¿Quién protege a las mujeres indígenas? Polémicas en la Sierra Nevada

¿Quién protege a las mujeres indígenas? Polémicas en la Sierra Nevada

Hace un año publiqué en La Silla Vacía un pequeño texto sobre el cubrimiento periodístico de las luchas de poder internas que dividían el pueblo Arhuaco . No pretendía, en esa columna, dar mi opinión sobre la disputa en sí misma (dado que no me corresponde y que se trata de asunto demasiado complejo), sino evidenciar que, a mi modo de ver, muchas de las publicaciones no cumplían con las exigencias mínimas del trabajo periodístico. 

Así, varios artículos de prensa denunciaban de manera muy virulenta una serie de situaciones problemáticas, pero su falta casi total de contextualización y de problematización ponía en duda su credibilidad.

Un año más tarde, las divisiones políticas no han sido resueltas y algunas publicaciones periodísticas siguen generando más confusión que claridad en relación con el conflicto que vive el pueblo Arhuaco.

Un caso que me gustaría analizar es el de la comunicadora social Katia Salem Ospino, quien ha realizado varias publicaciones sobre el conflicto desde inicios del año 2021 (incluyendo un reportaje audiovisual titulado Las mujeres de la Sierra: entre el silencio y la impunidad y varias publicaciones en redes sociales).

Es importante resaltar, para iniciar, que Ospino ha sido, desde el inicio de su carrera, una “periodista comprometida”, entregada a la defensa de causas justas (en particular la lucha contra la corrupción) y actuando sinceramente para realizar aportes positivos a la sociedad.

En este caso particular, ella afirma, de manera convencida, que su propósito consiste en “luchar por las mujeres que han sido lastimadas”. Como lo dice una de sus publicaciones en twitter: 

Algunos se molestarán por el tono “maternalista” de su lenguaje (el cual se evidencia en sus llamados reiterados a ayudar a “nuestras” indígenas), mientras que otros la invitarán a tener cuidado con el síndrome de la “salvadora blanca”.

Aún así, nadie podrá negar que la causa que ha escogido es justa e importante y que ella realiza su trabajo con mucha entrega. Los casos de abusos contra las mujeres indígenas, sin duda, son reales y preocupantes, así como lo son los sufrimientos de las victimas.

Mi punto principal, sin embargo, es que no basta con tener una “buena causa” para hacer un “buen trabajo”, sea político o periodístico. Como dice el refrán, “el camino del infierno está llenó de buenas intenciones”.

En este respecto, quisiera resaltar tres grandes limitaciones que, en mi concepto, afectan las producciones periodísticas de Katia Salem Ospino sobre la Sierra Nevada. Como lo veremos, las unas se relacionan con las otras.

Un primer problema se relaciona con la tendencia que tiene Ospino a presentar las mujeres indígenas como víctimas que deberían ser rescatadas del peligro que representan sus propias culturas.

Los discursos de “defensa de las mujeres indígenas” por parte de personas externas a las comunidades tienen una larga historia que, desafortunadamente, los estereotipos coloniales que enfatizaban la “barbarie” de los pueblos indígenas siguen teniendo un lugar importante.

Ahora bien, las palabras de la periodista Jineth Bedoya –en un programa especial organizado por el Tiempo para presentar el reportaje– muestran que el trabajo de Ospino no está ajeno a estos imaginarios .

En una conversación con Ospino, Bedoya explicaba que la fuerza del “documental” radicaba en su capacidad de visibilizar cómo las niñas y mujeres indígenas eran “violentadas por sus papás, por gobernantes indígenas y por hombres de las comunidades indígenas”, todo esto en la más completa impunidad por culpa del reconocimiento constitucional a las “leyes indígenas”.

Para Bedoya, era evidente que los atropellos contra las mujeres indígenas eran, en gran parte, la consecuencia de la autonomía política que han ganado los pueblos indígenas desde la Constitución del 91.

Manifestando su acuerdo con los comentarios de Bedoya, Ospino respondía que su propósito consistía, efectivamente, en rescatar a estas mujeres “enclaustradas” en los resguardos de la Sierra y que se encontraban presas de la “ley indígena”. Esta manera de presentar su trabajo evidencia, en mi concepto, la desconexión de Ospino con las dinámicas internas de los pueblos indígenas (y, en particular, del pueblo Arhuaco).

De una manera muy reveladora, ella inicia su reportaje mencionando las cuatro “tribus” que viven en la Sierra Nevada, término que los pueblos indígenas han rechazado desde hace varias décadas.

Luego, el documental – que utiliza todos los códigos del género sensacionalista – reúne, en una gran confusión, hechos dispares que tuvieron lugar en diferentes partes de la Sierra y en circunstancias muy distintas (se mezcla, en particular, la violencia ligada al conflicto armado y ejercida por actores externos, con la violencia interna a las comunidades).

De este modo, lejos de brindar una mejor inteligibilidad de los hechos, el reportaje acumula los malentendidos y contrasentidos sobre asuntos que son profundamente complejos.

Es evidente que Ospino – a pesar de su buena voluntad – no ha realizado una investigación que le permitiría conocer de primera mano, por un lado, los diversos procesos internos que han liderado varios grupos de mujeres arhuacas y, por el otro, las dinámicas especificas de la justicia indígena.

De hecho, en su concepto (como en el de Bedoya), el “pluralismo jurídico legal y moral de Colombia” ha tenido por única consecuencia la “naturalización del abuso sexual dentro de las comunidades indígenas”. La justicia propia, argumenta ella, conduce sistemáticamente a la impunidad de los victimarios, dejando como única sanción “un insignificante trabajo comunitario y unos días de calabozo”.

Lejos de reflejar un esfuerzo genuino para entender las dinámicas propias de los pueblos, estas afirmaciones evidencian el mismo tono de desprecio que ha caracterizado varias producciones audiovisuales de la televisión colombiana, caricaturizando el ejercicio propio de la justicia como una parodia del derecho.

Es importante recordar aquí que, en el año 2016, la Corte Constitucional emitió un fallo en contra del programa Séptimo Día y del canal Caracol, en respuesta a una tutela formulada por organizaciones indígenas.

Utilizando un tono similar al de Katia Ospino en su reportaje, los programas incriminados cuestionaban – entre otras cosas – la capacidad de los pueblos indígenas de ejercer satisfactoriamente el derecho a la autonomía jurídica y política reconocido por la Constitución.

Ahora bien, a juicio del Alto Tribunal, los programas habían violado el derecho de los pueblos indígenas y de los ciudadanos a recibir una información veraz y, por esta razón, debían ofrecer una rectificación.

Debían también “adoptar un manual de ética escrito que incluya unas reglas mínimas para abordar temas relacionados con grupos étnicos, minorías sexuales y demás sujetos tradicionalmente estigmatizados dentro de nuestro contexto social”.

En el caso de Ospino, uno se puede preguntar si el cuestionamiento sistemático de la autonomía que reivindican los pueblos indígenas es compatible con la pretensión de transmitir de manera convincente la voz de las mujeres arhuacas.

Un segundo problema tiene que ver con el hecho de formular sus denuncias contra las violencias sexuales sin presentar de manera detallada el contexto de la lucha política actual, ni problematizar las tensiones que existen dentro del pueblo arhuaco desde hace varios años (y en las cuales, ella misma termina siendo involucrada).

El conflicto de autoridad constituye, en las narraciones de Ospino, el “elefante en el cuarto”: es decir que se trata, de manera indudable, de un asunto esencial para entender sus relatos, pero ella nunca lo discute abiertamente y sólo se queda con una versión de la historia.

Esta visión unidimensional me parece problemática porque los espectadores que no tienen familiaridad con los hechos discutidos pueden hacerse una idea muy equivocada de lo que está en juego.

El permanente entrecruce, en el reportaje, entre la “lucha de las mujeres arhuacas” y el “conflicto de poder entre las autoridades del pueblo arhuaco” conduce Ospino a formular un argumento que parece sencillo pero que, a mi modo de ver, constituye una falacia: los que defienden los derechos de las mujeres arhuacas se encontrarían de un lado de la lucha política (la antigua directiva); mientras que los que atropellan estos mismos derechos estarían del otro lado (el nuevo cabildo gobernador).

No creo equivocarme al decir que se trata de una visión muy simplista y distorsionada de la realidad. En mi concepto, para entender con claridad un fenómeno tan complejo como el asunto de la violencia sexual en las comunidades indígenas, un primer paso consiste en tomar distancia con los odios característicos de las luchas por el poder político.

Es la vía exactamente contraria que ha escogido Ospino: movida por la voluntad de construir un mensaje potente, ella entrecruza permanentemente los dos asuntos. Sin duda, esta estrategia le ha permitido tener un mayor impacto mediático, pero siento que el precio ha sido una confusión permanente en la construcción de su narración.

De hecho, sus argumentos podrían ser mucho más convincentes, si lograra analizar por separado las acusaciones de “fraude procesal” que han sido formuladas en contra de Zarwawiko Torres (relacionadas con las condiciones en las cuales él fue elegido Cabildo Gobernador) y las que se relacionan con la cuestión de la violencia sexual.

Finalmente, siento que las producciones escritas y audiovisuales de Ospino revelan que ella no ha logrado analizar su propia posición dentro del conflicto en curso. Obviamente, Ospino tiene todo el derecho de tomar parte. Me parece ilusorio querer mantenerse en una estricta “objetividad” y considero que los mejores periodistas son los que se comprometen en sus escritos.

Pero pienso también que las personas “comprometidas” tienen un deber de reflexividad, para entender su propio papel en los asuntos que pretenden analizar. Desafortunadamente, esta dimensión reflexiva no tiene mucha fuerza en el trabajo de Ospino, quien no parece reconocer que su trabajo – más allá de la defensa de las mujeres arhuacas – se ha visto afectado por un conflicto político entre dos bandos opuestos de la dirigencia arhuaca.

Por ejemplo, cuando Ospino decide viajar hacía Nabusimake – la capital del pueblo arhuaco – en un helicóptero de la Policía para proclamar, en un tono que se quiere performativo, que “los Mamos (máxima autoridad indígena) revocaron a Zarwawiko Torres como Cabildo Gobernador Arhuaco” , debería reconocer que ha dejado de ejercer su labor informativa, para realizar una acción política. 

El hecho de no hacerlo solo puede generar desconfianza y perplejidad en sus lectores, quienes leerán el día siguiente la información exactamente opuesta en otro medio de comunicación.

Uno puede, sin duda, informar sobre una disputa siendo parte de esta disputa, pero la deontología periodística exige que se haga explicita la posición desde la cual se escribe y comenta sobre el mundo social.

Para cerrar este texto, quisiera reiterar que comparto con Katia Ospino la convicción profunda que la lucha de las mujeres indígenas que han sido víctimas de abusos sexuales es muy valiosa y que debe ser defendida.

Todos –hombres y mujeres, indígenas y no-indígenas– deberíamos manifestar nuestro apoyo a las que libran una lucha difícil para ser escuchadas y reconocidas.

Me parece, sin embargo, que este apoyo no debería dar pie para el tipo de instrumentalización del cual ha sufrido el trabajo de la periodista Katia Ospino.

Por un lado, siento que la compasión proclamada hacía las mujeres indígenas no tiene porque acompañarse de un desprecio hacia sus comunidades: brindar un apoyo a las mujeres indígenas en la lucha por sus derechos no implica “rescatarlas” de su propia cultura.

Por otro lado, considero que el hecho de entrar de lleno, y sin distancia reflexiva, en una pelea de poder cuyas dimensiones son muy complejas, constituye un obstáculo más que una fortaleza para defender la causa de las mujeres indígenas victimas de violencia sexual.

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