Paz Total: mutación de la violencia a las ciudades después del Acuerdo de Paz

Paz Total: mutación de la violencia a las ciudades después del Acuerdo de Paz
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La firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las Farc-EP fue un esfuerzo por construir en clave de paz territorial, lo que implica la adaptación e implementación de acciones que conlleven a transformar y a gestionar los conflictos bajo convenciones negociadas.

Esto se reflejó en el Acuerdo bajo la forma de la transformación integral de territorios afectados y la relación entre la justicia restaurativa, en aras de tener en cuenta las víctimas y la justicia transicional para juzgar a los actores del conflicto. 

En el Gobierno de Iván Duque, el Acuerdo de Paz no fue una prioridad. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) no tuvieron el enfoque integral para fortalecer el desarrollo rural. El acceso a tierras no fue una política prioritaria y el desarrollo productivo no fue consecuente con la visión de gestar un catastro multipropósito que fuera más allá de una formalización o titulación de tierras. Por esto, una de las críticas más renuentes al Gobierno anterior fue la de “hacer trizas los acuerdos”.

Bajo la perspectiva de cambio, la holística de transformación quedó más en un geoposicionamiento de bandas criminales y disidencias con un nuevo enfoque de control territorial, transitando las acciones de lógica de ventas desde lo rural a lo urbano.

El nuevo Gobierno, encabezado por Gustavo Petro, rompe con la lógica anterior e introduce el concepto de “Paz Total”. Con esto, asume la posibilidad de abrir un diálogo multiactor. Es decir, plantea desescalar el conflicto de manera integral, incluyendo garantías y políticas sociales. El concepto ha sido acogido ampliamente por los grupos armados y/o criminales: las disidencias de las Farc, la guerrilla del ELN e inclusive la estructura criminal organizada del Clan de Golfo han mostrado el interés por conocer la apuesta de la política y de cierta forma empezar a construir un real proceso de base no impuesta.

Transición de conflictos rurales a urbanos

  • Conflictos rurales

Los conflictos por la tierra generaron una serie de esquemas de violencia escalada, progresiva y con una praxis de posicionamiento geoestratégico. El desplazamiento forzado, la violencia sexual, amenazas, desaparición forzada, entre otros hechos victimizantes, fueron de alguna forma las prácticas regulares de grupos al margen de la ley en la ruralidad.

El control territorial y las rutas para el tráfico de estupefacientes marcaron el ambiente de reclutamiento forzado, creando una desestabilización del orden asociado con desviaciones sociales. En muchos territorios el control territorial estuvo basado en hostigamientos a la ciudadanía e incluso a la Fuerza Pública, los cuales marcaban el objetivo militar de estos grupos. Además de esto, implicaba la delimitación de fronteras y encerramiento de ciertos sectores por medio de minas antipersonales.

  • Violencia urbana en Barranquilla, Bogotá y Cali

En la negociación de los diálogos en La Habana, el expresidente Santos advirtió la posibilidad de traslado del conflicto rural a la urbanidad señalando lo siguiente: “Las Farc están preparadas para comenzar una guerra urbana si fracasa el Proceso de Paz”. Hoy el panorama del conflicto urbano está en mutación debido a la potencia de las estructuras criminales.

El Clan del Golfo emerge como un actor que fusiona operaciones insurgentes. Las transiciones delictivas dentro de la lógica rural asociada con las transiciones evolutivas del crimen; Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Caparros, Urabeños, entre otros, condicionan circuitos delictivos entre regiones al punto de definir metas comunes con la intensión de generar un poder integrado ya no solo en lo rural, sino en lo urbano. Esta apuesta criminal se empezó a redefinir a través del Clan del Golfo.

Los determinantes de violencia en lo urbano toman relevancia en la medida que se intensifica el crimen organizado. Así mismo su modus operandi que, a través de la sevicia, el terror y la deshumanización condicionan la vida de los colombianos.

Anteriormente, dichos grupos ejercían control territorial exclusivamente en la ruralidad a través de desplazamiento forzado, masacres e intimidación. Hoy en las ciudades se forman escuelas del crimen con la facilidad de vincularse en lo que se denomina reclutamiento voluntario bajo una medida novedosa de reparamilitarización urbana.

Otra medida adicional al análisis pasa por las acciones transnacionales de violencia con base al control de rutas de agentes del crimen internacional, mayormente mexicanos. La importación de praxis violentas, como torturas o desmembramientos, abren la puerta para que estas estructuras manipulen mediáticamente a sus objetivos, facilitando la extorsión a gremios y comerciantes en general.

Del mismo modo, se reconoce que en la urbanidad las pandillas generaron una subyugación de control y fronteras invisibles por el control del microtráfico. Hoy, al ser repotencializados con auspicio armamentístico el control se amplifica. Es decir, transita a través del hurto y la extorsión a todo nivel; desde la informalidad de un negocio barrial hasta ser parte de estructuras dedicadas a causar terror a gremios.

En Barranquilla incrementaron los casos reportados por extorsión hasta en un 55% en el primer semestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte. En Bogotá, por ejemplo, se han presentado a la fecha 924 denuncias por extorsión, según datos de La Policía Nacional. Las víctimas son comerciantes de la plaza de Corabastos y de comercio general, entre los más afectados. En Cali, una ciudad en donde la extorsión ha estremecido a sus comerciantes y habitantes, la situación no es menos preocupante: son 311 denuncias por extorsión en lo corrido del año, sin tener en cuenta todo el Valle del Cauca.

Lo preocupante es que estas cifras de extorsión presentan un subregistro en cuanto a denuncias e influyen en el aumento de homicidios. En el caso de Barranquilla, la extorsión ha desencadenado el asesinato de conductores de buses.

En Barranquilla se registraron 12 homicidios por cada cien mil habitantes, mientras que en Bogotá esta tasa llega a 5 homicidios por cada cien mil habitantes, y en Cali una tasa de 18 por cada cien mil habitantes, siendo Cali la ciudad con más homicidios reportados durante el 2022. Esto está ligado, también, a la disputa entre bandas criminales por el control del territorio y la renta de los mercados ilícitos.

Sin duda, el conflicto y la violencia es un efecto desestabilizador del orden social y evidentemente del orden público, esto se ve evidenciado en las cifras de masacres reportadas en este año. En la capital se han reportado 3 masacres y 10 víctimas en el 2022; Barranquilla por su parte ha alcanzado una cifra alarmante a raíz de la masacre registrada hace pocos días en Las Flores en la que murieron 6 personas, llegando a 15 víctimas en 4 masacres en el 2022. Cali tiene un aspecto diferenciador del resto de capitales: en el 2022 no se han registrado masacres en la capital, sin embargo, en todo el Valle del Cauca se han registrado 29 víctimas en 8 masacres.

Debemos destacar también los hechos alarmantes en donde en diferentes ocasiones se han encontrado cuerpos desmembrados en Bogotá y en Barranquilla, que son hallados en bolsas de basura abandonados en la vía pública. En Bogotá los casos ascienden a 21 en lo corrido el año y en Barranquilla entre septiembre del 2021 y junio de 2022 se presentaron 3 casos en su área metropolitana.

La violencia no da tregua en estas ciudades capitales ni en el resto del país. Además, estas ciudades tienen que enfrentar delitos de hurtos y violencia sexual casi que a diario. Los hurtos en la capital colombiana y la inseguridad se han incrementado de manera desmedida en lo que va del 2022 se han registrado 49.573 casos de hurto. Es decir, que al día se estarían presentando un promedio de 550 robos en la capital del país.

Barranquilla por su parte registra 13.653 hurtos generales en lo que va del 2022, y Cali por su parte reporta 9.415 hurtos a personas. En cuanto a delitos sexuales, la tarea más grande para contrarrestar es la elevada cifra que tiene Cali de 823 denuncias por delitos sexuales, seguido por Bogotá con 585 denuncias y finalmente Barranquilla con 345 denuncias por delitos sexuales, según datos de La Policía Nacional.

Todo este proceso de violencia ha condicionado agravantes de desequilibrios conductuales asociados a naturalizar actos sediciosos, lo que supone tratamientos diferenciales, asumiendo la integración de determinantes psicológicas que en medio de la negociación con estos actores avancen para fortalecer la salud mental y minimicen el riesgo de no repetición.

Apuesta del Gobierno y política pública integral de paz

Cada manifestación de negociación para promover la paz genera en una sociedad que ha transitado por conflicto y violencia niveles de esperanza y escepticismo, más con el anterior contexto mencionado.

El Gobierno actual reconoce los esfuerzos de la pasada negociación entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, lo que supone por parte del círculo cercano al presidente que la base y el fundamento político de la política de Paz Total son los Acuerdos de Paz suscritos en 2016.

Algunas comparaciones salen a relucir.

La primera, asociada con la razonabilidad de la negociación plenipotenciaria en la constitución de líneas para gestar acuerdos, es encontrar puntos comunes, ejercicios previos de concertación y avance en la ruta de constitución, algo similar a la experiencia previa a la definición de los puntos de los acuerdos de la Habana.

La segunda, asociada con la formalidad de pretensiones de cada actor, genera a priori posibles escenarios de tensión y quizá un efecto de escepticismo, toda vez que se trata de análisis de violencia, modo operativa y escalada de conflictos y evidentemente, la relación de la guerra y el narcotráfico.

Sin duda, la apuesta del Gobierno nacional frente a la Paz Total debe proponer un posible rediseño en la estrategia de diálogo. Los alcances de la negociación con el ELN puede que estén fundamentados en acciones de inserción a la vida política, además de otros que puedan a estar asociados a transformar los territorios afectados bajo modelos socioeconómicos tal como se propuso en el punto 1 de los Acuerdos.

Pese a que resulta prematuro avanzar en los posibles escenarios, lo cierto es que, frente al incumplimiento de los puntos claves para restaurar el daño causado con base a una paz territorial, es apenas lógico que la duda aflore y las críticas apunten a manifestar “si no fue posible implementar los acuerdo con un actor, qué se puede esperar con dos o tres”, los cuales vislumbran mecanismo e intereses diferentes, convenciones ideológicas diferenciales, además de integrar políticas paralelas para fortalecer la seguridad y la convivencia.

Lo anterior supone retos enormes. Sin embargo, a pesar del escepticismo de la apuesta nacional por la Paz Total, es mejor intentar que ver la reconfiguración de nuevos conflictos y la posibilidad de escalar progresivamente a más violencias en lo urbano y lo rural. 

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