Propuesta de hoja de ruta para una negociación con el ELN

Propuesta de hoja de ruta para una negociación con el ELN
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La certeza de que la actual administración de Iván Duque no entablará ningún tipo de acercamiento con el ELN con el objeto de retomar las negociaciones de paz, porque no quiere y no puede, este artículo apunta a señalar una serie de medidas generales y operativas frente a un posible acercamiento con un nuevo Gobierno en el segundo semestre de 2022.

Estas recomendaciones tienen como marco general el carácter organizacional federado y parroquializado de esta guerrilla (regional) que se refleja en dos aspectos.

Uno, en un comportamiento heterogéneo de sus Frentes de Guerra en los territorios en los que hacen presencia activa (tiene variados rostros territoriales); y, dos, en los continuos fracasos en los intentos de diálogo o negociación que ha iniciado, debido a su incapacidad para construir un consenso sólido en su interior en torno al final de su conflicto por la vía de la negociación o porque estos espacios han sido tomados como oportunidades de oxigenación política y de acumulación de fuerzas en momentos de crisis.

En efecto, el ELN -como ninguna otra insurgencia- ha desarrollado acercamientos y diálogos con todos los gobiernos de las últimas tres décadas (1990-2022): iniciando con César Gaviria (en el marco de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar), pasando por Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos hasta llegar a Iván Duque.

Las siguientes propuestas generales están planteadas con el fin de viabilizar una negociación que permita llegar a la terminación del conflicto armado entre el Estado colombiano y esta guerrilla o por lo menos con una parte de sus Frentes de Guerra. Dentro de las recomendaciones que elaboramos, identificamos unas acciones de urgencia y unas medidas generales para desarrollar la mesa y acciones operativas.

Medidas de urgencia

El atentado contra la escuela general Santander en 2019 y la coyuntura del posacuerdo (2016-2021) han sentado unos precedentes nada virtuosos que generan desconfianza de lado y lado y continúan legitimando, a los ojos del ELN, su permanencia en armas. En tal medida, recomendamos para el siguiente Gobierno las siguientes acciones y medidas de urgencia:

  1. Para el ELN el asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las Farc, durante la implementación del Acuerdo de paz, son un indicador certero y contundente que realza su discurso de permanecer en armas y demuestra, en su visión, que el Estado incumple lo pactado. De tal forma la próxima administración debe enfilar baterías hacia la mejora y focalización de las estrategias de seguridad y protección a estos dos sectores de la población para desmontar esta percepción y narrativa de autojustificación para no negociar.
  2. Restablecer la credibilidad y confianza del Estado colombiano dentro de los países amigos y acompañantes al proceso de paz. Como nunca antes, la administración de Iván Duque, sentó un mal precedente al desconocer unas reglas de juego prexistentes, sentadas con los protocolos de los diálogos. El próximo Gobierno debe restablecer la imagen y el cumplimiento de lo pactado.
  3. Si ciertos analistas dicen que, en el territorio colombiano, la paz con el ELN pasa por Arauca, en el ámbito internacional esta pasa por Venezuela. Retratado el fracaso de la administración de Iván Duque por promover un cambio de régimen en Venezuela, el siguiente gobierno debe tener como prioridad restablecer las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro.

Lo anterior implicaría que la política exterior de Colombia no pasara tanto por la agenda política que tiene Estados Unidos para el hemisferio. Si bien este supuesto es bastante improbable, consideramos que una mejor relación con el régimen bolivariano puede implicar que Nicolás Maduro ejerza una suerte de presión sobre el ELN para negociar. Acá el mecanismo para lograr dicho círculo virtuoso sería que Bogotá y Washington establezcan una especie de acuerdo faustiano para reducir la presión económica sobre Caracas o que el Estado colombiano no desarrolle más presión sobre intereses económicos venezolanos en su territorio, tal y como pasó con la disputa que hubo alrededor de Monómeros.

La razón de este punto y las posibles estrategias señaladas toman como base que el ELN ha afianzado en la frontera más extensa del país, gracias a la incomunicación entre los dos Estados. Ahí controla amplios ámbitos y dimensiones de la vida fronteriza y extraen rentas en ese territorio.

En la práctica, el ELN logró construir un santuario estratégico en el vecino país y mantiene vínculos con altos funcionarios del Gobierno venezolano; allí, además se resguardaron sus dos más importantes líderes (Antonio García y Pablo Arauca).

A medida que pasa el tiempo, el ELN no solo ha ganado terreno y profundizado su influencia, sino que también, de cara al futuro, será más difícil insertar a la matriz institucional este espacio en un eventual proceso transicional. Acá la premisa se basa en una racionalización de los esfuerzos institucionales, económicos y sociales de cara al futuro.

Medidas generales (nacionales)

  1. Para el ELN el asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las Farc, durante la implementación del Acuerdo de Paz, son un indicador certero y contundente que realza su discurso de permanecer en armas y demuestra, en su visión, que el Estado incumple lo pactado. De tal forma la próxima administración debe enfilar baterías hacia la mejora y focalización de las estrategias de seguridad y protección a estos dos sectores de la población para desmontar esta percepción y narrativa de autojustificación para no negociar.
  2. En algunas zonas donde el ELN tiene presencia, la informalidad en los predios rurales, la poca asistencia técnica y productiva, la falta de conectividad con los circuitos económicos (legales) regionales y nacionales; al lado, de los pocos espacios políticos, que en cierta manera se pueden ver mitigados con la resurrección las curules de paz; y un giro en el tema en el tratamiento de los cultivos ilícitos: devolver el espíritu que tenía de sustitución y no de erradicación, serían elementos claves para desactivar demandas y agravios sobre los cuales el ELN se apalanca en la actualidad e incluso le generaría presión desde las localidades para negociar, ya que su presencia puede ser percibida como un obstáculo en el proceso de integración y articulación política, social y económica que implicaría un giro en estos temas.
  3. La fase exploratoria puede servir para impulsar activamente la suscripción de Pactos Humanitarios locales o subregionales que permitan el establecimiento de corredores humanitarios, salvaguardar al personal médico, respeto a la vida de los Defensores de Derechos Humanos y garantizar la movilidad de poblaciones vulnerables en el marco de enfrentamientos armados, todo esto con veeduría de la Iglesia Católica, la ONU o el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Medidas operativas

  1. Contrario a lo que sucedió en la mesa y ronda de diálogos de Juan Manuel Santos se debe tratar de consolidar un equipo negociador, con asesores y expertos que tengan clara la naturaleza organizacional y los diversos rostros que tiene esta guerrilla. La constante rotación de los representantes del Gobierno atentó contra la estabilidad de la mesa y en la consolidación de un equipo con directrices y apuestas claras para hablar de paz y negociar.
  2. Tal y como ha expresado Socorro Ramírez, con los diálogos de Quito y La Habana se marcaron unos precedentes importantes, porque nunca antes se había logrado avanzar tanto en una negociación con esta guerrilla: se definieron unas agendas y temas con sus líderes que pueden servir como hoja de ruta para un nuevo diálogo.
  3. La agenda y los puntos deben tener un horizonte temporal y de acción realista. El ELN antes de querer dejar las armas pretende y considera que las transformaciones estructurales del Estado deben hacerse antes de su desmovilización, algo que no es realista para un proceso de paz.
  4. Es necesario acoplar la agenda y los temas al discurso eleno. Lo anterior quiere decir que se deben identificar claramente sus reivindicaciones y demandas. Como se ha reiterado en otras ocasiones, esta guerrilla no tiene en el centro de sus proclamas la representación política ni el tema de tierras. Su discurso se basa en la representatividad en el sistema político, los recursos naturales, los modelos de desarrollo regional, formas de intervención y articulación estatal, entre otras cosas.
  5. Una negociación con el ELN debe tener una naturaleza descentralizada y territorial. Esto quiere decir que se debe bajar y aterrizar la negociación a las regiones en las que hacen presencia sus distintos Frentes de Guerra con el establecimiento de distintas mesas de negociación simultáneas o una mesa nacional con patas regionales con poder de decisión.
  6. La negociación en los territorios facilitaría la participación comunitaria, tema sensible para el ELN, pero también ofrece la posibilidad de involucrar a las autoridades locales y regionales, gremios, academia, victimas, iglesias y demás actores estratégicos no solo en la negociación sino también durante la implementación de lo que se acuerde. Lo local, posibilita construir procesos de gobernanza de la paz.
  7. En los equipos de negociación debe haber personas de los territorios, que conozcan las trayectorias de la violencia local o regional y las dinámicas de esa organización armada. Esto indica que, si bien se debe establecer una agenda nacional, esta debe complementarse con particularidades propias de cada región, entendiendo que las dinámicas de la guerra en Arauca son distintas a las del Catatumbo.
  8. Establecer espacios de diálogo permanente entre los miembros del ELN y desmovilizados de otras organizaciones insurgentes colombianas con el fin de aproximar a los guerrilleros en armas a las realidades urbanas y suburbanas que son desconocidas para ellos, esto serviría para evitar sobre expectativas o derribar mitos en torno a la reintegración social y política.
  9. Debe anticiparse cuales serían los Frentes de Guerra que no participarían en una eventual negociación y asumir que al igual que en otros procesos de negociación previos, las disidencias estarán a la orden del día. Consideramos que, por la condición federada del ELN, las divisiones y fricciones internas serán mucho más rápidas y visibles que en el caso de las Farc con el caso de “Gentil Duarte”. Para poder vislumbrar este punto, hay que tener idea y presente las diversas facciones y tendencias al interior del Coce: una cosa es Pablo Beltrán y el ala que representa, otra la de Antonio García y otra de “Pablito”, para dar algunos ejemplos.
  10. Como aprendizaje del proceso de refrendación del Acuerdo de Paz con las Farc, no se debe pensar en un acto plebiscitario para llenar de legitimidad política un proceso de paz con el ELN. En efecto, como política de Estado ya lo tiene. El plebiscito de 2016 debilitó la negociación de paz con las extintas Farc, al punto que abrió oportunidades institucionales y electorales a los saboteadores para entorpecer su desarrollo e implementación, como sucedió con el papel del uribismo desde 2016 hasta ahora. Hay que tener en cuenta, de acuerdo a otras experiencias del mundo, que los acuerdos son más difíciles negociar e implementar cuando se dan transiciones gubernamentales, típicas de las democracias.

Finalmente, el principal reto: hacer presencia en los territorios

El Estado colombiano debe incluir un punto y hacerse responsable política e institucionalmente de la necesidad de recuperar los territorios que eventualmente dejen las estructuras armadas del ELN.

Lo que muestra nuestra experiencia es que, en los diversos procesos transicionales realizados por el Gobierno de turno y actores alzados en armas, hay un círculo nada virtuoso donde los antiguos espacios dominados por los actores que se desmovilizan son objeto de nuevas y dinámicas interacciones armadas, por cuenta bien de la incapacidad institucional para insertarse, bien por un desinterés o bien por una estigmatización hacia estas zonas y sus habitantes. El resultado ha sido nuevos procesos de rearmes que toman como justificación el incumplimiento estatal y la falta de garantías en seguridad.

Pensemos en los sucesos que acontecieron durante de los Planes de Rehabilitación de Rojas Pinilla y los programas desarrollados durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo; en los procesos de paz de inicios de los del 90 con el Quintín Lame, el M-19 y el EPL; la desmovilización paramilitar y la reciente negociación con las Farc.  

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