¿Pacto de solidaridad colectivo o pacto de Suicidio colectivo? Antonio Guterres

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Del 06 al 18 de noviembre en Sharm el Sheij, Egipto, se celebra la conferencia sobre cambio climático COP27 en el marco de la convención de las Naciones Unidas sobre cambio climático. En este magno evento se espera hacer un balance y evaluación de la COP26 (Glasglow) en materia de adopción de medidas esenciales para hacer frente a la emergencia climática, entre los cuales apremian la reducción de gases efecto invernadero, el fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación de consecuencias inevitable del cambio climático. En esta última materia el Secretario General de Naciones lanzó una ambiciosa propuesta sobre el anuncio de impuestos sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas de energías fósiles.  

La reciente emergencia invernal por la que pasan en los últimos meses países como Colombia es una muestra clara de los efectos del cambio climático que está afectando de manera desproporcionada a la región. Inundaciones de ríos y quebradas han dejado como saldo más de 200 muertos y miles de damnificados en los últimos 10 meses según estimaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), lo que hasta el momento deja como resultado 26 de los 32 departamentos del país declarados en calamidad pública.

Este preocupante balance ha llamado la atención de gran parte de los Estados presentes en la COP27 cuyos países también presentan consecuencias por la inclemencia de los fenómenos climáticos que atraviesan, sobre todo en los países que conforman la región del Sur Global. El Secretario de Naciones Unidas pidió “a todos los gobiernos la implantación de impuestos sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas de energías fósiles” y a su vez anunció que el objetivo de esta propuesta es abordar los problemas derivados del alza de los precios de la comida, la energía y los daños que sufren los países afectados por el cambio climático.

Lo inconveniente de esta medida, que en primera instancia podría ser una fuente óptima de financiación para atender esta emergencia, es que de llegarse a adoptar en países como Colombia causaría una gran controversia, pues tras el anuncio del Gobierno Petro de limitar las nuevas exploraciones de petróleo a través del fracking y el aumento gradual mes a mes la gasolina para desincentivar el uso de energía fósiles en la movilidad la industria petrolera ha sido una de las más perjudicadas y no vería viable la adopción de un nuevo impuesto.

Lo cierto es que los expertos estiman que la temporada invernal en el país durara hasta marzo de 2023, y hasta el momento el Gobierno destinó 2.1 billones de pesos para atender la emergencia climática que se destinará a comida, servicios de salud y zonas para reubicar a los afectados por las inundaciones en otras áreas.  

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