En un artículo escrito junto a Magda López, Henry Staples y Miguel Kanai identificamos algunos de los dilemas del activismo ciudadano en la construcción de paz al estudiar la interacción de diferentes modalidades institucionales y extrainstitucionales de participación en la región del Catatumbo durante la negociación e implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Los resultados del análisis ofrecen lecciones relevantes para la coyuntura actual y problematizan varios de los supuestos que animan el ímpetu participacionista de quienes apoyamos la idea de una paz que se construye desde y para las regiones.
Tensiones entre diferentes formas de participación
El primero de los elementos sobre el que llamamos la atención es que no todas las modalidades de participación se alinean entre sí. Algunas veces, las formas más efectivas de participar pueden ser las que más divisiones producen al interior de las comunidades y de éstas con élites locales y nacionales dificultando la coordinación necesaria para aprovechar otras formas de participación en momentos posteriores.
En la región del Catatumbo, observamos que en 2013 las protestas fueron un poderoso mecanismo a disposición de los campesinos cocaleros para saltar la escala de su acción política en la búsqueda de una paz que iba más allá de silenciar los fusiles. Influyeron en las discusiones que tenían lugar en la negociación de La Habana (Cuba) y nacionalizaron sus reclamos consiguiendo que el Gobierno nacional pactara compromisos históricos con los manifestantes.
Al mismo tiempo, las protestas provocaron divisiones con otros sectores de la región. Comerciantes, transportadores y habitantes de los cascos urbanos que al comienzo simpatizaron con los reclamos campesinos, eventualmente se distanciaron comprometiendo la posibilidad de una acción colectiva regional más sólida y sostenida. Varias personas de la región nos mencionaron que el malestar causado por las protestas afectó la posibilidad de que esta fuerza social pudiera traducirse en una opción electoral alternativa atractiva. De esta forma, se limitó la posibilidad de que en las elecciones nacionales y locales se pudiese renovar una parte del personal político para el que la paz le resultaba indiferente o inconveniente.
Las preferencias cambian según el tipo de participación
Si en el caso anterior la participación de un sector rivalizó con la participación de otros, encontramos también situaciones en la que un mismo sector social puede tener posturas distintas según el espacio en el que participa. En otras palabras, las preferencias alrededor de la paz se adaptan a los incentivos y lógicas que ofrece cada tipo de participación. Esto es importante porque uno de los supuestos más arraigados de la paz local asume que quienes la apoyan lo hacen de forma consistente y estable.
En nuestro análisis evidenciamos que las organizaciones campesinas que se mantuvieron cohesionadas para protestar y negociar con el Gobierno nacional en 2013 se tensionaron al momento de votar en el plebiscito por la paz de 2016, pero especialmente en las elecciones nacionales (2018) y locales (2019). Uno de los líderes de una de estas organizaciones campesinas señaló que entre las cerca de 10 mil personas que alcanzaban a agrupar había “campesinos que le votan al Partido Conservador. Campesinos que son de la Unión Patriótica, pero que ahora son del Partido FARC [sic]… y campesinos que son liberales, pero le votan a Cambio Radical”.
Más que una “patología”, el testimonio del líder señala el peso que a nivel local tienen ciertas tradiciones partidistas según las estructuras locales de poder que las adaptan y un electorado regional que sabe jugar estratégicamente al ver en estas estructuras la oportunidad de resolver problemáticas más puntuales e inmediatas que no dan espera. Todo esto, plantea tensiones intertemporales en la manera en que las personas deciden participar durante el proceso de construcción de paz: algunas veces privilegiando intereses más acotados e inmediatos y en otros casos promoviendo apuestas más amplias de cambio en un horizonte de mediano y largo plazo.
Desencuentros entre escalas de participación y decisión
Finalmente, otro factor que incide en los procesos participativos de construcción de paz a nivel territorial es, por supuesto, la escala geográfica en la que tienen lugar. Aquí las tensiones se derivan de la dificultad de agregar preferencias desde los espacios micro de participación hacia las escalas macro de decisión. Los problemas de los niveles veredales no necesariamente se corresponden con los que se identifican en las escalas municipales y regionales como lo demostró el gran experimento participativo del Acuerdo de Paz: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).
En el Catatumbo más de ocho mil personas participaron de este experimento en un proceso que no generó mayores divisiones entre casco urbano y zonas rurales, ni tampoco entre organizaciones sociales y élites locales. Las tensiones se desarrollaron por la insatisfacción que dejó la experiencia de construcción del Plan de Acción y Transformación Regional al no recoger adecuadamente las propuestas que salieron de la deliberación veredal como resultado de haber desarrollado procesos de participación desde una espacialidad (de la vereda a la región) que no correspondía al ordenamiento territorial formal (municipios, departamento y nación). Según un informe del Cinep, de las 1.115 iniciativas que las comunidades identificaron a nivel veredal apenas 59 fueron tenidas en cuenta a nivel subregional. Con un agravante: a la insatisfacción se sumó un creciente malestar entre la población al ver que las decisiones nacionales que se tomaron respecto al desarrollo de la región iban en contra de lo que se había definido en los espacios de participación.
La participación no es solo beneficios
Estas tensiones y dilemas advierten que los procesos participativos que directa o indirectamente le dan forma a la negociación y construcción de paz no son todo beneficios. Aprovecharlos implica costos para quienes desean participar en contextos marcados por evidentes asimetrías de poder y divisiones sociales heredadas después de décadas de guerra. En consecuencia, sus desenlaces pueden ir en contravía de lo que imaginan sus promotores.
Los impactos diferenciados de la guerra, la naturaleza de los grupos armados que controlan o se disputan el territorio y la ecología organizacional de la sociedad civil de cada región incide en la manera en que la paz se entiende y practica entre diferentes grupos sociales, entre el mismo grupo social en diferentes momentos, según diferentes formas de participación y entre diferentes escalas geográficas.
Por supuesto, de lo anterior no debe concluirse que debamos regresar a procesos de negociación y construcción de paz herméticos. El punto aquí es que la paz total requiere de un diseño consciente y cuidadoso para definir qué tipo de participación desea promover, en qué momento de la negociación o eventual implementación y de acuerdo a qué mecanismos institucionales y/o sociales espera que la ciudadanía pueda manifestarse en este tipo de diálogos regionales. Los riesgos de un mal diseño no son menores, especialmente en circunstancias como las que vive el país con enormes retos en materia de seguridad y un posible deterioro de las capacidades organizativas de las sociedades regionales que han resistido el asesinato sistemático de líderes sociales y ataques en contra de la población civil.
Reconocer el desenlace trágico que provocaron las políticas de participación sin condiciones de seguridad del Acuerdo de 2016, alinear mejor la participación institucional y social, y abrir un debate mejor informado sobre los supuestos detrás de estos diseños participativos pueden ser un buen punto de partida para formular una estrategia más acertada para el modelo de paz total anunciado por el Gobierno nacional.
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