las oportunidades de empleo son mínimas.
En una coyuntura histórica en la cual el estado presuntamente retorna a zonas de conflicto visibilizando y atendiendo a las víctimas, sorprende la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas familias. En las últimas semanas, las únicas entidades estatales que le han hecho frente a la situación son las fuerzas militares, el ESMAD, el personero municipal y la Secretaria de Gobierno del municipio, quien según la nota de El Heraldo afirmó que “al propietario del terreno se le sugirió contar con vigilancia privada”. Acompañando al ESMAD han llegado grupos de jóvenes miembros de pandillas del casco urbano de Marialabaja, presuntamente contratados por los propietarios para amedrentar a la población. Más preocupante aún, en las conversaciones entre miembros de la fuerza pública y los ocupantes de tierras, los primeros han hecho alusión a rumores que vinculan a los campesinos con la presunta reaparicion de bandas de guerrillas en la montaña. Como para espantar un mal presagio, uno de los campesinos de la vereda de El Guamo me comentó: “Menos mal no son los tiempos de antes, porque ahí sí quién sabe qué nos habrían hecho”.
No cuestiono que los dueños de los predios ocupados defiendan sus derechos de propiedad. Sin embargo, no cabe duda de que se trata de un terreno de relaciones de poder supremamente desiguales, donde al parecer los derechos de propiedad de unos pocos merecen más atención que los derechos humanos de otros muchos. Relaciones agrarias jerárquicas y violentas, una fuerza pública actuando en favor de los poderosos, y entidades estatales que no llegaron a tiempo para atender a los más vulnerables, fueron las condiciones que viabilizaron las atrocidades cometidas en contra de la población rural en Marialabaja hace décadas. Esperemos que en la actualidad ni el estado ni los nuevos terratenientes permitan que se repita la historia.
[1] http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/invasiones-pululan-en-marialabaja-201132
[2] http://www.elheraldo.co/region/no-cesan-invasiones-en-predios-de-palmicultores-en-marialabaja-207417
[3] http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/en/79-noticias/2902-la-anuc-es-incluida-como-sujeto-de-reparacion-colectiva-en-el-registro-unico-de-victimas
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