¿Por qué es importante mantener una sólida capacidad militar en Colombia?

¿Por qué es importante mantener una sólida capacidad militar en Colombia?
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En el mundo actual, justificar las capacidades militares de los Estados se ha vuelto impopular. Afirmar que se necesita un gasto en defensa, y un presupuesto robusto para las fuerzas militares, puede ser visto como un sacrilegio en sociedades que reclaman mayores inversiones en salud, educación, ambiente y equidad. Colombia no es la excepción, especialmente con el ascenso de Gustavo Petro a la presidencia. Las expectativas de amplios sectores sociales de dejar atrás el conflicto, reducir el tamaño de las Fuerzas Militares y disminuir el gasto en defensa, son bastante altas.

El nombramiento de Iván Velásquez como nuevo Ministro de Defensa, con su experiencia en derechos humanos y lucha contra la corrupción, viene siendo interpretado por algunos como un golpe al sector. Sin embargo, e incluso teniendo en cuenta la agenda del nuevo presidente, Colombia necesita mantener una sólida capacidad militar, y actuar en la dirección contraria podría ser contraproducente para el interés de los colombianos.

Es necesario realizar un análisis desapasionado en esta materia, y en la medida de lo posible, alejado de intereses políticos. Aquí, una reflexión sobre los asuntos de grupos armados, narcotráfico, seguridad humana y disuasión convencional.

Grupos armados

Ya no cabe duda de que el nuevo gobierno intentará establecer procesos de negociación con los grupos armados. El triunfo de Petro, e incluso el nombramiento de Álvaro Leyva como Canciller, indican que el proceso con el ELN se retomará más pronto que tarde. Está también la posibilidad de diálogos con otros grandes grupos armados organizados (GAOs), especialmente el Clan del Golfo, y posiblemente algunas disidencias de las Farc. En este caso se debate si debe ser una negociación centrada en procesos de sometimiento a la justicia, tratándose de grupos de naturaleza criminal, y no procesos de paz en estricto sentido. 

Calificar estas estrategias como un acierto o un error es un juicio de valor que corresponde a cada persona. Sin duda, las negociaciones son un medio válido para la terminación de conflictos e históricamente han demostrado ser uno de los instrumentos más idóneos para cerrar ciclos de violencia.

Pero si algo nos han demostrado también los procesos de negociación, y particularmente los colombianos, es que hay una alta probabilidad de que algunos sectores de esos grupos se rehúsen a seguir el camino de la paz. Las economías ilícitas son altamente onerosas y difícilmente el hecho de que muchos quieran someterse a la justicia nos llevará a la desaparición generalizada del interés criminal.

La dinámica de los grupos armados ha demostrado ser altamente fluida, flexible y adaptable. Esto quiere decir que la caída de algunos capos o la desaparición de algunos grupos no ha representado el fin de la violencia, el conflicto y las economías ilícitas. Los actores se reacomodan de acuerdo con el contexto, creando nuevos grupos o fortaleciendo algunos existentes, generando nuevos patrones de cooperación y conflicto entre los mismos actores criminales.

Si ese llegase a ser el escenario, Colombia va a seguir necesitando una acción de fuerza contra estos grupos. Se entiende que el deseo de los colombianos es dejar atrás la historia de confrontación, pero la política no se puede formular desde escenarios imaginados, ignorando realidades. Si aún con procesos de negociación siguen existiendo grupos armados asociados del narcotráfico ¿qué haríamos con ellos?

Esto no quiere decir que la solución al problema sea enteramente militar. Está ya claro que la problemática de las economías ilícitas y el poder de grupos armados está ligado a la debilidad de las instituciones, la ausencia de estado, la desconfianza entre comunidades e instituciones, y la imposibilidad de vidas dignas por fuera de las economías ilícitas. Todas estas deficiencias van mucho más allá del ámbito militar.

Narcotráfico

Desde hace varios años, el mundo se aleja del camino de la ‘guerra contra las drogas’ declarada por Nixon en 1971. Mandatarios, premios Nobel de economía, empresarios, y líderes globales afirman que una estrategia restrictiva y punitiva, de cierta forma policiva y militarizada de persecución, no nos ha llevado a nada. Esta realidad no se puede desconocer.

Varias voces proponen avanzar en perspectivas de legalización, regulación o despenalización de las sustancias psicoactivas, tratando el problema desde la prevención y la salud.  De nuevo, corresponde a cada quién analizar si este es un camino apropiado, pero la comunidad internacional aún está a años de distancia de dar este giro. La discusión sobre la marihuana aún enfrenta obstáculos en muchos lugares y en el caso de la cocaína ni se asoma la posibilidad.

El gobierno de Petro piensa regresar a lo acordado en el proceso de La Habana. Esto tiene sentido. La erradicación forzada ha demostrado no ser el más ideal de los instrumentos, generando tensiones entre comunidades e instituciones, motivando desplazamiento de cultivos, o creando la posibilidad de resiembra. Es lógico, como solución a largo plazo, crear las condiciones para que los cultivadores encuentren estímulos para no cultivar, planteando alternativas sostenibles a las economías ilegales.

Sin embargo, mientras este proceso avanza (y si avanza), Colombia seguirá siendo el principal productor de cocaína. El Estado ha enfocado su lucha en el proceso de producción, destruyendo hectáreas, con un saldo costoso en su relación con comunidades, especialmente en zonas conflictivas. Si bien sería positivo sacar a las tropas de los procesos de erradicación forzada, debe resaltarse el esfuerzo de la Armada Nacional en la disrupción del narcotráfico marítimo.

Los militares han insistido en que los golpes más duros a todo el sistema de valor del narcotráfico se dan en la interdicción marítima, por lo menos mucho más que en las etapas de cultivo y producción. Colombia se ha convertido en protagonista mundial en operaciones de esta naturaleza. Bajo su liderazgo se han realizado siete versiones de la campaña Orión, en la cual ya participan 38 países de América y Europa, motivando operaciones coordinadas entre las diferentes Armadas, con logros astronómicos en el decomiso de narcóticos. Esta será una capacidad que el país va a necesitar por varios años, mientras avanza con su agenda de construcción de economías lícitas en las regiones.

Tal vez no tiene sentido que el mundo continúe por la vía de la persecución mientras los consumos se mantienen estables en todas las latitudes. Sin embargo, mientras la comunidad internacional siga manteniendo la prohibición de estas sustancias, no se ven alternativas en el corto plazo.

Seguridad humana

Por otro lado, se ha hablado de la necesidad de un cambio de doctrina hacia la seguridad humana. Aun necesitamos ver qué quiere decir esto en términos prácticos, y cómo se logra. En general, la seguridad humana pone a los individuos en el centro, como objeto de la protección. Va más allá de una seguridad puramente física, para incluir dimensiones en las cuales la persona percibe riesgos para su seguridad y supervivencia: alimentación, ambiente, economía, salud, política y comunidad. El concepto mismo evoca la acción de múltiples instituciones del Estado, mucho más allá de la Fuerza Pública, y la necesidad de entidades de coordinación ¿Tal vez el Consejo Nacional de Seguridad?

Para las Fuerzas Militares de Colombia, las operaciones realizadas atendiendo las diferentes dimensiones de la seguridad humana no son nada nuevo. En sus propios procesos de transformación, que llevan ya años, se ha pensado en un rango de operaciones más allá del combate tradicional, enfocadas en el desarrollo local, la construcción de paz, y la sostenibilidad.

Especialmente en regiones donde el Estado es débil, las FF.MM. han desarrollado un abanico de tareas, desde la construcción de infraestructura básica hasta la realización de ruedas de negocios, para contribuir a la consolidación de economías lícitas y sostenibles. Un ejemplo es el programa Fe en Colombia, que busca articular al Estado, al sector privado y a la cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida de la población en regiones vulnerables. Las tareas de lo que sería una ‘fuerza de paz’ no serían extrañas.

Pero esto nos lleva a la eterna discusión de si deben los militares encargarse de estas labores. La respuesta, desde la teoría del Estado, seguramente es ‘no’. Pero ¿acaso tenemos la fortaleza institucional para lograr esos desarrollos? ¿Quién más podría realizar estas tareas mientras evolucionan las capacidades de las instituciones apropiadas?

Disuasión convencional

Todos quisiéramos imaginar un mundo más pacífico, donde los estados coexistieran en paz o fueran inexistentes. Un mundo sin guerras. Lamentablemente, esta tampoco es la realidad. Los estados existen y las guerras también. Los ideales y los imaginarios pueden ser una buena motivación para construir el mundo que queremos, pero los tomadores de decisión no pueden ignorar el mundo tal como es hoy. 

Las fuerzas militares siguen siendo uno de los instrumentos garantes de la protección de las naciones en el orden (¿o desorden?) global. Colombia ha experimentado tensiones con Nicaragua por sus pretensiones en el archipiélago de San Andrés y con Venezuela. En teoría, el gobierno de Petro resolverá las tensiones con el gobierno de Maduro, pero ¿podemos estar seguros de que no tendremos amenazas externas?

Si hay una lección que los casos de Rusia-Ucrania y Taiwan-China nos han dejado es que la guerra interestatal no es una realidad del pasado. Mucho se discute la pertinencia de la compra de aviones de combate para reemplazar nuestros antiguos Kfir, con vida útil hasta 2023, pero la sola idea despierta la ira de varios sectores de la opinión. En el mundo real, puede que sean necesarios, e incluso, a largo plazo, más económicos.

Como socio global de la Otan, Colombia tiene una agenda de cooperación que trae enormes réditos para el país. Aquellos más preocupados por los problemas de corrupción, por ejemplo, deben saber que la agenda de ‘construcción de integridad’, incluida en el programa, nos motiva a mejorar los estándares de transparencia. Colombia puede ayudar a muchos países miembros y asociados en asuntos como la lucha contra el crimen organizado o la guerra irregular. Tampoco se puede ignorar la capacidad de contribuir en misiones internacionales de paz. No deberíamos tirar por la borda estos conocimientos y posibilidades.

Nada en este análisis busca excusar a las Fuerzas Militares de los errores cometidos. Sería insensato ignorar los problemas de corrupción o de violaciones de derechos humanos que necesitan ser revisados y discutidos a profundidad. También explorar las formas en que se pueden evitar a futuro, teniendo en cuenta los mecanismos propios de evaluación de cada una de las Fuerzas. Pero en el debate actual, al inicio del nuevo gobierno, resulta necesario recalcar la importancia de varias de las tareas que las FF.MM. vienen realizando.

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