¿Quién garantiza seguridad para la participación ciudadana en época electoral?

¿Quién garantiza seguridad para la participación ciudadana en época electoral?
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En los últimos meses la seguridad en el territorio nacional ha sido una preocupación en crecimiento; en zonas rurales y urbanas que están alejadas del centro del país, los grupos armados y bandas criminales se han adueñado de la tranquilidad de sus habitantes, aumentando la zozobra con una muy cuestionable y débil respuesta estatal. Todo en el marco de un panorama electoral definitivo, lo cual configura un escenario crítico. 

Hace tan solo unas semanas el Clan de Golfo, también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, dio inicio a un paro armado como respuesta a la extradición de alias “Otoniel” a Estados Unidos, que afectó la movilidad, seguridad y economía de casi 11 departamentos de Colombia.

Cientos de vehículos fueron incinerados y 6 personas perdieron la vida en este hecho que demostró el poder que este grupo al margen de la ley ejerce sobre los territorios, perjudicando a la ciudadanía colombiana que por años han vivido este tipo de acciones violentas.

Sin duda esto ha sido visto como un fracaso para la política de seguridad del Gobierno nacional y la incapacidad del mismo para garantizar la protección e integridad la población; fenómeno que ha ocasionado un incremento en la desconfianza en las instituciones y la búsqueda de una alternativa para la próxima presidencia que haga frente a esta problemática.

Sin embargo, la preocupación en algunos de estos municipios está relacionada con los posibles hechos de violencia que puedan presentarse durante la jornada electoral que se avecina, entendiendo el panorama y los antecedentes. La Misión de Observación Electoral (MOE) en su informe de enero del 2022 compartió 7 puntos a tener en cuenta en la coordinación y seguimiento de procesos electorales, dentro de los cuales enuncian a la violencia y presencia armada como uno de los hechos que podrían imposibilitar el ejercicio de participación ciudadana y alterar el orden público durante las votaciones.

En 2018 se presentaron 29 actos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, y en 2022, a la fecha del cierre del informe, 37 casos de amenazas, atentados y asesinatos similares habían ocurrido. Cifras muy preocupantes.

En territorios donde se ha realizado un esfuerzo por restablecer el orden y fomentar espacios garantes de derechos desde el Acuerdo de Paz en el 2016, las cifras también preocupan. En Colombia hay 167 municipios que conforman las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), en estos se registraron durante el mes de enero cerca del 35 % de estos actos, en especial contra liderazgos sociales.

Este panorama ha sido poco alentador porque no solo los grupos armados son parte del problema, sino también la falta de respuesta oportuna y contundente por parte del Estado y de las autoridades, debilitando la participación de liderazgos en escenarios políticos que fomenten cambios y sean quienes realmente representen el deseo de cambio de la ciudadanía. A esto se suma la falta de comunicación abierta sobre el tema, que aumenta la zozobra e incertidumbre del panorama nacional.

Para Movilizatorio, como agente de transformación social, es imprescindible manifestar esta preocupación a quienes cuentan con la capacidad de actuar y que asimismo aseguren que para estas elecciones presidenciales se desarrolle un ejercicio democrático adecuado, libre de violencia, corrupción y constreñimientos.

Hacemos un llamado al Gobierno y a todas sus autoridades para que garanticen condiciones de seguridad y transparencia que permitan que la ciudadanía pueda asistir a las urnas sin temor. Solo de esta manera podremos recuperar la confianza de las personas en las instituciones y que estas puedan expresar sus ideales de cambio. Colombia tiene una cita con la democracia este próximo 29 de mayo y es indispensable que como Estado, este pueda asegurar que toda la ciudadanía ejerza su derecho.

En esa misma línea, resultan preocupantes los señalamientos e investigaciones que podrían generar una posible suspensión del Registrador a una semana de la fecha de los comicios. Es importante poner el ojo sobre estos procesos y revisar sus consecuencias, participar y hacer veeduría desde la ciudadanía, con el fin de garantizar la integridad del calendario electoral y defender la participación ciudadana de toda la población colombiana.

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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