Recomendaciones para cambiar el Sisbén después del 7 de agosto

Recomendaciones para cambiar el Sisbén después del 7 de agosto
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El clasismo, racismo y misoginia en la sociedad colombiana se refleja de varias formas. Por ejemplo, mide a Francia Márquez, la candidata a la Vicepresidencia del Pacto Histórico, no porque es abogada o por su experiencia como lideresa social y reconocida activista ambientalista a nivel internacional, sino porque está registrada en el Sisbén y aparece como beneficiaria de programas de seguridad social del Estado. Por este hecho a ella se le presume culpable de corrupción. Las personas se preguntan: “¿Acaso alguien que aspira a la Vicepresidencia puede también ser beneficiaria de ayudas sociales del Estado? ¡Qué escándalo! ¡No le creo!”.

El Estado no aprovechó la discusión para explicar que el Sisben es un sistema de clasificación que sirve para determinar quiénes son considerados pobres por el Estado y podrían ser beneficiarios de más de 19 programas sociales a nivel nacional. Podría haber indicado que ese sistema tiene vocación de ser una base de datos donde estén todas las personas del país. El Estado no dijo que los beneficios buscan la equidad, ayudar a la movilidad social, que es algo que permite nivelar el piso en medio de tanta desigualdad, mucho menos usó su voz para rechazar que fuera usado para estigmatizar y segregar.

La respuesta del Departamento Nacional de Planeación (DNP), encargado del sistema, fue sobre todo burocrática: ella cumplía con los requisitos al momento de recibir la ayuda y, como beneficiaria, debe avisar cuando su situación socioeconómica cambia.

¿Qué nos dice esto del Sisbén, del sistema de datos que lo desarrolla y de lo que deseamos de él en el futuro?

Los estigmas del Sisbén que un nuevo informe busca cambiar

Aunque el nuevo Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales IV (o Sisben IV) se presenta como una modernización de la seguridad social, lo que le sucedió a Francia Márquez ratificó que el paso del tiempo ha reforzado la visión colombiana de la seguridad social como caridad –que sirve como otra forma más de separar al país: quienes están en y se benefician del Sisbén, y quiénes no– y no como mecanismo de ejercicio y garantía de derechos.

Los estigmas del Sisbén –tan evidentes en el caso de Francia Márquez– son también los que se imprimen a la tecnología que opera la selección de las personas que podrán acceder a los beneficios sociales. Pero es importante entender que esto va más allá de los sesgos de los algoritmos que provocan disciminación o de la importancia de que las tecnologías que los habilitan sean transparentes (asuntos que hacen parte de la discusión en el mundo en el campo de la seguridad social y la tecnología). En Colombia es un problema estructural institucional que se traslada también a la tecnología que clasifica y selecciona a la población para los programas. En el fondo, es un problema de la fundamentación conceptual de la política pública y de su diseño.

Desde Karisma proponemos dar un paso atrás e imprimir derechos humanos al diseño e implementación del Sisbén, el sistema del que depende la vida de muchas personas en el país, para que cumpla verdaderamente con su función. Entre otras cosas esto incluye imprimir ese diseño en sus algoritmos, buscando que eviten la discriminación y que sean transparentes. Pero no solo eso.

Este es el tema del reciente estudio de Karisma titulado “Datos y dignidad: guía para el uso justo de datos en la protección social desde el caso del Sisbén” elaborado por Joan López. Es una propuesta para modificar la visión de este sistema de datos; queremos que no sea más un ejercicio de la caridad estatal, diseñado partiendo de la desconfianza en la población a la que debe beneficiar, sino que se convierta en un verdadero instrumento de garantía de ejercicio de derechos humanos.

El diseño del Sisbén que hay que cambiar

El nuevo informe nace de la necesidad de proponer ajustes al sistema. Después del que presentamos en el 2020 “Experimentando con la pobreza: el SISBÉN y los proyectos de analítica de datos en Colombia” –en el que nos aproximamos a entender la implementación de sistemas de datos en la protección social en Colombia para mostrar sus problemas fundamentales–, conocimos a personas que han sufrido y sufren las violencias de la pobreza y vimos las consecuencias de un sistema que las revictimiza.

A través de estas personas evidenciamos cómo en el Sisbén no solo no es posible saber cuál es el proceso de decisión y cómo funciona el sistema de clasificación que asigna puntajes, sino que además vimos que desde su diseño se limita la dignidad y la capacidad de autodeterminación de las personas vulnerables. Lo hace entregando el control a los funcionarios –que son quienes definen quién “merece” y quién no la ayuda y lo presentan como una decisión técnica–, y las deja sin posibilidad de reclamar, mucho menos de evaluar al Estado en su desempeño.

El Sisbén se basa en la idea de que son los “expertos” del Gobierno nacional los que con sofisticada tecnología –basada en la vigilancia de cada aspecto de la vida de las personas–, determinan quién está en condición de pobreza y crean, protegen y ajustan la fórmula que lo hace, para incluir o excluir a miles de personas cada vez que mueven el dial. Mientras tanto, los gobiernos locales –que “son los corruptos”- lo operan y por ello suelen ser el blanco de las críticas. Las personas por su parte quedan en último lugar como actores pasivos que se limitan a entregar sus datos y a aceptar su calificación, sin contar con mecanismos claros para entender su puntaje ni para exigir una reclasificación cuando consideran que hay errores o han dejado de percibir un subsidio del que depende, por ejemplo, su acceso a la salud.

Además, como se explica en el informe, el resultado por diseño es el de un sistema que no se conoce públicamente, que nadie evalúa y sobre el que nadie rinde cuentas.

Poniendo la lupa sobre el sistema de datos, la tecnología que habilita el proceso de clasificación de las personas beneficiarias, el informe señala que mientras el Gobierno ha publicado políticas de Big Data, Inteligencia Artificial, infraestructura de datos y Transformación Digital que prometen respeto por los derechos humanos y la equidad social, el sistema de analítica de datos que busca asegurar la vida digna de las personas mediante el acceso a salud, educación, vivienda, etcétera, se basa en promesas abstractas y está lejos de definirse por su capacidad de identificar a las comunidades violentadas por la pobreza, pues prefiere presentarse orgullosamente como el filtro para encontrar a quien se cuela para sin pudor reforzar el estigma.

Por eso, el informe propone presentar una propuesta para cambiar la mirada.

¿Cómo puede un sistema de datos de protección social servir a la autonomía y la dignidad?

El informe llama la atención sobre la necesidad de hablar del tema desde la obligación legal del Estado de cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y propone una serie de principios que se desprenden de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de las recomendaciones realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatoría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Extrema Pobreza, que se refieren a la interrelación entre los derechos humanos y los sistemas de protección social y los pone en diálogo con la literatura sobre el tema.

El informe explica y define cinco pilares que deben adoptar los sistemas de datos en el contexto de la protección social para conseguir la autonomía y proteger a las personas marginalizadas por la pobreza.

1. Deben ser inclusivos y accesibles. Esta es la respuesta a un problema estructural del Sisben que son las limitaciones por diseño para el acceso a la encuesta que permita a las personas corregir, complementar y actualizar sus datos dentro del Sisbén. Este problema ha tenido un importante incremento en el país pospandemia cuando la situación socioeconómica de millones de personas cambió en poco tiempo y el Estado ha sido incapaz de hacer nuevamente las encuestas para permitirles actualizar sus datos.

2. No deben ser discriminatorios. El diseño del Sisbén esconde una serie de prácticas discriminatorias que afectan de forma diferenciada a las personas vulnerables. Las reglas utilizadas para clasificar a las personas no son perfectas, sino que responden a los intereses de las entidades que las diseñan. Estos sistemas dibujan un “pobre abstracto” y fallan en reconocer otras formas de vulnerabilidad. Con los sistemas de datos masivos, esos diseños se han convertido también en espacios para ejercer violencia través de mecanismos punitivos y promoción de la explotación de los datos de personas vulnerables. Sobre este último punto insistimos en que el DNP no tiene un cheque en blanco que puede negociar en el mercado sobre los datos que recoge de las personas con propósitos de la seguridad social.

3. Debe ser un sistema transparente. En el caso del Sisbén, las personas ni conocen ni tienen acceso a la información sobre los procedimientos y las entidades responsables del sistema. En la investigación encontramos además que el Estado no les da información ni la encuentran en los medios a los que acceden. Por ejemplo, encomendamos un informe al Laboratorio en métodos digitales e inventivos de la Universidad del Rosario (DisorLAB) que quedó publicado bajo el nombre “El Sisbén IV, ciudadanía y redes sociales – Confusión, información y tácticas de conocimiento”. Entre muchos hallazgos vimos que mientras el DNP informa a través de Twitter, las personas beneficiarias mayoritariamente consultan y se organizan en grupos a través de Facebook, en donde el DNP nunca responde ni informa.

En el punto de transparencia también hay que recordar no solo que las definiciones de pobreza que usa el Estado son secretas; también hay que decir que son secretas las metodologías utilizadas para clasificar a las personas. El algoritmo del Sisbén en Colombia es un secreto bien guardado. Además, las personas inscritas en el Sisbén no tienen herramientas ni canales para entender las decisiones que se toman sobre sus vidas.

4. Debe ser un sistema responsable, que rinde cuentas a la ciudadanía por sus obligaciones constitucionales. El DNP, en un esfuerzo por crear un sistema "objetivo", lo construyó desconectado de las personas y sin mecanismos de control. El Gobierno ha cambiado la estructura del Sisbén en los últimos años para que el DNP quede con control absoluto del sistema dejando sin posibilidades a las personas para retar los procedimientos del sistema. El sistema debe proteger el derecho al debido proceso y las personas deben tener recursos frente a la reclasificación, la marcación en verificación y la exclusión de programas sociales.

5. Debe ser un sistema de datos participativo, que apunte a empoderar a las personas en condición de pobreza. Además de que la pobreza limita la capacidad de las personas de tomar decisiones sobre su propia vida, los sistemas de datos reproducen esta inequidad evitando que las personas participen en los procesos de decisión de los programas sociales de los que dependen. Sin importar lo difícil que sea, los sistemas de datos utilizados para programas sociales necesitan de la participación de la comunidad en decisiones fundamentales, recogiendo su experticia, y esto debe hacerse a través de los medios de comunicación adecuados a las necesidades de estas comunidades.

La relevancia de este tema en 2022

Este tema adquiere especial relevancia en este momento del país. En las previas a una elección presidencial marcada por protestas y revueltas sociales, una sociedad con hambre y asediada por la violencia, la pobreza es un tema en la agenda política que requiere de atención y acción. El informe pretende ser un insumo para el debate que plantee la narrativa y la acción en clave de derechos.

Vivimos en la región más inequitativa del mundo, en un país lleno de desigualdades, es un buen momento para evaluar si el Sisbén, como existe hoy, aporta a la lucha contra la desigualdad o es simplemente una fórmula para ratificar nuestros prejuicios tranquilizando la conciencia de un Estado que entrega limosnas a quien considera las merece, un Estado que actúa como soberano dadivoso.

Cualquiera sea la fórmula partidista que gane las elecciones en 2022 tiene un desafío importante: ofrecer una vida digna a las personas que habitan Colombia. Por eso deberá pensar si se justifica seguir usando el mismo entramado institucional y tecnológico que lo que hace es sobre todo limitar los derechos de las personas más vulnerables.

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