Paz y desarrollo: una agenda conjunta

Paz y desarrollo: una agenda conjunta
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Hace unas semanas estuve en el Cauca y los líderes sociales con los que hablé se unieron a un mismo reclamo: “debemos aumentar las oportunidades educativas y de generación de ingresos para así cerrar las puertas al reclutamiento forzado por parte de los grupos armados”. 

En territorios como Caquetá, diversos actores me han manifestado su preocupación por la difícil situación de seguridad que, informan, está llevando a la suspensión temporal de proyectos productivos de reincorporados y comunidades. Detrás de estas dos caras de la misma moneda subyace lo que considero es uno de los asuntos esenciales de la agenda presente y futura de Colombia: la importancia de fomentar y fortalecer el círculo virtuoso de la construcción de paz y el desarrollo humano. 

Sin desarrollo humano no hay paz posible. Esta intuición elemental la advertía ya el Informe de Desarrollo Humano del Pnud de 2003 "Callejón con Salida" cuando afirma que aumentar las oportunidades, proveer alternativas a comunidades, víctimas, excombatientes, pueblos indígenas, minorías, mujeres, jóvenes, y niños era la mejor manera de resolver el conflicto armado colombiano.

El Acuerdo Final de Paz de 2016 también parte de esta premisa, en particular en su anunciada Reforma Rural Integral y uno de sus componentes, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). Estos, precisamente, se fundamentan en la idea de que para evitar el retorno de nuevos ciclos de violencia es necesario transformar estructuralmente los territorios, con mayor infraestructura pública, aumento de oportunidades de educación, mejoramiento en el acceso a salud, a agua potable, saneamiento básico, a la tierra y a la vivienda. A través de la participación ciudadana y de las inversiones públicas, del sector privado, de la sociedad civil y de la comunidad internacional, se lograría una mejor integración de ciudadanía y respeto por la diversidad, Estado y mercado; y así, promover alternativas al uso de la violencia.

Actualmente, son visibles ya avances significativos en esta dirección. En efecto, a partir de un proceso participativo se han identificado 32.000 iniciativas Pdet que van dirigidas al desarrollo económico y social de casi 7 millones de colombianos y colombianas. Según fuentes oficiales, 13,2 billones de pesos han sido invertidos en más de 3.000 de estas iniciativas. También, se han entregado cerca de 50.000 títulos de tierras a campesinos como parte de la reforma rural. Este tipo de intervenciones ha permitido que, en zonas como la Macarena y el Guaviare, antes estigmatizadas por la violencia, el ecoturismo haya emergido como una alternativa importante para la integración económica y social, al tiempo que se avanza en oportunidades de reconciliación. Historias como esta permiten explicar por qué más de la mitad de las personas que residen en territorios Pdet creen que su implementación va a transformar sus territorios.

A pesar de estos avances nos enfrentamos a problemas estructurales profundos que no solo podrán ser tramitados a través del Acuerdo de Paz. La pobreza monetaria en centros poblados y rural disperso aumentó de 42,9 % a 44,6 % entre 2020 y 2021, un hecho notorio teniendo en cuenta que el 76 % de los municipios Pdet son rurales y rurales dispersos. Lo anterior resulta consistente con la percepción del 60 % de la población de los territorios Pdet que en 2021 percibió un deterioro de sus condiciones socioeconómicas. Si además le añadimos, en términos multidimensionales, que el analfabetismo en estas zonas es tres veces mayor que el promedio nacional, que solo un tercio de la población cuenta con acceso a fuentes de agua o que el 56 % de los municipios Pdet tiene conectividad deficiente, el desafío para crear oportunidades económicas y sociales reales para la población es enorme. Si no reversamos estas tendencias no vamos a poder frenar las persistentes y emergentes violencias: actualmente, pese a las importantes inversiones en los Pdet, la tasa de desplazamiento forzado allí (1.062 por cada 100.000 habitantes) sigue estando muy por encima de la tasa nacional (182 por cada 100.000).

La otra cara de la moneda es igualmente crucial: sin construcción de paz no hay desarrollo humano posible. La continuidad de diversas expresiones de violencia son un obstáculo fundamental al aumento de las opciones y medios para que los habitantes del país puedan mejorar sus vidas.

La FIP, en su más reciente informe, alerta sobre la persistencia de distintas violencias en el país en las que confluyen dinámicas del conflicto armado, con las de la criminalidad. En ese contexto se ven seriamente limitadas las posibilidades de desarrollar actividades económicas y de consolidar un tejido social robusto que permita el efectivo goce de derechos. La vulnerabilidad de los líderes sociales y la afectación a sus derechos persiste y fractura las posibilidades de fortalecer lazos comunitarios que favorezcan el acceso a bienes públicos El reciente paro armado, fue sintomático de las millonarias pérdidas que genera la violencia y las limitaciones que impone a, entre otras, las posibilidades de locomoción de las poblaciones de territorios vulnerables. El asesinato de excombatientes y las persistentes amenazas a esta población además del sufrimiento que causan por sí mismos, tienen serias implicaciones en su capacidad de llevar a cabo sus proyectos socioeconómicos, muchos de los cuales benefician a comunidades aledañas. No hay alternativas sociales y económicas qué ofrecer si no se alteran estas tendencias también.

En la actual coyuntura política es esencial el llamado a revertir el aumento de la pobreza en las zonas más marginales del país, así como el aumento de la violencia en algunas zonas Pdet. Para ello no existen salidas fáciles. La evidencia sugiere que el círculo virtuoso del desarrollo y la paz se alimenta de intervenciones integrales que aborden simultáneamente las demandas de oportunidades socioeconómicas, de acceso a la justicia, de provisión de servicios sociales y de seguridad. La Agenda Común por Colombia de Naciones Unidas resulta ser un elemento importante para alinear las nuevas agendas de gobierno para guiar la implementación de la integralidad del Acuerdo de Paz y articulación de su ejecución a los programas más amplios de desarrollo económico y social en los territorios más vulnerables.

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