¿Reforma agraria por vía judicial?

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Actualizamos los datos que hemos presentado sobre los baldíos de la reforma agraria que han sido entregado a particulares por una vía irregular: la prescripción adquisitiva de dominio.

Este texto fue escrito por Diana Isabel Güiza, Ana Jimena Bautista, Santiago Hernández y Juliana Chaparro, y recoge los resultados de un estudio adelantado en el Grupo de Investigación “Derecho Constitucional y Derechos Humanos” de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, y Dejusticia.

En anteriores entradas publicadas en este portal, hemos presentado los resultados de la investigación que adelantamos sobre la apropiación de tierras públicas (específicamente, baldíos de la nación) por particulares, a través de jueces civiles. En términos simples, estamos rastreando la forma en que los jueces han entregado baldíos a personas que no necesariamente cumplen los requisitos de la reforma agraria—esto es, que no tengan otros predios y posean unos ingresos bajos—, por medio de la llamada prescripción adquisitiva de dominio. Este proceso judicial está diseñado para resolver disputas entre particulares acerca de la propiedad de un terreno privado del que es titular una persona que se desentendió de dicha tierra, la cual ha sido explotada por otra persona, quien ahora aspira a convertirse en la nueva propietaria.

Sin embargo, la reforma agraria ocurre por una vía distinta: la adjudicación administrativa. Para asegurar que los baldíos cumplan su fin de impulsar el acceso progresivo a la propiedad rural a favor de campesinos pobres, la autoridad agraria—hoy, Agencia Nacional de Tierras (ANT)—debe verificar que el solicitante sea, en efecto, un campesino sin propiedad y con bajos ingresos, y que haya explotado dicha tierra pública por un tiempo mínimo y dentro de los límites ambientales. Más que una mera formalidad, el cumplimiento de esas condiciones es crucial para transformar los altos índices de concentración de la tierra y el estrecho acceso a ella por parte del campesinado. Si los baldíos quedan en manos de sujetos poderosos, los campesinos seguirán atrapados en la pobreza, no podrán tener una vida digna, serán expulsados a zonas de frontera agraria y tendrán que ‘abrir bosque’ con todos los costos humanitarios—tales como el desarraigo y la ruptura de lazos comunitarios—y ambientales—como la deforestación—que ello acarrea.

En el desarrollo de la investigación académica que adelantamos, hemos actualizado y depurado la base de datos que precisa el universo de casos de prescripción sobre presuntos predios baldíos desde 1991 hasta 2018. En ese ejercicio de verificación, encontramos diferencias con los datos que hemos publicado con anterioridad, las cuales presentamos en esta entrada. Con todo, la información depurada no desvirtúa las tesis centrales de nuestro estudio. Si bien los datos sugieren que la mayoría de los baldíos prescritos son de pequeña extensión y, por tanto, habrían cumplido su fin de favorecer a campesinos pobres, también existen grandes predios que fueron entregados por los jueces civiles, lo que habría facilitado la acumulación de tierra en manos de grandes propietarios.

La información y los datos iniciales

Inicialmente, trabajamos con la información entregada por la Superintendencia de Notariado y Registro a la Corte Constitucional, en el seguimiento de la sentencia T-488 de 2014, la cual constaba de archivos dispersos que compilamos hasta consolidar una base de datos con cerca de 47 mil registros. Esa base contenía predios de diferentes orígenes, tales como compras de mejoras y falsas tradiciones, los cuales no correspondían necesariamente a casos de prescripción adquisitiva sobre presuntos baldíos, que es nuestro objeto de estudio. Por tanto, depuramos la información y solo incluimos las observaciones que cumplían con las dos condiciones de nuestra investigación: (i) ser presuntos baldíos y (ii) haber sido entregados a particulares por medio de la prescripción adquisitiva de dominio. Ello significa que sólo estudiamos los predios que tienen folio de matrícula inmobiliaria abierto con una sentencia de prescripción. Este filtro arrojó una base inicial con 12.686 observaciones de las prescripciones ocurridas hasta 2015. A esta base le eliminamos 76 predios que, tras el análisis de su tradición con la revisión del respectivo certificado de libertad y tradición, concluimos que no eran baldíos y, por el contrario, se trataba de predios de propiedad privada. De igual modo, excluimos otros 162 predios para los cuales encontramos evidencias de que estaban ubicados en el área urbana de los municipios. Tras estas depuraciones, obtuvimos una base de 12.443 predios.

Después, nos concentramos en los predios prescritos después de 1991, pues en ese año se promulgó la Constitución Política de Colombia, que señaló el deber estatal de promover el acceso a la propiedad rural y destinó a los baldíos a ese fin. Esta segunda base quedó conformada por 12.005 registros, a partir de los cuales construimos un análisis sobre la concentración de prescripciones, según los juzgados y años de las sentencias, así como la extensión de los predios entregados. Sobre esta última variable precisamos que, si bien elaboramos algunos cálculos de la extensión de los predios, el análisis tenía serias restricciones, pues 2.247 registros (el 18 por ciento del total) no contenían el dato del área del predio.

La verificación de la información oficial

Hemos continuado con la investigación académica de este fenómeno para precisar, en la mayor medida de lo posible, el universo de casos. Para ello, realizamos tres ejercicios. Primero, revisamos la base de datos trabajada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), la cual fue construida a partir de aquella creada por la Superintendencia Notariado y Registro, la que nosotras igualmente estudiamos.

La base de datos de la Upra contiene tres columnas con indicadores de posible baldío: la primera identifica las declaraciones judiciales de pertenencia sin antecedentes registrales, la segunda las falsas tradiciones y la tercera declaraciones judiciales de pertenencia posteriores al 5 de agosto de 1974. Usamos filtros en las columnas que corresponden a los 3 indicadores de posible baldío que tenía la base de datos de la UPRA, de modo que los predios que no tuvieran marcado ninguno de los tres indicadores fueron identificados como no relevantes.

Dicha base contiene un total de 53.805 registros, que tienen las siguientes situaciones de tenencia de la tierra: (i) 12.521 predios indicados como “Djpsa” con fechas en la columna de “título de origen del predio” entre 1896 y 2015; (ii) 14.319 predios marcados como falsa tradición con fechas de sentencias entre 1896 y 2015; (iii) 18.853 predios marcados como “folios que a partir del 5 de agosto de 1974” con fechas entre 1891 y 2015; y (iv) 24.673 registros (45,86 por ciento) que no tenían marcada ninguna variable indicadora de presunto baldío. Estos últimos los descartamos del análisis.

Tras esta primera depuración, ajustamos la base de datos a 29.132 registros (en un alto porcentaje de casos, un predio tiene marcado más de una variable indicadora de baldío, teniendo incluso casos en que las tres aparecen marcadas). Luego, excluimos 5.458 predios que estaban marcados como falsa tradición, dado que esos casos podrían considerarse baldíos luego de la revisión detallada de cada uno de los folios de matrícula, lo que rebosa nuestras capacidades. Hasta este punto, la base contaba con 23.674 registros. Después, eliminamos 251 predios que, por su lugar de ubicación, concluimos que eran urbanos y 1.684 predios que tenían una fecha de sentencia anterior a 1991.

Ante la certidumbre de la calidad de baldíos de algunos predios, decidimos que entenderíamos como tierras públicas solo aquellas que tuvieran un folio de matrícula abierto con una sentencia de prescripción de dominio. De ese modo, identificamos 11.768 predios relevantes que fueron contrastados con nuestra base inicial, para descartar casos coincidentes y no generar dobles registros. Encontramos que el 98,24 por ciento de los registros estaban en ambas bases de datos, mientras que el 1,76 por ciento se encontraba en la base de la Upra mas no en la nuestra. Dentro de los predios no compartidos están algunos que en su origen aparecían como entregados por el Incoder y el Incora, es decir, eran predios que habrían sido posiblemente adjudicados por parte de la autoridad agraria, los cuales no consideramos relevantes para el estudio y los excluimos. Tras este ejercicio, encontramos que solo 44 predios no eran compartidos entre la base inicial del grupo y la de la Upra, que cumplen con todas las características señaladas para ser casos relevantes en nuestro estudio.

Segundo, revisamos otra base de datos que registra casos de prescripción de dominio entre 2015 y 2018, la cual fue entregada por la Superintendencia de Notariado y Registro al Senador Iván Cepeda Castro quien, en ejercicio de sus funciones de control político, ha hecho seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-488 de 2014. Esa base contaba con 14.677 registros, que depuramos siguiendo los criterios anteriores. Así, filtramos aquellas observaciones en los que (i) en el campo dirección contenía palabras que indican que se trata de predios urbanos y no rurales; (ii) contaban con antecedentes registrales antes de la sentencia de prescripción; y (iii) estaban duplicados al interior de la misma base. Luego de este ejercicio, obtuvimos 696 observaciones de interés para la investigación.

Tercero, contrastamos esos datos con nuestra base inicial. Revisamos nuevamente nuestros datos—que trabajamos a partir de la información entregada por la Superintendencia de Notariado y Registro a la Corte Constitucional—para verificar la aplicación de los filtros utilizados. Al final, eliminamos 897 casos por alguna de las siguientes razones: (i) sentencias previas a 1991; (ii) predios urbanos; y (iii) predios con antecedentes registrales antes de la sentencia de prescripción. De esta manera quedaron 11.546 predios en esta base, que son de interés para la investigación.

Después, usamos un filtro adicional para identificar y eliminar casos duplicados dentro de la misma base de datos, según el folio de matrícula inmobiliaria, lo cual arrojó 216 casos con estas características. De esta manera, el número de casos relevantes provenientes de esta base para la construcción de una base consolidada se redujo a 11.330 predios.

Posteriormente, construimos una segunda base que proviene de nuestros datos iniciales (11.330 predios) y aquellos que derivaban de la UPRA (44 predios) y la Superintendencia para el periodo 2015-2018 (696 predios), de manera que la nueva información comprende presuntos baldíos entregados por prescripción, entre 1991 y 2018. Así pues, la base final contiene 12.070 predios, de los cuales 10 casos no cuentan con la fecha de la sentencia, que no pudimos verificar tras la revisión de los respectivos folios de matrícula inmobiliaria.

Deficiencias de los datos oficiales: predios sospechosos por su extensión

Debido a las serias deficiencias de información sobre el tamaño de la tierra, incluimos en esta base un formato condicional para resaltar los predios con áreas sospechosas, porque contaban con 200 o más hectáreas o 100 o menos metros cuadrados. 338 predios cumplieron esas condiciones, para los cuales verificamos el área con el certificado de tradición correspondiente. Al final, clarificamos las extensiones de 292 de ellos y, así, actualizamos las extensiones en la base de datos. Sin embargo, existen 46 predios que aún registran áreas sospechosas sobre los que aún quedan dudas y que, por lo tanto, fueron excluidos de los cálculos (en relación con su extensión, no al número de casos) hasta no tener certeza sobre su extensión. De los 46 casos, revisamos el folio de matrícula de 40, pero resultó imposible definir con claridad su área debido a posibles errores de digitación o uso errado de símbolos para diferenciar entre miles y fracciones. Finalmente, en los 6 casos restantes a la fecha no hemos podido tener acceso a los respectivos folios de matrícula.

La revisión de los predios sospechosos arrojó que la mayoría de los predios de más de 200 ha y menos de 100 m2 efectivamente cuentan con la extensión digitada dentro de la base de datos, aunque más del 20 por ciento de los predios aparecían con un área incorrecta. Por ejemplo, un predio ubicado en Cereté (Córdoba) aparecía inicialmente con un área de 17 m2, pero en realidad tiene 17 hectáreas; y otra finca ubicada en Carmen de Apicalá (Tolima) estaba registrada en la base con un área de 18.039 (dieciocho mil treinta y nueve) hectáreas, pero se trata de un predio de tan solo 1,8 (uno punto ocho) hectáreas.Los 46 predios sospechosos por su área fueron excluidos para los cálculos de extensión. Según la información que, hasta ahora, hemos podido corroborar proveniente de las bases de datos, el área total de estos predios corresponde a 111.779 hectáreas, lo que equivale a una extensión promedio de 2.429,97 hectáreas por predio. De los 46 predios sospechosos, 25 (54 por ciento) tienen un área menor a 100 metros cuadrados. Esto significa que el tamaño de los predios sospechosos mayores a 200 hectáreas es realmente desproporcionado respecto al resto de los predios de la base de datos. A continuación, mostramos la distribución geográfica por departamento de los predios sospechosos tanto grandes como pequeños. La desviación estándar del conjunto de dichos predios es 5.784 hectáreas, lo cual indica que estos predios son heterogéneos entre sí en cuanto su extensión y, en general, están muy por encima del promedio de 2.429,97 hectáreas.

Gráfica 1. Distribución departamental de los predios sospechosos sin precisar. Fuente: elaboración propia a partir de la base de prescripción adquisitiva sobre presuntos baldíos entre 1991-2018.

Como vemos, San Andrés y Providencia, Boyacá, Córdoba y Sucre registran más predios sospechosos por su área. El primer departamento tiene el 60 por ciento de los predios menores a 100 m2; el segundo reporta el 40 por ciento de los predios de más de 200 hectáreas; y el tercero contiene 20 por ciento de los predios grandes. Por su parte, Sucre muestra una distribución más equitativa entre predios grandes y pequeños.

Los nuevos datos tras la depuración de la base

Departamentos que concentran los casos

El fenómeno de prescripción adquisitiva de dominio sobre presuntos baldíos se ha presentado en el 90,6 por ciento de los 32 departamentos existentes, dado que solo 3 departamentos no registran casos (Arauca, Guainía y Vaupés). Con todo, observamos que la prescripción está concentrada en pocos departamentos. De manera general, el fenómeno ocurre con mayor intensidad en la región Andina y en algunos puntos de la región Caribe, es decir, zonas con alta densidad poblacional y con una colonización consolidada. De los 29 departamentos que presentan el fenómeno, tan solo 5 concentran el 67,9 por ciento de los casos: Córdoba ocupa el primer lugar con el 28,07 por ciento de observaciones, seguido por Boyacá con el 20,36 por ciento, Tolima con el 8,80 por ciento, Nariño con el 5,62 por ciento y Cauca con el 5,03 por ciento.

Mapa 1. Número de casos por departamento, prescripción adquisitiva de dominio sobre presuntos baldíos (1991-2018). Fuente: elaboración propia a partir de la base de prescripción adquisitiva sobre presuntos baldíos entre 1991-2018.

Hectáreas prescritas

Al analizar no el número de casos sino la extensión total de los predios prescritos (con las advertencias hechas antes), hay ligeras variaciones en relación con los datos publicados inicialmente.

Casanare pasa a la cabeza, con 66.008 hectáreas prescritas, es decir, el 30,6 por ciento de las 215.457 hectáreas que arrojan la base (en anteriores publicaciones afirmamos que la extensión de los predios prescritos con las omisiones que tiene la base alcanzaba un total de 368.803 hectáreas. Los cambios en las hectáreas prescritas se presentan fundamentalmente por la exclusión en los cálculos que presentamos de los 46 predios sospechosos que aún no han podido ser verificados, los cuales alcanzan una extensión de 111.779,43 hectáreas). Aquí reiteramos que estos datos son estimativos, porque la información estatal cuenta con serias deficiencias en cuanto a la extensión de los predios reportados.

En la investigación periodística realizada en alianza con Verdad Abierta, encontramos que, entre 2008 y 2020, Casanare registra al menos 141 presuntos baldíos que fueron prescritos por jueces civiles, los cuales suman más de 73 mil ha. Su distribución geográfica es la siguiente: 60 predios en Paz de Ariporo, 27 en Orocué, 13 en San Luis de Palenque, 10 en Yopal, 8 en Trinidad y 23 en el resto de los municipios. Estos datos no los incluimos en este análisis debido a que cubren un periodo más extenso y derivan de otras fuentes adicionales de información—por ejemplo, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos—, las cuales no usamos en el resto de los departamentos.

Le sigue Córdoba con el 23,9 por ciento de las hectáreas y Cesar con 12,4 por ciento. Casanare resalta en este cómputo, dado que se ubica en el puesto 17 por número de casos, pero por extensiones prescritas pasa al primer lugar. 

Al dividir el total de hectáreas prescritas entre el número de casos, obtenemos un indicador que combina ambas variables, lo que indica el tamaño promedio de los baldíos prescritos para cada departamento. A nivel nacional, el cociente entre las 215.457 hectáreas prescritas y los 12.070 casos corresponde a 17,9 hectáreas. Para este ejercicio, incluimos los predios de los cuales no tenemos datos de su área, lo cual reduce el promedio de hectáreas por área. Si hiciéramos el cálculo solo con los predios con área conocida el promedio, pasaría a ser de 22,8 hectáreas por predio. Ese promedio es de 2,8 hectáreas en Boyacá, 15,2 en Córdoba, 8,6 en Tolima y 600,1 en Casanare. Es decir, salvo Casanare, en los departamentos donde el fenómeno de la prescripción se presenta con mayor intensidad, se trata en promedio de predios relativamente pequeños. 

Este último análisis debe ser ponderado por la noción de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que se utiliza, entre otros fines, para determinar la extensión de los predios que el Estado entrega a familias campesinas en procesos de reforma agraria. Es decir, el tamaño de un predio es relativizado dependiendo de la región del país en que se encuentre, su vocación productiva, el acceso a mercados y los usos de la tierra de cada región. De ahí que Casanare aporta una extensión grande de predios prescritos, a pesar de que sean pocos casos (110 registros). En general, los departamentos de la Orinoquía tienen tierras alejadas de los centros de mercado, con productividades de los suelos relativamente bajas y caracterizados por la ganadería no tecnificada, todo lo cual conduce a que predominen predios de grandes extensiones, como lo indican las extensiones de la UAF en esa región. Otros departamentos de la región aportan menos casos de prescripción en la base, quizás por ser de colonización más reciente; pero, en todo caso, se trata de predios de gran extensión en promedio: 1.250 hectáreas en Vichada, 486 hectáreas en Casanare y 46 hectáreas en Meta.

Departamento

Promedio prescripciones (ha)

UAF mixta promedio (ha)

Relación Promedio Prescripciones/UAF

Casanare

600,1

73

8,2

Cesar

74,2

35

2,1

Guajira

130,8

78

1,7

Atlántico 

16,7

12

1,4

Vichada

1250,0

910

1,4

Magdalena

57,9

45

1,3

Valle

5,2

8

0,7

Córdoba

15,2

27

0,6

Norte De Santander

12,9

24

0,5

Tolima

8,6

18

0,5

Huila

17,6

39

0,5

Sucre

26,9

51

0,5

Cauca

6,2

16

0,4

Santander

5,9

16

0,4

Antioquia

9,6

27

0,4

Chocó

16,0

52

0,3

Cundinamarca

5,5

18

0,3

Bolívar

17,7

58

0,3

Nariño

6,1

27

0,2

Guaviare

22,5

122

0,2

Boyacá

2,8

16

0,2

Meta

46,7

299

0,2

Caldas

1,9

16

0,1

Quindío

1,0

14

0,1

Putumayo

1,4

60

0,0

Risaralda

0,2

11

0,0

Caquetá

3,9

218

0,0

Cuadro 1. Promedio prescripciones y UAF mixta. Fuente: elaboración propia a partir de la base de prescripción adquisitiva sobre presuntos baldíos entre 1991-2018, y Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada (2010).

Gráfica 2. Relación promedio prescripciones y UAF. Fuente: elaboración propia a partir de la base de prescripción adquisitiva sobre presuntos baldíos entre 1991-2018, y Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada (2010).

El cuadro 1 y la gráfica 2 contrastan el área promedio de las prescripciones con el promedio de la UAF mixta para cada departamento. Como podemos ver, los resultados son disímiles: mientras en algunos departamentos el promedio de las prescripciones es mucho menor a la UAF promedio, en otros ocurre lo contrario. Resaltamos el primer grupo de departamentos (marcados en negrilla), en los que la relación entre las prescripciones promedio y la UAF son mayores a 1, es decir, los predios prescritos son más grandes en promedio que la UAF. En algunos casos, las diferencias son considerables, como en Casanare, donde las prescripciones fueron 8,2 veces mayores a la UAF; 2,1 veces en Cesar; 1,7 en La Guajira; 1,4 en Atlántico y Vichada; y 1,3 en Magdalena. 

Estos últimos datos confirman uno de los elementos que hemos señalado en todos nuestros escritos. En algunos casos, la prescripción adquisitiva sobre baldíos ocurre por encima de la UAF, lo que contradice el propósito de estos predios: un uso racional encaminado a lograr una distribución de la tierra más equitativa.

No obstante, como ya hemos sugerido, a partir del análisis de la base depurada, el fenómeno de la prescripción adquisitiva en presuntos baldíos parece concentrarse en predios pequeños. Según la categorización del Iigac, entre el microfundio y el minifundio, estaría el 57,3 por ciento del total de casos. Los predios grandes (mayores a 200 hectáreas) corresponden apenas al 1,3 por ciento de los casos. 

Gráfica 3. Distribución predios prescritos por tamaño. Fuente: elaboración propia a partir de la base de prescripción adquisitiva sobre presuntos baldíos entre 1991-2018.

A pesar de que los predios grandes son relativamente pocos (152), éstos corresponden a 106.493 hectáreas, esto es, el 49 por ciento del área prescrita. La mayoría de los predios grandes están ubicados en los departamentos de Casanare (46), Cesar (30) y Córdoba (23). Teniendo en cuenta el promedio de la UAF mixta, no es sorprendente que Casanare reporte predios de gran extensión, aunque sí llama la atención los datos arrojados para Córdoba y Cesar donde, como lo sostuvimos antes, la UAF promedio es de 27 y 35 hectáreas, respectivamente. 

Gráfica 4. Distribución predios grandes por departamento. Fuente: elaboración propia a partir de la base de prescripción adquisitiva sobre presuntos baldíos entre 1991-2018.

Juzgados que acumulan casos

Entre los juzgados que prescribieron varios de los predios grandes y están ubicados en regiones con UAF pequeñas, se encuentran: el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná – Cesar (15 predios), el Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de Montelíbano – Córdoba (7 predios), el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre – Sucre (6 predios) y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Samaniego – Nariño (4 predios). En las regiones con UAF grandes, encontramos los Juzgados de Orocué (20 predios), Paz de Ariporo (6) y Yopal (3), en Casanare.

El análisis de la cantidad de sentencias proferidas por juzgados está fundamentado en la información que las bases contienen. Debido a que las bases tienen errores de digitación y múltiples maneras de escribir el mismo juzgado, los datos que presentamos no son concluyentes, pero sí nos permiten indicar que estos juzgados reseñados han prescrito al menos el número de casos que señalamos y posiblemente más.

Años pico de casos: 2008 a 2014

Así como las prescripciones se concentran en pocos departamentos, algo similar ocurre con los años en que más registros se presentan. entre 2008 y 2014, se presentaron 7.235 casos de prescripción, esto es, el 59,9 por ciento del total. Teniendo en cuenta el número de predios prescritos, los años pico son 2009 con 1.183, 2013 con 1.138 y 2011 con 1.045.

Mapa 2. Evolución anual de casos de prescripción adquisitiva sobre presuntos baldíos por departamento. Fuente: elaboración propia a partir de la base de prescripción adquisitiva sobre presuntos baldíos entre 1991-2018.

Ahora bien, si realizamos un análisis temporal a partir de quinquenios y en clave regional, observamos los siguientes resultados. Durante el primer quinquenio (1991-1995), 13 departamentos registraron casos. En el segundo quinquenio (1996-2000), hubo un incremento del 18,7 por ciento, ya que durante el periodo anterior el fenómeno ocurrió en el 40,62 por ciento de departamentos frente al 59,37 por ciento (19 departamentos) en este periodo. Para el tercer quinquenio (2001-2005), el incremento es de 12,5 por ciento, mientras que, en el cuarto quinquenio (2006 – 2010), observamos el mayor número de departamentos afectados por el fenómeno con un total de 27 departamentos. Así mismo, el quinquenio de 2011 a 2015 registra el fenómeno de prescripción en 26 departamentos. Finalmente, en el último periodo analizado (2016-2018), los casos de prescripción ocurren en 16 departamentos. Si bien el departamento de San Andrés no se registra en el mapa por temas de escala, durante todos los quinquenios analizados el departamento registró casos.

En los inicios de los noventa, la prescripción adquisitiva de dominio ocurrió principalmente en el corredor que va desde Nariño hasta el centro del país y en algunos departamentos de la zona Norte. En la segunda mitad de esa década, la prescripción se extendió a los departamentos de la costa Atlántica y, en la primera mitad de la década del 2000, el fenómeno abarcó todos los departamentos de la región Andina y el Caribe. Hacia la segunda mitad de esta década, el fenómeno empieza a extenderse hacia los llanos orientales, región de la Orinoquía y una parte de la Amazonía.

Mapa 3. Evolución quinquenal del fenómeno de prescripción adquisitiva de dominio sobre presuntos baldíos (1991-2018). Fuente: elaboración propia a partir de la base de prescripción adquisitiva sobre presuntos baldíos entre 1991-2018.En cuanto al número de hectáreas prescritas por año, hay variaciones. De nuevo, estos datos no son concluyentes debido a las inconsistencias de la información oficial, por lo que los usamos con fines estimativos. Los años que mayor extensión concentran son 2013 (35.053 hectáreas), 2014 (31.337 hectáreas), 2009 (24.383 hectáreas) y 2008 (13.869 hectáreas). Sin embargo, el mismo periodo 2008 – 2014 concentra la mayor extensión de tierras prescritas. La siguiente gráfica resume el comportamiento del fenómeno por años.

Gráfica 5. Predios y hectáreas prescritas por año. Fuente: elaboración propia a partir de la base de prescripción adquisitiva sobre presuntos baldíos entre 1991-2018.

En los departamentos que más casos concentran, el fenómeno ocurre en los mismos periodos que registran más predios. En el periodo 2008-2014—que concentra el 59,9 por ciento del total de baldíos entregados por prescripción—, Córdoba registra el 55,4 por ciento de los casos, Tolima el 60,9 por ciento y Boyacá el 58,6 por ciento. En cuanto a las extensiones prescritas ocurre algo similar. En el mismo periodo 2008-2014—que acumula el mayor número de hectáreas prescritas, de acuerdo con nuestras estimaciones—, Córdoba registra 6.393 ha prescritas en 2009. Con todo, 2004 es el segundo año que reporta el mayor número de hectáreas prescritas en ese departamento con 5.429, lo que equivale al 10,4 por ciento del total de área prescrita en ese departamento.

Han pasado seis años desde que la Corte Constitucional ordenó a las instituciones encargadas de la gobernanza de la tierra que tomaran acciones concretas para identificar el universo de baldíos dados a particular por prescripción de dominio y recuperara la tierra pública que había quedado en manos de campesinos pobres. Sin embargo, los avances son tímidos y, como lo describimos en esta entrada, la calidad de la información oficial es muy deficiente para fijar el universo de casos. Sin ese paso preliminar, es casi imposible diseñar estrategias para recuperar la tierra pública destinada a la reforma agraria, que ha sido ocupada y apropiada indebidamente por particulares.

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