Odios y plomo contra la paz

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El cumplimiento del Acuerdo de Paz es una responsabilidad de toda la sociedad. Es un pacto que está por encima de los partidos en el que debe priorizarse el bienestar de la nación. 

Han sido semanas sangrientas para los firmantes del Acuerdo de Paz. La zozobra en los territorios crece como la espuma de un caudaloso río. Y los signatarios del Acuerdo tenemos un epitafio grabado por el señalamiento irresponsable de la canciller colombiana, Claudia Blum, ante las Naciones Unidas la semana pasada: “Debe considerarse la existencia de disidencias de Farc como un incumplimiento, justamente, de la antigua guerrilla, convertida ahora en partido político”, dijo Blum. Esto se llama calumnia. Está claro que el partido de gobierno no solo ataca el Proceso de Paz, sino que nos pone de diana de los sicarios al mando de fuerzas poderosas. 

Más de mil líderes, lideresas, defensores de los derechos humanos del medio ambiente y 270 firmantes de paz masacrados lo evidencian.

Estos discursos de la más dantesca infamia reflejan el odio del partido de Gobierno contra los que defienden la vida y construyen paz. Muchos desean pensar que son “metidas de patas personales”, pero es estridente el coro orquestado desde las alturas del poder que no solo quiere hacer “trizas la paz”, sino que sueña en llevar a la cárcel a los miles de hombres y mujeres que le apostamos a la paz.

Los efectos de estas declaraciones irresponsables se miden en los territorios con amenazas, persecución, sangre y muerte. Buen servicio le prestan estos balbuceos de muerte a la paz. El presidente Iván Duque hasta ahora —en un claro e intencional silencio cómplice— calla ante estas declaraciones infundadas. Claro que la canciller debe renunciar. Nadie desde la institucionalidad defiende el Proceso. Bueno, lo hizo el Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, en un lacónico pronunciamiento. 

Mientras la canciller vomitaba fuego y perfidia premeditada en unas acusaciones bien calculadas contra el partido Comunes, caían vilmente asesinados cinco de nuestros compañeros deseosos de reincorporación: soñadores de una paz posible y de una nación justa, como anhelamos todos quienes firmamos el Acuerdo de Paz. Este es un planificado exterminio, un cuentagotas que lentamente nos va llevando al genocidio, como ha ocurrido con anteriores exguerrilleros y exguerrilleras que creyeron en el Estado y luego fueron traicionados y exterminados. ¿Qué nombre le ponemos a este baile rojo? No existe otro distinto: ese es el nombre. 

En lo que va de este año han asesinado a 21 signatarios de paz. Acá el orden de crímenes por departamentos: Cauca con 45, Nariño con 30, Antioquia con 29, Caquetá con 26, Meta con 25, Putumayo con 21, Norte de Santander con 18, Valle del Cauca con 18, Chocó con 15, Guaviare con 8, Huila con 8, Arauca con 6, Bolívar con 5, Ecuador con 3, Tolima con 3, Bogotá con 3, y Atlántico, Casanare, Guajira, Córdoba, Santander y Sucre —cada uno— con 1. Un total 270 asesinatos. Anteayer mismo asesinaron a Wilmer Enrique Álvarez Medina, un desmovilizado, en Cartagena del Chairá en el Caquetá.

En Colombia hay un desgobierno total, una crisis profunda, niveles altísimos de corrupción y un gobierno que permitió el asesinato de —hasta hoy— 573 de líderes sociales y masacres a granel. Ahora se impone la delincuencia en campos y ciudades. No existe el monopolio de las armas en manos de las Fuerzas Armadas y la justicia descansa —en muchas regiones del país— en la pistola. El panorama es totalmente oscuro. Para cubrir los gastos de este esperpento diabólico nos quieren imponer una reforma tributaria de hambre y miseria. Finalmente, para completar el diagnóstico negativo, la pandemia ha matado a más de 70 mil personas.

El Uribismo se esforzará por seguir heredando el “trono presidencial” a sus acólitos. Habrá, entonces, un muñequeo tradicional electorero en las regiones. No implementó el Gobierno las garantías de seguridad para la protección de la vida y para el libre ejercicio de la política, tal y como quedó pactado de cara a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional. 

La no implementación del Acuerdo de Paz es el efecto de las medidas equivocadas del Gobierno para intentar resolver la crisis social, para terminar el conflicto armado —que aún persiste—, para reducir la violencia estructural de múltiples causas y para erradicar cultivos de uso ilícito, algo que va en contra de lo pactado en La Habana. Los asesinatos selectivos de ciudadanos y ciudadanas evidencian una mala gestión del ejecutivo nacional. Para empeorar la ya caótica situación del covid, el Gobierno ordena la compra de vacunas por parte de la empresa privada ante su incapacidad de adquirirlas como Estado.

Esto tiene que cambiar. Para defender la vida y la paz, debemos proteger el Acuerdo de Paz, que es un pacto por encima de los partidos, en el que se prioriza el bienestar de nuestra nación. Esta es una responsabilidad de toda la sociedad. No podemos esperar nada de estos gobiernos, aunque su acción positiva también está mandatada porque el acuerdo de paz es una norma constitucional que obliga al Estado en su cabal cumplimiento.

Con un profundo dolor en el alma, continuaremos la lucha por la paz, a pesar de las adversidades. Le cumpliremos a la sociedad y a la historia.

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