Propuesta de Capitulo Campesino al PND 2022 – 2026

Propuesta de Capitulo Campesino al PND 2022 – 2026
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Esta propuesta fue elaborada en coatoría con: Jhon Noriega, Lady Stefany López, Esneider Rojas Ultengo, Alejandra Quintero, Andrés Felipe Ocampo Martínez, Juan David Rojas Hurtado y Eliecer Morales.

La siguiente propuesta de capítulo campesino al Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro y la vice presidenta Francia Márquez es una iniciativa de varios académicos y campesinos que busca aportar herramientas en la materialización de los derechos campesinos y su articulación con la política pública. Vale la pena remarcar que nuestra aspiración es solo brindar herramientas propositivas a las complejas discusiones que enfrenta el Gobierno actual, así como el campesinado en general, para convertir a nuestro país en una potencia alimentaria de la vida.

Bajo el contexto anterior, el documento que se presenta a continuación, “Propuesta de capitulo campesino al PND 2022-2026” es un insumo abierto a la discusión y/o retroalimentación por parte de las organizaciones campesinas. Sus autores/as no buscan opacar ni sustraer la vocería y acción propia del movimiento campesino, por lo que el documento en cuestión no es una propuesta final ni su contenido es inamovible, siendo todo objeto de mejora y modificación.

¿Por qué es importante esta propuesta?

Hoy más que nunca es pertinente posicionar al campesinado con iniciativas y acciones públicas del Gobierno Nacional dirigidas al desarrollo del agro y del campo colombiano. El campesinado y el sector rural han reclamado históricamente una reforma rural integral que diera paso a un nuevo campo colombiano. A pesar de los intentos de reforma agraria con la Ley 200 de 1936, la Ley 135 de 1961 y la Ley 160 de 1994, esto ha sido un anhelo frustrado en Colombia, pues la distribución de la tierra se ha caracterizado por la desigualdad y la parcelación latifundista que ha afectado la vocación productiva del campesinado nacional.

Los dos primeros intentos de reforma, a pesar de haberse promulgado en un contexto económico regido por el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), no lograron su cometido debido a la intromisión del Gobierno de Eduardo Santos, la firma del Pacto de Chicoral, el conflicto armado interno, la apertura económica neoliberal y el narcotráfico que han obstaculizado el propósito de resolver el problema de la tenencia de la tierra, la industrialización y la tecnificación del sector rural y el reconocimiento del campesinado como un actor político, económico y social relevante para el desarrollo del país.

No obstante, actualmente el país transita de manera lenta e incipiente en la construcción de una paz estable y duradera tras la firma del Acuerdo de Paz. Por esto, entre otros puntos, urge la concreción de un nuevo campo colombiano a partir de la implementación completa del punto uno: Reforma Rural Integral, el cual es una de las prioridades del actual Gobierno, quien ha manifestado a la opinión pública su compromiso con la transformación de problemas estructurales nacionales, entre ellos, el del sector rural. Indudablemente, y de manera complementaria, el sector rural merece las inversiones necesarias para su desarrollo en aspectos como infraestructura que facilite el acceso a la ruralidad, la movilización de la producción, la promoción de la agroindustria campesina y sobre todo que contribuya al cierre de las brechas entre la ruralidad y los centros urbanos.

En ese sentido, resulta fundamental no solo el reconocimiento de las diversas organizaciones populares, comunitarias y sociales y sus procesos de base, sino también legitimar y tramitar las múltiples apuestas de las diversas organizaciones campesinas, pescadoras y agro-mineras, cuyas propuestas se configuran como determinantes para lograr la transformación efectiva de los conflictos y problemáticas estructurales (políticas, económicas y sociales) que afectan a estos sectores recurrentemente desatendido por los diferentes gobiernos de turno. Claramente, cabe decir que las transformaciones que se proponen desde el Gobierno requieren una participación activa del sector campesino que viene impulsando iniciativas y propuestas propias que no sólo deben ser incluidas en la agenda pública de los próximos cuatro años, sino también incorporar en escenarios de consulta, gestión y decisión a representantes legítimos de organizaciones y procesos que lideran estas comunidades y que habiliten así, procesos de continuo diálogo en doble vía entre el sector y la administración, involucrando además la interlocución y articulación entre los diferentes niveles de Gobierno.

En consecuencia, se considera imperante que el sector campesino incida en la formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) y en la formulación de políticas públicas con el propósito de avanzar en la creación de las condiciones necesarias para el goce efectivo de los derechos constitucionales y de la puesta en marcha de políticas, programas, y proyectos que mejoren de manera substancial el presente y devenir del sector rural en Colombia. Para ello, resulta menester materializar dos grandes retos: 1. La articulación concertada de los diferentes sectores campesinos y rurales de base para la movilización colectiva y ordenada de sus propuestas e iniciativas que deben presupuestar un plan de incidencia que contenga una serie de pasos para lograr ser incluidas en la agenda pública del gobierno nacional, 2. Realizar una negociación continua que le garantice al campesinado la implementación y materialización de sus intereses, al mismo tiempo que se establezcan ejercicios rigurosos de seguimiento, control, realimentación y evaluación de la acción gubernamental. Finalmente, la consigna del campesinado colombiano debe estar orientada a que, para avanzar en lograr una transformación de la actualidad del sector rural, éste debe estar unido.

Estructura del texto propuesto

Por ello la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 en materia de reconocimiento de derechos del campesinado, política de tierras y superación de las necesidades históricas para el bienestar de la población campesina se enmarca en los siguientes seis pilares para la transformación positiva de la vida campesina:

  1. El ordenamiento del territorio alrededor del agua, en el cual se discuten los componentes de ordenamiento territorial y los escenarios de vinculación de la población campesina que podrían ser tenidos en cuenta en aras de garantizar sus derechos, hacer un uso adecuado del territorio y gestionar las acciones institucionales para actuar conjuntamente en materia de planificación.
  2. La seguridad humana y justicia social, en el cual se reflexiona sobre las necesidades sociales de la población y los procesos a través de los cuales se puede proponer acción estatal con una lectura acertada del bienestar campesino, especialmente en aspectos como los derechos fundamentales, el acceso a servicios básicos y la protección de la vida.
  3. El derecho humano a la alimentación. En este pilar se piensan iniciativas a través de las cuales la sociedad colombiana pueda garantizar su derecho a la alimentación, teniendo como presente la base productiva campesina y las necesidades del agro en materia de política pública. Para este punto, se destaca la reforma rural integral, pues es vital responder a las demandas de tierra, la red de infraestructura necesaria para el transporte de alimentos, las cadenas de suministros y las herramientas para aumentar las ganancias campesinas por su trabajo.
  4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática. En este apartado se propone potenciar la economía productiva con componentes ambientales, proponiendo considerar las tensiones que rodean la constitución del sujeto campesino, sus prácticas y los usos del territorio, de modo que pueda repensarse el camino del desarrollo del campo al mismo tiempo que se consideran las necesidades campesinas y ambientales. 
  5. Convergencia regional. La convergencia regional, la cual exige un cambio de las instituciones y la gestión estatal, debe reconocer los derechos de las comunidades campesinas y su protección constitucional, logrando la aplicación de políticas con enfoque diferencial hacia esta población y hacia la mujer campesina.

Gráfico de estructura de la propuesta de Capitulo Campesino al Plan Nacional de Desarrollo.


Propuestas estratégicas de Ajuste Normativo

El texto contiene adicionalmente un último apartado en el cual se analizan varias de las propuestas más estratégicas en términos normativos para el campesinado colombiano y que podrían aprovechar la ventana de oportunidad que brinda el Plan Nacional de Desarrollo para ser implementadas.

Mencionamos tres (3) en este ejercicio de síntesis:

  • Enfoque diferencial y ajuste institucional procampesino

El campesinado es sujeto pleno de derechos y de especial protección constitucional. Todos los funcionarios públicos deberán actuar con debida diligencia para garantizar la promoción, el respeto y garantía de sus derechos individuales y colectivos bajo los principios de progresividad y no regresividad. Para su materialización se impulsará un enfoque diferencial a favor del campesinado, se ampliará su participación directa en los escenarios de toma de decisión y se adecuará la estructura institucional, en especial en el Ministerio del Interior y de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas y vinculadas, sin perjuicio de su presencia dentro del Ministerio de la Igualdad.

  • Reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y creación del subsistema y del Plan Nacional de Territorialidad Campesina

Créase el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, como mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades dirigidas a promover y proteger los derechos de las comunidades campesinas, prestar los servicios relacionados con el desarrollo de la economía campesina, y garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de campesinos y trabajadores agrarios, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los hombres y mujeres campesinas de escasos recursos, proteger la producción de alimentos y promover la paz con enfoque territorial

Integran el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino todas las entidades que realicen actividades relacionadas con los objetivos señalados en el inciso anterior y, además, las organizaciones campesinas, afrocolombianas e indígenas. Los organismos integrantes del sistema deberán obrar con arreglo a las políticas gubernamentales, los principios que rigen el régimen agrario y los mandados constitucionales en la materia.

  • Mesa permanente de concertación campesina

Reconociendo la participación reforzada a favor del campesinado, se crea la Mesa Permanente de Concertación Campesina adscrita al Ministerio del Interior, que tendrá por objeto concertar entre el movimiento campesino y el Estado la formulación, el seguimiento y la evaluación al Sistema Nacional de Reforma Agraria, de la política pública a favor del campesinado, de las normas que desarrollen los derechos campesinos, del cumplimiento de los acuerdos suscritos con organizaciones campesinas en el marco de la movilización social o de la negociación política, para la concertación de los distintos planes nacionales de desarrollo, y para hacerle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a que allí se lleguen.


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